Daniel Albarracín Sánchez introduce con el siguiente artículo en el Foro de Debate Económico de la Fundación 1º de Mayo una nueva discusión sobre la política industrial en el Estado español, en este caso, centrándose en el turismo. En los próximos días este artículo será comentado por diferentes analistas. Para poder seguir este debate puede buscarse aquí.
En el caso español, el protagonismo y peso del sector turístico es indudable y
merece una atención especial. Al constituir una superpotencia mundial en esta
materia, y por el peso que comporta en nuestra economía, más del 11% del PIB en
2012, le sitúa como posible punta de lanza en nuestro país, con capacidad de
ser motor de cambio, comenzando por determinados destinos turísticos y
extendiéndose a otros sectores que pueden darle abastecimiento, favoreciendo un
posible efecto arrastre al resto de la economía.
1. La política industrial y la cadena
de valor.
El
funcionamiento del libre mercado sigue la rentabilidad y la regla de la
competencia como factores centrales de toma de decisiones de inversión, donde
los actores privados son los únicos protagonistas. La política industrial puede
llegar a forma parte de una concepción alternativa. La política industrial, mediante
el protagonismo del sector público, estableciendo medidas que influyen en la
dinámica tanto del sector público empresarial, de las políticas fiscales, de
inversión y de gasto, de concertación e intermediación, como en la regulación y
estimulación del sector privado puede reorientar la oferta de un sector para
que se incluyan criterios diferentes al lucro en la toma de decisiones
económica. De este modo, pueden perseguirse objetivos tales como la eficiencia sectorial
–que a veces la competencia impide[1]-,
la autonomía productiva o el desarrollo autocentrado, la minimización de costes
sociales o medioambientales, el cambio de modelo productivo en términos
tecnoenergéticos, el impulso a la cooperación, la complementariedad productiva
y la redistribución social y territorial, o la creación de empleo estable y
cualificado. En suma, objetivos socialmente deseables. Esto no impide, como
suele ser desgraciadamente más frecuente, que el Estado actúe como mero
suministrador de ayudas o regulaciones en provecho de grandes compañías
privadas, a veces ligadas a organizaciones patronales y grupos de presión, en
particular, con un efecto más bien potenciador de la lógica oligopolística, o
bien, sencillamente a beneficio particular en términos de favor clientelar. En
la práctica no hay disputa entre mercado y Estado, sino determinado trato de
favor y rescate de las administraciones públicas a determinado grupo de
empresas. Es fácil convenir que esto último no puede definirse como política
industrial.
El pasado jueves, 5 de mayo, a las 19 horas, en la librería Fuentetaja, en la calle San Bernardo 35, se presentó el libro “Frente al capital impaciente”, en el que han participado varios autores, coordinados por el director de Estudios de la