El 7 de octubre de 2008 el movimiento sindical organizará una Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Más allá de la reclamación de mejores y más dignos derechos para el empleo, en Europa, viene a responder a la modificación de la Directiva de tiempo de trabajo –la conocida Directiva de las 65 horas- (Directiva 2003/88/CE relativa a la ordenación del tiempo de trabajo) que constituiría, en caso de aprobarse, la mayor agresión a los derechos laborales en el último siglo, rompiendo con una tradición asentada en la mayor parte de Europa de establecer un marco de regulación del tiempo de trabajo en términos socialmente viables. En virtud de la misma la jornada máxima semanal se amplía al menos a 48 horas semanales y puede generalizarse a 60 y, en casos extremos, podría alcanzar hasta las 89 horas a la semana, en virtud de pactos individuales entre trabajador y empresa, cuya carta de naturaleza socavaría la legitimidad y razón de ser de los convenios colectivos.
La Directiva constituiría un retroceso que nos haría regresar a situaciones decimonónicas. La Directiva además pretende ser impulsada en un contexto de crisis en el que los representantes de los poderes fácticos pretenden hacer soportar sobre la espalda de los trabajadores la posibilidad de una salida a la crisis, naturalmente en unas condiciones inasumibles para la sociedad en su conjunto y, que nos causa nuestra oposición frontal.
Es una Directiva, cuya iniciativa parte del gobierno de Eslovenia. Lo que es usado como pretexto por países conservadores y neoliberales para generalizarla a toda la Unión Europea, en esa carrera de desregulación obligada para todos, sin armonización y mucho menos homogeneización al alta para nadie. En vez de perseguir una armonización que reduzca los máximos y amplíe las garantías de derechos, se impulsa una regulación flexible que iría en contra de las condiciones de vida y trabajo de los y las trabajadoras.
A nosotros nos preocupa especialmente que se trate de equiparar los acuerdos individuales con los pactos colectivos. Especialmente, en un contexto de individualización donde los haya, donde la debilidad de negociación de las personas es manifiesta, y donde la presencia sindical es poco intensa. En estos contextos abrir la puerta al “opting-out” individual (opción de no aplicación) sería sencillamente una derrota en toda regla que dejaría desprovistos de defensa al conjunto de trabajadores y trabajadoras. Y nos parece, más que cómico, trágico la “garantía de elección”, que tendría el trabajador para “escoger” entre una jornada ampliada y la normal, porque las cuatro semanas planteadas, en las que puede “decidir”, es un tiempo inferior a los períodos de prueba habituales, lo que implica que si no acepta puede encontrarse con una finalización de contrato sin mayor problema.
Aunque las perspectivas de aprobación en el Parlamento Europeo son dudosas, nos gustaría recordar que sólo cuando se ha producido una fuerte presión y movilización social se ha llevado a efecto la traslación del sentir de la sociedad a las instituciones. Por eso, estamos convencidos de la importancia de las movilizaciones del 7-8 de Octubre por el Trabajo Decente, y, además, nos congratula que la manifestación se realice a nivel mundial. Hay que decir basta, y dejar bien clarito que nuestro propósito de mejorar las condiciones de vida y trabajo exige una orientación contraria a la directiva.
Para más información sobre la campaña:La Directiva constituiría un retroceso que nos haría regresar a situaciones decimonónicas. La Directiva además pretende ser impulsada en un contexto de crisis en el que los representantes de los poderes fácticos pretenden hacer soportar sobre la espalda de los trabajadores la posibilidad de una salida a la crisis, naturalmente en unas condiciones inasumibles para la sociedad en su conjunto y, que nos causa nuestra oposición frontal.
Es una Directiva, cuya iniciativa parte del gobierno de Eslovenia. Lo que es usado como pretexto por países conservadores y neoliberales para generalizarla a toda la Unión Europea, en esa carrera de desregulación obligada para todos, sin armonización y mucho menos homogeneización al alta para nadie. En vez de perseguir una armonización que reduzca los máximos y amplíe las garantías de derechos, se impulsa una regulación flexible que iría en contra de las condiciones de vida y trabajo de los y las trabajadoras.
A nosotros nos preocupa especialmente que se trate de equiparar los acuerdos individuales con los pactos colectivos. Especialmente, en un contexto de individualización donde los haya, donde la debilidad de negociación de las personas es manifiesta, y donde la presencia sindical es poco intensa. En estos contextos abrir la puerta al “opting-out” individual (opción de no aplicación) sería sencillamente una derrota en toda regla que dejaría desprovistos de defensa al conjunto de trabajadores y trabajadoras. Y nos parece, más que cómico, trágico la “garantía de elección”, que tendría el trabajador para “escoger” entre una jornada ampliada y la normal, porque las cuatro semanas planteadas, en las que puede “decidir”, es un tiempo inferior a los períodos de prueba habituales, lo que implica que si no acepta puede encontrarse con una finalización de contrato sin mayor problema.
Aunque las perspectivas de aprobación en el Parlamento Europeo son dudosas, nos gustaría recordar que sólo cuando se ha producido una fuerte presión y movilización social se ha llevado a efecto la traslación del sentir de la sociedad a las instituciones. Por eso, estamos convencidos de la importancia de las movilizaciones del 7-8 de Octubre por el Trabajo Decente, y, además, nos congratula que la manifestación se realice a nivel mundial. Hay que decir basta, y dejar bien clarito que nuestro propósito de mejorar las condiciones de vida y trabajo exige una orientación contraria a la directiva.
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