Miguel Urbán, Daniel Albarracín y Fernando Luengo son, respectivamente, coordinador y miembros de la Secretaría de Europa de Podemos.
Se ha convertido en un lugar común presentar a la economía alemana como
un modelo a seguir y un ejemplo de buenos resultados. Los obtenidos en materia laboral
y de equidad constituyen, en nuestra opinión, una de las piedras angulares de
cualquier balance. El enfoque convencional (y dominante) ha convertido en un
lugar común referirse a Alemania, como si las diferencias sociales no
existieran o fueran irrelevantes, y como si las condiciones de vida de todos
los habitantes que forman parte de ese país mejoraran en mayor o menor medida
con la recuperación de la actividad económica.
Se argumenta que la creación de puestos de trabajo ha avanzado a buen
ritmo. Y es verdad. El nivel de ocupación en 2016 era un 8% superior al de 2007
y la tasa de empleo, en porcentaje de la población activa, era casi 6 puntos
porcentuales superior a ese nivel. Todo ello ha supuesto que la tasa de
desempleo se encuentre en niveles históricamente bajos, muy inferiores a los
existentes antes de que estallara la crisis: 4,4% en 2016 frente al 8,5% de
2007. Eurostat pronostica que este resultado mejorará en el bienio 2017-2018. En
paralelo a la creación de empleo, los estándares salariales también han
mejorado; de este modo, la compensación promedio por empleado en términos
reales (utilizando el deflactor del índice de precios al consumo) ha crecido
entre 2014 y 2016 a tasas próximas al 2%.
La política del gobierno del PP se
ha caracterizado por una gestión que, sin abandonar su política de protección a
las grandes corporaciones financieras y energéticas, principalmente, se ha
caracterizado por la inacción por lo que no ha acentuado las políticas de
ajuste, en un ciclo político convulso en el que una parte significativa de la
población ha reaccionado contra las consecuencias de las políticas neoliberales
y necesitaba sostenerse electoralmente. Para interpretar la coyuntura tenemos
que ir más allá de la gestión del gobierno e indagar en la dinámica subyacente.
La rentabilidad efectiva, tras
desplomarse en el periodo recesivo, se ha recuperado tímidamente, apoyándose
principalmente en el drástico abaratamiento de los costes financieros. Entretanto,
la actividad se reactivaba en la industria, el comercio y la hostelería, por
factores fundamentalmente exógenos, sea bien el tirón de la exportación de los
bienes industriales auxiliares que se realiza a los países centrales, sea bien
por un impulso circunstancial, pero fortísimo, del turismo, beneficiándose del
carácter de “destino seguro” del territorio ibérico en un contexto de
conflictos internacionales creciente.
Daniel Albarracín Economista y sociólogo. Asesor en el Parlamento Europeo con EuroPodemos
En este “país de países” arrastramos cuanto menos desde la Transición un viejo simplismo ideológico, fundado en la escisión artificial entre lo económico y lo político. Desde entonces se optó por dividir conceptual y prácticamente ambas esferas. Se facilitaron reformas que podrían conducir al aperturismo democrático y las libertades públicas, a cambio, ni que decir tiene, de fuertes renuncias materiales para las clases populares y trabajadoras, en materia de salarios, condiciones laborales y mayor racionalización económica. Las fuerzas políticas se dedicaron a tomar las instituciones y las sindicales a negociar en el ámbito laboral. Desde ahí, se produjo un largo retroceso en la influencia de las clases populares en cuanto a sus condiciones de vida materiales. Reestructuraciones, salarios contenidos e inestabilidad laboral llegaron a continuación. Más tarde, la resistencia y la respuesta apareció de nuevo, primero en el campo de los movimientos sociales y tras conmociones de alcance internacional, con el movimiento antiglobalización de los 2000, las primaveras y el 15-M de 2011. Se formaron después nuevas herramientas políticas hoy en el centro de la escena y que siguen despertando enormes expectativas.
Este tipo de aproximación ha conducido a dos excesos: el economicismo, entendiendo tal cosa como una maquinaria técnica que sólo cabe gestionar y de cuyos resultados se derivan los comportamientos sociales y políticos; y el politicismo, que piensa que basta con invocar meramente al discurso para conducir a las mayorías. Ni la realidad social, histórica y política son fruto de ninguna ley exacta universal, ni los sujetos están al margen de sus realidades materiales. Más bien, debemos entender, que los sujetos intervienen en su propia experiencia desde un punto de partida que no eligen, pero cuyo destino colectivo no está predeterminado y se construye. La relación con los recursos y el entorno, las formas de producir y distribuir, el modo de vida, representan el material central del debate político por antonomasia.
El régimen, aunque en entredicho, sigue, reproduciendo el esquema vulgar del economicismo, confiándolo todo a una recuperación económica para recuperar adeptos. Por nuestro lado, huyendo de cierto miserabilismo que piensa que sólo es posible avanzar en medio de la desesperación, pensamos que un ciclo como este facilita las condiciones para la autoorganización popular y el avance de nuevas ideas, tal y como se experimentó en ciclos económicos positivos (el ciclo del 68, el movimiento contra el capitalismo global a comienzos de los 2000, etc…). La cuestión de contar con “los que faltan” debe consistir tanto en organizar a los que se indignaron -y que reflexionaron sobre la experiencia colectiva para llegar a conclusiones de que es necesario cambiar-, como en tratar de dialogar con el sentido común mayoritario, para interpretar lo que nos sucede y construir juntos un proyecto de sociedad que acabe con las causas de la injusticia.
Las frágiles bases de la recuperación actual.
La economía española ha crecido un 3,2% el año pasado, por encima del entorno europeo. Ahora bien, el nivel del PIB aún no ha alcanzado el nivel de producción de 2008. La recuperación comenzó en 2014, y tuvo su momento álgido en 2015. Ya se empieza a desinflar. La recuperación, será probablemente corta. La inversión se aceleró rápido en 2014 y 2015 pero pronto ha perdido ritmo y está a distancia de los niveles de anterior a la crisis. La rentabilidad efectiva, tras desplomarse en el periodo recesivo, se ha recuperado muy tímidamente.
Pablo Elorduy me formulaba hace unos días unas preguntas a modo de entrevista, que empleó para uno de sus documentados artículos. Aquí está prácticamente el contenido íntegro de las respuestas.
Si partimos del indicador del PIB se está produciendo, de hecho, la
anunciada recuperación económica, pero ¿qué tipo de recuperación? ¿con qué
coste social?
El crecimiento que se está presentando se levanta
sobre pies de barro. Ha sido posible tras una fuerte destrucción de empresas.
En el periodo de decadencia que arranca tras 2008, estaremos ante oscilaciones
entre recesiones y estancamiento. En el caso español, que crece más que otros
países, se explica más por el fuerte ajuste ya realizado, al que le sucede un
crecimiento facilitado para las grandes empresas que permanecen y que ocupan el
lugar de otras muchas que han desaparecido, y que sólo tiene continuidad por el
marco monetario ultraexpansivo y la microburbuja originada por la política del
BCE.
Pero, sin duda, es un crecimiento con desigualdad, con
escasísima creación de empleo, con bajos salarios y alta temporalidad.
La reforma laboral del Gobierno ha evitado según la Comisión Europea la
destrucción de 400.000 empleos. A cambio, la agenda reformista ha tenido un
efecto sobre las pensiones, sectores como la educación o la sanidad y un
impacto claro en dependencia. ¿Qué consecuencias sociales ha tenido seguir la
agenda reformista seguida por Europa? Y más allá de esto, ¿cómo se puede
afrontar la próxima década tras el impacto de dichas políticas y la experiencia
que se ha vivido en torno al desafío y repliegue del Gobierno de Syriza en
Grecia?
No cabe hablar de reformismo, ni siquiera cuando este
término tampoco nos agrade, sino de una política de racionalización social y
productiva en el marco de una generosidad inaudita con el sector financiero y
el sector energético.
Hemos tratado estos aspectos en el número 144 de la
revista Viento Sur. Allí señalamos el periodo de refundación Europea que
inaugura el proyecto de los 5 presidentes. Este proyecto, que trata reforzar la
capacidad presupuestaria de la eurozona con un instrumento financiero como es
el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, el próximo Fondo Monetario
Europeo, y lo hará no sólo financiarizando los recursos con los que operará la
Unión Europea, sino también estableciendo que el vicepresidente de la Comisión,
a su vez el líder del Eurogrupo, determinará el uso y condicionalidades de este
potente látigo financiero. Dicho proyecto, asimismo, mediante la coordinación
de autoridades de competitividad nacional, aprobará antes de la implementación,
cualquier reforma fiscal –que no podrán ser progresivas-, presupuesto o
indicador de evolución salarial a escala de cada Estado Miembro de la UE. Es
una forma más dura de Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para entendernos. Ni
que decir tiene que este proyecto de los Cinco Presidentes de las principales
instituciones europeas es fruto de la experiencia griega, un auténtico plan B
para las élites europeas.
La Comisión Europea ha postergado la posible multa a España por el
incumplimiento de los objetivos de déficit hasta después de las elecciones.
¿Cómo interpretas esta muestra de 'flexibilidad' en el marco de la austeridad
que ha funcionado como dogma desde 2010?
Las élites europeas tienen un mecanismo de
solidaridad. Ellas se amparan en los “dictados de Bruselas” como pretexto para
“hacer lo que no queda más remedio que hay que hacer”. Mientras Bruselas sabe
de sobra que quien determina el rumbo de esta UE intergubernamental es una
serie selectiva de países. Entre las claves de la flexibilidad está la manga
ancha que se guarda para los gobiernos amigos de las clases dirigentes, algo
impensable si hay un gobierno no afín o que está fuera del control del
establishment. En esta ocasión, y para el Estado español, sirve para evitar un
castigo electoral adicional al PP.
Entramos en campaña electoral y uno de los objetivos de casi todos los
partidos parece ser la defensa de la clase media "la más castigada por la
crisis". Sin embargo, sabemos que no es así, que han sido las clases
populares, la clase baja, la que más ha sufrido el impacto de la crisis ¿por qué
crees que se sigue apelando a esa clase media desde los discursos políticos?
En términos sociales la clase media en España ha sido
pulverizada. Pero este es un largo proceso histórico, y las clases medias en sí
no representan más del 12 o 13 por ciento de la estructura social. La apelación
suele referir a esta “clase media” porque entre las capas sociales que se han
asalarizado o convertido en asalariados encubiertos (falsos autónomos, falsos
emprendedores, etc…) y precarizado persiste en su imaginario ese “grupo de
referencia” al que aún esperan incorporarse de nuevo, quizá bajo nuevas formas.
En parte la indignación reciente refiere a esa distancia, entre la vieja
posición social perdida y la nueva situación de vulnerabilidad. Ese imaginario,
que se lamenta de que no funcione bien el ascensor social, habría que
discutirlo, por mucho que esté cristalizado en una buena parte de las nuevas y
frágiles clases trabajadoras. Habría que construir una nueva aspiración social,
no tanto en la base a la recuperación de un status ya vetusto y posiblemente
irrepetible en la extensión anterior, sino en la superación de la relación
salarial y las ataduras a las que conduce. Esto exige poner en el centro del
debate y la agenda política la democratización del trabajo en su totalidad y la
democratización de la toma de decisiones de inversión y de reparto del
excedente.
La semana pasada hemos visto que la deuda de las administraciones públicas
llegaba al 100% del PIB. Ese nivel no descenderá (según la propia Comisión Europea)
hasta 2018, y dentro de una década seguirá por encima del 90%. ¿Qué
consecuencias tiene esto para el día a día de la gente?
El crecimiento de la deuda pública conlleva a que una
parte del presupuesto anual se drena para el pago de la deuda, en detrimento de
políticas públicas y sociales, o políticas de inversión. Asimismo, conduce
también a que las políticas del gobierno sean cada vez más dependientes del
conjunto de acreedores internacionales y nacionales, en gran medida liderado
por instituciones europeas y el sistema bancario privado.
¿Qué efecto han tenido las políticas de Quantitative Easing desarrolladas
por el BCE? ¿Cuál es su efecto a largo plazo?
La flexibilidad cuantitativa ha impedido un desplome
mayor de la economía, al modo que en Japón se consiguió una larga etapa de
estancamiento que contuvo una grave depresión. Pero es incapaz de animar la
inversión, y en un contexto de bajas tasas de rentabilidad, tampoco impedirá
nuevas recesiones y la tendencia deflacionaria. Como hay muchos modelos de
política monetaria expansiva, cabe decir que la que se está implementando es
muy favorable particularmente al sistema bancario europeo, al que le sirve para
que sus balances sean algo menos insolventes. Mientras no haya una regulación
del sistema bancario para garantizar la función social del crédito y su
capacidad de generar dinero mediante el mecanismo de la deuda, la política
monetaria ultraexpansiva en vigor, sólo servirá para socializar las deudas
privadas del sistema financiero.
Last May, the European United Left / Nordic Confederation Group (GUE
/ NGL) decided to turn its traditional support for the Social and
Solidarity Economy (SSE) into one of its main strategic focuses for this
legislature (2014-2019).
Therefore, GUE/NGL Group has set as one of its main goals for 2016 the organization of the first European Forum of Social and Solidarity Economy (EFSSE),
aiming at promoting an exchange of experiences among the different
actors in the SSE in Europe, highlighting the problems faced by the
sector, as well as its potential in tackling the effects of the crisis.
Specific actions of political impact will be proposed, intended to foster the consolidation and expansion of the SSE within the EU.
(Of course) There Is An Alternative
Social and Solidarity
Economy represents an alternative proposal to the dominant
economic-productive model. The SSE understands the economy not as a goal
but as a tool to achieve personal and community welfare and
development.
Integrating economic
activities centered on people, their communities and the environment,
the SSE affects not only the way production is carried on but all the
aspects of the economic process. It promotes fairer relations of production and a different approach to the goods distribution process, encourage responsible consumption and even shift the traditional schemes of financing activities.
The SSE consists of
cooperatives, associations, social enterprises and associations of
informal workers, other grassroots groups and individuals that are all
guided by principles of justice, democracy, cooperation, reciprocity, mutual aid and sustainability.
Fairer and More Resilient Against Crisis
The economic importance of the SSE is beyond any doubt, representing over 14 million jobs(6.5% of total employment in the EU)
and having proved to be extraordinary resilient to the impacts of the
crisis concerning unemployment. It is a booming sector, which generates
qualitative benefits, which although difficult to be measured, have the
potential to improve the quality of democracy while proposing frames of
production and reproduction more compatible with fairer and more
sustainable societies.
El próximo 12 de Mayo se celebran unas Jornadas de Economía Feminista en la UCM, en Somosaguas. Las compañeras han solicitado que se responda a un cuestionario. Comparto algunas respuestas sobre algunas de las preguntas que se han formulado. Espero que sean de utilidad.
CUESTIONARIO (a modo de entrevista)
Sobre el término “economíafeminista”
-¿Por qué lo llamas (o no) economíafeminista?.
Primero hablo de perspectiva feminista. El fin es el trato equivalente de las personas, atendiendo a sus necesidades específicas en su contexto. La economía es un medio.
La economía es un asunto humano y social, que concierne a la reproducción, extracción, elaboración, reparto de los recursos y cuidado de las personas y el medioambiente, lo que conlleva adecuar los recursos disponibles a las necesidades de todas las personas, hombres y mujeres, con un trato equivalente (en materia de libertades, toma de decisiones, y disfrute de recursos y relaciones). Es un asunto humano conflictivo y político porque entraña dirimir y, muchas veces, disputar qué, cómo y para quién se produce.
En el qué deben reconocerse los ciclos materiales y ecosistémicos del entorno y las necesidades humanas (de todas las personas). En el cómo se diseñan mecanismos sociales e institucionales para organizar la extracción y elaboración de los recursos materiales, asignando los medios para conseguirlo (materias primas, tiempo, trabajo y personas –hombres y mujeres en condiciones para esa dedicación-). En el para quién se aborda la cuestión de la distribución de los frutos del trabajo y la naturaleza, y concierne, una vez más, a personas, mujeres y hombres en sociedad.
Desde la crisis del euro y de la deuda pública Europea de Mayo del 2010 las clases dirigentes Europeas han acelerado notablemente su proyecto de rediseñar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) Europeo y el sistema entero de gobierno económico europeo.
La motivación es obvia, evitar que el sistema vuelva a encontrarse al borde del precipicio si emergen nuevos episodios de inestabilidad como los suscitados por la crisis Griega de Mayo.
Este era el empeño principal de la reunión de los líderes de la UE del 28-29 de Octubre en Bruselas, que aprobó las propuestas del ´task force on economic governance´.
Los contenidos de las propuestas se pueden dividir en dos grandes áreas: 1) endurecer notablemente la disciplina fiscal impuesta por el PEC sobre los gobiernos de la zona euro; 2) crear un mecanismo permanente de resolución de crisis que sustituya al Fondo de Estabilidad Financiera Europea (EFSF por sus siglas en inglés) y al Mecanismo de Estabilidad Financiera Europea (EFSM por sus siglas en inglés) que fueron creados en Mayo de 2010 pero que caducan a mediados de 2013. Además de esto se empieza a discutir sobre la propuesta alemana de crear un mecanismo que permita la reestructuración y el impago de la deuda pública.
Como es habitual en la Europa de las élites, los líderes de Alemania y Francia (Merkel y Sarkozy) se pusieron antes de acuerdo sobre los principios básicos de estas propuestas en su reunión de Deauville del 18 de Octubre de 2010, como se puede consultar en la declaración conjunta franco-alemana que emitieron ese mismo día.
Para convencer a los ingleses de que apoyasen las propuestas en el Consejo Europeo y permitiesen una reforma del Tratado de Lisboa bastó que Merkel le prometiese a Cameron una drástica reducción en el aumento anual previsto del presupuesto de la UE, que ahora crecerá en un 2,9% en vez de un 6%. A pesar de que Inglaterra estaría exenta de la aplicación de las sanciones por incumplimiento del PEC que propone Alemania (gracias al Protocolo 15 del Tratado de Lisboa), podría bloquear la aprobación de dichas propuestas en el Consejo Europeo. Por lo que Cameron aprovechó la ocasión para emplear a fondo su posición de fuerza y obtener contrapartidas a cambio de apoyar medidas que en cualquier caso no iban a afectar a Inglaterra. Así se trapichea en las esferas más altas de la UE con las políticas que afectan a millones de ciudadanos.
¿Pero de qué tratan estas propuestas exactamente?
En lo que concierne a la disciplina fiscal, estamos ante el rediseño más importante del PEC desde el tratado de Maastricht.
El task force, por ejemplo, propone crear un mecanismo de coordinación ex-ante de las políticas macro y fiscales de los países de la zona euro. Este mecanismo obligará a los gobiernos de cada país a consultar con la Comisión Europea y el Consejo de ministros europeos los presupuestos nacionales antes de que se hayan siquiera discutido en el parlamento del país. Propone además obligar a los gobiernos a incluir las recomendaciones de la Comisión/Consejo en la propuesta presupuestaria que los gobiernos presenten a sus parlamentos nacionales. Un ataque en toda regla contra la soberanía y la democracia nacionales.
Endurecer y facilitar (a través de un proceso sancionador más rápido y automático) la aplicación de sanciones a los países que incumplan el pacto de estabilidad. Ahora ya no bastará con reducir el déficit por debajo del 3%, sino que además tienes que convencer a la Comisión de que vas a ser capaz de reducir la deuda por debajo del 60% del PIB de manera sostenible y rápida. Además, las sanciones se podrán aplicar si la mayoría del Consejo no se opone a ello (reverse majority rule), no si la mayoría del Consejo está de acuerdo con ello.
Al Presidente de la UE, van Rompuy, se le encarga que siga estudiando la posibilidad de suspender el derecho de voto a los países que incumplan el pacto de estabilidad. La idea es que, como acabar aplicándole multas financieras significativas a los países que incumplan el PEC (países que en tales situaciones seguramente ya se encontrarían en dificultades económicas importantes) puede convertirse en algo complicado de hacer en la práctica, quizás acabe siendo más eficaz aplicarles sanciones políticas substitutorias. Esta es una de las famosas propuestas controvertidas de Alemania (Merkel) ante la que el presidente de Comisión Europea (Barroso) se rasgaba las vestiduras durante la reunión del Consejo Europeo.
Desde el punto de vista de la gestión eficaz de la Europa neoliberal, uno puede imaginarse lo que le haría a la ya maltrecha legitimidad popular de la UE en los países afectados por tales sanciones políticas la aplicación de una medida así. El descontento popular que suscitaría sería sin duda algo arriesgado de gestionar políticamente para cualquier gobierno. Quizás más importante para el buen gobierno de la Europa neoliberal sería el riesgo de que una medida así suscitaría una importante desconfianza y resentimiento por parte de las elites políticas de la UE del país afectado y que posiblemente debilitaría la solidaridad entre las clases dirigentes Europeas en el futuro.
El task force propone también crear un nuevo marco de ´surveillance´ macroeconómico para vigilar a los países (como España por ejemplo) que acumulen desequilibrios por cuenta corriente y desequilibrios competitivos importantes. La propuesta permitiría, además, que se sancione a los países que no implementen las recomendaciones de la Comisión y el Consejo para corregir esos desequilibrios. Asegurar la estabilidad fiscal en cada país de la zona euro es demasiado complejo como para confiarlo en unas simples reglas fiscales mecánicas como las contenidas en el PEC. La crisis demostró que países como España, que aparentemente cumplen con todos los criterios del PEC, pueden desmadrar sus cuentas públicas de un día para otro en situaciones de crisis económica como la que acabamos de vivir y crear problemas para la estabilidad financiera de la zona euro. Por ello hay que ampliar el campo de análisis preventivo para tener en cuanta también aquellos desequilibrios macroeconómicos y competitivos que amenacen con destrozar las cuentas públicas en una situación de crisis. Un ejemplo, las cuentas públicas españolas aparentemente eran sólidas al iniciarse la crisis pero esta solidez se basaba en el aumento de la recaudación fiscal que había producido un modelo de crecimiento insostenible construido sobre una burbuja del sector inmobiliario y de la construcción. Vigilar los desequilibrios que van más allá de lo puramente fiscal es un poco la idea detrás de esta propuesta.
Se propone crear un mecanismo permanente para la resolución de futuras crisis ‘a la Griega’ y reformar el tratado de Lisboa para darle cabida. Ésta es otra de las propuestas estelares de Alemania. Las clases dirigentes Alemanas tienen un problema, según ellas cualquier plan de rescate de gobiernos de la zona euro acabará siempre inevitablemente teniendo que ser financiado en su mayor parte por sus propios contribuyentes. Esto ya les acarreó serios problemas a la hora de convencer al público alemán de que era necesario crear mecanismos como el EFSF y el EFSM en mayo para salvar a países en situaciones como las de Grecia, aunque solo fuese por el bien mayor de la estabilidad del capitalismo Europeo. Lo consiguieron solo a cambio de numerosas condiciones, entre las cuales se encontraba la premisa de que estos mecanismos serían solo temporales y que se les impondrían duras condiciones de ajuste a los países receptores de estas ayudas para que se ´espabilasen´ y no hubiese una próxima vez. El Tribunal Constitucional alemán estuvo a punto de bloquear por inconstitucionales la participación Alemana en el EFSF y solo lo permitió al final bajo la premisa de que éstas solo serían medidas ´temporales´. El problema es que nadie se espera que las crisis del capitalismo Europeo se acaben para siempre en 2013 ni que mecanismos como el PEC, por muy duros que sean, puedan realmente desterrar cualquier posibilidad de que se produzcan nuevas crisis fiscales Europeas en el futuro.
La única forma que tiene Merkel de ´blindarse´ legalmente ante la amenaza del Tribunal Constitucional alemán es si la existencia de un mecanismo de resolución de crisis permanente está amparado legalmente por el tratado de Lisboa. El problema para el resto de las élites europeas es que la última vez que se intentó reformar los tratados de la UE se abrió una caja de Pandora muy arriesgada de controlar políticamente (como por otra parte sucede cada vez que se le da la oportunidad a la ciudadanía Europea de decir lo que realmente piensa de la UE) y se tardó más de ocho años en llegar al actual tratado de Lisboa.
Por lo visto, en medio de este dilema entra en escena el Presidente de la UE van Rompuy para calmar a las clases dirigentes diciéndoles que no se preocupen, que se puede reformar el tratado de Lisboa a través de un ‘fast track approach’ y legislación secundaria basados en los artículos 48.6 y 48.7 del tratado de Lisboa, que evitaría tener que recurrir a cosas desagradables como referéndums populares en países como Irlanda y Dinamarca y quizás también pueda evitar tener que pedir aprobación parlamentaria en cada uno de los países miembros de la UE.
La propuesta alemana de crear un marco que permita el impago y la reestructuración ordenada de la deuda pública en la zona euro divide a las clases dirigentes Europeas. Las recomendaciones del ´task force´ aluden a esta propuesta controvertida solo de un modo tangencial y abstracto refiriéndose solo ´...al papel del sector privado´. La declaración de Deauville del 18 de Octubre de Sarkozy y Merkel habla de ´...una participación adecuada de los acreedores privados...’.
Sin embargo, la idea general alemana está bastante clara. Se trata de incluir al lado de la cláusula que establezca un mecanismo permanente de resolución de crisis otro mecanismo que permita impagos y una reestructuración ordenada de la deuda de los países que cometan impago. De acuerdo con los informes de la prensa, los alemanes están pensando en permitir la prolongación del vencimiento de la deuda o la congelación de los pagos de intereses sobre la deuda en aquellos casos en los que los gobiernos se vean en dificultades de poder seguir pagando. Es decir, una suspensión temporal de los derechos de los acreedores y posiblemente también una renegociación de la deuda en la que los acreedores reciban al final del día menos del 100% de lo que se les debe. El gobierno Finlandés ha lanzado también una propuesta que incluya las llamadas ‘cláusulas de acción colectivas´ que impidan que una minoría de acreedores bloquee un plan de reestructuración de deuda.
Desde el punto de vista del gobierno Alemán, como es imposible fiarse de sus socios ‘despilfarradores’ Europeos (particularmente de los de la llamada ´periferia´) y no han conseguido imponer su plan inicial, que era que las sanciones por incumplimiento del PEC se impusiesen de modo totalmente automático sin ni siquiera tener que recurrir a una votación del Consejo (evitando así posibles negociaciones de última hora entre ´políticos´ para eludir la aplicación de sanciones), hay que fomentar que sean los propios mercados los que sancionen y dobleguen a los gobiernos que incumplen el PEC. ¿Esto cómo se consigue? Fácil, se le hace creer al mercado que el impago es una posibilidad real y que los alemanes no van a estar siempre allí para rescatar a futuras Grecias. Con lo cual los mercados de deuda empezarán a ponerle precio a este riesgo y a hacer pagar tipos de interés más elevados a los países mas ‘irresponsables’ con sus cuentas públicas.
Esta propuesta no podría ser más controvertida entre las clases dirigentes. El presidente del BCE, Trichet, por ejemplo, ya ha puesto el grito en el cielo y se opone con uñas y dientes, aunque poco puede hacer para impedirlo si los ‘malditos políticos’ en cuyas manos están al final las decisiones más importantes de como gestionar el capitalismo Europeo llegan a un acuerdo entre ellos. Para colmo, el gobernador del banco central alemán y candidato favorito a sustituir a Trichet, Axel Weber, va por allí dando discursos argumentando en favor de la propuesta alemana de crear un mecanismo de reestructuración e impago ordenado de la deuda. El propio boletín de octubre del banco central Alemán contiene una discusión en favor de las ventajas que puede acarrear permitir, bajo determinadas circunstancias, el impago y la reestructuración ordenada de la deuda pública.
Desde el punto de vista de Trichet, se está jugando con fuego de manera irresponsable. Hablar de permitir el impago no solo puede llevar a que cunda el pánico en los mercados financieros al menos de manera temporal en una situación de fragilidad como la actual. De hecho, la semana pasada los mercados iniciaron una nueva ronda de ventas de deuda Griega que rompía con la tendencia de estrechamiento de la prima de riesgo de la deuda Griega que se había conseguido en semanas anteriores con las distintas medidas Europeas de apoyo al país. Esta oleada de ventas también salpicó a Irlanda y Portugal (aunque en esos dos países había también causas de tipo doméstico que influyeron en las ventas), ya que los inversores justamente se empezaban a plantear que si se habla de la posibilidad de permitir un impago en Grecia mejor ir preparándose también para otros impagos en Portugal e Irlanda.
Permitir el impago llevaría a enquistar la percepción de los mercados de que efectivamente creer en la posibilidad de crear un marco capaz de imponer la disciplina fiscal en la zona euro es solo una utopía y que al final habrá que ponerle un precio totalmente distinto a la deuda de cada uno de los países de la zona euro de modo permanente. Es decir que esto de la coordinación y homogenización de las políticas fiscales para permitir que funcione de manera efectiva un área económica común con una moneda única es un cuento chino en el que no creen ni los propios líderes europeos. Esta perspectiva es la que más temen los detractores de la propuesta alemana. Su contrapropuesta es sencilla: más disciplina fiscal a través del endurecimiento del PEC y ni hablar de impago que contradice la credibilidad de la primera propuesta.
Ante este debate y las distintas propuestas, uno se pregunta qué esta proponiendo como alternativa la izquierda que no esté ya discutiendo o hayan ya implementado las clases dirigentes para salvar su sistema. Como se puede ver, las propuestas de impago y reestructuración de deuda que proponen varios economistas de izquierdas son perfectamente asumibles desde una de las visiones existentes de gestión del neoliberalismo capitalista que además las tiene bastante mejor concretadas. Otras propuestas que se realizaron desde la izquierda como la de pedir que el BCE comprase deuda pública ya ha sido implementada por el BCE de nuevo para garantizar la estabilidad del sistema. Se demuestra una vez más que la clase dirigente capitalista en momentos de crisis es mucho más flexible en la aplicación de sus dogmas que la izquierda, sobre todo cuando de lo que se trata es de salvar su sistema.
Ante este panorama, se plantea con urgencia que desde la izquierda social y política se empiece ya a proponer alternativas de envergadura para crear una Europa alternativa a la del neoliberalismo.
ANÁLISIS // ENTRE 1999 Y 2007 EL SALARIO MEDIO SÓLO CRECIÓ UN 1% //
NACHO ÁLVAREZ / Investigador del Departamento de Economía Aplicada I, UCM.
Miércoles, 3 de febrero de 2010
El estallido de la crisis ha desencadenado un debate público sobre la necesidad de un cambio de modelo productivo en la economía española. Tanto el Gobierno –a través del proyecto de Ley de Economía Sostenible– como la patronal y las grandes centrales sindicales han hecho públicas sus posiciones al respecto.. Sin embargo, hay un elemento que sigue sin estar en el centro del debate: la necesidad de que el cambio en el modelo productivo se ancle a un nuevo patrón de distribución de la renta y la riqueza.
Durante los últimos 15 años, el Producto Interior Bruto (PIB) español ha crecido más de un 60%. Sin embargo, los beneficios de dicho crecimiento han sido repartidos de forma sumamente desigual. Mientras que las rentas del capital experimentaban un crecimiento extraordinario durante estos años, las rentas de los hogares asalariados han permanecido prácticamente estancadas.
Mayor Desigualdad
Según datos del Barómetro Social de España, entre 1999 y 2007 los beneficios empresariales experimentaron un crecimiento (en términos reales, una vez descontada la inflación) de casi el 50%. El valor de las acciones y demás activos financieros aumentó un 90%, y el patrimonio inmobiliario se revalorizó un 125% aproximadamente. Durante este periodo el salario medio apenas creció un 1%, la pensión media un 18% y la prestación media por desempleo un 4%.
Como consecuencia de todo ello, el peso que los salarios tienen en la renta nacional no ha hecho sino disminuir durante la última década, pasando del 60% al 55%. Paralelamente, el ratio entre el patrimonio medio del 25% de hogares más ricos y del 25% de hogares más pobres pasó de 33,4 en 2002 a 41,0 en 2005. Este aumento refleja el incremento de la desigualdad entre asalariados y hogares cuyas rentas provienen en mayor medida de activos financieros e inmobiliarios.
¿Cómo entender entonces que, en este contexto de regresión social, el consumo privado haya actuado como uno de los motores del crecimiento? Debido a que el sostenimiento de los elevados ritmos de consumo se ha asentado en un fuerte nivel de endeudamiento, así como en una sostenida reducción del ahorro medio por hogar. Pero también la deuda de los hogares esconde realidades muy diversas: mientras que para el 40% de hogares de menores ingresos la carga anual de esta deuda como porcentaje de su renta es superior al 30%, para el 20% de hogares más ricos apenas es del 10%. Es decir, que la clase trabajadora ha experimentado el endeudamiento y el desahorro como una imposición –fruto de la regresión salarial– para sostener su nivel de consumo (en particular, el acceso a la vivienda).
Además, la enorme creación de empleos entre 1996 y 2008 (con más de 500.000 empleos netos al año) no ha frenado este vendaval de redistribución regresiva. La causa ha sido la continua pérdida de derechos laborales y la fuerte extensión de la precariedad. La masiva proliferación de los contratos temporales, así como la fuerte rotación en el puesto de trabajo, el progresivo abaratamiento del despido y, en definitiva, la desreglamentación del mercado laboral, han conllevado crecientes dificultades de reivindicación y negociación sindical y, con ello, un generalizado deterioro salarial.
La llegada de la crisis ha evidenciado el fracaso económico y social de este modelo productivo y distributivo. Pero esto no ha impedido que sus efectos golpeasen con mucha mayor intensidad a los hogares asalariados que a las rentas del capital: se ha impuesto la congelación salarial y se han perdido 1,4 millones de puestos de trabajo entre 2008-2009; mientras tanto, la bolsa española se ha revalorizado un 75% entre marzo y diciembre de 2009. Este proceso de privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas no revierte –al contrario, intensifica– el patrón de distribución de la riqueza de estos últimos años.
Un verdadero cambio de modelo productivo exigiría un nuevo patrón de distribución de la renta y la riqueza, que introdujese un giro de 180 grados en la tendencia de regresión social de estas últimas décadas. El resto son meros brindis al sol que no se traducirán en una mejora sustancial de las condiciones de vida de la mayoría social.
Aunque sea un ejercicio exploratorio e inicial ya pueden identificarse líneas de actuación para enfrentar la crisis desde una opción favorable a los y las trabajadoras y que no se pliegue al modelo económico vigente. Vamos a intentar enunciar algunas propuestas clasificadas en dos niveles: medidas defensivas o de resistencia, y medidas de transformación o a la ofensiva.
Las medidas defensivas las definimos como todas aquellas que tratan de proteger y mantener las condiciones de vida de los y las trabajadoras para esquivar las consecuencias de la crisis. Entre ellas cabe incluir, principalmente, la mejora o extensión de la protección social de desempleo, el mantenimiento del poder adquisitivo, y la compensación con servicios públicos de servicios a la ciudadanía.
En materia de las políticas públicas la opción primera es tratar de sostener aquellas políticas de inversión y de mantenimiento del consumo, y las políticas sociales para evitar las consecuencias más dañinas del desempleo, la pérdida de derechos y la exclusión social. O inclusive iniciar líneas que supongan la creación de actividades y empleo público en áreas de preferencia y utilidad social general.
Asimismo, mantenerse firme en la no aceptación ante reformas laborales que incrementen el grado de precarización del mercado de trabajo. Aún si bien, cabe decir, es tal el grado de flexibilización que la crisis activará toda esa laxitud regulatoria para ocasionar auténticos estragos. Esto es, en las actuales condiciones no es suficiente con no aceptar más reformas neoliberales, sino que es necesario, para simplemente mantener las condiciones de vida, empleo y trabajo, realizar reformas en sentido contrario, empezando por contestar a las medidas regresivas de la última reforma, porque de otro modo, el gobierno, chantajeado por una patronal crecida, seguirá legislando reformas, regresivas en su balance conjunto, sin contar con los sindicatos.
En cuanto a la negociación colectiva y el derecho del trabajo debería afianzarse y reforzarse su regulación y eficacia, inclusive por encima de la desarticulación que está generando el propio ámbito del derecho mercantil (ley concursal, subcontratación, etc…) en cuanto al desdibujamiento de la responsabilidad de la tutela empresarial respecto al empleo y la producción. La identificación de la responsabilidad de la tutela de las empresas matrices respecto de las auxiliares sería un primer paso, asignando una responsabilidad personal al accionariado respecto de sus empresas.
Ni que decir tiene que no parece admisible la destrucción de empleo en empresas con beneficios y que no se exija la devolución de las ayudas públicas a empresas que se relocalizan cuando son absolutamente viables donde están instaladas.
También debe plantearse un nivel de reinversión del excedente en forma de reservas en el balance empresarial destinadas a la renovación tecnológica innovadora y sostenible ecológicamente. El impuesto de sociedades debería incrementarse a aquellas empresas no socialmente responsables en estas materias. Y para ciertos sectores considerados estratégicos de la economía (sistema financiero, energético, telecomunicaciones, industria, etc…) debería legislarse para exigir un nivel de reservas, y por tanto, de reinversión determinados, con contenidos preferentes.
También debería legislarse para regular el nivel de dividendos repartidos cuando los niveles de beneficios no superen cierto umbral primando la reinversión.
Debe exigirse, en suma, una normativa que traslade un porcentaje del excedente, de los beneficios, para engrosar las reservas de los balances empresariales. Y estas reservas deben destinarse a contenidos de actividad concretas como son:
a)Desarrollo e innovación de productos sostenibles y de valor añadido (socialmente útiles, generadores de bienestar, ecoeficientes energéticamente, etcétera).
b)Renovación aparato industrial hacia el empleo de tecnologías diseñadas para su sustentabilidad ecológica (ahorro, ecoeficiencia y fin de la obsolescencia planificada) y su ergonomía, basado en el uso de materias primas preferentemente sostenibles (energías renovables, minimización de residuos no biodegradables, conversión de productos producidos con sistemas de obsolescencia planificada hacia productos duraderos, ...)
c)Apertura de departamentos de I+D+i.
d)Reinversión en sistemas industriales de mayor eficiencia, menor uso material de productos intermedios, y nuevos componentes de servicio de valor añadido.
Para aliviar y facilitar la transición del ciclo negativo deberían plantearse políticas sectoriales públicas para potenciar los sectores económicos más saludables, viables y punteros, coadyuvando con ayudas públicas (con destino definido y vinculante) para la reconversión del aparato destinado a sectores en declive. Por ejemplo, como la actividad de construcción de nueva edificación podría transferirse a una nueva línea industrial de la rehabilitación y reforma de la edificación ya existente, de cara a su conversión en tanto que arquitectura sostenible y accesible (calefacción, instalación de paneles solares, aislamiento de los hogares, sistema de aguas y de electricidad eficiente y no despilfarrador, ascensores, etc…). Las inmobiliarias, mediante políticas fiscales que castiguen las viviendas en desuso o vacías para favorecer el parque de alquiler, deberían intermediar este nuevo producto. En el sector turístico la actividad ligada al “sol y playa” debería reconvertirse en una línea de servicios desestacionalizados y diversificados con más turismo cultural, de congresos, urbano y de interior, rural y ecológico que potenciase una industria de renovación de los contextos turísticos basada en la regeneración ecológica, la cultura y la industria del ocio. La industria del automóvil debería reconvertir su aparato productivo para una industria ligada a vehículos basados en energías más sostenibles (coche eléctrico, etc…) ligado asimismo a una cultura del transporte colectivo. Y así un largo etcétera.
Incluimos aquí aquellas medidas que, favorables al bienestar social, son comprensibles por la población, son viables en función de los recursos disponibles (naturalmente, cuestionando el sistema de propiedad y distribución de los mismos) y exigirían una alteración parcial o total del modelo político, institucional y económico vigente, considerando que la respuesta sólo puede ser válida si trasciende las fronteras nacionales.
Una crisis de financiarización como ésta debe resolver el desorden causado por la desregulación financiera. Para ello debe levantarse el secreto bancario de las entidades que sitúan sus tipos de interés bancario más allá de una banda sobre los tipos de interés oficial, debe establecerse un control de los balances que garanticen la solvencia financiera y la transparencia de sus balances contables. Debe acabarse con los paraísos fiscales. Debe finalizar la política de movilidad libre de los capitales, regulando las conductas, duración y destinos de las inversiones. También debe acometerse la regulación fiscal de las inversiones financieras y de las sociedades de inversión (hedge funds o fondos de inversión libre, private equity o capital riesgo, fondos soberanos, etc…), la garantía de inversión responsable de fondos de pensiones, etcétera. A ser posible a la escala más internacional posible.
Así, ante la debacle del sistema financiero debe abordarse sin complejos la participación pública activa en el accionariado del sistema financiero y con la idea de fijar nuevos criterios de asignación del crédito (margen de intermediación financiero acotado, garantía de solvencia bancaria) y preferentemente la conformación de una banca pública que integre los bancos que inevitablemente habrá que intervenir.
Cualquier salida debe basarse en un régimen fiscal sustentado principalmente en las rentas del capital y sobre el patrimonio y en un régimen fiscal sobre todo directo, progresivo y redistributivo. Ni que decir tiene que el protagonismo de lo público es decisivo para salir de la crisis, pero no para salvar a quienes la han causado sino para instaurar un nuevo modelo económico que articule iniciativa pública, plan indicativo y mercados regulados, con nuevos criterios de asignación de los recursos que permitan salir de esta situación de difícil reversibilidad sin grandes costes humanos. Los criterios económicos deben sustituir la maximización de la rentabilidad por la satisfacción de las inversiones realizadas, la minimización de los costes sociales y ecológicos y la maximización de la eficiencia, la viabilidad y sostenibilidad de las entidades económicas, y la gestión democrática y reasignación social del excedente, bajo la toma de conciencia de articular la satisfacción de las necesidades sociales y los límites ecológicos del planeta que ya imponen un horizonte de moderación de la producción, de ahorro energético y de materiales, y una nueva política contra el despilfarro y minimización de los residuos.
La vivienda debe ocupar una línea de actuación, por su necesidad, problemática y oportunidad histórica. La situación está siendo un corsé tanto para una amplia generación con enormes imposibilidades o dificultades de emancipación como para todas aquellas que han contraído una deuda vital que supone su primer gasto familiar. En cambio, el volumen de viviendas vacías o en desuso permitiría alojar adecuadamente a todas esas personas, y bastaría con una política que gravase duramente el mal empleo o infrautilización de las viviendas y fomentase el alquiler en condiciones asumibles, acabando con los incentivos fiscales al patrimonialismo, para aliviar sensiblemente este problema que es bien comprendido por la mayor parte de la sociedad, especialmente los y las trabajadoras jóvenes.
Es preciso abordar una reforma del mercado de trabajo con una orientación garantista de derechos, de asignación adecuada de responsabilidades del accionariado y empresariado respecto a la viabilidad de la producción y respecto con las plantillas de empresas matrices y auxiliares, con un modelo de empleo estable (aunque los puestos en los que uno desarrolle su actividad cambien a lo largo del tiempo), que apueste por la reducción de la jornada de trabajo y el reparto de todo el trabajo sin reducción salarial, y que de pie a la participación de los y las trabajadoras en la definición, diseño, gestión y desarrollo de la organización de la producción y del trabajo.
En suma, esta opción exige una alteración de los criterios económicos de asignación, producción y reparto de los recursos y ello no será posible sin una participación popular, en la que los sindicatos deberían cobrar un gran protagonismo, y apostar por una alteración de las relaciones de poder. Podemos no asumirlo pensando que con ello evitamos el conflicto. Lo que sucede es que el conflicto mientras tanto lo imponen otros, con sus reglas de juego, con un sistema en permanente crisis, con todas sus consecuencias golpeando las condiciones de vida de los y las trabajadoras y de los países del sur. Sólo podrá acabarse con ese tipo de tensión enfrentando un desafío como es el de tratar de superar la injusticia e ineficiencia de un sistema obsoleto y agresivo como éste.
