Daniel Albarracín. Enero de 2022.
La formación del gobierno de
coalición entre PSOE y Unidas Podemos generó expectativas tanto por su carácter
inédito como porque su programa de coalición planteaba propuestas que incluían
alguna recuperación de derechos. De todas ellas, la que despertó más interés,
desde un enfoque progresista material, fue la nueva regulación de los aspectos
más lesivos de la reforma laboral de 2012 del PP. Con todo, suponía una fuerte
moderación respecto a las aspiraciones de derogación de aquella norma, porque
las expectativas de los movimientos y las demandas de los sindicatos iban más
lejos[i].
En aquel programa se acordaba la
elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, primar el convenio
sectorial sobre el de empresa, limitar la subcontratación, acotar la modificación
unilateral de las condiciones de trabajo por parte de la empresa, la revisión
de las causas de despido, y la reordenación de las modalidades de contrato para
limitar la temporalidad. En los primeros meses de gobierno se derogó el despido
por absentismo por baja por enfermedad y sólo en 2022 ha visto la luz una
reforma laboral pactada con patronal y sindicatos, que contrasta mucho con lo prometido y con lo acordado en el programa de
coalición.
Como herramienta política, la
regulación laboral se centra en la definición de la calidad de las relaciones de
empleo; fundamentalmente, los derechos y costes asociados, la arquitectura de
la negociación colectiva y la regulación del tiempo de trabajo. Ahora bien, política
de empleo y economía política aplicada deben estudiarse conjuntamente, dado que
la creación de empleo depende de la inversión, la rentabilidad, y las medidas
de política económica. Solo las medidas referidas a la regulación del tiempo de
trabajo, que corresponden al marco de la política laboral, afectan al empleo. Algo
que, por cierto, ni se contempla por este gobierno.
El gobierno de coalición se ha
limitado a cambios menores en la política fiscal y ha confiado su política
expansiva[ii]
a los fondos Next Generation (Albarracín y Moreno; 2021)[iii].
Los fondos, al margen de sus dudosos
contenidos y de sus beneficiarios particulares, van a tener serias
consecuencias macroeconómicas, laborales y sociales. A medio plazo, cuando se
retome el Pacto de Estabilidad y Crecimiento suspendido por la depresión pandémica,
debido a la necesaria devolución de la deuda acumulada, que tras 2023 supondrá
fuertes recortes. Y en lo inmediato, por la aplicación de los compromisos con
la Comisión Europea, para poder recibir los diferentes tramos de los Fondos
Next Generation, entre los que se encuentran la implementación de lo que va a
ser una lesiva reforma del sistema de pensiones y la exigencia de adecuar el
marco laboral. Su objetivo: compatibilizar la moderación de la tasa de
temporalidad y la garantía de flexibilidad de la gestión laboral a bajo coste
para el empresariado. Es en este contexto que hay que analizar la reforma
laboral consensuada entre gobierno, patronal y sindicatos.
1.
Criterios para evaluar la reforma
La ministra de trabajo, Yolanda Diaz, y UP, socio menor en el gobierno, han consentido y admitido las condiciones que han maniatado su labor: han hecho propios los compromisos aceptables por la Comisión Europea, han respetado los intereses de la patronal y han visto interferida su labor por la acción de la vicepresidenta económica y el presidente del gobierno, en un contexto de competencias limitadas de por sí para esta cartera.
