Daniel Albarracín
Abril de 2009
La relación salarial constituye la relación social central en la sociedad capitalista. Esta relación se basa en la configuración de una dependencia general de la clase trabajadora a los propietarios y gerentes del capital. Esta relación salarial, cuya conformación institucional ha tomado forma de diferente modo en las sucesivas fases del desarrollo capitalista, cobra cuerpo en diferentes dimensiones:
a) las formas sociales de reproducción social (formas de familia, sistemas educativos y formativos, sistema sanitario y de salud pública, ideología y cultura, o incluso de representación política, etc…);
b) de regulación del empleo de la fuerza de trabajo (dinámicas institucionales de diálogo social, y especialmente derecho laboral –contratación-, y mecanismos de retribución salarial directa y prestaciones sociales y servicios públicos diversos);
c) y de la propia organización del trabajo en el marco del sistema productivo.
La relación salarial forma parte de las formas institucionales básicas de la sociedad capitalista, como son el sistema de propiedad privada de los medios de producción, o la regulación mercantil – especialmente el derecho mercantil, financiero y societario –en cuanto a las reglas de juego jurídicas del sistema de acumulación y competencia capitalista-. Todas estas instituciones son las que una iniciativa de superación capitalista debe transformar de cara a un cambio sustantivo y favorable para el conjunto de la clase trabajadora y otras clases subalternas, y en suma, para la mayoría social. Pero quizá la relación salarial es la articuladora de todas las demás, la más visible, la más central de todas ellas y sobre la que debemos centrar nuestros esfuerzos de cara a su subversión.
Tradicionalmente la socialdemocracia se ha limitado a tratar de actuar sobre esta relación salarial simplemente aliviando el grado de dominación y explotación que es connatural a la propia relación salarial. Para ello les bastaba con mejorar los niveles de retribución salarial –a nivel sindical- o, desde lo público, mediante la política fiscal –con impuestos directos y progresivos- o de política de gasto público mediante de prestaciones y servicios sociales, actuando en el plano distributivo. Sin ser objetivos desdeñables, una opción rupturista no puede conformarse con esto.
Debe plantear una ruptura con la relación salarial en sí, en cada uno de sus planos, porque el objetivo no es mitigar una desigualdad, y mucho menos buscar el mal menor, sino que debe superarla, pues constituye el cimiento del conflicto y la contradicción principal de nuestra sociedad contemporánea. Se trata de cambiar dicha relación para transformarla en otro tipo de vínculo social, basado en parámetros de igualdad, de participación socialista de las clases productivas en la configuración y orientación de la economía hacia las necesidades sociales. Se trata de plantear también una alternativa socioeconómica consistente en vínculos completamente alejados de la relación salarial capitalista y coherentes con la conformación de una sociedad socialista plenamente democrática.
Para ello la configuración de una alternativa a la relación salarial no puede basarse en la dependencia y en el chantaje dominador de una transacción asimétrica en la que el capital explota la fuerza de trabajo de las clases dominadas, en la que la mayoría social ha de alquilar su fuerza de trabajo, y movilizar toda su vida para hacerla disponible, empleable, adaptable y rentable, a cambio de un salario. No puede basarse la fijación del salario en la regla de retribución basada en el pago equivalente a las condiciones de reproducción social de la fuerza de trabajo de determinado tipo en el contexto y correspondiente mercado capitalista en el que puede emplearse.
Una sociedad socialista debe movilizar los recursos productivos de manera racional y basándose en la capacidad de sus medios, articulándolos y planeando su diseño y orientación hacia las necesidades sociales establecidas democráticamente. Todo ello de manera consciente respecto a los límites productivos (disponibilidad de recursos materiales y personales, saberes y tecnologías) de la sociedad en dicho momento, las prioridades sociales (nivel de consumo y de ahorro y reinversión asumidos, y sus contenidos), y los propios límites de los ciclos ecológicos.
Debe seguirse en la medida de lo posible la máxima, sugerida por Marx, de solicitar de cada uno según su capacidad para cada cuál darle en función de su necesidad.
Las propuestas de superación de la relación salarial, integradas entre sí, también deben articularse conjuntamente en el proceso constituyente de una sociedad socialista que articule una orientación económica basada en la planificación democrática y pública de la economía en sus sectores estratégicos, y la configuración de mercados regulados no capitalistas en sectores secundarios donde perviva la escasez. Una economía basada en la minimización de costes sociales, la maximización de la eficiencia, la orientación a las necesidades sociales conscientes de los ciclos de reproducción y regeneración medioambiental, el ahorro de materiales y de energía, la minimización de residuos, el empleo de tecnologías sostenibles desde su diseño y su uso, etcétera.
La superación de la relación salarial no puede confiar su superación a algunas propuestas, ya manidas, que pueden suscitar confusión o, lo que es peor, su integración en un marco revisado de la relación salarial que no altera su naturaleza capitalista. A este respecto la satisfacción de las necesidades sociales y personales que una sociedad socialista debería desarrollar no pueden ni confundirse con un salario de beneficencia ni de caridad –siempre insuficiente para mantener un nivel y calidad de vida dignos en el marco social, y que sólo constituye una medida paternalista que reedita e intensifica la dependencia, el favor arbitrario del poderoso-, ni a la regla capitalista en función de la cual se remunera a la fuerza de trabajo para su reproducción social. Ni tampoco a la vieja idea proudhoniana de remunerar en función del trabajo realizado, basada en la equivocada propuesta de David Ricardo , que ya desmontó por su incoherencia el propio Marx en La miseria de la filosofía, y que es difícilmente distinguible de las propuestas de gestión neoliberal de remunerar mediante salarios variables en función de la productividad.
[Ricardo, y Proudhon, de los que luego tomó la idea el propio Stalin (de cada uno según su capacidad, para cada uno según su trabajo) aspiraba a que la remuneración del trabajo equivaliese al valor aportado, coincidiendo su retribución en función de las horas dedicadas a la fabricación de la mercancía correspondiente. Marx ya advirtió que esto era inconsistente y, además, injusto, aunque en primera apariencia no lo sea. En efecto, si el valor de una mercancía consiste en el tiempo de trabajo socialmente medio invertido en ella, remunerar a un individuo por el tiempo dedicado a la fabricación de la misma, podría conllevar el absurdo de remunerar a una persona el doble por su baja productividad. Por ejemplo, si esta persona ha dedicado cuatro horas a fabricar una silla cuando en la sociedad se fabrica, en las condiciones técnicas del momento, en media en sólo dos, Proudhon estaría dispuesta a asignarle un salario justamente el doble del valor socialmente medio de las sillas. La consecuencia sería ineficiente socialmente así como injusta]
En este sentido, los debates sobre la renta básica han sido muy importantes para obtener algunas conclusiones. Ahora bien, dentro de este debate ha habido muchas concepciones, algunas divergentes, de lo que debe significar y caracterizar la renta básica. De todos ellos las mejores conclusiones y características de una política de generalización de la renta básica, entendida en su inclusión en una política de transformación socialista son las siguientes:
• La renta básica debe entenderse como un derecho garantizado, personal y universal, en base al pleno reconocimiento de la condición de ciudadanía de toda persona.
• No debe limitarse a satisfacer necesidades sociales entendidas estrechamente en su forma primaria y material sino que debe garantizar la plena integración en la sociedad en la condición que garantice el pleno desarrollo libre de la persona en su medio social.
• Entendida de esta manera y por emplear un término que no se confunda con el salario ni con la renta capitalista, sería preferible denominarla ingreso universal garantizado.
• El ingreso universal garantizado sería una combinación de retribución dineraria y de servicios públicos equivalentes para todas las personas, pero no por ello ni uniformes ni homogéneos. En una sociedad socialista, los ingresos se distribuirían principalmente para la consecución de los medios de vida que facilitarían la integración social y la participación libre en la sociedad, con lo que los ingresos y servicios obtenidos se adecuarían a las necesidades de un entorno social y de cada persona. Deberían ser equivalente pero no estrictamente los mismos.
No obstante, el ingreso universal garantizado no puede ser una medida aislada sino que debe venir acompañada de otras políticas y medidas, en el marco de nuevas formas sociales y vínculo social en el marco productivo y distributivo. Todas ellas serían:
- El ingreso universal garantizado, del que ya hemos tratado.
- La promoción de una cultura de responsabilidad social de las personas favorable a aportar a la sociedad mediante su participación, formación, atención, consciencia y trabajo de cara a colaborar en la aportación y obtención necesaria de los recursos a los que la sociedad aspira o necesita, y que sea expresado pública, racional y democráticamente. Es decir, una cultura a favor de un modelo de trabajo democrático, en el que una parte de nuestro tiempo se destine a tareas socialmente requeridas dentro de un plan social democrático, movilizando las capacidades de la fuerza de trabajo social y personal, y orientados por criterios de máxima eficiencia, autogestión colectiva, y mínimo coste social y medioambiental.
- En este sentido, esto no sería incompatible con un sistema de retribución alternativa, que tampoco puede confundirse con un abanico nulo de prestaciones. Es decir, habría ciertas ocupaciones que, por su vital responsabilidad, importancia, esfuerzo o riesgo, no podrían retribuirse igual que otras, y que deberían remunerarse en mayor medida.
- No obstante, en una sociedad socialista, el mecanismo fundamental de incentivo para el trabajo socialmente útil y necesario debería ser el prestigio y el reconocimiento simbólico, conjuntamente con la disponibilidad de mayor y mejor tiempo libre.
- La política laboral se debería orientar a la reducción de la jornada laboral, que permita en las condiciones sociales, organizativas y técnicas, liberar el máximo de tiempo libre para la mejora del bienestar social y personal, responder a las necesidades personales y familiares, el desarrollo de las facultades de cada persona, las actividades libres, participativas, creativas y de esparcimiento que así se decidan por cada uno.
- Y, sobre todo, habría que fomentar el reparto de todo el trabajo de carácter social, tanto de naturaleza pública o privada, doméstico o profesional, productivo o reproductivo.
- Por consiguiente, en coherencia con lo anterior y con una mínima norma igualitaria, habría de remunerarse de manera igual todo trabajo y empleo de valor equivalente. Como está bien comprobado por diferentes estudios, las diferencias salariales entre hombre y mujer por el desarrollo de un mismo puesto de trabajo explican sólo un pequeño porcentaje de su desigualdad salarial. A este respecto, se debe tomar en cuenta que la desigualdad de remuneración en la sociedad capitalista, por ejemplo, entre hombres y mujeres, se basa principalmente: en primer lugar, a la división sexual del trabajo que atribuye a la mujer en mayor medida la responsabilidad y cometido de las tareas domésticas y de crianza –reproductivas- y que les dificulta su desarrollo en el ámbito de su empleo en el ámbito no privado; en segundo lugar, en la segregación horizontal –la ocupación en determinados sectores y ocupaciones atribuyendo a hombres y mujeres un rol social y profesional diferenciado en base a estereotipos y propios de una cultura patriarcal- con el consiguiente y desigual reconocimiento simbólico y material de estas profesiones; y en tercer lugar, a la segregación vertical, o, dicho de otro modo, los obstáculos a la promoción y la atribución de responsabilidades y poder de decisión a las mujeres, y la consiguiente, también, diferencia de retribución.
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