Crisis del Euro y Crisis de las Políticas del Gobierno

Daniel Albarracín
9 de Abril de 2010
1. Una crisis del Euro a los diez años de su inauguración.

El contexto de crisis global se ha materializado en una crisis fiscal sin apenas precedentes por su magnitud. Esta crisis, ya descrita reiteradamente, además se encuentra en un contexto de crisis institucional y violencia monetaria en la UE.

Diversos actores –bancos y compañías de seguros, principalmente- que actúan y dominan los mercados financieros, beneficiarios de las políticas públicas de rescate financiero, créditos a bajo interés del Banco Central Europeo, y estímulos fiscales estatales de diferente índole, aprovecharon con avidez este contexto. Ahora sus instrumentos y sociedades de inversión se están aliando contra el Euro, merced a la vulnerabilidad de economías periféricas como la griega especulando con el descrédito de la deuda pública de diferentes países. Estos actores no son de otro mundo, sino que muchos de ellos están radicados en la City londinense y operando desde diferentes Paraísos fiscales, y realizan diferentes encuentros y reuniones físicas en ciudades como Nueva York.

La Unión Europea, hecha a la medida de países como Alemania y Francia, y adaptada como un traje tomando lo que le conviene y dejando lo que no en cuanto al Reino Unido, no está construida para hacer frente a estas vulnerabilidades. El presupuesto de la Unión Europea es muy bajo, siquiera para ordenar mínimamente los mercados de un área continental, y mucho más si se aspira a realizar políticas de integración, cohesión, compensación territorial o, ni que decir tiene, la construcción de un Estado del Bienestar digno de tal nombre. Por otra parte, según las normas europeas no puede superar el 1,27% del PIB, algo sencillamente ridículo comparado con el peso de cualquier sector público en cualquier país moderno, superando el 40%. El Banco Central Europeo desarrolla una política de control de la inflación favorable a Alemania, que no prima el estímulo al empleo. Aunque en los últimos años, ante una crisis muy profunda, no ha podido más que realizar una política expansiva para no deprimir más aún la inversión. El experimento del Euro, inaugurado en 2000, suponía la primera ocasión que un macromercado con moneda única no venía soportado por unas instituciones públicas suficientes para hacer frente a los desequilibrios y descompensaciones sociales, económicas y regionales que causa. En aquel contexto, los países centrales consolidan su poder e influencia de mercado, y acumulan en un desarrollo desigual sin cortapisas. Generan potentes superávits de balanza de pagos que tenían en su anverso fortísimos déficits en la periferia europea, que incluye a países, en la vieja periferia, como Grecia, Portugal, Irlanda, Italia o España, y en la nueva a los recién incorporados desde el Este, algunos literalmente en bancarrota. Por cierto, estos últimos sometidos a criterios de convergencia para entrar en el euro de ajuste estructural más severos que los que se establecieron en Maastricht, con una clara orientación neoliberal y que, en la práctica no están justificados en modo alguno para brindar las condiciones idóneas de implantación de una moneda única. Se hizo la casa por el tejado, pero sirvió de magnífico pretexto para imponer las políticas neoliberales.

Alemania teme el desplome de la credibilidad y fortaleza del euro con el caso griego. Está haciendo a las víctimas de su posición hegemónica ventajista, culpables. Por un lado está exigiendo, conjuntamente con otros gobiernos cómplices, políticas de ajuste draconianas a países en dificultad para reducir sus fuertes déficits fiscales y de deuda pública en tiempo record. Al tiempo que no ha tenido más remedio que aceptar la construcción de nuevos fondos e instrumentos financieros, en las que participarán instituciones europeas y el FMI, para hacer frente a las tormentas monetarias y financieras, cada vez más difícil de controlar. Hay que pensar que el sistema de la UE es sumamente beneficioso para países con la fuerza económica exportadora de Alemania, y que prefieren que los sacrificios partan de los países más débiles, pero no puede impedir una redefinición del instrumental de la UE porque no puede hacer caer al Euro sin afectar a su propia economía. En esta situación, cada vez parece más verosímil y realista que en los próximos años se deje abandonar a algunos países el área euro, sin que ello impida que siga un vínculo con la UE, o que haya una circulación de dos monedas, con la recuperación de las antiguas u otras de nuevo cuño. Grecia, Portugal, España, Italia e Irlanda son serios candidatos, y resulta más difícil que países del Este al final puedan acceder.

La hegemonía neoliberal en la construcción de la UE reedita las exigencias de ajuste estructural en las que sólo asoman políticas institucionales públicas como guardianes del mercado capitalista. Son tan profundas las contradicciones de este modelo que, de no contrarrestarse con fuerza y decisión, lo más esperable es que se dictaminen políticas continuistas más severas de recorte de servicios públicosy las políticas sociales, y de su privatización, como se constata en países como el nuestro.

Por otro lado, el marco laboral supone un objetivo clásico sobre el que se quiere incidir. En poco afecta a los problemas financieros o fiscales, pero se ha decidido que hay un magnífico pretexto para seguir incidiendo en el aumento de las tasas de explotación, como mecanismos de sostenibilidad y aumento de las tasas de rentabilidad, cada vez más exprimidas por transnacionales –relocalizando y reordenando la división internacional del trabajo-, actores financieros, rentistas y especuladores, a escala globalizada.


2. Las consecuencias derivadas de la crisis económica en España y las políticas del gobierno
El gobierno se ha encontrado en un contexto que le ha resultado por completo inesperado. Su errática línea de medidas ha sido, en el mejor de los casos, inocua contra la crisis, y, por el contrario, han añadido problemas añadidos a la estructura económica española y ha hecho soportar el peso de las consecuencias sobre todo entre los y las trabajadoras, con compensaciones, cuando las ha habido, ridículas. El resultado fundamental es que se ha transferido un enorme agujero del sector privado a las cuentas públicas, y ha crecido de manera extraordinaria la tasa de paro, en una economía enormemente lastrada por un déficit de balanza de pagos, dentro de una economía auxiliar de otras potencias europeas, y dependiente de los motores de la construcción y el turismo, ahora embarrancados.

El gobierno, una vez ha reconocido la crisis se ha encontrado con una situación muy difícil de enderezar. Al subir a los cargos de responsabilidad un conjunto de tecnócratas en las áreas vinculadas a la política económica, no han aplicado otra cosa que lo que aprendieron en las convencionales y conservadoras facultades de nuestra universidad. Esto es, una ingeniería neoliberal y una cirugía, con el único considerando de legitimarse tratando de derivar responsabilidades al diálogo social para tratar de no presentarse como los ogros de la película.

Así, han realizado una reforma fiscal regresiva, apoyada fundamentalmente en impuestos indirectos como el IVA, que caerá sobre todo en las espaldas de los y las trabajadoras a través del consumo, y subvenciones, bonificaciones y exenciones de fiscalidad y cotizaciones a la seguridad social para el capital. También se han retirado las reducciones de 400 euros en el IRPF, se van a retirar algunas desgravaciones a la compra de inmuebles, o se retirarán ayudas por hijo por esta vía, que eran regresivas y que no pueden verse como medidas negativas, aunque su intención es meramente recaudatoria. Esto no impide el desplome recaudatorio de las arcas públicas, y por tanto el contexto es muy desfavorable para un despliegue de las políticas públicas. Recientemente se ha acordado entre gobierno y CCAA recortes coordinados importantes en el gasto, con repercusiones sensibles en educación, sanidad, y que no permitirán despegar el siempre pendiente sistema de ayuda a la dependencia. Además, el gobierno ha exigido que se debata en torno al recorte de las pensiones y el retraso de la jubilación. Y es previsible que se derive en algún tipo de erosión sensible de derechos.

Por otra parte, las tímidas, sin criterio y descoordinadas políticas de inversión pública municipal, y las promesas de un cambio de modelo productivo no se han orientado a dinámicas efectivas de utilidad comprobada, de sostenibilidad medioambiental o mantenimiento en el tiempo, ni efectos multiplicadores. Las ayudas a la población desempleada de larga duración son migajas cuya amortiguación sobre el consumo es menor, y que no redundan en solución en sí, aunque pueda haber remendado alguna situación particular. También se han realizado subvenciones a la industria del automóvil –sin condiciones para modificar el sistema productivo hacia modelos más sostenibles- o del turismo –planes Renove-, se han formulado figuras desfiscalizadas para el sector inmobiliario (SOCIMI), y se han abierto líneas de crédito ICO baratas para PYMEs. En su conjunto, han podido amortiguar la crisis durante unos meses, pero una vez impuesto el programa de austeridad, no podrán acolchonar más la situación.

Ni que decir tiene, que el rescate financiero a la banca, con condiciones laxas (aunque hayan sido comparativamente menos permisivas que en otros países), no ha supuesto condicionante para la banca, y queda pendiente una regulación más allá de las palabras huecas, y la recuperación de una banca pública consecuente.


Mientras tanto la presidencia de la UE no ha supuesto más que un estímulo para ser el alumno aventajado del neoliberalismo europeo, y ha puesto en el primer punto de la agenda la lucha contra la crisis enfrentado estrictamente desde un programa de austeridad que supone un recorte de 50.000 millones de euros en cuatro años. Una auténtica monstruosidad que conmoverá pilares básicos de cohesión social en muchas esferas.

La opción ha sido refugiarse en el modelo de políticas neoliberales, al que es más fácil acomodarse, por presiones del capital, y porque es lo que el gobierno conoce mejor. La única diferencia con el PP es que ha derivado su concreción al diálogo social, para reformar el sistema de pensiones y el mercado laboral. Como puede comprobarse los datos son sencillamente alarmantes respecto al ascenso del paro.
Pero éste también va a tener enormes dificultades de encontrar un punto de consenso, a pesar de algunos ejercicios formales para buscar líneas de acuerdo. La patronal ha decidido apostar fuerte por posturas extremas, y no tiene ninguna intención de alcanzar acuerdo alguno. Lo confía todo a que el gobierno legisle y pague todo en un castigo electoral. Mientras tanto, los sindicatos mayoritarios manifiestan su disconformidad con algunos puntos de las propuestas, pero se pierden en un silencio, ante el temor de cuestionar a un “gobierno amigo”. Con lo que han perdido independencia y, ante la insuficiente movilización, fuerza y credibilidad social.

Entre tanto el miedo al futuro y el hartazgo social está empujando a la sociedad a sufrir en lo cotidiano miles de consecuencias parciales del grave conflicto general, sin facilitar oportunidades de cuestionamientos y agrupamientos de naturaleza global y progresista, salvo en el irregular y volátil espacio de movimientos sociales relativamente dispersos, únicamente rearticulados lenta y modestamente por la aparición de nuevas organizaciones rupturistas en formación dando respuesta a las contradicciones que los conmueven.