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Pedro Montes
Pedro Montes
Miembro de la Coordinadora Federal de Socialismo 21
En la izquierda, hay un debate no perfilado pero si identificable en relación con la crisis económica española en el contexto del marasmo financiero europeo.
Aquellos que defienden una salida progresista a la crisis -¿quién no?- se encuentran con la dura realidad de que nuestro país está en quiebra y acosado por los mercados financieros internacionales. Ante esta situación, y teniendo en cuenta que la idea de la salida progresista a la crisis puede encuadrarse en el reformismo, esto es, en no romper el marco actual de relaciones que mantiene nuestro país en la globalización capitalista y la Europa de Maastricht, se sienten en la necesidad de buscar soluciones a la peligrosa e insostenible posición financiera del país. De ahí a propugnar un “rescate” hay un solo paso, sin entrar en los matices de cómo ejecutar ese rescate - compra de deuda soberana por BCE, emisión de eurobonos, aumento del fondo europeo- y a quién debe incluir -sólo sector público o también a las empresas privadas-.
Con esta petición de rescate surge inmediatamente una contradicción insuperable con respecto al carácter progresista de esas propuestas de salida a la crisis. Los que vayan a rescatarnos, si los hay, no son hermanas de la caridad ni altruistas profesionales, sino gobiernos preocupados porque los problemas de las economías rotas no salpiquen peligrosamente a sus países y por garantizar, en la medida de lo posible, la recuperación de los fondos puestos a disposición de los países que se asfixian. Desde su posición de fuerza y para cumplir con esos objetivos ponen en condiciones muy duras a la política social y económica que han de seguir los países ayudados.
Ahí están ya los casos de Grecia e Irlanda para certificar el carácter antisocial y depresor de esa política. Un avance también de lo que cabe esperar para nuestro país nos lo proporciona el giro de mayo de la política del gobierno del PSOE, tras las exigencias de las instituciones europeas y la llamada telefónica de Obama. Por tanto, debe de quedar claro que es imposible reclamar un rescate y al mismo tiempo propugnar una salida progresista a la crisis.
Pero supongamos que el rescate tiene éxito y por el momento nuestro país se libra de hundirse. Que se gana, vamos, una batalla al tiempo. La situación resultante sería que quedaríamos más endeudados, pero en condiciones de hacer frente a los compromisos inmediatos con los nuevos fondos recibidos. Y cabe preguntarse, ¿cuándo podrá la economía española aliviarse del peso de la deuda externa. Ello que exigiría que en algún momento del futuro la balanza por cuenta corriente registrase un superávit.? La respuesta es nunca. Actualmente, en plena depresión y con una tasa de paro del 20%, ese déficit supera el 5% del PIB, los tipos de interés que hay que pagar son cada vez más altos, el volumen de la deuda es creciente y el destrozo del tejido productivo es manifiesto, con secuelas para la capacidad de exportación. La deuda tiene hundido al país y, con rescate o sin rescate, no hay posibilidad alguna de salir de esta situación desesperada.
A la contradicción señalada entre salida progresista y rescate hay que añadir que este último no implica solución alguna. El país está en un pozo, ahogándose, y sólo se trata de esperar hasta cuando aguantará dando manotazos antes de hundirse. El engendro del euro, tan decisivo en este gran desastre, seguirá desplegando sus maléficos efectos hasta su inevitable desaparición en su configuración actual.
Esquemáticamente, la otra posición de la izquierda es la siguiente: hay que romper el dogal del euro, recuperar una política monetaria y una moneda propias, renegociar la deuda y proteger en todo lo posible la economía.
No se pueden ocultar las dificultades de esta opción rupturista, y es imposible negar que para la sociedad española se abriría una etapa nueva que pondría en entredicho la política y las concepciones dominantes desde la adhesión al Mercado Común en 1986, bajo la hegemonía del neoliberalismo.
Sin embargo, aparte de razones ideológicas profundas -¿qué sociedad con tintes de izquierdas se puede construir avasallada por el mercado y arruinada por la especulación financiera?-, la mejor justificación que encuentro para marcar distancias con la Europa de Maastricht es una frase oída a un amigo: la única perspectiva que tiene alguien sumiso en un pozo oscuro es el círculo de luz de la bocacha.
Se trata, evidentemente, de aprovechar ese rayo de esperanza: de reconocer un gran fracaso, de admitir los graves errores que se han cometido y abordar con una perspectiva nueva la reconstrucción del país.
nte, porque a ese país se le somete a unas políticas de ajuste durísimas, y porqué en la práctica, como digo, supone que el riesgo de "reestructuración" supone invitar a los mercados a incrementar la prima de riesgo sobre la deuda de ese país.
Pedro Montes
Miembro de la Coordinadora Federal de Socialismo 21
De repente se hizo la luz. Toda la angustia desatada por la crisis financiera europea se ha visto disipada por un descubrimiento que puede remediarla de inmediato. Los expertos de la derecha, Felipe González con su profundo conocimiento de la economía y hasta la izquierda han hallado una solución que entusiasma lógicamente a todos. Deberíamos gritar: ¡Milagro! ¡Milagro!, o los menos creyentes y más atraídos por la ciencia: ¡Eureka! ¡Eureka!
La solución: que el Banco Central Europeo -BCE- compre toda la deuda pública soberana de los países del euro necesaria para acabar con la presión de los mercados y la especulación contra algunos países. Se trataría de repetir lo que ha hecho la Reserva Federal en Estados Unidos, que ha comprado masivamente cientos de miles de millones de dólares de bonos emitidos por el gobierno norteamericano para hacer frente a las diversas consecuencias de la crisis.
En otros tiempos esto se llamaba monetizar el déficit, algo poco ortodoxo pero de gran ayuda para conducir la política económica: ante una situación deficitaria, los gobiernos acudían al banco emisor y obtenían el dinero necesario para lo que estimasen conveniente a cambio de nada: antes, unos títulos de deuda pública grabados en buen papel; ahora, un asiento contable y virtual en el balance del Banco Central. Una buena manifestación del poder del Estado cuando mantiene su soberanía plena.
Como decía, ante la inquietud que recorre Europa, algo tan elemental debiera haberse pensado hace tiempo, al punto que sorprende que siendo un remedio tan sencillo no se les haya ocurrido antes a quienes ahora lo proponen. Si bien y por la misma razón, cabe preguntarse si una operación tan natural oculta problemas que se nos escapan. Y sí que los hay, como trataré de exponer.
Estados Unidos es un país que emite una moneda, el dólar, que cuenta con un Presupuesto federal único y con la capacidad del Gobierno de emitir deuda pública y hacérsela comprar a su Banco Central, la Reserva Federal. Si el BCE decidiera hacer lo mismo, tiene antes que pensar qué deuda adquiere entre la de cada uno de los 16 países integrados en el euro. Porque tratándose de un favor o de un regalo, si llegara a mantenerse indefinidamente en su balance la deuda comprada, debe preguntarse a qué países beneficia y en cuánto. Si hubiera un sistema fiscal único en la zona del euro, la cuestión se parecería a la de Estados Unidos, pero ocurre, y es una de las grandes carencias del euro, que cada país tiene su propia fiscalidad y sus propias cuentas públicas, de modo que, puestos a distribuir regalos, hay que pensar en algún criterio para hacerlo.
Se comprende que darle a cada país lo que quiera es un disparate, porque sería darle a la máquina de hacer dinero sin ningún control, la política monetaria dejaría de existir y la inflación se alimentaría hasta un punto insostenible. Además, se abriría una guerra de gasto público, puesto que los países dejarían de vigilar sus presupuestos pensando que los déficits los cubriría el BCE a costa del resto de países miembros del euro. Como esas cenas en los restaurantes en que la factura se eleva sin freno cuando cada uno, al pedir su plato, piensa que su exceso lo distribuye entre el resto de comensales. Y aunque se trata de un aspecto formal, susceptible de cambiarse en cuanto otros intereses superiores entren en consideración, el BCE tiene entre sus objetivos declarados controlar la inflación en el 2% anual, cosa que sería imposible si no está en sus manos controlar la cantidad de dinero que crea y pone en circulación.
Se estará de acuerdo, pues, en que a la panacea descubierta hay que ponerle límites o reglas. Hay que fijar qué cantidad de deuda soberana debería comprar el BCE de cada país, atendiendo a algunos criterios, como podrían ser: un porcentaje del PIB, o de la deuda pública en circulación o, bien, del déficit público, si se tratara de ayudar a los países con más problemas.
Pero esto remite a una cuestión de fondo que está latente en la falta de acuerdo que existe entre los países europeos y el rechazo de la Canciller alemana y el Presidente francés a entrar en el juego de la compra de deuda pública o la emisión de eurobonos, que para el tema que se expone es equivalente: deuda pública avalada por todos los países del euro para aliviar la presión de los mercados sobre la deuda pública de algunos de ellos.
Alemania en primer lugar y otros países sin problemas también deben pensar que no es lógico que se compre deuda pública de los países con más desequilibrios, ya sea por el volumen de deuda acumulada o por los déficits actuales a los que tienen que hacer frente. Si ellos han cumplido en el control de sus cuentas públicas y, sobre todo, si han llevado y mantienen una política fiscal más rigurosa y pagan más impuestos -lo que ha permitido no sólo mantener un estadio del estado del bienestar más desarrollado, sino evitar incurrir en déficits insostenibles- no cabe esperar que estén proclives a cubrir los agujeros fiscales de los países más irresponsables, como ya han dicho Merkel y Sarkozy al rechazar la emisión de eurobonos. (Lo cual no prejuzga que no puedan cambiar de opinión si para sus intereses respectivos consideran que conviene otra opción, como gobernantes de países fuertemente acreedores).
Los ingresos públicos de Alemania representaron el año 2008 el 43,9% del PIB -elijo este año para evitar las cifras de 2009 que, tras el impacto de la crisis, arrojan diferencias más acusadas-. Otros ejemplos: Francia el 49,5%, Austria el 48,2%, Holanda el 46,6%. En contraste, Irlanda el 35,4%, España el 37,1%, Grecia el 39,7% y Portugal el 40,6%. Es evidente que los ciudadanos de los primeros países hacen un esfuerzo fiscal considerable mayor que los ciudadanos de los PIGS, por lo que no debe ser fácil vender en la opinión pública de aquellos que ahora se debe comprar sin restricciones la deuda pública de éstos.
Todo ello sin entrar en grado de progresividad de los respectivos sistemas fiscales y en el nivel de rigor en la aplicación de las normas impositivas, pero no está de más recordar que en nuestro país las últimas reformas fiscales han tenido un marcado carácter regresivo con la rebaja de los tipos en el IRPF, el tratamiento de las rentas de capital y las reducciones del impuesto de Sociedades (por no hablar de la eliminación del impuesto del Patrimonio, la casi desaparición en muchas Comunidades Autónomas del impuesto de Donaciones y Sucesiones, …). Por expresarlo de un modo en apariencia demagógico pero bien real, bien pudiera ocurrir que ahora se pretendiera que los trabajadores alemanes financiaran al Estado español por la ligereza e irresponsabilidad de los gobiernos del PP y del PSOE al implantar una política fiscal profundamente injusta, regresiva e insuficiente.
Existe, pues, un problema de fondo grave cuando se trata de resolver la crisis financiera europea proponiendo que el BCE compre deuda de los países del euro. Si, como se ha insinuado, la compra de deuda por el BCE también debe extenderse a deuda privada, todo lo dicho se recrudecería. Se trataría ahora de que, en una gran operación de rescate y de socialización de pérdidas, todos los ciudadanos de la zona del euro tuvieran que compensar los errores, los abusos, la asunción ciega de riesgos, la especulación y la corrupción que han cometido, incluidos los bancos, las empresas privadas. Nuestro país es un ejemplo sin parangón de todo ello.
Se cargan estos días las tintas contra la Canciller Merkel y se afirma que Alemania no está a la altura de las circunstancias, supongo que como una fórmula de sacudirse las responsabilidades propias por parte de algunos gobiernos europeos y de eludir el fiasco en que ha quedado el proyecto de la unidad europea tras el fracaso del euro, tan unánimemente respaldado en su día por lo que pueden considerarse todas las fuerzas vivas de Europa. Los desastres ocasionados por un proyecto tan disparatado están pasando factura, pero sería injusto buscar chivos expiatorios porque, cuando se aprobó el Tratado de Maastricht y la creación de la moneda única, pocas voces, por contar alguna, denunciaron el mal camino emprendido y los peligros que acechaban.
Se suele decir que Alemania siempre ha buscado su interés a la hora de manejar todo lo relacionado con el euro: la política monetaria seguida por el BCE, el tema del pacto de estabilidad, o la cotización del euro frente al dólar y a otras divisas. Pero esa es una acusación tan ingenua que quienes la hacen descubren un fondo intelectual muy liviano, al hacer ostentación de la ignorancia de qué es y cómo funciona el capitalismo. Alemania, y Francia, y los banqueros suizos, y Botín, y los autónomos españoles, y los cosecheros de vino, y los trabajadores cuando piden subidas salariales, todos buscan su interés porque éstas son las reglas del sistema.
Es indudable que la unión monetaria, al eliminar las monedas propias y fijar por tanto tipos de cambio irreversibles entre países con capacidades económicas muy diferentes, era un montaje muy desequilibrado y asimétrico a favor de los más poderosos, con Alemania a la cabeza. Pero el descubrirlo a estas alturas es un lamento patético. Y el pretender ser compensados ahora por ello, en medio además de una crisis general que exacerba los intereses particulares, es una petición infantil grotesca. Eso del interés general, o del espíritu europeo, es moralina para engañar a ilusos o gente de buena voluntad. El fariseísmo queda fuera de lugar. Ahora hay que aguantar la crisis que el neoliberalismo, con su exaltación del mercado y el proyecto mercantil de la construcción de Europa, ha desatado.
Como decía, el descubrimiento del milagro que puede realizar el BCE recorre transversalmente a todas las ideologías. Como es lógico, la derecha -y ahí incluyo al gobierno del PSOE- pretende presionar y obtener algunos regalos, ganar tiempo, buscar protección, taponar la crisis que se avecina, generalizar el problema, evitar el desastre del euro y salvarlo si es posible, dado el alto rendimiento que ha dado para imponer políticas neoliberales. Todavía intentan sacar provecho de la situación impulsando reformas como la de las pensiones, la del mercado de trabajo o la negociación colectiva, que nada tienen que ver con las causas de la crisis y nada aportan a su solución.
Más sorprendente es que también haya voces en la izquierda que consideran que el BCE debe participar activamente en solucionar la crisis. Parece como si no hubieran sacado conclusión alguna de la Europa de Maastricht, ni de la experiencia del euro, que no tuvieran opinión del origen y de las causas de la crisis y, más grave aún, que no hayan tomado conciencia de los peligros que corre nuestro precario estado del bienestar. Respaldar la idea de un “rescate” por las instituciones europeas es aceptar de antemano las condiciones siniestras que suelen imponer, como ya lo resienten los ciudadanos griegos y los irlandeses.
No es el papel de los intelectuales de la izquierda comportarse como hombres de Estado que cargan sobre sus livianos hombros los problemas del sistema y tratar de aparecer como personas sensatas y razonables ante un desastre tan pavoroso como se ha generado. No es hora de esforzarse en buscar soluciones correctas para ser aceptados, sino de pensar en cómo defender los intereses de la clase obrera y los sectores sociales más crudamente castigados por la crisis ante las tormentas que se avecinan. Debieran tomar ejemplo de la coherencia con que la derecha y el gobierno servil del PSOE preservan los privilegios de las clases pudientes. Con casi 5 millones de parados, encuentran razones sobradas y justifican sin pudor alguno, ayer, la reforma para abaratar y facilitar el despido, mañana, la reforma de las pensiones para elevar la edad de jubilación a los 67 años. Por supuesto, por el bien del país.
Pedro Montes
Parece mentira que una ciencia tan rigurosa como la economía a veces caiga en imprecisiones tan caricaturescas. Por mayo, se rescató a Grecia. Ahora, con 85.000 millones de euros, se va a rescatar a Irlanda. Mañana ya veremos.
Supongo que cuando los mineros de Chile salieron, uno a uno, de la tumba que los había aprisionado, cada uno de ellos se sintió rescatado de la muerte: estaban vivos. Supongo también que cuando los pescadores del Océano Indico fueron liberados de sus secuestradores se sintieron también rescatados: por fin, estaban protegidos y ya no se sentían amenazados.
No ocurre igual cuando la palaba rescate se aplica a Grecia e Irlanda en relación con la crisis financiera, pues una vez rescatados siguen más apresados que antes. La sensación de libertad no les llega por ninguna parte sino todo lo contrario: tienen más compromisos, más restricciones, más obligaciones y, sobre todo, más cargas financieras a las que responder que antes del salvamento.
El problema de estos países, y de los que vendrán, Portugal y España han pedido el turno, es que tienen una deuda con el exterior que no pueden pagar. Subrayo esto del exterior porque si los problemas fueran de deuda interna, aunque fuese enorme, entre acreedores y deudores griegos o irlandeses, al mundo les importarían un comino. Estos volúmenes de deuda externa son tan peligrosos para la supervivencia del euro y los propios intereses de los países acreedores, que la UE y el FMI han intentado, en mayo con Grecia y ahora con Irlanda, que no se declaren en quiebra, ayudándoles masivamente con créditos o avales para afrontar sus compromisos exteriores.
Podría hablarse de rescate, aunque fuera parcial, si a estos países se les hubiera reducido su deuda externa, por unas u otras vías. Pero esto no ha sucedido: simplemente se les ha prestado ayuda para que, por el momento, puedan hacer frente a las cargas de la deuda contraída y a sus necesidades de financiación actuales, pues en los mercados estaban desahuciados. Por decirlo sencillamente, lo que se ha hecho es darles créditos a medio plazo para que puedan atender compromisos inmediatos. Así, estos países no han sido liberados sino que se encuentran ahora mucho más endeudados que antes de ser rescatados y tienen por delante mayores compromisos. Como si se hubiera apagado la sed de financiación con agua de mar.
Tarde o temprano Grecia e Irlanda tendrán que sacar la bandera blanca de la rendición porque no tienen posibilidad de hacer frente a la deuda acumulada y las ayudas recibidas, y menos bajo las condiciones que se les han impuesto. Sólo tendría sentido económico prestarle respaldo a estos países si como fruto del mismo pudieran sus economías empezar a generar superávits de balanza de pagos, esto es, ingresar más que pagan y, con el excedente, ir liquidando paulatinamente las deudas pendientes. Pero este no es el caso, pues justamente la situación de bancarrota griega e irlandesa es consecuencia esencialmente de que a partir de la creación del euro sus economías han perdido competitividad y han incurrido en unos déficits desorbitados de balanza de pagos, de modo que cada año su deuda acumulada ha ido creciendo y es cada vez menos pagable
Los déficits de la balanza por cuenta corriente de Grecia e Irlanda en 2008, antes de que se declarasen todos los problemas financieros que recorren al mundo, fueron del 13,8 y 5,1% del PIB, respectivamente. Los dos habían cavado su propia tumba, al margen de singularidades y matices de cada uno de ellos. Irlanda se drogó hasta el síncope absorbiendo recursos exteriores de un manantial que creía inagotable. Dejemos ahora tranquilos a Portugal y España –todo se andará-, pero sus s déficits exteriores representaron en 2008 el 12,1 y el 9,5% del PIB, respectivamente.
Los salvamentos de Grecia e Irlanda recuerdan a los planes de ajuste estructural que impuso el FMI a los países latinoamericanos en los años 80, también fuertemente endeudados e incapaces de afrontar la carga financiera de sus deudas externas, las amortizaciones y los intereses. Sin embargo hay un matiz importante entre una y otra situación. El FMI con sus planes pretendía esencialmente estrangular las condiciones de vida de la población de esos países latinoamericanos y reorientar fundamentalmente su producción a aquellos sectores susceptibles de hacer crecer las exportaciones con las que obtener ingresos para pagar la deuda. Por ello, siempre iban acompañados de una sensible devaluación de las monedas para facilitar las ventas exteriores.
Ahora no. Se imponen condiciones parecidas, se desmontan los precarios estados del bienestar, se exigen recortes sociales intolerables, se reclaman reformas que nada tienen que ver con el problema de fondo, como la de las pensiones, se envían al paro a cientos de miles de personas, pero sin la posibilidad de que el hundimiento económico tras tantas medidas depresivas pueda dar lugar a un crecimiento de las exportaciones, pues, estos países, a diferencia de lo que ocurrió con el caso latinoamericano, no pueden devaluar sus monedas por la pertenencia al euro. Están en el euro y es a éste al que, por el momento, hay que salvar a toda costa. Como he dicho, sin excedente de balanza de pagos no hay reducción posible de la deuda.
Además, estas masivas ayudas financieras no son gratis, sino que llevan aparejadas unos altos tipos de interés, lo que refuerza mi opinión de que realmente no existen tales rescates. Nada está claro en todo este embrollo de las ayudas y su concreción, pero se dice que Grecia está pagando un tipo de interés del 5,2% y a Irlanda se le acaba de imponer el 5,8%. Implican estos tipos unos pagos de intereses tan enormes para ambos países y un agravamiento de sus posiciones deficitaria exteriores que es imposible que puedan salir del hoyo en que se encuentran. Un cálculo burdo puede ilustrar el problema. Los 67.500 millones de euros de soporte exterior que va a recibir Irlanda (los otros 17.500, hasta los mencionados 85.000 millones de euros en los que se ha cuantificado el rescate, serán contribuciones de la propia Irlanda), al 5,8% de interés, representan unos pagos anuales adicionales de 3. 900 millones de euros, nada más y nada menos que el 2,7% del PIB de Irlanda. A la deficitaria balanza de pagos hay que añadirle estos nuevos desembolsos.
La conclusión es tan clara como dramática: los llamados rescates son medidas desesperadas para evitar el hundimiento inmediato de las finanzas y la moneda europea. Lejos de resolver el problema, están cebando una bomba cuyos efectos destructivos serán inevitablemente más contundentes. No se ve solución posible a la crisis: sólo queda esperar a ver cómo será su desenlace.
Pedro Montes
Miembro de la Coordinadora Federal de Socialismo 21
Toda organización de izquierdas que se precie tiene como objetivo una salida progresista a la crisis. IU ha sostenido en su propaganda y en sus documentos que hay una salida progresista a la crisis. La última declaración conjunta de CCOO y UGT de análisis y propuestas tras la huelga general es un compendio de medidas progresistas para enfrentar la crisis, con un título expresivo: “Recuperar derechos y defender el estado social”. Hasta el gobierno del PSOE, antes de quitarse la careta en mayo, hablaba de una política para remontar la crisis sin regresión del estado del bienestar.
En este afán no hay nada de sorprendente: es lo menos que puede decirse en una situación tan desoladora, donde los ataques a las condiciones de vida de la inmensa mayoría son continuos. Sin embargo, quisiera hacer algunos comentarios para aclarar lo que entiendo por eso de “la salida progresista a la crisis” y la coherencia política y económica que tal demanda lleva consigo. Mi propósito es demostrar que no hay salida progresista sino únicamente un futuro traumático, convulso, propenso a conmociones. Esto para la izquierda implica prepararse para cambios sustantivos que no sólo han de romper con los dogmas neoliberales sino también con la lógica del capitalismo.
Algunos criterios para la salida progresista
Una salida progresista debiera ocuparse, en primer lugar, de amortiguar los daños más dolorosos y desgarradores de la crisis, y entre ellos destaca el paro. Pero justamente esta crisis es sinónimo de paro, por lo que éste no puede tener remedio al margen de la resolución de la propia crisis. Sólo una medida exógena, de carácter político, tendría efectos notables sobre el paro. Sin embargo, paradójicamente, en las propuestas de salida progresista de la crisis no se encuentra. Me refiero a una medida como la reducción drástica de la jornada laboral que, con todas las dificultades de aplicación y efectos desiguales por sectores y actividades económicos, implicaría nuevos puestos de trabajo. En buena lógica, el lema “trabajar menos para trabajar todos” adquiere en estos momentos de paro masivo y perspectivas oscuras su máxima vigencia, tanto más cuanto que la cuestión salarial que se liga siempre con la reducción de jornada está disipándose con la reducción de los salarios, como en el caso directo y contundente de los funcionarios. Es el momento de hablar de salarios y jornada en todos los ámbitos del debate y la negociación. Y resulta extraño que una reivindicación histórica como las 35 horas semanales haya desaparecido justo cuando más necesaria es y más inexorable parece.
La protección a los parados es, sin discusión, un aspecto ineludible de toda salida progresista. Nadie puede estar condenado al desempleo y al mismo tiempo a no disponer de unos ingresos mínimos para hacer frente a las necesidades vitales esenciales. Las prestaciones por paro se agotan y las subvenciones no están garantizadas. He aquí un terreno donde el combate está más que legitimado y donde se contará con amplias bases para la lucha, pues son y serán millones los afectados, que por necesidad estarán dispuestos a ella si se les proporciona los cauces organizativos adecuados.
Por la naturaleza de la crisis en nuestro país, el impago de las hipotecas está llevando a cientos de miles de familias a ser desahuciadas. No puede ser. Toda salida progresista debe incluir propuestas de acción para impedir los desahucios. Y, asimismo, la crisis inmobiliaria, fruto de tantos desmanes y explotación, ha puesto sobre el tapete la exigencia de revisión de la naturaleza jurídica de los préstamos hipotecario que, como créditos personales, ahora impiden liberar a los atrapados de sus cargas y los ligan casi de por vida a ellas, a veces hasta a sus herederos y eso después de haber perdido la propiedad de sus viviendas.
En positivo, una salida progresista implica reforzar las funciones redistributivas del sector público y de atención a los servicios públicos, con las pensiones y las prestaciones a los parados a la cabeza, en el caso de las primeras, y la sanidad y la enseñanza, en el caso de la segundas. Otras muchas reivindicaciones pueden levantarse, como pueden ser los gastos para atender las discapacidades de todo tipo y las situaciones de dependencia, al punto de que, siendo tan raquítico el estado del bienestar en nuestro país en comparación con los países más avanzados de Europa, medido por el porcentaje de los gastos sociales públicos en relación con el PIB, el terreno para avanzar es enorme y podría constituir un campo idóneo para fomentar el progresismo de la salida a la crisis.
El mundo laboral lleva muchos años degradado y su descomposición se ha agravado con la crisis. La última reforma laboral ha supuesto una bomba muy destructiva de las relaciones laborales, aparte de sus consecuencias en las facilidades y abaratamiento del despido. La enorme precariedad constituye un terreno abonado para toda ofensiva contra los trabajadores y es necesario acabar con ella como condición indispensable para recomponer la fuerza y capacidad de negociación de los trabajadores y los sindicatos. Los salarios se reducen a ojos vistas y, además de fomentar una creciente desigualdad social, son un factor que está profundizando la depresión económica. Este es otro campo, todo lo relacionado con los derechos y las condiciones laborales, en que la salida progresista tiene tajo en que ocuparse.
No se escapa a nadie que todo intento de hacer una sociedad menos desigual y mejor atendida en sus servicios básicos pasa por procurarse un sistema fiscal más justo, con más poder recaudatorio y donde se combata el fraude. La regresión sufrida por el sistema fiscal español es notoria: de ahí que toda salida progresista tenga en la fiscalidad un filón inexplorado para ahondar.
Como la crisis ha puesto de manifiesto, habrá que ampliar las posibilidades de intervención y regulación del Estado para impedir que en el futuro sucedan acontecimientos equivalentes a los que se sufren ahora. Surge así la necesidad, cuando se plantea la salida progresista, de impulsar una banca pública capaz de atender las necesidades de financiación de empresas y actividades viables, liberándolas de las garras del sistema bancario privado, que debe someterse a controles y restricciones que eviten crisis financieras como la actual. El tema de las nacionalizaciones de aquellos sectores que por su papel estratégico en el funcionamiento de la economía están en condiciones de chantajear al Estado y a la sociedad no puede estar ausente de toda salida progresista, y el sistema financiero ocupa un lugar preeminente a este respecto.
Cabría añadir que la sociedad en su conjunto debiera adquirir los instrumentos y los resortes necesarios para poder instrumentar una política económica e impulsar un modelo económico distinto del que ha dejado descarnadamente al descubierto esta crisis.
En suma, una salida progresista a la crisis es aquella que permitiría mejorar el estado del bienestar, fortalecer los derechos laborales y la capacidad de negociación de los trabajadores, reducir las desigualdades económicas y sociales, y potenciar los recursos e instrumentos del Estado para conducir a la sociedad por derroteros distintos a los que nos han conducido a esta crisis pavorosa.
Todo lo anterior rezuma sensatez y, con los matices y añadidos que se crean necesarios para afrontar otros aspectos de la crisis o corregir otros daños graves colaterales de la situación -como son los de la sostenibilidad ecológica o la regresión en la igualdad y liberación de la mujer, la necesidad de acotar la desaforada especulación financiera con algún impuesto, la exigencia de combatir los paraísos fiscales de manera contundente- se tendrían los criterios fundamentales para pergeñar un programa ampliamente compartido por toda la izquierda. Ningún debate sobre todo esto está cerrado pero, en general, puede lograrse un acuerdo sobre las líneas básicas de las reivindicaciones a proponer y los objetivos por los que luchar.
Sobre la coherencia política.
Sí, y digo luchar, entrando en lo que es esencial en este asunto de la salida progresista. Sin tener que exaltar principios ideológicos conocidos y experimentados, y sin tener que esforzarse en resaltar como la crisis está exacerbando las tensiones sociales, toda la izquierda estará de acuerdo en que será la lucha y sus resultados lo que determinará el progresismo con que se pueda resolver la crisis. Tanto es así que cabría establecer una relación bastante estrecha entre el grado de progresismo con que se quiere resolver la crisis y el precio en términos de lucha que costaría, la factura de organización y movilización que hay que pagar. Para muchos avances, mucha lucha. Para cosas modestas, menos, pero también bastante lucha, porque en ausencia de ésta, dada la relación actual de fuerza entre las clases y los vientos desencadenados, se producirán retrocesos. La lucha, pues, para resistir o para avanzar, es el complemento imprescindible de toda oferta política que se haga sobre la salida progresista a la crisis.
Todos los llamamientos, las propuestas, la propaganda que se haga sobre la salida progresista, si no van acompañadas de un proyecto político de cómo reforzar ideológica y organizativamente a la izquierda, de cómo unirla y hacerla confluir, son un brindis al sol.
Surge muchas veces una competición entre la fuerzas de la izquierda por radicalizar sus propuestas para salir de la crisis, al punto que se pierde de vista que las batallas políticas no se ganan sobre el papel sino sobre la realidad social. Una guerra virtual programática es ridícula cuando los objetivos que se proponen son inalcanzables y se olvidan las palancas para ejercer la fuerza que los hagan posibles. Cabe entender el radicalismo como un aspecto necesario de la propaganda e, incluso, de la agitación para expresar el proyecto social que cada fuerza política tiene y la distingue de los demás, pero hay que evitar utilizar los programas como armas arrojadizas para dividir artificialmente la izquierda cuando tanto terreno ideológico y material nos ha sido arrebatado por la derecha. Unas pinceladas sobre la revolución, el socialismo, el socialismo libertario,… bastan para entender el ideario de las fuerzas políticas pero no conviene construir la sociedad del futuro con un radicalismo verbal inútil, surgido de la impaciencia y con base en la imaginación.
Sobre la realidad económica
Y, en efecto, no acaban aquí los problemas relacionados con la salida progresista a la crisis. Es preciso comprender la realidad económica de nuestro país, inserto en la globalización capitalista, abierto de par en par, sin frontera alguna protectora y con un Estado sin resortes ni instrumentos para imponer una política económica propia, tras las importantes cesiones de soberanía que tuvieron lugar con la integración en el euro. Hay que destacar su debilidad competitiva por factores históricos y recientes. Los problemas acumulados -endeudamiento de todos los agentes económicos y déficit público descontrolado-; el contexto en que ha de resolverse la crisis -una crisis financiera internacional no resuelta y pendiente de nuevas sacudidas, una Europa desgarrada, una moneda única insostenible por los desequilibrios que ha causado-; las presiones existentes -de los mercados financieros, las instituciones internacionales y los gobiernos ajenos preocupados por la inestabilidad que se puede transmitir y los agujeros financieros que puede originar un país como el nuestro, relevante por su dimensión a escala europea-; un sistema crediticio en convulsión y con problemas de solvencia y liquidez casi irresolubles; una economía que ha sufrido un estallido inmobiliario. En fin, un caso claro de siniestro total.
Este conjunto de hechos condiciona de tal modo y restringe de manera tan acusada las posibilidades de afrontar la crisis que ésta ha dejado de ser una cuestión interna, aséptica y pura de lucha de clases en nuestra sociedad para convertirse en un verdadero atolladero de carácter histórico.
Hay que reconocer que la creación de situaciones como ésta, inmanejables y con contradicciones graves cualquiera que sea la opción que se adopte, es una de las victorias del neoliberalismo: haber maniatado a los países, dejándoles inermes y conduciéndoles a un callejón sin salida, donde la alternativa en apariencia menos traumática y más lógica es seguir aplicando el dogmatismo neoliberal. Eso sí, en dosis crecientes. Se ha creado un orden, desorden queremos decir, en el que muchas veces la lucha deja de tener sentido porque las mejoras que puedan conseguirse llevan aparejados efectos tan contraproducente que las hacen discutibles. Las mejoras salariales implican pérdidas de competitividad que, en economías sin protección alguna, implican pérdidas de empleo. Mejoras de los gastos sociales aumentan el déficit público, lo que ocasiona desconfianza de los mercados y elevaciones de los tipos de interés a satisfacer con perjuicios de todo tipo. Avance fiscales progresistas inducen a salidas de capitales que estremecen a las instituciones crediticias y los Gobiernos. Los ejemplos pueden extenderse, al punto de que realmente estamos en un “impasse”, que aprovecha a fondo la derecha.
El necesario afirmar, y está en la conclusión que pretendo destacar, que, en la actualidad y con los problemas vigentes, en el marco de la globalización neoliberal y en el contexto de la unión monetaria, no hay salida progresista a la crisis. El giro emprendido por el Gobierno Zapatero no se debe a su perversidad, sino a la imposibilidad de preservar el estado de bienestar existente en el marco y las condiciones actuales. Reconocido lo cual, no le exime de responsabilidades en cuanto a la situación generada, la confusión creada, los engaños cometidos y las falsas respuestas a los problemas surgidos, como la última reforma laboral, tan inútil para crear empleo como destructiva para los derechos laborales.
La hora de la verdad
Una afirmación tan rotunda requiere de una aclaración inmediata: decir que no hay salida progresista no es lo mismo que decir que las cosas deben continuar como están. La crisis tiene tal naturaleza y tales raíces que no es posible diseñar una política que la supere, pero siempre hay márgenes para introducir cambios que, sin ser solución, mejoren muchos aspectos de una situación social y económica tan degradada. Cabe combatir el fraude fiscal, caben reformas fiscales que mejoren la progresividad del sistema, caben subidas de pensiones mínimas, caben, caben muchos cambios que, sin modificar el fondo de la situación, harían menos angustiosa la situación para muchos. De ahí, la necesidad de la lucha a la que hemos hecho referencia.
Sin embargo el fondo de la cuestión es irresoluble. El país está en una posición de quiebra. Aparte de las deudas que las instituciones públicas y los sectores privados tienen, desde las modestas economías domésticas hipotecadas hasta ayuntamientos como el de Madrid, la economía española con respecto al exterior mantiene una posición deudora tan brutal que simplemente no es ni sostenible ni pagable. Recuerda tal veredicto al que se dio al Tercer Mundo cuando se llegó a la conclusión de que los países no podían hacer frente a las cargas de su deuda externa y terminaron en las garras del FMI y sus planes de ajuste estructural. Igual ocurre ahora a nuestro país, sólo que en una dimensión disparatada, propia de la hipertrofia financiera que ha sufrido el capitalismo y, en particular, los países del euro, que creían haber descubierto un medio taumatúrgico para endeudarse indefinidamente. Todos los días hay que afirmar que España no es Grecia o Irlanda, ambos países ya bajo la tutela del FMI, que tampoco es Portugal…. Mientras, la situación se va degradando, mostrando cada vez más descarnadamente que es imposible evitar una debacle financiera. No pasará mucho tiempo antes de que cualquier acontecimiento prenda la chispa que haga explotar el depósito sobrecargado de la deuda externa.
Es preciso comprender, pues, que la sociedad española está abocada a sufrir una catástrofe económica de muy gravísimas consecuencias. El cerco se está cerrando, el tiempo se acorta y los problemas se agravan. Por acotar plazos, puede decirse que el tsunami ya se ha desatado y lo único que queda por saber es el tiempo que tardará en llegar a la costa, la altura de las olas y cuáles serán sus efectos destructivos. El desastre está garantizado, solo queda saber la envergadura que tendrá y los caminos por los que se recompondrá la sociedad española. Incógnitas hay muchas y las alternativas la determinará de modo decisivo la política o, lo que es lo mismo, la lucha de clases. De esta previsión surgen unas tareas ingentes para la izquierda, tanto más cuanto que parte de una situación muy débil en todos los sentidos.
Reforma o ruptura
El viejo dilema de la transición, reforma o ruptura, vuelve a aparecer determinado ahora por la crisis económica en lugar de por la muerte del dictador. Traducido a las alternativas políticas, la concepción de que hay una salida progresista a la crisis lleva a perfilar unas posiciones que hacen hincapié en la lucha contra el neoliberalismo. Sectores importantes de la izquierda se encuentran cómodos definiéndose como anti neoliberales, en una posición que se enmarca en el reformismo, que trata de combatir los aspectos más repudiables del capitalismo pero que no plantea superarlo.
Si la conclusión de que no hay salida progresista a la crisis es válida, que no hay márgenes para políticas reformistas, la consecuencia es que el anti neoliberalismo tendrá que trascender a una posición anticapitalista. No se trata de una cuestión semántica, antineoliberalismo frente a anticapitalismo, sino de un tema de fondo, que habrá de irse clarificando en los próximos tiempos y posiblemente con más urgencia de la que se piensa.
Por supuesto, en la necesaria convergencia y reforzamiento de la izquierda, la unidad puede y debe prevalecer, pues el estadio de la lucha en que nos encontramos y siendo tan arduo el camino a recorrer hay que marchar unidos, dejando que sea la realidad y las experiencias las que configuren el carácter de la izquierda nueva que ha de surgir de la crisis.
Un ejemplo final y reciente aclara lo que trato de explicar. En la huelga general del 29 de septiembre se comprometió toda la izquierda, al margen del radicalismo de posiciones, y su éxito estuvo determinado justo por la confluencia y la unidad de acción de muchas organizaciones y movimientos. Sin embargo, a la movilización le faltó el carácter político y rupturista que la situación reclama.
En la última fiesta del PCE, en los días previos a la huelga general, en el mitin en el que participaban los secretarios generales de CCOO, UGT y el PCE, junto con el Coordinador General de IU, después de un análisis muy crítico de la situación, proponían cambios en el sentido de combatir la versión más cruda del neoliberalismo que en esos momentos había puesto en marcha el PSOE. Pero, sorprendentemente, ninguno de los intervinientes que denunciaban con tal clarividencia la desolación que recorre al país y principalmente a los trabajadores y a sectores sociales más débiles, provocada por un sistema que históricamente empieza a mostrar todos los síntomas de senilidad, agotamiento y perversión, no citaron en ningún momento la palabra socialismo. Tantos años resaltando las contradicciones, la injusticia y la violencia del sistema capitalista y cuando éste se declara en bancarrota se nos ha olvidado la alternativa del socialismo. El enorme retraso que delata este olvido hay que recuperarlo si no queremos que la barbarie nos muestre su rostro más siniestro y terrorífico.
