13/10/08

Financiarización y nuevas unidades operativas (2/5)


Financiarización y economía real: perspectivas para una crisis civilizatoria.
Eduardo Gutiérrez y Daniel Albarracín


Revista Viento Sur nº101

2. Nuevos formatos de empresa y unidades operativas de producción capitalista


El cambio e intensificación del papel[1] de las finanzas en la dinámica capitalista se traduce en una dinámica de concentración de capital, en la que el capital financiero obtiene primacía y jerarquiza a otros capitales a los que subordina en una cadena de dependencia. En particular, la banca y los seguros son los actores principales, y utilizan diversos instrumentos para condicionar el curso de la economía real. Para diversificar sus capitales son promotores o al menos cómplices necesarios de nuevos vehículos financieros, que ofrecen tasas de alta rentabilidad, perseguidas y conseguidas con limitados escrúpulos, como son las compañías que gestionan fondos de inversión, capital riesgo y fondos soberanos. En definitiva, las denominadas sociedades de inversión.

La obtención hasta el límite de las posibilidades de rentabilidad del capital (The sky is the limit !, proclamaba Emilio Botín en la presentación de los resultados del BSCH, en 2005)[2], como objetivo primordial, en forma de dividendos, plusvalías bursátiles y primas provenientes de acciones, bonos, etcétera, también remodela el denominado “perímetro empresarial” y las estrategias habituales de las empresas, en las que cada vez mayor porcentaje del excedente se ve detraído para engrosar este tipo de remuneración, frente a alternativas de retransformación de la producción y la inversión sostenida. Podemos señalar que la empresa en tanto que unidad operativa de producción y toma de decisiones está perdiendo identidad y autonomía propias, sea como figura emprendedora, inversora o empleadora. Son, en cambio, cierto núcleo de accionistas oligárquico, provenientes de grupos financieros, que gestionan fondos de seguros, fondos de inversión, o procedentes de nuevas fortunas, etcétera; y el abuso de la empresa-red (holding empresariales, grupos de empresa, redes de subcontratación de proveedores y distribuidores)[3], con singulares jerarquías y contabilidades intra-grupo, quienes permiten o no, y determinan, las principales decisiones y transacciones económicas.

Una de las consecuencias más notables es la descentralización y difuminación de la responsabilidad empresarial respecto a diferentes ámbitos en los que actúa e interviene. La dificultad de identificar a los causantes de acciones, las conocidas “externalidades”, sobre todo si son negativas, y la simple y mera retórica de introducir criterios de responsabilidad corporativa (en general, simple mercadotecnia social o medioambiental), origina una confusión que imposibilita determinar quién debe responder de qué. El propósito de fondo es incrementar la rentabilidad para el núcleo inversor, y para ello se remodelan estrategias empresariales para desprenderse de las áreas menos rentables, intensificando la productividad del trabajo en los negocios de mayor ratio ingreso/coste (“cash is the king”, declaran los Hedge Funds), con lo que diluyen riesgos y responsabilidades y se inhiben mejoras e innovaciones (de proceso o de producto).

La consecuencia es una proliferación de nuevas prácticas empresariales. Por ejemplo, las estrategias de gestión que practican los nuevos inversores institucionales sin regulación, entre los que destacan los Hedge Funds., que exigen estrategias de racionalización de costes a los gestores de grandes empresas productivas, amplían el impacto que la financiarización está teniendo sobre las decisiones empresariales de gestión del beneficio, y de su reinversión, - llamado “efecto punción” (Álvarez, I.; 2007)-y por tanto sobre la lógica de la acumulación, el empleo y el salario.

Frente a las clásicas estrategias productivistas de posguerra, en plena etapa keynesiana, se adoptan medidas de “recentramiento (refocusing) y racionalización del capital”, en las que no se expande el sistema productivo, sino que se escogen sólo las áreas de mayor rentabilidad para diluir la relación o desprenderse de las áreas menos rentables (y no sólo las que puedan causar pérdidas). Estas prácticas consisten en:

a) Reestructuraciones. Recorte de áreas, o bien de externalización de éstas. Es muy frecuente desinvertir y fragmentar parte del proceso productivo, y luego ponerlo a la venta. Con ello una parte menos estratégica o bien sirve a unos ingresos extraordinarios, o bien también pueden mantener una relación productiva posterior, pero con unos costes menores y riesgos que quedan fuera de la empresa mediante subcontrataciones.
b) La especialización de la empresa para obtener primacía en el mercado. Más allá de una innovación específica más eficiente o distintiva, puede llevarse a cabo simplemente mediante la fusión o la adquisición de otras empresas competidores para recentrar en una empresa con poder de mercado la mayor parte de la actividad en un área de negocio. Esta estrategia tampoco aumenta la capacidad productiva de un sector, sino que simplemente implementa una estrategia monopolista.
c) En algunos casos, con menos escrúpulos aún, se apuesta no sólo por medidas de racionalización de costes, sino que se exprime directamente el activo de la empresa o alguna característica de interés (alto nivel de cash-flow) para hacer de la empresa en sí la fuente de ingresos, aún a costa de su destrucción. Se planean salidas a corto plazo, que pasan por la adquisición de la mayoría de las acciones de la empresa, mediante medidas de apalancamiento financiero, cuya deuda luego se traspasa a la propia empresa (con transacciones tales como honorarios por consultoría, pago de primas de emisión, etc…) obtener una pronta liquidez para cubrir las deudas del fondo inversor, y poner el propósito de “dar valor al accionista” incluso por encima de una razonable rentabilidad empresarial, vaciando el activo empresarial. Este tipo de prácticas, aún sin una regulación que les ponga coto, acaba por amenazar la viabilidad duradera de la empresa y los empleos de la entidad. En esta casuística se han podido encontrar algunos fondos de inversión y de capital riesgo denunciados por organismos sindicales internacionales (UITA, 2007).

La consecuencia sociolaboral más importante, más allá del frecuente fraude y elusión de las regulaciones mercantiles y fiscales, es la subordinación del derecho laboral al derecho mercantil y por tanto el menoscabo de la calidad de las condiciones de empleo y trabajo y, en este sentido, la pérdida de eficacia de la negociación colectiva. Las nuevas estrategias empresariales, así, no sólo suponen un reordenamiento de la competencia intercapitalista, o incluso una amenaza a la figura de la “empresa clásica”, sino sobre todo una fuente de agresiones que se apropia y erosiona la masa salarial y la fuente de derechos que hasta la fecha le venía asociada.

Por fin, el objetivo desaforado de obtención de beneficios con la modernización del sistema productivo o con su orientación social o medioambientalmente sostenible y de calidad, conlleva una contención deliberada de la producción para generar “escasez” relativa y con ello alcanzar tasas de rentabilidad “óptimas” en lógica individual, pero insostenibles para el conjunto del tejido productivo y social en el que descansa todo proceso de acumulación. Una estrategia de las corporaciones financiero-empresariales, que incluso comienza a complementar sus actuaciones, mediante el “capital a interés”, esto es, apoyada en la reducción o moderación del crecimiento de la composición orgánica del capital, para conseguir aumentos sustanciales de la tasa de beneficio.


[1] Un cambio cualitativo y de proporciones en un sentido multívoco. En primer lugar, refiriéndonos al volumen y peso en la economía, que arroja cifras que multiplica el peso de la producción e intercambios de bienes y servicios; también porque los destinos de la “inversión financiera” han cambiado sus proporciones con orientaciones distintas al pasado (ya no se busca tanto “emprender negocios innovadores y arriesgados”, sino centrarse en actividades fundamentales –energía, materias primas, alimentación, servicios de salud, etc…- para gestionar monopolísticamente su provisión y obtener rentabilidades extraordinarias en actividades de completa necesidad social); y también porque el peso del poder del capital financiero ha ascendido a una cúspide, y situándose en el centro gravitatorio de la influencia económica y política respecto a otras fracciones y grupos económicas ahora en declive en comparación con hace unas pocas décadas.
[2] .- Junto a Morgan Stanley, Goldman Sacha, Societe Generales, …; el Banco Santander, esta siendo desde hace unos años una de las entidades bancarias mas activas en la puesta en marcha de productos estructurados, y promoción de SIMCAV, es decir, de Fondos de Inversion, o Hedge Funds, que en España son denominadas legalmente Inst.Colectivas de Inversion Libre. Según datos de mediados del 2007, de la CNMV, el Santander, había creado y financiaba del orden de 937 HF, con diferentes perfiles de actividad (FIM, y sobre todo SIMCAV), manejando a través de estas entidades un patrimonio de alrededor de 85.506 millones de euros.
[3] .- La mayoría de los grupos empresariales estudiados por los autores reúnen indicios claros de conductas de proliferación de empresas fantasmas, que suponen un claro delito de “abuso de personificación jurídica”, orientados a difuminar cualquier responsabilidad social, medioambiental o laboral, en una red de empresas superpuestas, que desde una visión productiva, comercial y financiera, actúan bajo un centro coordinador, la cabecera de la corporación empresarial-financiera.

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