El pasado martes 6 de octubre, el Gobierno aprobó la posibilidad de aumentar el gasto público un 53,7 % sobre las expectativas presupuestarias previas a la pandemia. De modo que el Gobierno podrá incluir en su presupuesto 196.000 millones de euros adicionales en el presupuesto de 2021.
Ese "ingreso extra" no surge de la nada, traerá asociado un mayor endeudamiento. Se permitirá que el Estado emita más deuda pública, una vez se hayan relajado los criterios exigidos por la UE. Una parte de esa deuda puede venir de potenciales fondos que puedan venir de la UE, sólo una porción vendría de transferencias a cargo del presupuesto europeo que, de nuevo, supone un endeudamiento público adicional, si bien a escala europea. Es decir, estos préstamos se deberán devolver en el futuro con intereses, que aunque estén bajos nadie regala nada, la financiación no “llueve” ni desde Bruselas ni desde ningún acreedor como si fuera maná.
De ese dinero, el 92,8 % deberá ir destinado a paliar los efectos de la pandemia en las arcas públicas: gastos de sanidad, ayudas de la seguridad social para trabajadores, autónomos y empresas, servicios sociales, etc. Tan sólo el 7,2 % podrá destinarse a otras partidas del presupuesto, por lo que la ansiada reversión de “los recortes del PP” tendrá que esperar para ser financiada.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado la suspensión, que no la derogación, de la senda de estabilidad presupuestaria que fija los objetivos de déficit para este año y para el que viene, siguiendo lo establecido por la Comisión Europea, que ha suspendido la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento hasta 2021 con motivo de la pandemia y no exigirá a los Estados miembros que se ajusten a los límites de endeudamiento previstos.
Sea bienvenida la posibilidad de superar el techo de gasto, siempre es buena noticia la posibilidad de gastar más. Pero no olvidemos que para que esto suceda, primero hay que aprobar el presupuesto, luego ejecutarlo y, sobre todo, debemos conocer a qué se va a destinar ese gasto público, en qué y cómo se va a invertir. Esta medida es positiva, consigue un desbloqueo, una condición de posibilidad, supone la relajación de un corsé muy negativo, la austeridad, la prohibición de que las administraciones públicas gastaran lo que realmente necesitaban.
Pero contextualicemos. Todos los países, incluyendo a la UE, están enfrentando una depresión, y en casi todos este tipo de relajación en la política de gasto se está admitiendo para dar respuesta económica ante la gravedad de la situación, que ha paralizado la economía privada. Esta suspensión de la austeridad, extraordinaria y temporal, se permite porque la UE ha acordado un paréntesis del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La austeridad no ha muerto, como anunció de forma grandilocuente el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, tan solo ha sido suspendida temporalmente. Lamentablemente no es un adiós sino un hasta luego.
El año que viene, si son capaces de aprobar un presupuesto, se podrá gastar más. Esto es una "potencial buena noticia", pero mucho nos tememos que los tan esperados fondos europeos llegarán tarde, serán escasos y su uso y destino están, cuanto menos, en entredicho. Porque pueden caer en la lógica financiación pública - negocio privado, y porque apenas un 11% tiene un destino a una línea definida, que, con todo, sigue siendo ambigua al no detallar qué modelo de economía digital o transición verde quiere financiar. El diablo está en los detalles, y bien podrían acabar en manos de grandes tecnológicas o grandes energéticas convencionales para hacer cosas que poco tengan que ver con lo sostenible y necesario.
Para valorar el resultado de esta elevación del techo de gasto y constatar que ese mayor gasto público mejora las condiciones materiales de vida de la mayoría social, hay que hacerlo evaluando un marco completo de políticas. A día de hoy, las políticas del Gobierno, por desgracia, están muy lejos de un abandono de los principios neoliberales. Muy probablemente continuarán las colaboraciones público-privadas, seguirá la concentración oligarca en los sectores estratégicos (banca, comunicación, digital y energía), se apoyará al sector del turismo (de masas), se incentivará el urbanismo y las industrias extractivas y depredadoras del medio ambiente, continuará la invisibilización del trabajo no remunerado de las mujeres, los cuidados y un largo y triste etcétera. Dicho de otro modo, no apuestan por un, tan necesario como urgente, cambio de modelo productivo.
Sin esa necesaria nueva forma de producir y cuidar, sin una contundente reforma fiscal progresiva, para que pague más quien más tiene, o sin modificar el artículo 135 de la Constitución para acabar de verdad con la austeridad, las deudas de hoy, serán recortes mañana.<--more-->
