Según el BarómetroSocial de España, elaborado por el Colectivo
IOE, en el periodo de crisis que atravesamos en
conjunto, afirmaban en 2011: “la desigualdad
de género se mantiene en el mismo nivel que hace 16 años, si bien las mujeres han ganado posiciones en
actividad y formación, y han perdido en salud y protección social” [1].
La tasa de actividad en España se ha situado en el 59,5% (III T
2013, EPA-INE). De la población de más de 16 años (en términos estadísticos,
una población de 22,72 millones de personas) las personas que están ocupadas o
buscan ocupación representan el 59,5% (el 75,1% si hablamos de población entre
16 y 64 años).
Daniel Albarracín 9 de Abril de 2010 1. Una crisis del Euro a los diez años de su inauguración.
El contexto de crisis global se ha materializado en una crisis fiscal sin apenas precedentes por su magnitud. Esta crisis, ya descrita reiteradamente, además se encuentra en un contexto de crisis institucional y violencia monetaria en la UE.
Diversos actores –bancos y compañías de seguros, principalmente- que actúan y dominan los mercados financieros, beneficiarios de las políticas públicas de rescate financiero, créditos a bajo interés del Banco Central Europeo, y estímulos fiscales estatales de diferente índole, aprovecharon con avidez este contexto. Ahora sus instrumentos y sociedades de inversión se están aliando contra el Euro, merced a la vulnerabilidad de economías periféricas como la griega especulando con el descrédito de la deuda pública de diferentes países. Estos actores no son de otro mundo, sino que muchos de ellos están radicados en la City londinense y operando desde diferentes Paraísos fiscales, y realizan diferentes encuentros y reuniones físicas en ciudades como Nueva York.
La Unión Europea, hecha a la medida de países como Alemania y Francia, y adaptada como un traje tomando lo que le conviene y dejando lo que no en cuanto al Reino Unido, no está construida para hacer frente a estas vulnerabilidades. El presupuesto de la Unión Europea es muy bajo, siquiera para ordenar mínimamente los mercados de un área continental, y mucho más si se aspira a realizar políticas de integración, cohesión, compensación territorial o, ni que decir tiene, la construcción de un Estado del Bienestar digno de tal nombre. Por otra parte, según las normas europeas no puede superar el 1,27% del PIB, algo sencillamente ridículo comparado con el peso de cualquier sector público en cualquier país moderno, superando el 40%. El Banco Central Europeo desarrolla una política de control de la inflación favorable a Alemania, que no prima el estímulo al empleo. Aunque en los últimos años, ante una crisis muy profunda, no ha podido más que realizar una política expansiva para no deprimir más aún la inversión. El experimento del Euro, inaugurado en 2000, suponía la primera ocasión que un macromercado con moneda única no venía soportado por unas instituciones públicas suficientes para hacer frente a los desequilibrios y descompensaciones sociales, económicas y regionales que causa. En aquel contexto, los países centrales consolidan su poder e influencia de mercado, y acumulan en un desarrollo desigual sin cortapisas. Generan potentes superávits de balanza de pagos que tenían en su anverso fortísimos déficits en la periferia europea, que incluye a países, en la vieja periferia, como Grecia, Portugal, Irlanda, Italia o España, y en la nueva a los recién incorporados desde el Este, algunos literalmente en bancarrota. Por cierto, estos últimos sometidos a criterios de convergencia para entrar en el euro de ajuste estructural más severos que los que se establecieron en Maastricht, con una clara orientación neoliberal y que, en la práctica no están justificados en modo alguno para brindar las condiciones idóneas de implantación de una moneda única. Se hizo la casa por el tejado, pero sirvió de magnífico pretexto para imponer las políticas neoliberales.
Alemania teme el desplome de la credibilidad y fortaleza del euro con el caso griego. Está haciendo a las víctimas de su posición hegemónica ventajista, culpables. Por un lado está exigiendo, conjuntamente con otros gobiernos cómplices, políticas de ajuste draconianas a países en dificultad para reducir sus fuertes déficits fiscales y de deuda pública en tiempo record. Al tiempo que no ha tenido más remedio que aceptar la construcción de nuevos fondos e instrumentos financieros, en las que participarán instituciones europeas y el FMI, para hacer frente a las tormentas monetarias y financieras, cada vez más difícil de controlar. Hay que pensar que el sistema de la UE es sumamente beneficioso para países con la fuerza económica exportadora de Alemania, y que prefieren que los sacrificios partan de los países más débiles, pero no puede impedir una redefinición del instrumental de la UE porque no puede hacer caer al Euro sin afectar a su propia economía. En esta situación, cada vez parece más verosímil y realista que en los próximos años se deje abandonar a algunos países el área euro, sin que ello impida que siga un vínculo con la UE, o que haya una circulación de dos monedas, con la recuperación de las antiguas u otras de nuevo cuño. Grecia, Portugal, España, Italia e Irlanda son serios candidatos, y resulta más difícil que países del Este al final puedan acceder.
La hegemonía neoliberal en la construcción de la UE reedita las exigencias de ajuste estructural en las que sólo asoman políticas institucionales públicas como guardianes del mercado capitalista. Son tan profundas las contradicciones de este modelo que, de no contrarrestarse con fuerza y decisión, lo más esperable es que se dictaminen políticas continuistas más severas de recorte de servicios públicosy las políticas sociales, y de su privatización, como se constata en países como el nuestro.
Por otro lado, el marco laboral supone un objetivo clásico sobre el que se quiere incidir. En poco afecta a los problemas financieros o fiscales, pero se ha decidido que hay un magnífico pretexto para seguir incidiendo en el aumento de las tasas de explotación, como mecanismos de sostenibilidad y aumento de las tasas de rentabilidad, cada vez más exprimidas por transnacionales –relocalizando y reordenando la división internacional del trabajo-, actores financieros, rentistas y especuladores, a escala globalizada.
2. Las consecuencias derivadas de la crisis económica en España y las políticas del gobierno
El gobierno se ha encontrado en un contexto que le ha resultado por completo inesperado. Su errática línea de medidas ha sido, en el mejor de los casos, inocua contra la crisis, y, por el contrario, han añadido problemas añadidos a la estructura económica española y ha hecho soportar el peso de las consecuencias sobre todo entre los y las trabajadoras, con compensaciones, cuando las ha habido, ridículas. El resultado fundamental es que se ha transferido un enorme agujero del sector privado a las cuentas públicas, y ha crecido de manera extraordinaria la tasa de paro, en una economía enormemente lastrada por un déficit de balanza de pagos, dentro de una economía auxiliar de otras potencias europeas, y dependiente de los motores de la construcción y el turismo, ahora embarrancados.
El gobierno, una vez ha reconocido la crisis se ha encontrado con una situación muy difícil de enderezar. Al subir a los cargos de responsabilidad un conjunto de tecnócratas en las áreas vinculadas a la política económica, no han aplicado otra cosa que lo que aprendieron en las convencionales y conservadoras facultades de nuestra universidad. Esto es, una ingeniería neoliberal y una cirugía, con el único considerando de legitimarse tratando de derivar responsabilidades al diálogo social para tratar de no presentarse como los ogros de la película.
Así, han realizado una reforma fiscal regresiva, apoyada fundamentalmente en impuestos indirectos como el IVA, que caerá sobre todo en las espaldas de los y las trabajadoras a través del consumo, y subvenciones, bonificaciones y exenciones de fiscalidad y cotizaciones a la seguridad social para el capital. También se han retirado las reducciones de 400 euros en el IRPF, se van a retirar algunas desgravaciones a la compra de inmuebles, o se retirarán ayudas por hijo por esta vía, que eran regresivas y que no pueden verse como medidas negativas, aunque su intención es meramente recaudatoria. Esto no impide el desplome recaudatorio de las arcas públicas, y por tanto el contexto es muy desfavorable para un despliegue de las políticas públicas. Recientemente se ha acordado entre gobierno y CCAA recortes coordinados importantes en el gasto, con repercusiones sensibles en educación, sanidad, y que no permitirán despegar el siempre pendiente sistema de ayuda a la dependencia. Además, el gobierno ha exigido que se debata en torno al recorte de las pensiones y el retraso de la jubilación. Y es previsible que se derive en algún tipo de erosión sensible de derechos.
Por otra parte, las tímidas, sin criterio y descoordinadas políticas de inversión pública municipal, y las promesas de un cambio de modelo productivo no se han orientado a dinámicas efectivas de utilidad comprobada, de sostenibilidad medioambiental o mantenimiento en el tiempo, ni efectos multiplicadores. Las ayudas a la población desempleada de larga duración son migajas cuya amortiguación sobre el consumo es menor, y que no redundan en solución en sí, aunque pueda haber remendado alguna situación particular. También se han realizado subvenciones a la industria del automóvil –sin condiciones para modificar el sistema productivo hacia modelos más sostenibles- o del turismo –planes Renove-, se han formulado figuras desfiscalizadas para el sector inmobiliario (SOCIMI), y se han abierto líneas de crédito ICO baratas para PYMEs. En su conjunto, han podido amortiguar la crisis durante unos meses, pero una vez impuesto el programa de austeridad, no podrán acolchonar más la situación.
Ni que decir tiene, que el rescate financiero a la banca, con condiciones laxas (aunque hayan sido comparativamente menos permisivas que en otros países), no ha supuesto condicionante para la banca, y queda pendiente una regulación más allá de las palabras huecas, y la recuperación de una banca pública consecuente.
Mientras tanto la presidencia de la UE no ha supuesto más que un estímulo para ser el alumno aventajado del neoliberalismo europeo, y ha puesto en el primer punto de la agenda la lucha contra la crisis enfrentado estrictamente desde un programa de austeridad que supone un recorte de 50.000 millones de euros en cuatro años. Una auténtica monstruosidad que conmoverá pilares básicos de cohesión social en muchas esferas.
La opción ha sido refugiarse en el modelo de políticas neoliberales, al que es más fácil acomodarse, por presiones del capital, y porque es lo que el gobierno conoce mejor. La única diferencia con el PP es que ha derivado su concreción al diálogo social, para reformar el sistema de pensiones y el mercado laboral. Como puede comprobarse los datos son sencillamente alarmantes respecto al ascenso del paro.
Pero éste también va a tener enormes dificultades de encontrar un punto de consenso, a pesar de algunos ejercicios formales para buscar líneas de acuerdo. La patronal ha decidido apostar fuerte por posturas extremas, y no tiene ninguna intención de alcanzar acuerdo alguno. Lo confía todo a que el gobierno legisle y pague todo en un castigo electoral. Mientras tanto, los sindicatos mayoritarios manifiestan su disconformidad con algunos puntos de las propuestas, pero se pierden en un silencio, ante el temor de cuestionar a un “gobierno amigo”. Con lo que han perdido independencia y, ante la insuficiente movilización, fuerza y credibilidad social.
Entre tanto el miedo al futuro y el hartazgo social está empujando a la sociedad a sufrir en lo cotidiano miles de consecuencias parciales del grave conflicto general, sin facilitar oportunidades de cuestionamientos y agrupamientos de naturaleza global y progresista, salvo en el irregular y volátil espacio de movimientos sociales relativamente dispersos, únicamente rearticulados lenta y modestamente por la aparición de nuevas organizaciones rupturistas en formación dando respuesta a las contradicciones que los conmueven.
El gobierno lleva meses sentándose con sindicatos y patronal para alcanzar algún pacto ambicioso encaminado a reformar la regulación de las relaciones laborales. Es muy posible que el gobierne acabe por determinar en breve unas medidas concretas y legisle. El gobierno no quiere la patata caliente de gestionar unas medidas impopulares en una crisis gravísima, y por eso preferiría un pacto tripartito. Ahora la patronal es el único agente que lo ve con buenos ojos, y los sindicatos siguen disconformes con la ambigüedad de algunas líneas, el abaratamiento del despido y el nuevo papel para las agencias de colocación privadas en la intermediación laboral.
Pasamos a continuación a identificar y valorar sucintamente algunas medidas puestas sobre la mesa –que podrían concretarse en una línea más o menos diferente- y que pueden ser la base sobre la que ejecute medidas el gobierno finalmente.
El gobierno se mueve,inspirado en aquel manifiesto de los 100 economistas –que fue contestado por otro de 700 economistas más progresista hace unos meses-, bajo la tesis de que el tipo de regulación del mercado laboral actual representa un corsé para la creación o mantenimiento del empleo. Parte de la asunción de que hay un mercado dual donde los empleados temporales son muy precarios y los indefinidos están superprotegidos y que se requiere una convergencia de regulación. También dice apostar por la flexibilidad interna de la organización y condiciones de trabajo antes que por la flexibilidad externa (temporalidad, despidos, etc…). Por otro lado, dice que el desempleo afecta más a los jóvenes, y que por tanto conviene idear ayudas para su contratación, reordenando el sistema de bonificaciones existente para concentrarse en este segmento de población.
Cabe decir por nuestra parte, en primer lugar, que la creación o mantenimiento del empleo depende fundamentalmente de la política económica, y que la regulación laboral influye en el tipo y calidad del empleo. Si la política económica es contractiva, el empleo, en un contexto de recesión, se seguirá destruyendo.
En segundo lugar, el modelo de inestabilidad y vulnerabilidad laboral no es sólo algo que afecte a la contratación temporal. La precariedad es un fenómeno complejo que incluye factores como la remuneración, la penosidad, peligrosidad, tiempo y contenido del trabajo, y que por otra parte la inestabilidad e incertidumbre laboral es sólo gradualmente diferencial, porque la figura del contrato fijo sólo se concentra entre el funcionariado. El empleo indefinido sólo tiene un coste de despido menos bajo.
En tercer lugar, no se trata de una reforma que no altere derechos, pues la reforma opera en el modelo de contratación –desregularizando la contratación a tiempo parcial-; en las condiciones de despido –abaratándolos-; en el sistema de bonificaciones y costes laborales –reduciéndolos-; en el sistema de intermediación laboral –privatizándolo-; y en otros capítulos como los Expedientes de Regulación de Empleo.
Salen de esta posible reforma algunos aspectos anteriormente previstos. El sistema de gestión de la incapacidad temporal pasa a ser discutido en el marco del Pacto de Toledo. El gobierno invitó a alterar el modelo de relaciones internas a la organización del trabajo en la empresa (movilidad, polivalencia, formación, etc…) –finalmente serán bilateralmente sindicatos y patronales quienes acometan su negociación-. También parece declinar un posible encarecimiento del empleo eventual.
En cuarto lugar, el focalizar la reforma en el abaratamiento de los costes laborales de la contratación juvenil, ignora que reducir costes laborales no representa el factor fundamental de estímulo a la inversión y a la creación de empleo, sino que, en un contexto capitalista, el estímulo básico son las expectativas de beneficio, y que estás superen las exigencias de retorno capital financiero –reparto de dividendos esperado por el accionariado, intereses a devolver a los obligacionistas-. En un modelo de financiarización las tasas de rentabilidad para la inversión expansiva exigidas por los capitalistas financieros y grandes transnacionales son mucho mayores. En la fase de la onda larga actual lo que prima es racionalizar la producción y la fase de distribución para hacerlas más competitivas en términos rentables. Mientras el modelo económico se funde en estos parámetros, abaratar costes laborales puede aumentar la masa de beneficio del capital particular, pero no garantiza nuevas inversiones globales añadidas. Las mejoras de la tasa de rentabilidad general, también dependen de que el consumo no se deprima –y una caída salarial y de inversiones lo hará-.
En términos globales, este diseño de bonificaciones y abaratamiento del despido, supone deteriorar las condiciones laborales del conjunto de la clase trabajadora, a favor de la tasa de explotación del capital.
Vayamos a las medidas planteadas (en los términos conocidos), ya más en lo concreto. Debe advertirse que no son medidas del todo precisas, y es posible que no salgan todas a la luz, ni exactamente de esta manera. Estas líneas son el marco de discusión propuesto por el gobierno a los interlocutores sociales, nada más. Pero nos sirven para poder discutir abiertamente sobre ellos, y hacernos una idea de su orientación general y algunas posibles consecuencias.
1. Cambios en las modalidades de contratación.
La propuesta habla de modificación del sistema de contratación temporal e indefinido, para reducir su dualidad, pero también de otras figuras como la contratación a tiempo parcial, el contrato de formación, etcétera. En lo concreto:
Contratación temporal:
- Se pretende concretar más las causas de las diferentes modalidades racionalizando el uso de la contratación temporal.
- El contrato de obra y servicio podría desvincular la causa de esta modalidad de la actividad habitual de la empresa y de la subcontratación, a cambio de una aceptación como causa económica de fin de contrato a la finalización de la subcontrata; o bien establecer plazos máximos de duración de este contrato.
- El contrato eventual debería desvincularse de actividades estacionales, para recurrir más al contrato fijo-discontinuo.
- Limitar más los encadenamientos de contratos temporales en la misma empresa (en diversos puestos de trabajo). La última propuesta del día 12 desdibuja y hace genérica esta posible actuación.
- Inicialmente se planteó elevar indemnización de fin de contrato y se propuso aumentar el tipo de cotización por desempleo. La propuesta gubernamental del día 12 de Abril desaconseja incrementar costes económicos a las empresas en la actual coyuntura, con lo que podrían decaer las dos anteriores recomendaciones.
- Intensificar controles de la inspección de trabajo.
- Dar más facultades a la Negociación Colectiva para el racionalizar el uso de la contratación temporal y evitar la temporalidad “injustificada”.
Contratos de formación:
- Ampliación edad máxima de 21 a 24 años.
- Exención total de cotizaciones sociales, si los nuevos contratos no conllevan efecto sustitución respecto a la plantilla total.
- Exención del coste de formación teórica en empresas de menos de 50 personas, que se impartirá con medios públicos.
- Reconocimiento contingencia de desempleo.
- El salario deberá equivaler al SMI en el segundo año de vigencia.
- Exigencia de paridad por razón de género en el número total de trabajadores vinculados a esta modalidad.
Contratación indefinida:
- Mantener formalmente la opción para el contrato ordinario de 45 días por año.
- Potenciar el contrato de fomento de 33 días, ahora sólo utilizado en el 17% de los casos de contratación indefinida, aumentando los supuestos en los que procede. Por un lado, se baraja que los contratos temporales puedan convertir en contratos de fomento, o que colectivos muy afectados por la temporalidad o el desempleo puedan acogerse a esta modalidad.
- Se plantea, además, igualar el coste de indemnización del despido improcedente por causas económicas y disciplinarias en esta modalidad de contrato de fomento, como ya se produce en el contrato ordinario.
- Diferenciar mejor los despidos disciplinarios y económicos, y los procedentes e improcedentes, para facilitar la modalidad más barata para el empresariado.
- Se propone avanzar en el llamado sistema austríaco de indemnizacionespor despido, en el que el trabajador porta consigo un derecho a un fondo que acumula cuando pasa de empresa a empresa. Las empresas pagan mes a mes una pequeña cuantía que va a ese fondo y si el trabajador cambia de empresa no lo pierde, facilitando la movilidad laboral y la formación a lo largo de la vida. Todas las empresas, y no sólo las que despiden lo pagan, pero lo anticipan y no supone un obstáculo a salvar cuando se decide un despido. A su vez, los nuevos contratos de fomento podrían conllevar una exención en los costes extintivos de los despidos colectivos y objetivos para las empresas, con recurso al FOGASA para complementarlos (posiblemente un 40%). Aquí hay un abaratamiento de costes para el empresariado y que paga la Seguridad Social –en la práctica, fondo de salarios-.
- Se quiere recuperar la práctica de causalización del despido, objetivando mejor las causas de los despidos económicos, y el derecho a la tutela judicial efectiva
El gobierno ha ido degradando la pretendida orientación de convergencia de costes entre empleo temporal e indefinido, aún cuando fuera con un salto menor de nivel de costes. Las esperadas mejoras de regulación económica del contrato temporal (aumento coste de despido y aumento de cotizaciones por desempleo) pueden decaer,quedando únicamente regulaciones que acotan su uso sin que supongan coste económico alguno, lo que refuerza la valoración de que esta reforma se encamina al abaratamiento de costes de la nueva contratación indefinida, y de los costes laborales globales. Además, se quieren arbitrar todos los mecanismos para determinar la modalidad más barata de despido. Hay que desmentir la afirmación demagógica de que facilitando y abaratando el despido se favorece la creación de empleo. Aquí radica la clave de la reforma: su propósito principal es el abaratamiento del despido y la regulación flexible del mercado de trabajo.
Contratación a tiempo parcial:
- Se apuesta por su fomento.
- Se eliminaría la posibilidad de realizar horas complementarias.
- Se establecerá una primera modalidad, con incentivos al empresariado, con horario fijo y estable) para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Podría ser temporal o indefinido. Estaría bonificado el contrato indefinido, y cualquiera para personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y personas en situación de exclusión social.
- Se establecerá otra modalidad, que sólo podría ser indefinido, más adaptable a las necesidades del proceso productivo, con modificaciones de horario, con un preaviso a determinar, que podría incluir de manera acordada la realización de horas extraordinarias con los límites del art. 35 del ET.
- Se mejorará la protección social de estos contratos. Se aumentaría durante un plazo el coeficiente multiplicador para causar derecho a pensión de jubilación e incapacidad permanente.
La extensión del empleo a tiempo parcial supone una generalización del desempleo a tiempo parcial, y una ficticia reducción estadística del paro. Además, es una medida muy flexible y de mayor productividad por hora –en relación al coste laboral de ese tiempo que se emplea- para sectores y empresas con actividad con puntas de trabajo como la hostelería, el comercio, el servicio doméstico y la limpieza, la atención personal, etc… Por otro lado, el 80% de la ocupación con esta modalidad es femenina, con lo que comporta una vía de entrada precaria al empleo para la mujer cuando no es voluntario. Y supone aceptar el modelo de “salario y medio” familiar sin corresponsabilidad del varón en las tareas de crianza y domésticas. En este tipo de fórmulas de empleo se suele concentrar la figura del “asalariado pobre” (working poor).
2. Actuaciones en torno al empleo juvenil.
2.1. Bonificaciones a la contratación.
El gobierno admite que el sistema de bonificaciones existente ha sido poco eficaz en la creación de empleo. Pretende reordenar el conjunto de las bonificaciones existentes –de las que sólo estaba exento un segmento minoritario del mercado de trabajo- para concentrar dichos “estímulos” en determinados colectivos.
- Estas bonificaciones se centrarían en la contratación indefinida de la juventud entre 16 y 30 años y en los colectivos de parados de larga duración mayores de 45 años. La bonificación sería mayor incluso si se trata además de mujeres. Las bonificaciones estarían ligadas a la creación neta de empleo estable.
- Podrían extenderse estas bonificaciones en la conversión de contratos de formación y en prácticas en indefinidos para estos colectivos, siempre y cuando supusiese una ampliación neta de la plantilla indefinida en la empresa.
- Otras bonificaciones, a instancias del Pacto de Toledo, serían destinadas a colectivos como personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, empresas de inserción y personas en situación de exclusión social, planes de sectores afectados por la globalización, trabajadores autónomos y trabajadores mayores de 59 años.
Las bonificaciones a la contratación han demostrado históricamente que su único efecto es modificar la posición en la cola del paro de unos colectivos frente a otros. Por lo expuesto anteriormente, no crean empleo, en tanto que el empresariado no valora estas bonificaciones como estímulos a la creación de empleo, que depende de las expectativas de rentabilidad, el volumen de pedidos y actividad, etcétera. Sólo representan un abaratamiento de costes laborales a posteriori, y una degradación de la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
El abaratamiento del sistema de costes laborales potenciales de unos colectivos frente a otros ocasionaría un paulatino efecto sustitución, sin crear más empleo. Y sólo situaría a la juventud al principio de la cola del paro. Además, la pretendida concentración de las bonificaciones, que suponen una gran cuantía de dinero, parece que tendrá que dispersarse una vez más, porque al final la lista de colectivos es amplísima. Resulta contradictoria con las propias afirmaciones del gobierno de que bonificaciones muy generalizadas son plenamente ineficaces. A este respecto, las evaluaciones que solicitan sobre su eficacia parecen de antemano innecesarias, porque lo van a ser.
Si de lo que se trata es de crear empleo sería mucho más eficaz emplear todos esos fondos –que se drenan de las arcas de la seguridad social- para emprender actividades y servicios públicos de necesidad utilidad social y medioambiental, con efectos multiplicadores, creando empleo público directo.
2.2. Políticas activas de empleo para la juventud
Se desarrollaría un Programa específico para 16-24 años sin título educativo o profesional a especificar. Cofinanciado y con colaboración y convenios entre Servicios Públicos de Empleo Estatales y de las CC.AA. Incluiría:
- Orientación profesional, atención personalizada, itinerarios individuales acciones de empleo-formación.
- Procesos formativos.
- Periodo de prácticas no laborales en empresas. Se recibiría una beca mensual y las empresas una compensación por colaborar.
- Se respetaría la paridad de sexos.
No se trata de medidas originales, y para evaluar su impacto deben dimensionarse los recursos para su orientación –simplemente se dice que durante dos años se mantendrá el empleo de orientadores existente, y una mención a los convenios de colaboración entre SPEs-. En cualquier caso, aunque mejoran la empleabilidad de los colectivos concernidos no crea empleo de por sí. Por otro lado, el desarrollo de prácticas no laborales sin supervisión ni regulación de los contenidos cualificantes que debería desarrollar es un riesgo de precarización e informalización del empleo.
3. Reforma del sistema de intermediación laboral
Como hemos visto, se plantean medidas ya viejas, que simplemente no se habían empleado con efectividad, en lo que concierne a la actuación de los Servicios Públicos de Empleo. Estas medidas pueden no ser malas, pero entender que el problema del paro es una cuestión individual, y no estructural, es un craso error. Además, el problema de los SPE es la carencia de recursos y de coordinación interna y entre administraciones públicas, aparte de mayor capacidad de actuación, con lo que pudiese prestigiar su operativa en el mercado laboral y superar la ridícula influencia que tiene en la gestión laboral de colocaciones (2%).
Se pretende ampliar el margen de operativa de las ETTs:
eliminando restricciones a su actuación en algunos ámbitos, previa consulta a interlocutores sociales de los sectores afectados, en el marco del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Los sindicatos han manifestado en este trámite su oposición.
Se abre un periodo limitado para transponer la directiva comunitaria que afecta.
La negociación colectiva podrá identificar ocupaciones de riesgo que no puedan ser cubiertas por trabajadores cedidos, de manera excepcional.
Se condiciona la celebración de contratos de puesta a disposición siempre y cuando las ETTs cuenten con un servicio de prevención propio autorizado y auditado.
Se ha de reforzar la formación de los trabajadores cedidos para sectores o actividades peligrosas, contando con una certificación específica.
Evaluación semestral de la siniestralidad de trabajadores puestos a disposición en sectores o actividades peligrosas.
En lo que concierte a las empresas de servicios se propone realizar medidas para impedir prácticas ilegales de cesión de trabajadores o subcontratación de servicios. Se invita a regular las empresas de recolocación (outplacement) en situación de ERE. En la última propuesta del gobierno ya no se hace mención a esta línea de actuación.
Lo más preocupante es la propuesta de admitir a agencias privadas de colocación con ánimo de lucro en el desarrollo de la actividad de intermediación que realizan los Servicios Públicos de Empleo. Parece como si se las quisiera subcontratar –se establecería un convenio de colaboración-, aunque dicen que “debidamente intervenidas” –autorización previa, garantías de respeto a la intimidad y dignidad de los trabajadores en sus datos, gratuidad, reservas de empleo a ciertos colectivos, etc…-. En gran medida esto supone una privatización, con todos los intereses particulares que esto comporta, y una contribución a una mayor segmentación del mercado de trabajo, con efectos no solamente selectivos sino también discriminadores, sin una mayor garantía de dinamización, transparencia y objetividad en las colocaciones.
4. Reforma de la regulación de los Expedientes de Regulación de Empleo.
Los EREs son una modalidad regulada para aliviar o pactar los efectos de situaciones de riesgo o certeza de extinción colectiva de empleo en empresas con dificultades. Es aquí donde se encuadra la propuesta de CCOO del modelo alemán, para hacer combinables reducciones de jornada con la prestación de desempleo. Los despidos por esta vía no representan más que en torno al 1,5% del total, con lo que, aunque afecta a empresas importantes, en términos de volumen no es una medida de gran envergadura. La idea del gobierno, en cualquier caso, es favorecer los EREs que apuestan por soluciones que eviten la extinción de contratos con vías intermedias, como las suspensiones temporales o las de reducción de joranda. El cambio en la regulación se propone podría tocar los siguientes aspectos:
Medidas permanentes (modelo alemán):
- Flexibilizar el umbral de jornada reducida para poder acceder a la prestación de desempleo y fijar un tope máximo a dicha reducción.
- Será compatible la reducción de jornada con la obtención de prestación de desempleo parcial reducido en el porcentaje de menor jornada trabajada, con la correlativa de generación y disminución de derechos correspondiente.
Medidas coyunturales:
- Se ampliaría la reposición de la prestación por desempleo (ahora fijada en 120 días) para los supuestos de reducción de jornada o suspensión temporal que sean seguidos de una extinción de contratos.
- Se ampliaría la bonificación de la cotización empresarial por el mantenimiento de los trabajadores afectados por el Exp. De Regulación temporal de Empleo (ahora fijada en un 50%), vinculando la ampliación a la inclusión en el plan social de medidas formativas para los trabajadores afectados en ese periodo.
- Aligerar el procedimiento para EREs suspensivos pactados en pequeñas empresas, sin Representación legal de los trabajadores.
No se trata de medidas negativas, pero su influencia será muy limitada.
4. Por una reforma laboral a la ofensiva
En definitiva, no es este el tipo de modelo que la sociedad requiere. Ni está justificado, ni es justo, ni será eficaz para crear empleo y empeorará las condiciones sociolaborales de los y las trabajadoras.
El efecto de una reforma así, de llevarse a efecto, tendría como probable balance un abaratamiento del despido de la contratación indefinida, que se trata de un modelo de empleo con una continuidad de unos 5 años. Pero, al no encarecer la contratación temporal difícilmente dejará de ser atractiva y se continuará su uso para aplicar una gestión flexible de la fuerza laboral. Los aspectos regulatorios para racionalizar su uso tendrán un efecto menor.
El resultado probable sería una nueva segmentación del mercado de trabajo.
El primer segmento respondería a la ampliación del empleo a tiempo parcial, los contratos bonificados para jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, y el contrato de formación para jóvenes (ya sin formación, pero con desempleo, pero con salario más bajos) que supondría alimentar un subsegmento inferior, pero creciente, del mercado de trabajo que profundizaría la precariedad de las condiciones de empleo de jóvenes y mujeres, sin olvidar que la población trabajadora inmigrante ya padece esta situación por razones añadidas (irregularidad, bajos salarios, pocas expectativas, etc…).
Habría un segundo segmento de contratación temporal también inestable y en gran medida desprotegido, que puede que perdiese peso rápidamente a favor del ese nuevo segmento hiperprecario, dado que sería más barato.
Un poco más arriba crecería en la nueva contratación el contrato “indefinido” (porque no se sabe cuándo finalizará) de indemnización por despido más barato que iría sustituyendo lentamente –en un proceso de unos 10 años- al amplio segmento de contratados indefinidos con la modalidad de 45 días. Pero como en la asignación de tipo de despido se va a proceder a facilitar la casuística para determinar los más baratos también se desdibujaría estas distinciones.
Esta segmentación se extenderá una vez que en los procesos de selección ocupan mayor lugar las agencias de colocación privadas y las ETTs.
En conclusión, que la precarización seguiría extendiéndose en toda la clase trabajadora asalariada, con un abaratamiento de los costes laborales y un mayor control empresarial de la organización del trabajo. Resultado principal: aumento de la tasa de explotación y aumento de las masas de beneficio y relativo ascenso de la tasa de rentabilidad.
Y, sin embargo, las tasas de paro por puesto equivalente a tiempo completo no tienen porque decrecer con medidas tales, porque para alcanzar las tasas de rentabilidad requeridas para una espiral de inversiones masivas creadoras de empleo exigiría incrementos muy superiores de la tasa de explotación. Ahora bien, la extensión del empleo a tiempo parcial puede atenuar la evolución de la tasa de desempleo, aunque el empleo a tiempo parcial no voluntario es, visto desde su inversa, desempleo parcial también.
Ni que decir tiene que estas son agresiones inaceptables en un contexto en el que al capital no le queda otra que seguir agrediendo sin concesiones. Lo único que van a discutir los partidos que optan a los gobiernos es en el ritmo, la intensidad y la posibilidad de pactar por dónde empezar a hacer.
Por este motivo, la respuesta de la clase trabajadora y toda la ciudadanía debería ser contundente, organizada y sostenida en el tiempo hasta que cambie el modelo planteado.
La línea de futuro para un cambio debe pasar por un cambio político e institucional internacional, un cambio en las políticas económicas, productivas y energéticas, y un modelo laboral que exija reformas laborales a la ofensiva desde la óptica de los y las trabajadoras.Con medidas del tipo que podéis leer aquí.
Al final la CEOE planteó una contrapropuesta desleal con el proceso de negociación con medidas radicales de corte neoliberal, con el propósito deliberado de sabotear el resultado de la mesa. Detrás de esta actitud se encuentra una intención política de deslegitimación del gobierno y de los sindicatos, hacerse pasar como víctima cuando ha sido la auténtica responsable de la ruptura, con medidas inasumibles por parte de los sindicatos y, finalmente, incluso inaceptables para el gobierno socialiberal del PSOE. Evidentemente, proponer sin tapujos el programa patronal supone una arrogancia y un ninguneo de las otras partes, que quiere dejar en mejores condiciones de negociación para la patronal, una vez la crisis siga profundizándose. Con este río revuelto, el gobierno seguirá retrocediendo por el efecto de una crisis, de la que también es incapaz de contener ni corregir, con lo cual el principal beneficiario, en estado psicológico de la opinión pública dominante, será el Partido Popular.
Se señala que al final saldrá una mejora y ampliación de los subsidios de desempleo, en una versión light. Con lo cuál no se puede estar descontentos, aún admitiendo que eso no es más que un parche y en modo alguno una solución. Basta con que la crisis siga campando a sus anchas, con unas medidas implantadas que por sí mismas favorecen a las grandes corporaciones financieras y los más importantes grupos de presión sectoriales privados, para que con el modelo laboral flexible existente, los y las sacrificadas sigan siendo las familias trabajadoras.
Pero en efecto, esto no nos puede satisfacer. La gravedad de la crisis y las medidas que la enfrentan no nos permite augurar ni una salida inmediata ni en las condiciones válidas, salvo para aquellos oligopolios y sociedades anónimas que concentran los mercados y ocupan el espacio vacío de las empresas destruidas y que se benefician del retroceso de la fuerza de negociación colectiva e individual de los y las trabajadoras, amedrentados con la amenaza y realidad del desempleo.
La(s) crisis no es identica ni sigue el mismo ritmo para todos. El empleo creado y ahora destruido no volverá a recuperarse en décadas. La calidad del empleo padecerá las agresiones de las políticas de ajuste y reestructuración, con lo que las condiciones de vida, en medio de políticas contra los servicios públicos y derechos sociales, seguirán deteriorándose.
A la clase trabajadora, y a sus organizaciones más conscientes y combativas no les queda otra salida que responder con una movilización sostenida, propuestas a la ofensiva, y una lucha por los derechos y por conquistar espacios de poder popular con políticas económicas y sociales favorables para los y las trabajadoras, desde ellos mismos.
Las contradicciones sistémicas son en extremo intensas y complejas, y para su resolución ya no hay margen para negociaciones. Los próximos años serán años de conflicto manifiesto, de luchas sociales y políticas de primera magnitud. Organizarnos para enfrentar esta batalla, desde la izquierda, se antoja completamente imprescindible.
En curso se encuentra el proceso de diálogo social entre gobierno y agentes sociales en la que se había planteado un preacuerdo por parte del Gobierno, del que damos somero análisis a continuación. A fecha de hoy, 3 de Julio, la patronal ha planteado cinco medidas más (el contrato único con indemnización intermedia entre el contrato temporal e indefinida; una reducción de cotizaciones a la seguridad social entre 3 y 5 puntos; una bonificación a los EREs del 100% durante un año y no del 50% durante nueve meses; aumentar la liquidez del ICO, y hacer exento de cotización el periodo de baja por incapacidad laboral entre los días cuatro y quince). Esto supone que los sindicatos CCOO y UGT han roto las negociaciones, especialmente, tras la actitud comprensiva del Gobierno ante las nuevas propuestas e, incluso, según el periodista Carlos Sánchez, se amenaza con la Huelga General.
No obstante, los contenidos del propio preacuerdo merecen una valoración en sí para entablar discusión de fondo más adelante sobre ellas. Los sindicatos ya habían mostrado disconformidad con dos puntos del preacuerdo, que a continuación se examina, especialmente la reducción de cotizaciones a la seguridad social en 0,5 puntos, y la propuesta que haría posible entrar a las ETTs en sectores de riesgo. Sin embargo, sólo un incremento de propuestas regresivas patronales les ha hecho levantarse de la mesa de diálogo social. CCOO mantendrá el próximo 22 de Julio una reunión del Consejo Confederal para tratar el nuevo escenario.
2. Los contenidos del preacuerdo
Los contenidos del preacuerdo del 25 de Junio incluyen, las siguientes medidas, que hemos ordenado por su nivel de relevancia. Nuestro análisis parte de la siguiente base argumental: el modelo político determina la política económica. La política económica es la que orienta el modelo de relaciones de producción vigente, y ambas determinan el desarrollo de la acumulación, la creación y destrucción de empleo, el tipo de organización productiva dominante, etc… A continuación las políticas de empleo y laborales regulan las condiciones de empleo de la fuerza de trabajo del empleo creado. Las políticas sociales son fundamentales para la configuración de un tipo u otro de reproducción social. Otras actuaciones como son las de supervisión, evaluación, etcétera, fijan la atención en la aplicación de medidas establecidas anteriormente, y por tanto no alteran la naturaleza de la reforma, sino su eficacia.
¿Pero cuáles son las medidas de este preacuerdo y qué decir al respecto desde una óptica crítica?:
Reformas de Política Económica:
A) Medidas de reforma fiscal.
a) Impuesto de sociedades. Se plantea reducir en 5 puntos el Impuesto durante 3 años a PYMES con menos de 25 trabajadores y con menos de 5 millones de euros de ventas anuales, que no destruyan empleo en 2009 y 2010; y una reducción equivalente en el IRPF para autónomos que empleen personal a su cargo. Coste estimado: 1000 M€ anuales. Esta medida igualmente no creará empleo, y sólo premiará a las empresas más competitivas o que casi lo sean dentro de un mercado en regresión. La creación de empleo depende de las expectativas de beneficio. Sólo conseguirá mantener empleo en una pequeña fracción de empresas que estuviesen en situación de beneficios (cuando se paga el impuesto) y en la frontera de, por la crisis, realizar pequeños ajustes de empleo. En empresas con pérdidas no repercutirá en absoluto y no impedirá el recorte de empleos. Se trata de una medida regresiva.
b) Deducción sobre vivienda. Se propone eliminar la deducción por inversión en vivienda adquirida a partir del 1 de enero de 2011. Pretende reequilibrar los incentivos fiscales para el alquiler y la compra de vivienda, mejorando la deducción por alquiler y mejorar los incentivos fiscales para el arrendador. Estas medidas no son negativas en sí mismas, porque incentiva el alquiler, si bien las deducciones en esta materia de cualquier tipo han demostrado en la práctica no hacer otra cosa que aumentar los precios y las rentas, pues se trata de un mercado en que el oferente tiene capacidad de imponer precios. Las actuaciones en esta materia debería ser fiscalizar el mal o nulo uso de las viviendas o locales, derivar las viviendas vacías hacia un gran mercado de alquiler, la intermediación pública, y regulaciones que pautasen límites en la renta, garantías de cobro, y calidad de las viviendas, así como retirar cualquier incentivo fiscal a la compra.
B) Medidas de financiación al sector privado.
a) Se agilizarán y flexibilizarán las líneas de financiación ICO, para mejorar la eficiencia y fluidez de los fondos ICO en la financiación de las empresas. Es una medida de gestión que racionaliza y hace más fácil el uso de los fondos.
b) Se habilita un Fondo ICO para “financiación para Economía sostenible en el ámbito empresarial”, que, en teoría, faciliten una transición hacia un desarrollo económico sostenible, hacia el sector privado de 20.000M€ (la mitad a través del ICO y el resto por instituciones financieras privadas). No se trata qué se entiende por “desarrollo sostenible” y cuáles son las condiciones de financiación. Sin más, es una subvención al capital sin clarificar las condiciones para que las inversiones merezcan esa financiación blanda.
C) Medidas de inversión, con financiación pública y gestión privada:
c) Se propone un Fondo de Inversión Local, en continuidad con el existente, para obras de mejora de productividad en el ámbito tecnológico, medioambiental y de sistema de atención a la dependencia. 5000 M€ para empresas a asignar por parte de entidades locales.
Política laboral:
A) Reducción de costes laborales:
a) Se prevé una reducción de las cotizaciones a la seguridad social por contingencias profesionales de 0,5 puntos, lo que supone 1.600M€ de ahorro empresarial. Aunque la medida se justifica en un superávit de dicha partida, se reedita la costumbre de abaratar costes laborales a las empresas sin garantizar el destino de dichos fondos a actividades o fines de utilidad comprobable. Se trata, sin más de una transferencia de rentas de la masa salarial indirecta a los beneficios empresariales, erosionando los fondos de la Seguridad Social, aunque al día de hoy goce de buena salud. El preacuerdo afirma que es para incentivar el empleo, pero esto se basa en un postulado ideológico que, además, es falso. La creación de empleo en un entorno capitalista depende de las expectativas de beneficios de la nueva inversión, tasa de rentabilidad que está retrocediendo en el actual contexto de crisis. Los ahorros en costes laborales se traducen en disminución de pérdidas o aumento de beneficios, pero no modifican las decisiones de inversión, y por tanto no se creará empleo en el actual contexto, porque las tasas de rentabilidad dependen de medidas que contribuyan a salir de la crisis. Está más que comprobado que la crisis actual tiene un origen sistémico y financiero –la financiarización-, que coincide también con una crisis de superproducción, y una tendencia actual a la caída de la tasa de beneficios. Atacar a los salarios indirectos es injusto, antiredistributivo e injustificado, sobre todo porque pone énfasis en la responsabilidad de la evolución de la masa salarial en la crisis, cosa que no se corresponde con la realidad, y que además, no comporta solución para la grave crisis que padecemos.
B) Medidas de intermediación laboral.
a) Se evaluará y potenciará el programa de orientación laboral con un coste de 52M€, pudiéndose ampliar la plantilla existente de 1500 orientadores. Esta medida parte de la débil idea de que el problema de desempleo se base en que los individuos no sepan buscar empleo o planificar su formación. Siendo este tipo de planes de interés, son sólo una medida parcial. Desde luego, la razón principal del desempleo no radica en la torpeza de las personas para buscar empleo sino en que este no se crea, o que las medidas de acceso generan obstáculos de discriminación entre grupos sociales.
b) Se pretenden suprimir los límites de actuación a las ETTs (los sindicatos están disconformes con esto) y podrán actuar en cualquier sector (inclusive AAPP y construcción). Esta es una medida regresiva donde las haya. La gestión de la temporalidad sin límite en cualquier profesión profundizará la contradicción de que se provea trabajadores de paso para empleos que requieren cualificación y carrera profesional acumulada en el tiempo, con unas condiciones de protección sindical prácticamente nulas. Sectores peligrosos que requieren profesionalización garantizada y estabilidad, como por ejemplo la construcción, no pueden abordarse por trabajadores desprotegidos, que se sienten de paso y sin horizonte, o descualificados. Además, eso supone generalizar el uso externo y temporal de empleos considerados no estratégicos para la empresa, sin garantías que la ETTs no haga otra cosa más que cesión laboral de trabajadores. La única posibilidad admisible de la existencia de ETTs sería, si acaso, la especialización de éstas en profesionales cualificadas de utilidad transversal y permanente, pero de empleo temporal en las empresas de un sector. Las ETTs deberían especializarse en la formación permanente de estos profesionales, dar asistencia técnica y de recursos específicos a éstos, y obligárseles a dar empleo estable. Pero la medida parece que va en sentido contrario.
C) Medidas de control del absentismo:
a) Entre las medidas (no contestadas por los sindicatos) está el mayor control del absentismo, mediante la mejora del sistema de comunicación INSS-Mutuas, convenios entre INSS y CCAA para garantizar el seguimiento de las enfermedades profesionales y comunes desde el primer día de baja (¿algo así como oficializar el médico-policía?), o el establecimiento de convenios para disminuir los costes merced a mejoras en las condiciones de trabajo e instrumentos de control. Estas medidas suponen una desconfianza de trato a los trabajadores, especialmente si no se concretan las medidas de mejora de las condiciones de trabajo y de empleo que reduzcan los riesgos profesionales para la salud y mejoren la motivación para el trabajo. Ni que decir tiene que puede suponer una ingerencia en la vida personal el seguimiento de un estado de salud que ya ha sido certificado por un médico.
D) Medidas sobre negociación colectiva
Se plantea una revisión de la NC con medidas tan preocupantes como “facilitar la utilización de cláusulas de descuelgue”, sin definir con qué límites; y sin concretar las fórmulas preferentes de “flexibilidad interna a nivel de empresa” -aquellas medidas que se proponen dentro de la empresa antes de tomar decisiones de despido-.
Medidas de política sociolaboral:
a) Se constituye un programa temporal de inserción de desempleados que hayan acabado el período de prestaciones, ligado al desarrollo de formación a través de las CCAA, que aportará un subsidio de 420 euros/mes durante 6 meses. El coste estimado será de 453 M€. El programa se prevé tendrá una duración de unos dos años (2009 y 2010) a cargo del Fondo Social Europeo.
Se trata de una medida compasiva dentro del importante paquete de medidas neoliberales de este preacuerdo de reforma. Sería la única medida valorable, si bien el bajísimo ingreso no permitirá salir de la pobreza a las personas desempleadas, lo que recrudecerá la presión a aceptar cualquier empleo sean cuales sean sus condiciones. A este respecto, la formación que provee el programa también es una acción valorable, si bien parte de la hipótesis falsa de que la persona desempleada no encuentra empleo por su inadecuada cualificación y no por una dinámica económica y unas políticas laborales que son la causa del desempleo.
b) Pacto de Toledo. El Gobierno se compromete a materializar la separación de fuentes en cuanto a la financiación de los complementos de mínimos de las pensiones con cargo a las dotaciones presupuestarias correspondientes.
Está medida en sí no es negativa dentro de la racionalización de la gestión actual. Pero el problema de fondo radica en el mismo modelo en sí del Pacto de Toledo que parte de la aceptación de que las pensiones y otras prestaciones deben adecuarse en función de la evolución de los fondos de la seguridad social. Una hipótesis que ha magnificado los efectos de la II Transición Demográfica (el envejecimiento de la población como si fuese un fenómeno perdurable en el tiempo, y no una etapa a reequilibrarse en un periodo de unos 20 años). En efecto, la II Transición Demográfica es un fenómeno sociológico de los países del Norte que se originó con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la natalidad que conllevará un periodo en el que las pirámides poblacionales se invierten, con lo cuál los ratios de personas en edad laboral y en edad inactiva se reducen significativamente. Esta nueva transición tendrá un impacto cierto en lo que puede estimarse unos 15-20 años. Este fenómeno se agotará una vez las cohortes de edad avanzada fallezcan y la pirámide vuelva a cobrar una forma más equilibrada; fenómeno que a su vez se va a ver aliviado sustancialmente por las migraciones del sur al norte. El impacto del envejecimiento temporal de las poblaciones occidentales puede atenderse de manera viable en países ricos, que han gozado de un crecimiento económico sostenido, sin mayor problema simplemente recurriendo a un cambio de prioridades del régimen fiscal y de las políticas de gasto público. Esto es, en caso de que la Seguridad Social tuviese déficit puede perfectamente cubrirse con la financiación de impuestos, o la transferencia de recursos de unas partidas de gasto a las de pensiones. Y sería un fenómeno, como decimos, transitorio. En suma, todo lo que no sea incorporar esta reflexión y reforma en el modelo de pensiones de nuestro país se traduce en que hay una apuesta política por desatender a las personas mayores a favor de partidas como son las subvenciones al capital, la inversión militar, etc…
c) Medidas para potenciar la formación, su reconocimiento, y su vínculo con el mercado de trabajo.
El preacuerdo dedica diferentes apartados a la formación profesional y para el empleo. En términos generales, cabe decir, que parece que estas medidas se basan en la errónea hipótesis de que la formación crea empleo o al menos combate el desempleo, y de que es una inversión (en capital humano) que es responsabilidad del individuo, y que basta con que institucionalmente se le facilite este recurso para resolver el problema. Se ha comprobado que más y mejor formación puede contribuir a no reducir la eficiencia y a la mejora de la productividad del trabajo. En caso de que un colectivo está más adecuadamente formado tendrá más opciones ante cierto empleo disponible que otro que no lo esté. Pero la formación no crea empleo. Si se generaliza la formación para un sector o profesión sólo incrementará la competencia entre los trabajadores del sector, la formación más que un valor sería un prerequisito de mínimos para cada persona, lo que puede ir detrimento de su capacidad de negociación individual. La formación en su caso, puede ayudar a transiciones de reestructuración sectorial, para hacer pasar un colectivo de trabajadores de un sector a otro en menos tiempo. La formación es una medida importante, pero, como decimos, no crea empleo. Por tanto, no basta por sí misma para atajar la problemática del empleo. ¿Cuáles son las medidas de este capítulo?:
• Dentro del Pacto por la Educación se quiere aumentar la cobertura de plazas de educación infantil de 0 a 3 años, mediante el programa Educa3. La medida no parece respaldarse con compromisos ciertos y concretos. En caso de ser así, sería una medida positiva. • Modernización de la Formación Profesional y del reconocimiento de la cualificación. • Se pretende extender, con 1000 centros, la Red de Centros Integrados de FP, para que los centros de FP reglada puedan realizar formación para el empleo. Es una medida positiva; • Se pondrá en marcha una red de Centros de Referencia nacional para el desarrollo en la definición de familias profesionales; • Se pondrá en marcha un sistema de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación. Esta medida desde hace tiempo que debería haberse puesto en marcha, pero el corsé de produce en la nula colaboración y reconocimiento de las empresas • Se pondrá en marcha una Plataforma Virtual para realizar a distancia módulos formativos para obtener títulos o certificados de profesionalidad. • Vinculación de la FP con el empleo y la Universidad. La vinculación, en nuestra opinión, aún siendo en algunos casos una medida de interés, cuando hay necesidades del mercado de trabajo por cubrir tratar de formar a personal que puedan satisfacerla, creemos que en líneas generales parte de una concepción equivocada. La formación profesional y universitaria no puede someterse a los caprichos de la oferta y de la demanda del mercado de trabajo, sino que debe desarrollarse en el marco de planes de desarrollo ciudadano, social y productivo orientados a generar sectores de actividad de futuro para atender necesidades sociales, y no sólo atender las necesidades de un mercado ávido de rentabilidad.
Medidas de evaluación de reformas anteriores:
a) Se evaluarán los resultados de las medidas laborales realizadas desde 2006.
b) Se evaluarán los resultados de la Ley Concursal.
Conclusiones finales: unas palabras para estimular el debate y propuestas alternativas.
Este informe de urgencia trata de dar cuenta de esta dinámica del diálogo social en varias perspectivas. La primera, dar cuenta de la posibilidad de fricciones entre las diferentes partes. La segunda, tratar de reflexionar sobre las medidas que se han puesto encima de la mesa. La tercera, observar que hay algunos puntos asumidos por todas las partes a los que no se entra en discusión y que marca un consenso implícito que, a nuestro juicio, merece la pena debatirse.
Las medidas del preacuerdo, de las que salvo dos, más todas las añadidas en última instancia por la patronal, no se ha entrado en discrepancia por parte de los sindicatos señalan una línea de actuación que no suponen cambios drásticos en el modelo económico y laboral, y en el contexto de grave crisis eso ya supone una enorme irresponsabilidad e incapacidad de actuación. Pero más decepcionante si cabe es su orientación porque la continuación y, con estas medidas, profundización en el modelo económico y laboral presente significa sujetarse a un barco que se está hundiendo.
Las propuestas son en su conjunto de carácter neoliberal, más bien, de cierto liberalismo compasivo miserabilista. Sigue confiando en que para superar la crisis hay que dar mejores condiciones de recuperación rentable a los mercados y no tanto en regular su orientación, gobernándolos. Las políticas de subsidiación son ridículas, y el énfasis en la formación individual y en la orientación sociolaboral personal es un brindis al sol que sólo contribuirá a distraer del problema. Las políticas de recorte fiscal y de reducción de cotización a la seguridad social serán ineficaces para la creación de empleo y no constituyen otra cosa que una transferencia de rentas al capital, del mismo modo que las líneas de inversión y financiación pública tal y como están concebidas. Las medidas que pretenden racionalizar algunos desequilibrios, como en el tema de la vivienda, serán ineficaces y con efectos no queridos (porque no se han contemplado por los autores del texto. Y, por último, muchas de las medidas planteadas en el preacuerdo son meramente una enunciación sin concreción. En suma, se trata de un preacuerdo decepcionante.
Ahora bien, con la ruptura del diálogo por parte de los sindicatos, ante la arrogancia empresarial y la complicidad gubernamental, puede abrirse una oportunidad para discutir estos y otros puntos, y recuperar una línea completamente necesaria, ante una crisis que dejada a su inercia y en el marco de un modelo laboral superflexible causará estragos. Es decir, que no basta con no aceptar nuevas reformas neoliberales, sino que, simplemente para mantener las condiciones de vida y trabajo son necesarias reformas progresistas a la ofensiva, a favor de los y las trabajadoras.
Esa línea necesaria es abordar una reforma de la política económica orientada a potenciar la inversión pública bajo control social y público, regular el sistema financiero y recuperar la banca pública; y una reforma laboral a la ofensiva que castigue severamente la contratación temporal (con elevación de cotizaciones a la seguridad social y con indemnizaciones por despido más elevadas al contrato indefinido, que causalice la temporalidad y los despidos bajo parámetros objetivos mejor definidos), que prohíba los despidos en empresas con beneficios, que acabe con las bonificaciones y subvenciones a la contratación para reconvertir esos fondos en creación de empleo público directo, que regule los derechos sindicales y posibilite la representación legal de los trabajadores conjunta en empresas-red transnacionales y en pymes en territorios definidos (polígonos empresariales, zonas turísticas, centros comerciales, parques industriales, localidades específicas, etc…), que defina la responsabilidad personal del accionariado sobre las empresas y su personal empleado, y que se oriente a una política de pleno empleo y de reducción y reparto de todo el trabajo con plenos derechos sociolaborales de carácter garantista.
(Este texto es un extracto que forma parte de la tesis doctoral del autor, y ya anticipa las tendencias en litigio actuales sobre el marco de las relaciones laborales. Ante los próximos conflictos encuadrados en un debate semejante, lo rescatamos aquí, en continuación, también, del anterior artículo publicado. Proximamente analizaremos una valoración de los contenidos y el conflicto en el marco institucional del diálogo social en curso.)
Tras la crisis estructural originada en los años 70, y la instauración del Estatuto de los trabajadores en 1980, se han modificado las relaciones de empleo en España siempre orientadas a abrir un mayor abanico de condiciones de contratación flexible, lo cual ha facilitado el crecimiento de tasas de temporalidad importantes. De manera, que los principales conflictos laborales —por ejemplo, la huelga general de 1988— se han producido en torno a la introducción de medidas y fórmulas de flexibilización de la contratación (y la ampliación de causas de despido, así como su abaratamiento), casi siempre tratando de justificarse en la inserción laboral de los jóvenes.
Es habitual, especialmente tras la transición política en este país tratar el problema de la precariedad como si se tratase de un fenómeno que afectase a unos segmentos sociales particulares. Jóvenes, mujeres, inmigrantes, minusválidos, mayores de 50 años, etcétera, que han sido usados como verdadero pretexto para modificar las relaciones de empleo que afectarían al conjunto de la clase trabajadora. Bien es cierto que la evolución del denominado 'mercado de trabajo' ha mostrado su cara más feroz sobre algunos segmentos sociales que han devenido excluidos. Así las tasas de temporalidad, se han mantenido muy superiores entre colectivos como mujeres y, especialmente jóvenes.
Así, parece constatarse que la contratación temporal supone una forma de la condición salarial que afecta mayormente a las mujeres que a los varones. Todo ello en un contexto de extensión de la relación salarial[1], la formación de una fuerza de trabajo global, y la duplicidad de tareas para la mujer entre el trabajo doméstico y el asalariado, y la necesidad de un complemento ante la moderación salarial de las familias y, muchas menos veces, la independencia de la mujer como persona. Ahora bien, parece que la temporalidad, como fenómeno singular, afecta en un grado muy superior a toda una generación joven observándose una dinámica decreciente según el segmento de edad más avanzado.
Sin embargo, parece ser conveniente, al tratar el fenómeno, no sólo atender a segmentos particulares sino a las condiciones y relaciones sociales que afectan a toda una clase social de trabajadores asalariados[2]. Entre los años 75-85 se padeció una crisis económica que, tratada mediante severas reestructuraciones, arrojó al desempleo a un conjunto importantísimo de la clase trabajadora. Con la instauración del estatuto de los trabajadores en 1980 y sus subsiguientes reformas se ha desarrollado una transformación de la condición salarial muy profunda. Desde la imposición en los Pactos de la Moncloa de una indización de los salarios en función de la evolución de los precios previstos, como moderación radical de los salarios reales, la transformación de la organización del trabajo hacia fórmulas, sobre todo, neotayloristas —multitarea rutinaria y polivalencia simple—, el cambio del sistema educativo que socializaba a la población en la formación como fuerza de trabajo[3] —empleabilidad—, o la extensión lógica de la cultura del consumo dirigido, hasta llegar a la modificación de las relaciones normativas de empleo —hacia la flexibilidad empresarial de la gestión de la mano de obra— se ha atravesado un cambio profundo en nuestras sociedades para hacer más disponible y aprovechable a la clase trabajadora. Posteriormente, las tasas de paro, que aún se sostenían elevadísimas, incluso para el entorno europeo, han dado lugar a un singular discurso en virtud del cual se aceptaba, desde la izquierda y la derecha de una hegemonía, un intercambio entre desempleo por trabajo temporal, en el discurso casi único de la 'creación de empleo', culpabilizando a la condición protegida y 'cara' del asalariado con contrato "para toda la vida". Así, mientras hubo un gobierno de denominación socialista se prometió este intercambio, que con la excusa de insertar a nuevos colectivos excluidos, transformó toda la condición salarial, degradándola, y sin obtener tampoco resultados en la reducción de las tasas de paro debido a la sangría, promovida desde la política económica gubernamental, de grandes sectores productivos. Una promesa análoga, a la que se realizó al producirse la reconversión industrial, mediante la idea de compensar la pérdida de empleos, con la creación de empleos en el sector servicios. Sin embargo, más tarde, con una etapa de prosperidad cíclica (1996-2000), la modificación de los criterios estadísticos, y la paz social en un periodo de gobierno del PP, el pleno empleo empezó a circular como discurso, esta vez convirtiéndose en una eficaz arma para alcanzar la disponibilidad, la empleabilidad y el empleo pleno de la fuerza de trabajo. De manera que los discursos críticos pasaron de denunciar el desajuste del paro para criticar la precariedad[4] en los empleos, quizá, como suele pasar, a destiempo. Los últimos años, desde 1996 y la entrada del gobierno Popular, han desplazado, de esta manera el problema del paro en España como debate, hacia otro sobre el tipo de crecimiento del empleo y el problema de su calidad —aunque más bien enfocado exclusivamente sobre la baja calidad de los contratos a término fijo—.
De manera que se fijó la atención sobre las desproporcionadas tasas de temporalidad que en contraste con la UE eran muy elevadas. En cambio, parece observarse que también la propia condición de contrato indefinido, e incluso el contrato “fijo” del funcionariado público, ha visto deteriorar su estatuto laboral en lo que se refiere a derechos laborales directos e indirectos, y que además la política de 'externalizar' ha hecho aumentar las tasas de temporalidad en el sector público a un ritmo superior que en el privado —aunque manteniendo niveles inferiores—. Parece que en las Administraciones públicas, también se observa una evolución de las tasas de temporalidad creciente, aunque sus niveles son siempre inferiores al sector privado, mientras que en el sector privado es decreciente, lo que permite decir que la temporalidad general crece por una política gubernamental que ataca en primer lugar la condición salarial en el sector público, para luego trasladarse, como ejemplo a seguir, al conjunto de asalariados.
Sea como fuere, los asalariados del sector público aun son menos y por eso su contribución a las tasas globales no es significativa estadísticamente, pero sí lo es sociohistóricamente.
La mayor parte de los asalariados/as en España lo son en plazo indefinido, dado que ya no es segura su prolongación, esto es, ya no significan un empleo estable y mucho menos a lo largo de toda la vida. Ahora bien, por número de contratos sólo representan[5] para el mes de Junio de 2001 un 9,47% del total, siendo los temporales un 90,53% lo que nos puede indicar una rotación en el empleo muy elevada entre los empleados a término fijo. Dentro de las formulas de contratación indefinida hay subtipos como puede tratarse del modelo de contratación fijo-discontinua destinada a empleos estacionales de carácter menos inestable, y luego fórmulas de contratación indefinida con condiciones más flexibles y costes indirectos menores destinada a ciertos colectivos como los mayores de 45 años, casos especiales para mujeres desempleadas, tipos particulares de desempleados, y una fórmula nueva llamada, también con menores costes indirectos y con una bonificación[6] disponible a la empresa empleadora, llamado Contrato para el fomento de la contratación indefinida (para conversión de temporal a indefinido tras marzo de 2001). Entre medias están los contratos a tiempo parcial, distinguiéndose del tiempo completo —siempre y cuando duren menos del tiempo de trabajo anual de un contrato a tiempo completo—.
Desde un punto de vista histórico, como hemos apuntado, el problema de la inestabilidad en el empleo es un fenómeno que parece eclosionar tras la transformación profunda de las relaciones de empleo desde los años 70 y la visibilidad del paro, y sin embargo la precariedad es condición sine qua non de la condición del salariado. El proceso de inestabilidad no puede reducirse únicamente, por tanto, a las crecientes tasas de temporalidad en España, en el que su evolución ha sido especialmente notable en un largo proceso. La reforma sucesiva del marco normativo laboral ha afectado a todos los tipos de contratos. Junto con la ampliación del abanico de tipos de contratos[7], con diversas fórmulas de contratación temporal, se ha producido una desnaturalización del contrato 'fordista' a lo largo de la vida clásico de las décadas 50-70 en España, periodo en el que fue posible un pleno empleo virtual (unas 1.300.000 personas eran inmigrantes) de la fuerza de trabajo masculina debido a que la fase de acumulación expansiva, en una sociedad burguesa, así lo exigía para su puesta en funcionamiento en mercados rentables. De manera, que el denominado contrato “fijo”, que realmente sólo pervive entre el funcionariado público, ha pasado a llamarme “indefinido” al no conocerse el final de su existencia, pero tampoco aporta una seguridad en el empleo substantivamente superior[8]. La diferencia entre un contrato temporal y el contrato indefinido remite al coste del despido y algunas garantías que se derivan de una mayor “estancia en el puesto de trabajo” debido a que el 'despido libre' se ha implantado progresivamente en la práctica en la legislación. El contrato temporal ha sido expresado en las empresas como mecanismo de ‘promoción’ en los nuevos contratados, formando así un “periodo de prueba”[9] tras el cual decidir la continuación y paso a indefinido de los nuevos trabajadores, generalmente jóvenes. Aparte, el contrato temporal se ha justificado como mecanismo flexible de contratación complementario al clásico, mientras se deterioraba la condición de indefinido así como se abordaban colosales medidas de reestructuración, prejubilación, y sustitución de un modelo laboral fordista por otro dual y principalmente neotaylorista, mediando, de esta manera, con la más amplia generación de jóvenes existente en la historia, que, hasta ahora, resultaba víctima de unas condiciones laborales pésimas, baratas, y que, tras haberse cualificado enormemente, entregaba buena parte de su biografía. Por ende, el periodo de concertación y paz social, así como de amnesia dirigida, les apartaba de cualquier experiencia, no sólo por entrar tarde al mundo laboral, en sus niveles personales y colectivos, sino sobre todo sindicales y políticos.
El abaratamiento en el despido, la ampliación de causas para el mismo, la apertura de un abanico de fórmulas contractuales dependientes (sin olvidar las condiciones desprotegidas del trabajador con contrato a puesta a disposición —ETTs que contratan a un 0,8% de los asalariados[10]—, las semiirregulares del becario, el extendido trabajador autónomo, el informal, el inmigrante sin papeles, etc...), las subvenciones, o el incremento de bonificaciones y reducciones en la contratación indefinida, mediadas por los llamados fomentos de la contratación indefinida, han producido una situación en la que dichas ayudas perviven a lo largo de dos años, a partir de tal fecha puede ofrecerse como barato, sobre todo en tareas y puestos de carácter reemplazable, e invitar a cambiar de trabajador. Sin embargo, esta situación todavía no se ha hecho evidente puesto que hasta ahora se ha producido un fuerte incremento del empleo y hasta que el periodo recesivo marque la pauta en la destrucción de empleo parece que dicho fenómeno no será visible. No obstante, ya no hay figuras estables, y como mucho lo son semiestables. No puede tampoco olvidarse que la estabilidad en el empleo depende no sólo del tipo de contrato, sino también en qué tipo de empresa se encuentra, de si se trata de la empresa principal, en mercados oligopólicos o monopólicos, o de una auxiliar, sea filial o subcontrata. De manera que un contrato indefinido en una pequeña empresa que tiene como vida media entre 5 y 10 años es menos estable que otros.
Es difícil prever la evolución, pero parece que se ha producido un pacto en los últimos años en los que se ha tolerado un intercambio para evitar la contratación temporal, haciendo más flexible la contratación indefinida, en particular con las reformas laborales de 1994, 1997 y 2001, tras haberse implantado otras reformas anteriores que abrían el abanico de formas contractuales eventuales. De manera que es posible que, en el medio plazo, se pueda pasar a una reducción de la contratación temporal en proporción a la indefinida. Esto será posible porque en fases recesivas el empleo que se pierde es especialmente el temporal, quedando especialmente el más 'protegido'. Por otra parte, entre los trabajadores del núcleo estratégico de las empresas, por el efecto simbólico de seguridad, puede extenderse la contratación indefinida para conseguir comprometerlos y que no se marchen a otras empresas, en un efecto semejante a los llamados “salarios de eficiencia” que R. Solow desarrolló en su obra (Solow, 1992) aunque su vínculo, como se ve, cada vez es más simbólico. Por otra parte, la presión sindical apunta a, por ejemplo, medidas como el aumento de las cuotas a la seguridad social de los temporales, o por ejemplo la instauración de la indemnización, que en marzo pasado pasó a ser de 8 días por año. De manera que, tendencialmente, puede producirse una relativa convergencia hacia una inestabilidad moderada media de una buena parte de los asalariados, renunciando a cualquier seguridad relevante en el empleo, siquiera como sistema de integración social duradera.
Desde otro punto de vista, además, la situación permanente de crisis de ramas productivas enteras, entrega a muchos colectivos de trabajadores ante el abandono de sus conocimientos laborales para adquirir otros. Este es otro rasgo de inestabilidad que aboca en comportamientos psicológicos de inseguridad. Inseguridad que se liga a toda una forma de existencia, al problema de la vivienda, de la formación de proyectos vitales propios y colectivos, etc... Esto es, a toda una experiencia de subordinación y miserabilización.
No es de extrañar, por tanto, que la generación que algunos llamaron "X", una vez agotado su ciclo en el manto del núcleo familiar, que tras duras reestructuraciones y prejubilaciones agotan sus recursos a repartir, aparezca en el mundo laboral desconcertada. Agotado el ciclo de trabajar muy barato, con el único horizonte del consumo del fin de semana —que renunciaba a poder entrar en el disfrute de bienes duraderos como la vivienda, por inalcanzable—, al tener que abordar dichas necesidades, es posible que se estén planteando una coherencia en su biografía personal. Coherencia que hasta la fecha se satisfacía por la promesa de la meritocracia y la posible promoción. Horizonte personal también agotado ante la experiencia de un mundo laboral arriesgado y subordinante. De manera, que se produce un caldo de cultivo para imaginar horizontes colectivos, que "otro mundo es posible", de lo que dan cuenta las nuevas bases sociales de resistencia al capitalismo y la relación salarial en el norte del mundo[11].
En suma, aunque resulta difícil arriesgarse, en las últimas décadas se ha podido producir una transición, mediando con una nueva generación joven de trabajadores más formados y con una inexperiencia laboral, y en general más dóciles y baratos, de un modelo laboral fordista a otro dualizado entre postfordista y principalmente neotaylorista, en el que la condición de inestable sobre todo es recogida en el segundo. Un modelo laboral actual que quiebra el viejo modelo fordista de trabajo a lo largo de la vida y el pleno empleo, para pasar, posiblemente, a un modelo dual de inestabilidad media pero generalizada en las relaciones de empleo, aunque definitivamente dual en la organización del trabajo, y en la norma de consumo, donde los trabajadores cualificados y estratégicos se mantienen en las empresas matrices y los más inestables en empresas auxiliares o trabajos reemplazables. Una dinámica cada vez más dependiente de una división internacional del trabajo en la que la sociedad española ocupa una semiperiferia dependiente dentro de la UE en medio de una larga crisis económica y social, imposible de resolver sin encararla políticamente.
[1] Entre el año 1987 hasta el II Trimestre de 2001 se ha pasado de una tasa de salarización (Asalariados/Ocupados) del 70,62% al 79,51%. Elaboración propia a partir del INE. EPA.
[2] Conviene asumir que una pequeña capa de gestión y dirección, la tecnostructura de Galbraith, puede disfrutar de un salario sin ser este su ingreso o recurso principal, con la característica añadida de su control sobre los medios de producción o directamente su propiedad. Estos no forman parte de la clase subordinada.
[3] Ni que decir tiene que las personas, los colectivos sociales, no son sólo fuerza de trabajo-mercancía, sino que son propietarios de la misma. Su cualificación como mano de obra supone una reducción de su realización completa que como ser humano entraña, o puede hacerlo, en todas sus facetas, orientando su socialización y formación hacia la aprovechabilidad de su fuerza de trabajo potencial y su conversión en trabajo efectivo rentable.
[4] Concepto demasiado amplio a veces. No es fácil distinguir si alude a la miseria de salarios, a las condiciones de trabajo o a las de empleo —contratación—. De igual manera, denunciar así la precariedad sin tener en cuenta, por ejemplo, los diversos itinerarios y trayectorias de clase pueden hacer confundir a un joven con importante capital relacional, en los términos de Bordieu, que es contratado temporalmente para luego pasar a formar parte de la tecnostructura empresarial, con expectativas muy diferentes a las de otros trabajadores.
[5] Elaboración propia a partir del INE, Contratos registrados en el INEM.
[6] En general con una bonificación del 25 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes durante los veinticuatro meses siguientes al inicio de la vigencia del nuevo contrato, cualquiera que sea la fecha de su celebración.
[7]En España se pueden distinguir entre un abanico abierto de formas de contratación temporal que se pueden resumir de la siguiente forma: Contrato de Formación para no titulados; Contratos en Prácticas para titulados; Contrato de obra o servicio determinado; Contrato eventual por circunstancias de la producción; Contrato de interinidad; Contratación en sustitución por anticipación de la edad de jubilación; Contrato de relevo; Contratos de inserción, nueva figura incluida en la Reforma Laboral de Marzo de 2001; Contrato de puesta a disposición (ETTs)
[8] Según el periódico El País, de 10-11-01, “las empresas y las administraciones públicas españolas tienen un 39,8% de trabajadores con más de 10 años de antigüedad en el mismo centro de trabajo, una cota inferior al promedio de los países desarrollados, que es del 41%, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).”
[9] La tasa de rotación en España resulta muy alta, especialmente entre los jóvenes españoles. El 91,21% de los contratos son temporales, por ejemplo, en el II Trimestre de 2001.
[10] Fuente: Elaboración propia a partir de INE, EPA, II Trimestre 2001.
[11] Reivindicando la reducción de la jornada laboral y el reparto de todo el trabajo, el salario universal garantizado, la transformación de las relaciones de poder formando espacios de democracia comunicativa, la solidaridad internacional, la planificación socialista descentralizada y con mercado regulado, etc...
