Propuesta de políticas económicas transformadoras contra la crisis

Daniel Albarracín. Marzo de 2009

Aunque sea un ejercicio exploratorio e inicial ya pueden identificarse líneas de actuación para enfrentar la crisis desde una opción favorable a los y las trabajadoras y que no se pliegue al modelo económico vigente. Vamos a intentar enunciar algunas propuestas clasificadas en dos niveles: medidas defensivas o de resistencia, y medidas de transformación o a la ofensiva.

1. Medidas defensivas y de resistencia

Las medidas defensivas las definimos como todas aquellas que tratan de proteger y mantener las condiciones de vida de los y las trabajadoras para esquivar las consecuencias de la crisis. Entre ellas cabe incluir, principalmente, la mejora o extensión de la protección social de desempleo, el mantenimiento del poder adquisitivo, y la compensación con servicios públicos de servicios a la ciudadanía.

En materia de las políticas públicas la opción primera es tratar de sostener aquellas políticas de inversión y de mantenimiento del consumo, y las políticas sociales para evitar las consecuencias más dañinas del desempleo, la pérdida de derechos y la exclusión social. O inclusive iniciar líneas que supongan la creación de actividades y empleo público en áreas de preferencia y utilidad social general.

Asimismo, mantenerse firme en la no aceptación ante reformas laborales que incrementen el grado de precarización del mercado de trabajo. Aún si bien, cabe decir, es tal el grado de flexibilización que la crisis activará toda esa laxitud regulatoria para ocasionar auténticos estragos. Esto es, en las actuales condiciones no es suficiente con no aceptar más reformas neoliberales, sino que es necesario, para simplemente mantener las condiciones de vida, empleo y trabajo, realizar reformas en sentido contrario, empezando por contestar a las medidas regresivas de la última reforma, porque de otro modo, el gobierno, chantajeado por una patronal crecida, seguirá legislando reformas, regresivas en su balance conjunto, sin contar con los sindicatos.

En cuanto a la negociación colectiva y el derecho del trabajo debería afianzarse y reforzarse su regulación y eficacia, inclusive por encima de la desarticulación que está generando el propio ámbito del derecho mercantil (ley concursal, subcontratación, etc…) en cuanto al desdibujamiento de la responsabilidad de la tutela empresarial respecto al empleo y la producción. La identificación de la responsabilidad de la tutela de las empresas matrices respecto de las auxiliares sería un primer paso, asignando una responsabilidad personal al accionariado respecto de sus empresas.

Ni que decir tiene que no parece admisible la destrucción de empleo en empresas con beneficios y que no se exija la devolución de las ayudas públicas a empresas que se relocalizan cuando son absolutamente viables donde están instaladas.

También debe plantearse un nivel de reinversión del excedente en forma de reservas en el balance empresarial destinadas a la renovación tecnológica innovadora y sostenible ecológicamente. El impuesto de sociedades debería incrementarse a aquellas empresas no socialmente responsables en estas materias. Y para ciertos sectores considerados estratégicos de la economía (sistema financiero, energético, telecomunicaciones, industria, etc…) debería legislarse para exigir un nivel de reservas, y por tanto, de reinversión determinados, con contenidos preferentes.

También debería legislarse para regular el nivel de dividendos repartidos cuando los niveles de beneficios no superen cierto umbral primando la reinversión.

Debe exigirse, en suma, una normativa que traslade un porcentaje del excedente, de los beneficios, para engrosar las reservas de los balances empresariales. Y estas reservas deben destinarse a contenidos de actividad concretas como son:

a) Desarrollo e innovación de productos sostenibles y de valor añadido (socialmente útiles, generadores de bienestar, ecoeficientes energéticamente, etcétera).

b) Renovación aparato industrial hacia el empleo de tecnologías diseñadas para su sustentabilidad ecológica (ahorro, ecoeficiencia y fin de la obsolescencia planificada) y su ergonomía, basado en el uso de materias primas preferentemente sostenibles (energías renovables, minimización de residuos no biodegradables, conversión de productos producidos con sistemas de obsolescencia planificada hacia productos duraderos, ...)

c) Apertura de departamentos de I+D+i.

d) Reinversión en sistemas industriales de mayor eficiencia, menor uso material de productos intermedios, y nuevos componentes de servicio de valor añadido.

Para aliviar y facilitar la transición del ciclo negativo deberían plantearse políticas sectoriales públicas para potenciar los sectores económicos más saludables, viables y punteros, coadyuvando con ayudas públicas (con destino definido y vinculante) para la reconversión del aparato destinado a sectores en declive. Por ejemplo, como la actividad de construcción de nueva edificación podría transferirse a una nueva línea industrial de la rehabilitación y reforma de la edificación ya existente, de cara a su conversión en tanto que arquitectura sostenible y accesible (calefacción, instalación de paneles solares, aislamiento de los hogares, sistema de aguas y de electricidad eficiente y no despilfarrador, ascensores, etc…). Las inmobiliarias, mediante políticas fiscales que castiguen las viviendas en desuso o vacías para favorecer el parque de alquiler, deberían intermediar este nuevo producto. En el sector turístico la actividad ligada al “sol y playa” debería reconvertirse en una línea de servicios desestacionalizados y diversificados con más turismo cultural, de congresos, urbano y de interior, rural y ecológico que potenciase una industria de renovación de los contextos turísticos basada en la regeneración ecológica, la cultura y la industria del ocio. La industria del automóvil debería reconvertir su aparato productivo para una industria ligada a vehículos basados en energías más sostenibles (coche eléctrico, etc…) ligado asimismo a una cultura del transporte colectivo. Y así un largo etcétera.

2. Medidas de transformación a la ofensiva

Incluimos aquí aquellas medidas que, favorables al bienestar social, son comprensibles por la población, son viables en función de los recursos disponibles (naturalmente, cuestionando el sistema de propiedad y distribución de los mismos) y exigirían una alteración parcial o total del modelo político, institucional y económico vigente, considerando que la respuesta sólo puede ser válida si trasciende las fronteras nacionales.

Una crisis de financiarización como ésta debe resolver el desorden causado por la desregulación financiera. Para ello debe levantarse el secreto bancario de las entidades que sitúan sus tipos de interés bancario más allá de una banda sobre los tipos de interés oficial, debe establecerse un control de los balances que garanticen la solvencia financiera y la transparencia de sus balances contables. Debe acabarse con los paraísos fiscales. Debe finalizar la política de movilidad libre de los capitales, regulando las conductas, duración y destinos de las inversiones. También debe acometerse la regulación fiscal de las inversiones financieras y de las sociedades de inversión (hedge funds o fondos de inversión libre, private equity o capital riesgo, fondos soberanos, etc…), la garantía de inversión responsable de fondos de pensiones, etcétera. A ser posible a la escala más internacional posible.

Así, ante la debacle del sistema financiero debe abordarse sin complejos la participación pública activa en el accionariado del sistema financiero y con la idea de fijar nuevos criterios de asignación del crédito (margen de intermediación financiero acotado, garantía de solvencia bancaria) y preferentemente la conformación de una banca pública que integre los bancos que inevitablemente habrá que intervenir.

Cualquier salida debe basarse en un régimen fiscal sustentado principalmente en las rentas del capital y sobre el patrimonio y en un régimen fiscal sobre todo directo, progresivo y redistributivo. Ni que decir tiene que el protagonismo de lo público es decisivo para salir de la crisis, pero no para salvar a quienes la han causado sino para instaurar un nuevo modelo económico que articule iniciativa pública, plan indicativo y mercados regulados, con nuevos criterios de asignación de los recursos que permitan salir de esta situación de difícil reversibilidad sin grandes costes humanos. Los criterios económicos deben sustituir la maximización de la rentabilidad por la satisfacción de las inversiones realizadas, la minimización de los costes sociales y ecológicos y la maximización de la eficiencia, la viabilidad y sostenibilidad de las entidades económicas, y la gestión democrática y reasignación social del excedente, bajo la toma de conciencia de articular la satisfacción de las necesidades sociales y los límites ecológicos del planeta que ya imponen un horizonte de moderación de la producción, de ahorro energético y de materiales, y una nueva política contra el despilfarro y minimización de los residuos.

La vivienda debe ocupar una línea de actuación, por su necesidad, problemática y oportunidad histórica. La situación está siendo un corsé tanto para una amplia generación con enormes imposibilidades o dificultades de emancipación como para todas aquellas que han contraído una deuda vital que supone su primer gasto familiar. En cambio, el volumen de viviendas vacías o en desuso permitiría alojar adecuadamente a todas esas personas, y bastaría con una política que gravase duramente el mal empleo o infrautilización de las viviendas y fomentase el alquiler en condiciones asumibles, acabando con los incentivos fiscales al patrimonialismo, para aliviar sensiblemente este problema que es bien comprendido por la mayor parte de la sociedad, especialmente los y las trabajadoras jóvenes.

Es preciso abordar una reforma del mercado de trabajo con una orientación garantista de derechos, de asignación adecuada de responsabilidades del accionariado y empresariado respecto a la viabilidad de la producción y respecto con las plantillas de empresas matrices y auxiliares, con un modelo de empleo estable (aunque los puestos en los que uno desarrolle su actividad cambien a lo largo del tiempo), que apueste por la reducción de la jornada de trabajo y el reparto de todo el trabajo sin reducción salarial, y que de pie a la participación de los y las trabajadoras en la definición, diseño, gestión y desarrollo de la organización de la producción y del trabajo.

En suma, esta opción exige una alteración de los criterios económicos de asignación, producción y reparto de los recursos y ello no será posible sin una participación popular, en la que los sindicatos deberían cobrar un gran protagonismo, y apostar por una alteración de las relaciones de poder. Podemos no asumirlo pensando que con ello evitamos el conflicto. Lo que sucede es que el conflicto mientras tanto lo imponen otros, con sus reglas de juego, con un sistema en permanente crisis, con todas sus consecuencias golpeando las condiciones de vida de los y las trabajadoras y de los países del sur. Sólo podrá acabarse con ese tipo de tensión enfrentando un desafío como es el de tratar de superar la injusticia e ineficiencia de un sistema obsoleto y agresivo como éste.