Financiariación y acción sindical

Financiarización y acción sindical: Se puede empezar a hacer algo.
Daniel Albarracín & Eduardo Gutiérrez. 2008
Apartado adaptado en base al artículo que se pueden encontrar en: http://www.ucm.es/info/ec/ecocri/cas/gutierrez_albarracin.pdf.

Este artículo forma parte de una serie de análisis sobre la financiarización y la crisis sobre la que profundizaremos en las próximas semanas. Ante tratar de superar la confusión, el miedo y la sensación de impotencia de mucha gente, queremos compartir algunas propuestas de cambio y de acción que atañen a las organizaciones sindicales, actores que pueden, desde ya, poner manos a la obra.

Las fuerzas sindicales españolas están prestando una atención tardía e insuficiente al fenómeno de la financiarización de la economía como un factor clave para entender y enfrentar la crisis actual, posiblemente de carácter más grave incluso que la de 1929. Este proceso, marca desde hace tiempo el “pulso” estructural del ciclo de acumulación de la economía mundial y arroja intensos nubarrones sobre la sostenibilidad de una economía desequilibrada. Un sistema orientado a favor de la “extracción” de valor para la estructura financiera y empresarial existente, en menoscabo de la inversión orientada a la generación de valor.

En los últimos años hemos asistido a la consolidación orgánica, la mejor dotación de recursos y cierta institucionalización de la regulación de la vida laboral, social, y para ciertos puntos, económica, de los sindicatos mayoritarios. Sin embargo, este mayor peso de influencia institucional ha venido acompañando por un desplazamiento de su poder respecto a procesos centrales y vertebradores de la economía en los países centrales.

Los sindicatos se han dotado de algunos órganos técnicos con capacidad de elaboración, y constituyen un eje de consulta de los gobiernos, al mismo tiempo que son un pilar básico de la regulación laboral, especialmente la que atañe a la negociación colectiva, incluyendo en la agenda de negociación nuevos aspectos que inciden en la organización del trabajo (salud laboral, igualdad entre mujeres y hombres, formación, etc…). Sin embargo, también han presenciado el desplazamiento del papel central de la negociación colectiva con la reordenación de los grupos empresariales, la transnacionalización de la economía, y la descentralización de la toma de decisiones en el ámbito público y empresarial. El ámbito del derecho mercantil y societario está desbaratando muchas de las conquistas obtenidas para el derecho laboral, pues muchas normativas y acuerdos quedan supeditadas a los amplísimos márgenes de maniobra de las empresas, y, en especial, la prevalencia de la “empresa-red” como figura, en la que los acuerdos con los sindicatos quedan permanentemente subordinados o diluidos por esferas de decisión que quedan al margen de sus competencias.

Empresa red transnacional, y la diseminación de centros de trabajo, comercio y servicio constituyen las tendencias en el momento actual, gobernadas cada vez más por criterios corporativos con un ojo en la rentabilidad y otra en el ámbito financiero. Las cadenas empresariales, franquiciados, holdings, etcétera son la tónica dominante de los mercados. Esta aparente fragmentación, efectiva en lo que atañe a la realidad cotidiana de los y las trabajadoras y en especial de su capacidad de negociación, no impide una mayor concentración del capital, que se traducen en nuevas prácticas de individuación laboral. Éstas están debilitando fundamentalmente la clásica fuerza estructural del movimiento obrero, amén de cierto retroceso ideológico favorable al neoliberalismo, y, en consecuencia, sus medios y modo de vida.

Los sindicatos, si quieren enfrentar la nueva realidad económica y empresarial han de plantear actuaciones en dos dimensiones complementarias.

En primer lugar explorar discursivamente un tipo nuevo de organización participativa que responda al nuevo perfil de la economía capitalista.

La clave orgánica no debería ser la articulación sectorial/comunidad autónoma, sino la relación salarial como fenómeno central (más allá de su formalidad cabe incluir los falsos autónomos económicamente dependientes; la economía informal; la población parada; y prestando especial apoyo a los precarios, inmigrantes y las mujeres jóvenes), y la figura de geometría variable denominada “empresa-red” de carácter transectorial y transnacional. Los trabajadores cambian más frecuentemente de empleo y sector, así como de “carrera profesional” y la identificación con un sector es cada vez más relativa. La coordinación transversal entre sectores se ha de traducir en la colaboración de la acción sindical a escala de concentración de centros de trabajo y trabajadores (polígonos industriales, centros comerciales, zonas de ocio, polígonos de oficinas y polígonos empresariales), por un lado; por el otro, la colaboración a lo largo de las empresas-red en relación sustancial debe ser otra referencia, sobre todo porque las decisiones clave se desenvuelven a ese nivel. Quizá convenga establecer órganos de intervención y coordinación al modo de secciones sindicales de “distrito económico” o de “empresa-red”.

Tengamos en cuenta también un nuevo perfil móvil de clase trabajadora. La generalización de una cualificación del tipo “formación abstracta” (dominio de códigos y símbolos para el manejo de ciertas aplicaciones y lenguajes informáticos y herramientas telemáticas) se debe a un sistema de formación y educación orientado a movilizar capacidades versátiles y dinámicas, pero donde los contenidos y la perspectiva edificante, crítica y creadora de ciudadanía éticamente responsable y globalmente consciente está ausente. La ampliación de la base de ocupaciones que permiten una mayor adaptación de una fuerza de trabajo cada vez más polivalente, a una mayor gama de puestos (más que obreros serían “operadores de sistemas”) es otra circunstancia que reduce la necesidad de ligar un puesto de trabajo a un trabajador determinado, porque ya son más intercambiables. Al tiempo, una mayor flexibilidad en las modalidades de contratación y despido laboral, propician la circulación y la movilidad cada vez más fluida y amplia del empleo de la fuerza de trabajo.

Sería precisa una estructura orgánica más coordinada, que diese más participación general en la toma de decisiones, de manera centralizada y lo más transnacional posible, que permita adaptación (que no supeditación) a lo local, y que desconcentre las actuaciones. Lo local ha de adoptar una perspectiva y un vínculo y coordinación internacional, además implica en mejor modo a los y las trabajadoras. Asimismo, no parece admisible que los y las trabajadoras de empresas de centros de trabajo de menos de 6 trabajadores carezcan de representación directa, así como otras muchas figuras laborales. Hay que propugnar comités de empresa o bien de “distrito económico”, o bien de “grupo de empresa”, pues la atomización por empresa o incluso por centro rompe la posibilidad de una influencia decisiva.

El sindicato debe formar a sus miembros en materias hasta ahora algo ajenas como es economía de la empresa y financiera, derecho mercantil y societario, etcétera…, aparte de formar sindicalmente para adoptar una actitud más combativa y consciente.

Pero también, se hace imprescindible, en lo que concierne a la negociación colectiva y la regulación para encauzar la problemática y los excesos de la financiarización, presionar para una regulación económica de todas las iniciativas empresariales que transgredan el principio de suficiencia económica (satisfacer costes a medio plazo) y la eficiencia duradera justificada en una inversión socialmente útil, medioambientalmente sustentable; así como impedir por ley la destrucción de empleo en empresas con beneficios.

Las formas de influir sindicalmente son diversas. A falta de acciones políticas de mayor alcance, para evitar, en particular, los efectos más perjudiciales de las “prácticas extremas” de las sociedades de inversión se puede empezar por:

Þ Exigir una transparencia contable y una mayor información sobre procesos internos de las empresas (relaciones laborales, mecanismos de innovación tecnológica, sistemas energéticos empleados, planes de inversión y empleo, etc…). Que se aplique a empresas de cualquier tamaño, coticen o no en Bolsa.

Þ Exigir contabilidades de grupos de empresa, dando cuenta de las transacciones de su mercado interno.

Þ Acordar y tipificar la responsabilidad de los empresarios, accionistas y empleadores, de manera subsidiaria y proporcional, con todos los intereses sociales existentes (trabajadores, acreedores, etc…). Establecer cláusulas que determinen una mayor responsabilidad personal a los propietarios de acciones (revertir la figura de la “sociedad anónima”). Especial énfasis en situaciones de fusión, absorción y reestructuración (externalización y recorte de empleos) y quiebras fraudulentas.

Þ Reclamar auditorias independientes cuando se produzca un cambio sustancial en el consejo de administración por la entrada de nuevos accionistas. Exigir un proceso de negociación que mantenga o mejore las condiciones laborales de la plantilla, identificando los nuevos empleadores y su vínculo con la propiedad.

Þ Mejorar la situación financiero-inversora de la empresa, antes de acometer cualquier recorte de empleo. Apostar por la recolocación y formación antes que por soluciones traumáticas.

Þ Plantear a los poderes públicos regular los límites a la concesión de dividendos y primas de emisión, o los honorarios a los “gestores de los fondos”, así como equilibrar la presión fiscal con otras fuentes de rentas, si es que no se gravan en mayor medida.

Þ Reclamar a los poderes públicos una regulación del ámbito financiero y unos límites a las prácticas de las sociedades de inversión, por ejemplo, exigiendo una inversión con una estabilidad mínima en el tiempo para poder influir en el gobierno de las empresas, y una completa transparencia de sus acciones.

Þ Estimular y reforzar las instituciones (fiscalías de delitos económicos y mercantiles, ampliación de juzgados mercantiles,…..) dedicadas a la supervisión, fiscalización y persecución de las actividades económico-financiero-empresariales en un contexto de múltiples jurisdicciones (la mayoría en paraísos fiscales), en las que actúan las transnacionales, y sobre todo las nuevas organizaciones, empresas, y/o sociedades financieras.

La situación estructural descrita ha generado relaciones sociológicas y mercados profesionales internos de manera que se detectan “coaliciones” de intereses entre los profesionales reguladores, y los gestores, diseñadores de productos de hedge funds, en una evidente cohabitación en el sistema entre grupos de expertos reguladores y ejecutivos de las entidades bancarias y gestoras de hedge funds; que intercambian papeles e influencias periódicamente (La Vanguardia, Andy Robinson). La necesaria regulación de estas lagunas de tráfico de influencias y “mafias de intereses” es improrrogable.

Podríamos decir que la, hiperbólica, financiarización que vive la economía global, con la explosión desatada de los derivados financieros, de futuros, créditos, diferenciales, divisas, materias primas, agua, energía eléctrica….etc; no solo amenaza con regalarnos muchos mas fraudes financieros, y con crecientes riesgos de crisis financieras como las soportadas por México, Sudeste Asiático, Rusia,….pero en estas nuevas ocasiones en una dimensión más determinante, por el tamaño económico de las áreas potencialmente afectadas: USA y la UE.

En líneas generales, los diferentes gobiernos que han conducido los Estados occidentales han apostado decididamente por una línea contraria a la regulación de los movimientos de capitales, pues han entendido que estos constituyen una oportunidad de impulso más que un factor de desorden. Han apostado por ofrecer un mayor atractivo a cada “plaza”, que construir las condiciones para un incremento de las tasas de inversión e innovación modernizadora. En este sentido, un caos sistémico de grandes proporciones como el que se ha puesto en marcha, si bien con la presencia de un mayor peso de opciones políticas comprometidas con introducir garantías y límites a ciertas dinámicas del capital y el mercado, podría animar a regular algunos aspectos de este tipo de movimientos.

Las organizaciones sindicales internacionales, eternos aspirantes a ser actores sociales con poder contractual en la economía global, y con la CSI a la cabeza, mantienen, denuncian y reiteran posiciones muy claras respecto de las actividades de los fondos de capital privado y especulativos, a los que consideran arquetipos de la “tardía financiarización” que vive la economía global y sobretodo y ”básicamente un modelo de negocios antagónico con la idea de trabajo”[1].

La opinión sindical a nivel internacional es clara, y considera que no sólo perjudica a los trabajadores de las empresas adquiridas por los hegde funds, sino que amenaza a toda la sociedad en su conjunto, al deprimir de un lado los ingresos fiscales, y de otro, vía ingenierías y apalancamientos financieros, trasladar los costes de financiación de la adquisición a las empresas compradas. Muchas de estas empresas son concesionarias de servicios públicos (agua, energía, sanidad, educación, seguridad,….), que tras la adquisición reducen las inversiones necesarias para garantizar el nivel y mantenimiento en el medio y largo plazo del nivel de prestaciones. De esta forma, deteriorando los servicios públicos colectivos[2], generan simultáneamente una evidencia de deterioro de lo “público” habilitando nuevas justificaciones liberales y nuevas apropiaciones de lo colectivo en favor de los intereses del capital privado más depredador y ambicioso.

La rotunda calificación que esta intensa financiarización ha merecido de las organizaciones sindicales globales, esta encontrando un tímido y silencioso posicionamiento en las organizaciones sindicales mayoritarias de nuestro país. Ni tan siquiera ha podido confirmarse, a fecha de hoy, que la contundente declaración de la CSI, dentro del documento de referencia:”Cuando la casa siempre gana: Capital privado, fondos especulativos y el nuevo capitalismo de casino”, haya contado con un apoyo práctico – especialmente en lo organizativo e instrumental - de los órganos ejecutivos de las organizaciones sindicales españolas.

[1] .- Destaca por su profundidad y ambición, el texto de la CSI, así como de la UITA (Unión Internacional de Trabajadores de la alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines, con posiciones muy claras y explicitas en relación con el diagnóstico y terapias incorporadas. Ver bibliografía al final.
[2] .- Sobre los efectos que estas entidades hijas de la desregulación-liberalización financiera de los años 80, están generando en las empresas privadas, concesionarias de servicios público, tales como los servicios sanitarios a la tercera edad, ver el artículo: “At Many Homes, More Profit and Less Nursing”. September 23, 2007 The NewYork Times