Financiarización y nuevas unidades operativas (2/5)

Financiarización y economía real: perspectivas para una crisis civilizatoria.
Eduardo Gutiérrez y Daniel Albarracín

Artículo completo en:
http://www.vientosur.info/documentos/Financiarizacion.pdf

Revista Viento Sur nº101

2. Nuevos formatos de empresa y unidades operativas de producción capitalista


El cambio e intensificación del papel[1] de las finanzas en la dinámica capitalista se traduce en una dinámica de concentración de capital, en la que el capital financiero obtiene primacía y jerarquiza a otros capitales a los que subordina en una cadena de dependencia. En particular, la banca y los seguros son los actores principales, y utilizan diversos instrumentos para condicionar el curso de la economía real. Para diversificar sus capitales son promotores o al menos cómplices necesarios de nuevos vehículos financieros, que ofrecen tasas de alta rentabilidad, perseguidas y conseguidas con limitados escrúpulos, como son las compañías que gestionan fondos de inversión, capital riesgo y fondos soberanos. En definitiva, las denominadas sociedades de inversión.

La obtención hasta el límite de las posibilidades de rentabilidad del capital (The sky is the limit !, proclamaba Emilio Botín en la presentación de los resultados del BSCH, en 2005)[2], como objetivo primordial, en forma de dividendos, plusvalías bursátiles y primas provenientes de acciones, bonos, etcétera, también remodela el denominado “perímetro empresarial” y las estrategias habituales de las empresas, en las que cada vez mayor porcentaje del excedente se ve detraído para engrosar este tipo de remuneración, frente a alternativas de retransformación de la producción y la inversión sostenida. Podemos señalar que la empresa en tanto que unidad operativa de producción y toma de decisiones está perdiendo identidad y autonomía propias, sea como figura emprendedora, inversora o empleadora. Son, en cambio, cierto núcleo de accionistas oligárquico, provenientes de grupos financieros, que gestionan fondos de seguros, fondos de inversión, o procedentes de nuevas fortunas, etcétera; y el abuso de la empresa-red (holding empresariales, grupos de empresa, redes de subcontratación de proveedores y distribuidores)[3], con singulares jerarquías y contabilidades intra-grupo, quienes permiten o no, y determinan, las principales decisiones y transacciones económicas.

Una de las consecuencias más notables es la descentralización y difuminación de la responsabilidad empresarial respecto a diferentes ámbitos en los que actúa e interviene. La dificultad de identificar a los causantes de acciones, las conocidas “externalidades”, sobre todo si son negativas, y la simple y mera retórica de introducir criterios de responsabilidad corporativa (en general, simple mercadotecnia social o medioambiental), origina una confusión que imposibilita determinar quién debe responder de qué. El propósito de fondo es incrementar la rentabilidad para el núcleo inversor, y para ello se remodelan estrategias empresariales para desprenderse de las áreas menos rentables, intensificando la productividad del trabajo en los negocios de mayor ratio ingreso/coste (“cash is the king”, declaran los Hedge Funds), con lo que diluyen riesgos y responsabilidades y se inhiben mejoras e innovaciones (de proceso o de producto).

La consecuencia es una proliferación de nuevas prácticas empresariales. Por ejemplo, las estrategias de gestión que practican los nuevos inversores institucionales sin regulación, entre los que destacan los Hedge Funds., que exigen estrategias de racionalización de costes a los gestores de grandes empresas productivas, amplían el impacto que la financiarización está teniendo sobre las decisiones empresariales de gestión del beneficio, y de su reinversión, - llamado “efecto punción” (Álvarez, I.; 2007)-y por tanto sobre la lógica de la acumulación, el empleo y el salario.

Frente a las clásicas estrategias productivistas de posguerra, en plena etapa keynesiana, se adoptan medidas de “recentramiento (refocusing) y racionalización del capital”, en las que no se expande el sistema productivo, sino que se escogen sólo las áreas de mayor rentabilidad para diluir la relación o desprenderse de las áreas menos rentables (y no sólo las que puedan causar pérdidas). Estas prácticas consisten en:

a) Reestructuraciones. Recorte de áreas, o bien de externalización de éstas. Es muy frecuente desinvertir y fragmentar parte del proceso productivo, y luego ponerlo a la venta. Con ello una parte menos estratégica o bien sirve a unos ingresos extraordinarios, o bien también pueden mantener una relación productiva posterior, pero con unos costes menores y riesgos que quedan fuera de la empresa mediante subcontrataciones.
b) La especialización de la empresa para obtener primacía en el mercado. Más allá de una innovación específica más eficiente o distintiva, puede llevarse a cabo simplemente mediante la fusión o la adquisición de otras empresas competidores para recentrar en una empresa con poder de mercado la mayor parte de la actividad en un área de negocio. Esta estrategia tampoco aumenta la capacidad productiva de un sector, sino que simplemente implementa una estrategia monopolista.
c) En algunos casos, con menos escrúpulos aún, se apuesta no sólo por medidas de racionalización de costes, sino que se exprime directamente el activo de la empresa o alguna característica de interés (alto nivel de cash-flow) para hacer de la empresa en sí la fuente de ingresos, aún a costa de su destrucción. Se planean salidas a corto plazo, que pasan por la adquisición de la mayoría de las acciones de la empresa, mediante medidas de apalancamiento financiero, cuya deuda luego se traspasa a la propia empresa (con transacciones tales como honorarios por consultoría, pago de primas de emisión, etc…) obtener una pronta liquidez para cubrir las deudas del fondo inversor, y poner el propósito de “dar valor al accionista” incluso por encima de una razonable rentabilidad empresarial, vaciando el activo empresarial. Este tipo de prácticas, aún sin una regulación que les ponga coto, acaba por amenazar la viabilidad duradera de la empresa y los empleos de la entidad. En esta casuística se han podido encontrar algunos fondos de inversión y de capital riesgo denunciados por organismos sindicales internacionales (UITA, 2007).

La consecuencia sociolaboral más importante, más allá del frecuente fraude y elusión de las regulaciones mercantiles y fiscales, es la subordinación del derecho laboral al derecho mercantil y por tanto el menoscabo de la calidad de las condiciones de empleo y trabajo y, en este sentido, la pérdida de eficacia de la negociación colectiva. Las nuevas estrategias empresariales, así, no sólo suponen un reordenamiento de la competencia intercapitalista, o incluso una amenaza a la figura de la “empresa clásica”, sino sobre todo una fuente de agresiones que se apropia y erosiona la masa salarial y la fuente de derechos que hasta la fecha le venía asociada.

Por fin, el objetivo desaforado de obtención de beneficios con la modernización del sistema productivo o con su orientación social o medioambientalmente sostenible y de calidad, conlleva una contención deliberada de la producción para generar “escasez” relativa y con ello alcanzar tasas de rentabilidad “óptimas” en lógica individual, pero insostenibles para el conjunto del tejido productivo y social en el que descansa todo proceso de acumulación. Una estrategia de las corporaciones financiero-empresariales, que incluso comienza a complementar sus actuaciones, mediante el “capital a interés”, esto es, apoyada en la reducción o moderación del crecimiento de la composición orgánica del capital, para conseguir aumentos sustanciales de la tasa de beneficio.

[1] Un cambio cualitativo y de proporciones en un sentido multívoco. En primer lugar, refiriéndonos al volumen y peso en la economía, que arroja cifras que multiplica el peso de la producción e intercambios de bienes y servicios; también porque los destinos de la “inversión financiera” han cambiado sus proporciones con orientaciones distintas al pasado (ya no se busca tanto “emprender negocios innovadores y arriesgados”, sino centrarse en actividades fundamentales –energía, materias primas, alimentación, servicios de salud, etc…- para gestionar monopolísticamente su provisión y obtener rentabilidades extraordinarias en actividades de completa necesidad social); y también porque el peso del poder del capital financiero ha ascendido a una cúspide, y situándose en el centro gravitatorio de la influencia económica y política respecto a otras fracciones y grupos económicas ahora en declive en comparación con hace unas pocas décadas.
[2] .- Junto a Morgan Stanley, Goldman Sacha, Societe Generales, …; el Banco Santander, esta siendo desde hace unos años una de las entidades bancarias mas activas en la puesta en marcha de productos estructurados, y promoción de SIMCAV, es decir, de Fondos de Inversion, o Hedge Funds, que en España son denominadas legalmente Inst.Colectivas de Inversion Libre. Según datos de mediados del 2007, de la CNMV, el Santander, había creado y financiaba del orden de 937 HF, con diferentes perfiles de actividad (FIM, y sobre todo SIMCAV), manejando a través de estas entidades un patrimonio de alrededor de 85.506 millones de euros.
[3] .- La mayoría de los grupos empresariales estudiados por los autores reúnen indicios claros de conductas de proliferación de empresas fantasmas, que suponen un claro delito de “abuso de personificación jurídica”, orientados a difuminar cualquier responsabilidad social, medioambiental o laboral, en una red de empresas superpuestas, que desde una visión productiva, comercial y financiera, actúan bajo un centro coordinador, la cabecera de la corporación empresarial-financiera.

Financiarización, Sociedades de Inversión y Apalancamiento Financiero: ¿Fenómeno puntual o tendencia estructural?.
Daniel Albarracín

Septiembre de 2008

La economía capitalista está sufriendo un conjunto de transformaciones importantes que necesitan ser comprendidas para su posible revisión y cuestionamiento. Nuevas figuras corporativas y operaciones financieras se extienden exprimiendo ventajas particulares en un contexto económico en el que los mercados financieros presiden la toma de decisiones a la hora de invertir.

La conducta del capital cada vez toma más en cuenta el valor de las acciones en los mercados financieros globales que los propios procesos de producción de bienes y servicios. El pasivo de los balances contables de un creciente conjunto de empresas es cada vez más dependiente de “recursos externos”. Un importante conjunto de empresas están seriamente condicionadas por la esfera financiera. El romántico empresario vocacional se encoge ante la primacía de un nuevo accionariado y unos agentes prestamistas que no guardan vínculo alguno con las actividades empresariales concretas salvo su interés de rentabilidad financiera –intereses, dividendos, etc…-. Las empresas no persiguen su viabilidad o conseguir un beneficio al uso, sino que deben rendir para aportar “un valor para el accionista o el prestamista”. Entramos en un contexto de financiarización de la economía.

Las sociedades de inversión surgen como nuevos agentes agresivos ávidos de obtener una rentabilidad alta y a corto plazo. Se trata unas figuras instrumentales, propietarias o de gestión de fondos, que invierten en diferentes esferas para rentabilizar excedentes del gran capital financiero –banca y cajas de ahorros-, compañías de seguros, grandes patrimonios y fortunas de familias acaudaladas –equity funds-, fondos de pensiones, o fondos de Estados –fondos soberanos-, muchas veces con base en conocidos paraísos fiscales (off-shore). Algunos de estos fondos se especializan en activos variables –fondos de inversión o hedge funds- y otros invierten directamente en empresas –capital-riesgo-. Éstos han conseguido conformar grupos de presión cuya influencia política se ha traducido en un tratamiento fiscal privilegiado. Su formulación más desregulada en España es el gravamen de sólo un 1% a las SICAV (Sociedades Inversión Colectiva en Activos Variables), muy por debajo del 30% que correspondería al impuesto de sociedades, de las que hay en nuestro país 3.250, y gestionan en las últimas fechas disponibles (2007) un patrimonio de 360.000 millones de euros.

Las sociedades de inversión adoptan formas de colocación de sus fondos con estrategias muy determinadas. Este tipo de “capital accionista” no está comprometido con la actividad en sí y suele diseñar planes cuyo propósito final es obtener una rentabilidad extraordinaria a corto plazo basada en racionalizar la producción y el empleo, minimizando costes, eliminando o externalizando áreas menos rentables –aunque sean viables-. El desarrollo de dudosas operaciones financieras y de cirugía organizativa, se ven amparadas en vacíos legales de un entorno desregulado. Las consecuencias negativas, en forma de pérdida de empleo o en heridas de muerte a la empresa, suelen quedar impunes.

Este tipo de línea, en suma, violenta una marcha eficiente, productiva y viable a largo plazo de la empresa y el empleo El tipo de estrategias más frecuentes suelen referir a una combinación variable de las siguientes prácticas:

a) Adquisición de la empresa mediante apalancamiento financiero. Algunas sociedades de inversión, compran una alta proporción o la mayoría de las acciones de las empresas objetivo con recursos de financiación externos y una aportación menor de sus fondos. Pueden endeudarse 10 o 30 veces por encima de sus recursos propios con el beneplácito de entidades financieras que, en el fondo, son promotores o cómplices de su actuación. Una vez adquirida la posición accionarial dominante y conseguir el control del gobierno de la empresa derivan a la propia empresa la deuda adquirida por el fondo (con transacciones tales como honorarios por consultoría, pago de primas de emisión, etc…), poniendo en riesgo los equilibrios básicos de salud empresarial, vaciando incluso el activo de contenido. El fondo planifica al mismo tiempo la venta deliberada de la empresa, tratando de, una vez reestructurada la empresa, colocar los restos de la empresa en el mercado, obteniendo pingües plusvalías.

b) Es muy frecuente que estas prácticas se realicen con sigilo y opacidad, y por tanto, escogen espacios empresariales cuya supervisión de órganos de control oficiales, como la Comisión Nacional del Mercado de valores, quede sin competencias. Para garantizar la impunidad de la no transparencia, suelen retirar de la cotización en bolsa las acciones de las empresas.

c) Realizan reestructuraciones mediante recorte y externalización de áreas de producción y servicio. Desinversión y fragmentación de parte del proceso productivo menos rentable o estratégico. Se persigue registrar costes y riesgos menores. El proceso de externalización y subcontratación deriva el riesgo y la responsabilidad de ingresos inciertos o menores a agentes empresariales periféricos, haciendo mucho más vulnerable las condiciones de empleo en ellos.

d) Practican maniobras de creatividad contable facilitadas por los mercados internos originados dentro de los grupos de empresa eludiendo responsabilidades ante los y las trabajadoras, el fisco, el medioambiente y los consumidores.

Estas operaciones, aunque con efectos desestabilizadores globales, suelen ser propicias en cierto tipo de sectores con ciertas características, por ejemplo, en empresas con altos niveles de facturación y liquidez, como en el sector comercial, que permiten al fondo ir pagando la deuda adquirida a corto plazo. O en empresas con posibilidades de aligeramiento de costes de funcionamiento operativo –en detrimento del servicio-, como el sector hostelero, de alimentación o de transportes.

Aunque pueda parecer sorprendente, este tipo de prácticas no son marginales y su incidencia es cada mayor. A nivel mundial, diversas entidades empresariales han sufrido esta “extorsión financiera”, siendo, entre otros sectores, el comercio y la hostelería objetivos preferentes para este tipo de fondos. Empresas que operan en España como Supermercados Dinosol, Cortefiel, la empresa de servicios de catering LSG Sky Chefs, o la empresa de transportes UPS España, S.A., la empresa Midorina-TPI Páginas Amarillas, o la empresa inmobiliaria Martinsa-Fadesa han sido víctimas de diferentes manifestaciones de estos procesos de “financiarización”.

Los sindicatos, hasta la fecha, no han podido intervenir más que ante hechos consumados, en expedientes de regulación de empleo, en los cuáles poco queda por hacer más que aliviar una tragedia difícilmente remediable. A este respecto, es preciso repensar y actuar para implantar una nueva estrategia de prevención y de transformación que ponga el cascabel al gato y apuesta por una regulación de este tipo de fenómenos de una economía financiarizada y en constante crisis.