Por una Reforma Laboral a la Ofensiva: El 12 del 12 a las 12 Movilización General (Atocha-Puerta de Alcalá, Madrid)

Nos felicitamos por el inicio de la activación de los sindicatos mayoritarios de este 12 de diciembre. Ahora bien, ante las provocaciones de la patronal, las políticas neoliberales o timoratas del gobierno, ESTA MOVILIZACIÓN GENERAL ha de ser, más que una llamada de atención, UN PUNTO DE PARTIDA.

La MOVILIZACIÓN NO PUEDE SER UN SUBPRODUCTO DE NEGOCIACIONES FALLIDAS, SINO LA FORMA DE SER Y HACER DEL SINDICALISMO.

El verbo Movilizar se conjuga primero con análisis y propuestas; se sigue conjugando con planes periódicos de información y consulta en asambleas, con debates y formación para la afiliación; Y se continua conjugando, con fines de denuncia, protesta y con objetivos de conquista concretos, con campañas de propaganda, difusión de documentos, convocatoria de concentraciones, manifestaciones y, porqué no, Huelgas Generales, preparadas debidamente. Movilizar no es sólo hacer ruido y molestar puntualmente, consiste en enraizar, poco a poco, un discurso y cultivar una actitud entre los nuestros y en la sociedad. Con movilización y fuerza social se llega mejor a la negociación y al diálogo social. Y eso es responsabilidad del sindicato.

Se trata de una crisis del capitalismo global, y a una crisis mundial hay que responderle con una CONTESTACIÓN INTERNACIONALISTA. Los sindicatos deben ser conscientes que el primer corsé para las políticas a favor de los y las trabajadores es el modelo de Unión Europea realmente en construcción. Sin otro modelo de Europa, sin una regulación laboral y fiscal europea, sin expectativas de un Estado del bienestar europeo, sin una Europa solidaria, no hay futuro para los y las trabajadoras.

La crisis es económica, ecológica, de materias primas, alimentaria, es una crisis social y de desempleo masivo, de depauperación de las rentas salariales directas e indirectas. Pero es, en este caso, una crisis financiera. No basta una mera revisión del sistema, es imprescindible la RECUPERACIÓN DE LA BANCA PÚBLICA, LA EXPROPIACIÓN DE BANCOS INCUMPLIDORES, Y UNA REGULACIÓN CONTUNDENTE DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO.

Con la crisis campando a sus anchas, sin tocar nada, con el modelo laboral ultraflexible vigente, el desempleo seguirá en ascenso. No basta con medidas de apaño paliativas y transitorias. No son suficientes medidas como la compatibilidad de la reducción de jornada con la prestación de desempleo, porque eso no es otra cosa que repartir el paro y la miseria. HAY QUE GENERAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE GENERACIÓN DE EMPLEO, EN EL MARCO DE UNA ECONOMÍA ECOLÓGICAMENTE SUSTENTABLE, Y DE REPARTO DEL TRABAJO Y DEL EMPLEO, SIN REDUCCIÓN SALARIAL. Ante una crisis como esta, no vale con plantear medidas defensivas. RESULTA IMPRESCINDIBLE RECLAMAR Y LUCHAR POR UNA REFORMA LABORAL A LA OFENSIVA. Por eso debemos ir más allá de los 12 motivos expresados por los sindicatos mayoritarios, invitándoles a continuar el combate y amplificar los objetivos:

- Por las 35 horas por ley y por negociación colectiva, sin reducción salarial.
- Por la formación de un fondo para la creación de empleo público directo financiado con el conjunto de las ineficaces bonificaciones y subvenciones a la contratación.
- Por un incremento del SMI hasta los 1000 euros mensuales en cinco años.
- Por un crecimiento salarial mínimo según la productividad sectorial más el deflactor del PIB pasado (un indicador más apropiado que el IPC).
- Por la prohibición de despidos en empresas con beneficios.
- Por la causalidad de la contratación temporal. Revisión y concreción casuística de las modalidades contractuales de obra y servicio, y de circunstancias eventuales de la producción. Definir estrechamente empleo temporal justificado.
- Por incrementar las cuotas a la seguridad social del empleo temporal sensiblemente por encima de las de la contratación indefinida, para desempleo y accidentalidad laboral.
- Por la elevación del coste del despido del contrato temporal a 60 días por año trabajado y por la generalización de 45 para el empleo indefinido.
- Por un sistema de pensiones público que se consolide no sólo con cuotas, sino también que se apoye financieramente en impuestos directos procedentes de rentas y patrimonio.
- Por una Ley de Igualdad que exija parámetros mínimos para la erradicación de la segregación horizontal y vertical o cualquier tipo de discriminación directa o indirecta, y el establecimiento de medidas para acabar con la desigualdad salarial. Desarrollo de sistemas de selección y de promoción de personal y de sistemas de clasificación profesional objetivos y transparentes.
- Por la configuración de una red de escuelas infantiles y guarderías, y de agencias de ayuda a domicilio, de carácter público, financiadas con impuestos directos.
- Por una equiparación de trato del colectivo inmigrante sea comunitario o extracomunitario, con el autóctono.
- Por un cambio del régimen fiscal para incrementar la proporción de impuestos directos y progresivos en los ingresos del Estado.
- Por una inversión pública orientada por una planificación favorable a la reactivación económica, la regeneración y sostenibilidad ecológica del modelo productivo, la redistribución social y regional, y que apueste por áreas estratégicas que respondan a las necesidades sociales.

2009: año de la crisis ¿año del conflicto?. El diálogo social y la negociación colectiva en cuestión.

Daniel Albarracín

6-10-09

El año 2009 está fraguando tras mucho tiempo de paz social una nueva etapa en la relación entre patronal y sindicatos. Estamos asistiendo a la quiebra del diálogo social, vemos cómo la negociación colectiva sobre salarios fracasa y el conflicto laboral por la crisis sólo empieza a descollar, de manera tardía y poco firme. Mientras, los pagaderos siguen siendo los y las trabajadoras con más desempleo y congelaciones salariales en muchos casos.

La actual situación de profunda crisis económica coincide con el cambio de pauta en las organizaciones patronales y sindicales con reconocimiento institucional para operar en el diálogo social. CEOE ha cambiado de director de orquesta. Díaz Ferrán representa sin pudor a las grandes compañías, al gran capital en primer lugar, sin las más mínimas consideraciones diplomáticas que, por lo menos en alguna medida, su antecesor Cuevas sostenía. La CEOE ya no representa a todo el tejido empresarial español, y si bien nunca lo hizo, ahora ni lo intenta. En el contexto de crisis, las pequeñas empresas pierden espacio, y, naturalmente, las grandes empresas lo ocupan y son las principales beneficiarias.

Mientras la UGT actúa cómplice de las políticas socialiberales del PSOE, conformándose con alguna medida compasiva y declaraciones que luego en muy poco se cumplen (reforma fiscal, por ejemplo), CCOO se ha resituado en su proyecto estratégico con un nuevo equipo de dirección que se distancia de la línea socialiberal de Fidalgo, anterior secretario general. CCOO ha girado parcialmente hacia postulados simplemente socialdemócratas, pero con la necesidad de convivir, ante una victoria por la mínima en el último congreso de este año, con el modelo ideológico y el modus operandi de décadas de un sindicalismo que en aras de la negociación por la negociación, huía del combate. El sindicalismo mayoritario en este país consolidó en todo ese tiempo la transacción histórica de la Transición Política en la que se intercambiaba desmovilización por fortalecimiento organizativo y reconocimiento institucional. Sin embargo, con el cambio actual el conflicto ocupa un lugar diferente. Si con Fidalgo plantear el conflicto constituía algo anacrónico, ahora se prima el diálogo y la negociación a toda costa, y si ésta fracasa, puede abrirse camino a enfrentar el conflicto.

No es que sea lo ideal, pues lo suyo es afrontar la negociación asumiendo y encarando el conflicto, movilizando en todos los planos que eso significa, desde el inicio del mismo. La Movilización debería constituir el vehículo principal del sindicalismo de clase. Entendiendo por tal un amplio abanico de actuaciones:
- estudiar y diagnosticar adecuadamente las situaciones,
- informar cotidianamente a la afiliación, consultar las decisiones a ésta,
- plantear propuestas alternativas,
- y expresar protestar para ganar fuerza y legitimidad social así como buscar conquistas específicas como objetivos a lograr, mediante, en su caso, concentraciones, campañas públicas, manifestaciones y huelgas a todos sus niveles, de manera proporcionada a dichos fines.

El conflicto este año conviene contextualizarlo. Y tiene que ver con la crisis. La disputa aquí se sitúa principalmente en el marco de la política salarial. Desde los años ochenta, los salarios nominales han pasado a crecer igual o incluso menos que la inflación lo que ha supuesto un estancamiento de los salarios reales. El sindicalismo en todo ese tiempo estaba dispuesto a aceptar una teórica, pero mal fundamentada, transacción de moderación salarial por mantenimiento del empleo. Pero esa transacción ni se sostenía en la teoría ni en la práctica, y su traducción derivaba en el engrosamiento de los excedentes. La diferencia ahora es que, al menos en el discurso, no se admite que sigan siendo los salarios ni las políticas sociales las que sigan pagando los platos rotos causados por otros.

Con todo, a finales del año pasado, la patronal prosiguió y profundizó su línea de provocaciones y agresiones. Primero, abandonando los ya tímidos y moderados Acuerdos Interconfederales para la Negociación Colectiva, que, por otra parte, planteaban que los salarios debían crecer manteniendo el poder adquisitivo según la previsión de inflación gubernamental, mediante la activación de cláusulas de revisión a final de cada año para garantizarla, más el crecimiento de la productividad. El cumplimiento de estos acuerdos fue desigual, pero cierto, y se traducía en que al menos los y las trabajadoras cubiertos por la negociación colectiva, cuya cobertura debe estar en torno al 70% -por lo que el resto queda fuera- sostenían crecimientos salariales que aguantaban los salarios reales. Aunque las ganancias de productividad ni se calculaban ni se exigían, engrosando las masas de beneficios sin compromisos ni siquiera de reinversión. La pérdida del salario relativo, del peso de los salarios en el PIB, se debía a que la rotación del empleo suponía que los y las nuevas contratadas entraban siempre en las escalas salariales más bajas, extendiendo el fenómeno del mileurismo y, en suma, la precariedad salarial y en el empleo.

No fue suficiente, y en Julio pasado la patronal volvió a romper todos los protocolos del diálogo social, y el más mínimo respeto a un proceso leal de negociación. Y exigió, como todavía exige, reducciones en las cuotas a la seguridad social, una reducción de impuestos al capital, así como un nuevo modelo de contrato indefinido con sólo 20 días por año trabajado como indemnización, lo que supondría generalizar la precariedad absoluta en el empleo para toda la clase trabajadora.

Desde entonces los sindicatos mayoritarios titubean. Protestan, y proponen cosas diferentes, como si con propuestas técnicas se pudiese convencer a quien no entiende otra cosa que las relaciones de poder y de fuerza. Primero fue la propuesta de que, en un contexto de deflación, los salarios creciesen el 2% como se acostumbraba mediante la “previsión de inflación del gobierno”, para estimular el consumo. A falta de una respuesta más contundente, los sindicatos mayoritarios, por ejemplo CCOO, plantearon después, y vuelven a proponer ahora, un pacto salarial para todo el periodo previsto de crisis, con unos acuerdos que abarcasen 2010-2012 en virtud de los cuales se establecería un crecimiento moderado de los salarios, para que “las empresas no se asfixiasen con la crisis”, que lo serían menos moderados para los bajos salarios, a cambio de una cláusula de revisión tras esos tres años que considerase el mantenimiento del poder adquisitivo, las ganancias de productividad, y el compromiso de que en la próxima legislatura el SMI subiese a los 800 euros.

Pero es que llegados a la altura de este año nos encontramos que un gran número de convenios colectivos están bloqueados en su cumplimiento o en su negociación por parte de la patronal. Esta es otra agresión más. Se estima que hay 135 conflictos abiertos y la resolución de estos convenios afecta a 1,2 millones de personas.

Erre que erre con la vana esperanza en la negociación y el diálogo social han seguido los sindicatos mayoritarios su trabajo para, al menos, desbloquear estos convenios. Comprobado está que la movilización tiene sus frutos con el sector del metal. Es allí, donde los sindicatos se han puesto algo más firmes, por ejemplo el pasado día 28 en el sector del metal, donde se han conseguido firmar 13 convenios pendientes de hacerlo.

Pero la CEOE ahora dice que algunas organizaciones patronales, especialmente las de Andalucía y Construcción, y en parte la del Metal, bajo su manto puede que no quieran cumplir un compromiso en ese sentido, y que no puede por tanto firmar algo así. Hoy mismo CCOO y UGT anuncian sus propuestas alternativas, y ya se propone una manifestación para Diciembre contra la patronal y por el desbloqueo de los convenios.

Esas propuestas se centran en el mencionado acuerdo plurianual, con un crecimiento mientras se compensa a final del periodo de los salarios entre el 1%-2% anual, el desbloqueo de los convenios, así como en un acuerdo basado en el empleo, reducir “la temporalidad injustificada”, los salarios, y la moderación de los beneficios empresariales y los salarios de la alta dirección y los consejos de administración, orientando el excedente para aumentar la estabilidad en el empleo y la formación para los y las trabajadoras.

El inicio del conflicto directo debería haber venido desde hace tiempo, pero mejor tarde que nunca. El 12 de diciembre tendremos, en cualquier caso, una “movilización general” convocada, al menos, por CCOO y UGT. También es una pena que se renuncie a preparar una más contundente huelga general, aunque hay que trabajar por que esta opinión cambie. No obstante, dada la envergadura de la crisis y de las agresiones, es imprescindible incluir en el saco de los responsables al propio gobierno, a la política europea, y las políticas económicas que ni son capaces de superar la crisis y que además hacen soportar sobre los y las trabajadores todos los sacrificios. Parece inaceptable que, aunque entendemos que por la falta de autonomía de UGT respecto del PSOE éstos sean seguidistas, no se planteen cuestionar en toda su amplitud no sólo a la patronal, sino la propia política económica, el recurso a la crisis para justificar el ajuste sobre el empleo y sobre los salarios, y que por tanto, se enfrenten al gobierno y sus políticas, y al propio modelo capitalista que está originando este desaguisado.

Porque de lo que se trata no es sólo de que los salarios mantengan el poder adquisitivo, repartir las ganancias de productividad, para sostener su peso en la producción, o de que la negociación colectiva mantenga y mejore las condiciones laborales y se aplique, o gobernar el excedente, que sólo serían medidas de mera resistencia, si no de cuestionar las relaciones de poder y la propia relación salarial que está en el centro de las injusticias y desórdenes globales.

Sobre la ruptura de la mesa de diálogo social

Daniel Albarracín, 25-7-09

Al final la CEOE planteó una contrapropuesta desleal con el proceso de negociación con medidas radicales de corte neoliberal, con el propósito deliberado de sabotear el resultado de la mesa. Detrás de esta actitud se encuentra una intención política de deslegitimación del gobierno y de los sindicatos, hacerse pasar como víctima cuando ha sido la auténtica responsable de la ruptura, con medidas inasumibles por parte de los sindicatos y, finalmente, incluso inaceptables para el gobierno socialiberal del PSOE. Evidentemente, proponer sin tapujos el programa patronal supone una arrogancia y un ninguneo de las otras partes, que quiere dejar en mejores condiciones de negociación para la patronal, una vez la crisis siga profundizándose. Con este río revuelto, el gobierno seguirá retrocediendo por el efecto de una crisis, de la que también es incapaz de contener ni corregir, con lo cual el principal beneficiario, en estado psicológico de la opinión pública dominante, será el Partido Popular.

Se señala que al final saldrá una mejora y ampliación de los subsidios de desempleo, en una versión light. Con lo cuál no se puede estar descontentos, aún admitiendo que eso no es más que un parche y en modo alguno una solución. Basta con que la crisis siga campando a sus anchas, con unas medidas implantadas que por sí mismas favorecen a las grandes corporaciones financieras y los más importantes grupos de presión sectoriales privados, para que con el modelo laboral flexible existente, los y las sacrificadas sigan siendo las familias trabajadoras.

Pero en efecto, esto no nos puede satisfacer. La gravedad de la crisis y las medidas que la enfrentan no nos permite augurar ni una salida inmediata ni en las condiciones válidas, salvo para aquellos oligopolios y sociedades anónimas que concentran los mercados y ocupan el espacio vacío de las empresas destruidas y que se benefician del retroceso de la fuerza de negociación colectiva e individual de los y las trabajadoras, amedrentados con la amenaza y realidad del desempleo.

La(s) crisis no es identica ni sigue el mismo ritmo para todos. El empleo creado y ahora destruido no volverá a recuperarse en décadas. La calidad del empleo padecerá las agresiones de las políticas de ajuste y reestructuración, con lo que las condiciones de vida, en medio de políticas contra los servicios públicos y derechos sociales, seguirán deteriorándose.

A la clase trabajadora, y a sus organizaciones más conscientes y combativas no les queda otra salida que responder con una movilización sostenida, propuestas a la ofensiva, y una lucha por los derechos y por conquistar espacios de poder popular con políticas económicas y sociales favorables para los y las trabajadoras, desde ellos mismos.

Las contradicciones sistémicas son en extremo intensas y complejas, y para su resolución ya no hay margen para negociaciones. Los próximos años serán años de conflicto manifiesto, de luchas sociales y políticas de primera magnitud. Organizarnos para enfrentar esta batalla, desde la izquierda, se antoja completamente imprescindible.

Valoración sobre el preacuerdo del Diálogo Social (25/6/2009): oportunidades para discutir tras la ruptura (¿temporal?) de la mesa.

1. Introducción

En curso se encuentra el proceso de diálogo social entre gobierno y agentes sociales en la que se había planteado un preacuerdo por parte del Gobierno, del que damos somero análisis a continuación. A fecha de hoy, 3 de Julio, la patronal ha planteado cinco medidas más (el contrato único con indemnización intermedia entre el contrato temporal e indefinida; una reducción de cotizaciones a la seguridad social entre 3 y 5 puntos; una bonificación a los EREs del 100% durante un año y no del 50% durante nueve meses; aumentar la liquidez del ICO, y hacer exento de cotización el periodo de baja por incapacidad laboral entre los días cuatro y quince). Esto supone que los sindicatos CCOO y UGT han roto las negociaciones, especialmente, tras la actitud comprensiva del Gobierno ante las nuevas propuestas e, incluso, según el periodista Carlos Sánchez, se amenaza con la Huelga General.

No obstante, los contenidos del propio preacuerdo merecen una valoración en sí para entablar discusión de fondo más adelante sobre ellas. Los sindicatos ya habían mostrado disconformidad con dos puntos del preacuerdo, que a continuación se examina, especialmente la reducción de cotizaciones a la seguridad social en 0,5 puntos, y la propuesta que haría posible entrar a las ETTs en sectores de riesgo. Sin embargo, sólo un incremento de propuestas regresivas patronales les ha hecho levantarse de la mesa de diálogo social. CCOO mantendrá el próximo 22 de Julio una reunión del Consejo Confederal para tratar el nuevo escenario.

2. Los contenidos del preacuerdo

Los contenidos del preacuerdo del 25 de Junio incluyen, las siguientes medidas, que hemos ordenado por su nivel de relevancia. Nuestro análisis parte de la siguiente base argumental: el modelo político determina la política económica. La política económica es la que orienta el modelo de relaciones de producción vigente, y ambas determinan el desarrollo de la acumulación, la creación y destrucción de empleo, el tipo de organización productiva dominante, etc… A continuación las políticas de empleo y laborales regulan las condiciones de empleo de la fuerza de trabajo del empleo creado. Las políticas sociales son fundamentales para la configuración de un tipo u otro de reproducción social. Otras actuaciones como son las de supervisión, evaluación, etcétera, fijan la atención en la aplicación de medidas establecidas anteriormente, y por tanto no alteran la naturaleza de la reforma, sino su eficacia.

¿Pero cuáles son las medidas de este preacuerdo y qué decir al respecto desde una óptica crítica?:


Reformas de Política Económica:

A) Medidas de reforma fiscal.

a) Impuesto de sociedades. Se plantea reducir en 5 puntos el Impuesto durante 3 años a PYMES con menos de 25 trabajadores y con menos de 5 millones de euros de ventas anuales, que no destruyan empleo en 2009 y 2010; y una reducción equivalente en el IRPF para autónomos que empleen personal a su cargo. Coste estimado: 1000 M€ anuales. Esta medida igualmente no creará empleo, y sólo premiará a las empresas más competitivas o que casi lo sean dentro de un mercado en regresión. La creación de empleo depende de las expectativas de beneficio. Sólo conseguirá mantener empleo en una pequeña fracción de empresas que estuviesen en situación de beneficios (cuando se paga el impuesto) y en la frontera de, por la crisis, realizar pequeños ajustes de empleo. En empresas con pérdidas no repercutirá en absoluto y no impedirá el recorte de empleos. Se trata de una medida regresiva.

b) Deducción sobre vivienda. Se propone eliminar la deducción por inversión en vivienda adquirida a partir del 1 de enero de 2011. Pretende reequilibrar los incentivos fiscales para el alquiler y la compra de vivienda, mejorando la deducción por alquiler y mejorar los incentivos fiscales para el arrendador. Estas medidas no son negativas en sí mismas, porque incentiva el alquiler, si bien las deducciones en esta materia de cualquier tipo han demostrado en la práctica no hacer otra cosa que aumentar los precios y las rentas, pues se trata de un mercado en que el oferente tiene capacidad de imponer precios. Las actuaciones en esta materia debería ser fiscalizar el mal o nulo uso de las viviendas o locales, derivar las viviendas vacías hacia un gran mercado de alquiler, la intermediación pública, y regulaciones que pautasen límites en la renta, garantías de cobro, y calidad de las viviendas, así como retirar cualquier incentivo fiscal a la compra.

B) Medidas de financiación al sector privado.

a) Se agilizarán y flexibilizarán las líneas de financiación ICO, para mejorar la eficiencia y fluidez de los fondos ICO en la financiación de las empresas. Es una medida de gestión que racionaliza y hace más fácil el uso de los fondos.

b) Se habilita un Fondo ICO para “financiación para Economía sostenible en el ámbito empresarial”, que, en teoría, faciliten una transición hacia un desarrollo económico sostenible, hacia el sector privado de 20.000M€ (la mitad a través del ICO y el resto por instituciones financieras privadas). No se trata qué se entiende por “desarrollo sostenible” y cuáles son las condiciones de financiación. Sin más, es una subvención al capital sin clarificar las condiciones para que las inversiones merezcan esa financiación blanda.


C) Medidas de inversión, con financiación pública y gestión privada:

c) Se propone un Fondo de Inversión Local, en continuidad con el existente, para obras de mejora de productividad en el ámbito tecnológico, medioambiental y de sistema de atención a la dependencia. 5000 M€ para empresas a asignar por parte de entidades locales.

Política laboral:

A) Reducción de costes laborales:

a) Se prevé una reducción de las cotizaciones a la seguridad social por contingencias profesionales de 0,5 puntos, lo que supone 1.600M€ de ahorro empresarial. Aunque la medida se justifica en un superávit de dicha partida, se reedita la costumbre de abaratar costes laborales a las empresas sin garantizar el destino de dichos fondos a actividades o fines de utilidad comprobable. Se trata, sin más de una transferencia de rentas de la masa salarial indirecta a los beneficios empresariales, erosionando los fondos de la Seguridad Social, aunque al día de hoy goce de buena salud. El preacuerdo afirma que es para incentivar el empleo, pero esto se basa en un postulado ideológico que, además, es falso. La creación de empleo en un entorno capitalista depende de las expectativas de beneficios de la nueva inversión, tasa de rentabilidad que está retrocediendo en el actual contexto de crisis. Los ahorros en costes laborales se traducen en disminución de pérdidas o aumento de beneficios, pero no modifican las decisiones de inversión, y por tanto no se creará empleo en el actual contexto, porque las tasas de rentabilidad dependen de medidas que contribuyan a salir de la crisis. Está más que comprobado que la crisis actual tiene un origen sistémico y financiero –la financiarización-, que coincide también con una crisis de superproducción, y una tendencia actual a la caída de la tasa de beneficios. Atacar a los salarios indirectos es injusto, antiredistributivo e injustificado, sobre todo porque pone énfasis en la responsabilidad de la evolución de la masa salarial en la crisis, cosa que no se corresponde con la realidad, y que además, no comporta solución para la grave crisis que padecemos.

B) Medidas de intermediación laboral.

a) Se evaluará y potenciará el programa de orientación laboral con un coste de 52M€, pudiéndose ampliar la plantilla existente de 1500 orientadores. Esta medida parte de la débil idea de que el problema de desempleo se base en que los individuos no sepan buscar empleo o planificar su formación. Siendo este tipo de planes de interés, son sólo una medida parcial. Desde luego, la razón principal del desempleo no radica en la torpeza de las personas para buscar empleo sino en que este no se crea, o que las medidas de acceso generan obstáculos de discriminación entre grupos sociales.

b) Se pretenden suprimir los límites de actuación a las ETTs (los sindicatos están disconformes con esto) y podrán actuar en cualquier sector (inclusive AAPP y construcción). Esta es una medida regresiva donde las haya. La gestión de la temporalidad sin límite en cualquier profesión profundizará la contradicción de que se provea trabajadores de paso para empleos que requieren cualificación y carrera profesional acumulada en el tiempo, con unas condiciones de protección sindical prácticamente nulas. Sectores peligrosos que requieren profesionalización garantizada y estabilidad, como por ejemplo la construcción, no pueden abordarse por trabajadores desprotegidos, que se sienten de paso y sin horizonte, o descualificados. Además, eso supone generalizar el uso externo y temporal de empleos considerados no estratégicos para la empresa, sin garantías que la ETTs no haga otra cosa más que cesión laboral de trabajadores. La única posibilidad admisible de la existencia de ETTs sería, si acaso, la especialización de éstas en profesionales cualificadas de utilidad transversal y permanente, pero de empleo temporal en las empresas de un sector. Las ETTs deberían especializarse en la formación permanente de estos profesionales, dar asistencia técnica y de recursos específicos a éstos, y obligárseles a dar empleo estable. Pero la medida parece que va en sentido contrario.

C) Medidas de control del absentismo:

a) Entre las medidas (no contestadas por los sindicatos) está el mayor control del absentismo, mediante la mejora del sistema de comunicación INSS-Mutuas, convenios entre INSS y CCAA para garantizar el seguimiento de las enfermedades profesionales y comunes desde el primer día de baja (¿algo así como oficializar el médico-policía?), o el establecimiento de convenios para disminuir los costes merced a mejoras en las condiciones de trabajo e instrumentos de control. Estas medidas suponen una desconfianza de trato a los trabajadores, especialmente si no se concretan las medidas de mejora de las condiciones de trabajo y de empleo que reduzcan los riesgos profesionales para la salud y mejoren la motivación para el trabajo. Ni que decir tiene que puede suponer una ingerencia en la vida personal el seguimiento de un estado de salud que ya ha sido certificado por un médico.

D) Medidas sobre negociación colectiva

Se plantea una revisión de la NC con medidas tan preocupantes como “facilitar la utilización de cláusulas de descuelgue”, sin definir con qué límites; y sin concretar las fórmulas preferentes de “flexibilidad interna a nivel de empresa” -aquellas medidas que se proponen dentro de la empresa antes de tomar decisiones de despido-.


Medidas de política sociolaboral:

a) Se constituye un programa temporal de inserción de desempleados que hayan acabado el período de prestaciones, ligado al desarrollo de formación a través de las CCAA, que aportará un subsidio de 420 euros/mes durante 6 meses. El coste estimado será de 453 M€. El programa se prevé tendrá una duración de unos dos años (2009 y 2010) a cargo del Fondo Social Europeo.

Se trata de una medida compasiva dentro del importante paquete de medidas neoliberales de este preacuerdo de reforma. Sería la única medida valorable, si bien el bajísimo ingreso no permitirá salir de la pobreza a las personas desempleadas, lo que recrudecerá la presión a aceptar cualquier empleo sean cuales sean sus condiciones. A este respecto, la formación que provee el programa también es una acción valorable, si bien parte de la hipótesis falsa de que la persona desempleada no encuentra empleo por su inadecuada cualificación y no por una dinámica económica y unas políticas laborales que son la causa del desempleo.

b) Pacto de Toledo.
El Gobierno se compromete a materializar la separación de fuentes en cuanto a la financiación de los complementos de mínimos de las pensiones con cargo a las dotaciones presupuestarias correspondientes.

Está medida en sí no es negativa dentro de la racionalización de la gestión actual. Pero el problema de fondo radica en el mismo modelo en sí del Pacto de Toledo que parte de la aceptación de que las pensiones y otras prestaciones deben adecuarse en función de la evolución de los fondos de la seguridad social. Una hipótesis que ha magnificado los efectos de la II Transición Demográfica (el envejecimiento de la población como si fuese un fenómeno perdurable en el tiempo, y no una etapa a reequilibrarse en un periodo de unos 20 años). En efecto, la II Transición Demográfica es un fenómeno sociológico de los países del Norte que se originó con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la natalidad que conllevará un periodo en el que las pirámides poblacionales se invierten, con lo cuál los ratios de personas en edad laboral y en edad inactiva se reducen significativamente. Esta nueva transición tendrá un impacto cierto en lo que puede estimarse unos 15-20 años. Este fenómeno se agotará una vez las cohortes de edad avanzada fallezcan y la pirámide vuelva a cobrar una forma más equilibrada; fenómeno que a su vez se va a ver aliviado sustancialmente por las migraciones del sur al norte. El impacto del envejecimiento temporal de las poblaciones occidentales puede atenderse de manera viable en países ricos, que han gozado de un crecimiento económico sostenido, sin mayor problema simplemente recurriendo a un cambio de prioridades del régimen fiscal y de las políticas de gasto público. Esto es, en caso de que la Seguridad Social tuviese déficit puede perfectamente cubrirse con la financiación de impuestos, o la transferencia de recursos de unas partidas de gasto a las de pensiones. Y sería un fenómeno, como decimos, transitorio. En suma, todo lo que no sea incorporar esta reflexión y reforma en el modelo de pensiones de nuestro país se traduce en que hay una apuesta política por desatender a las personas mayores a favor de partidas como son las subvenciones al capital, la inversión militar, etc…


c) Medidas para potenciar la formación, su reconocimiento, y su vínculo con el mercado de trabajo.

El preacuerdo dedica diferentes apartados a la formación profesional y para el empleo. En términos generales, cabe decir, que parece que estas medidas se basan en la errónea hipótesis de que la formación crea empleo o al menos combate el desempleo, y de que es una inversión (en capital humano) que es responsabilidad del individuo, y que basta con que institucionalmente se le facilite este recurso para resolver el problema. Se ha comprobado que más y mejor formación puede contribuir a no reducir la eficiencia y a la mejora de la productividad del trabajo. En caso de que un colectivo está más adecuadamente formado tendrá más opciones ante cierto empleo disponible que otro que no lo esté. Pero la formación no crea empleo. Si se generaliza la formación para un sector o profesión sólo incrementará la competencia entre los trabajadores del sector, la formación más que un valor sería un prerequisito de mínimos para cada persona, lo que puede ir detrimento de su capacidad de negociación individual. La formación en su caso, puede ayudar a transiciones de reestructuración sectorial, para hacer pasar un colectivo de trabajadores de un sector a otro en menos tiempo. La formación es una medida importante, pero, como decimos, no crea empleo. Por tanto, no basta por sí misma para atajar la problemática del empleo. ¿Cuáles son las medidas de este capítulo?:

• Dentro del Pacto por la Educación se quiere aumentar la cobertura de plazas de educación infantil de 0 a 3 años, mediante el programa Educa3. La medida no parece respaldarse con compromisos ciertos y concretos. En caso de ser así, sería una medida positiva.
• Modernización de la Formación Profesional y del reconocimiento de la cualificación.
• Se pretende extender, con 1000 centros, la Red de Centros Integrados de FP, para que los centros de FP reglada puedan realizar formación para el empleo. Es una medida positiva;
• Se pondrá en marcha una red de Centros de Referencia nacional para el desarrollo en la definición de familias profesionales;
• Se pondrá en marcha un sistema de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación. Esta medida desde hace tiempo que debería haberse puesto en marcha, pero el corsé de produce en la nula colaboración y reconocimiento de las empresas
• Se pondrá en marcha una Plataforma Virtual para realizar a distancia módulos formativos para obtener títulos o certificados de profesionalidad.
• Vinculación de la FP con el empleo y la Universidad. La vinculación, en nuestra opinión, aún siendo en algunos casos una medida de interés, cuando hay necesidades del mercado de trabajo por cubrir tratar de formar a personal que puedan satisfacerla, creemos que en líneas generales parte de una concepción equivocada. La formación profesional y universitaria no puede someterse a los caprichos de la oferta y de la demanda del mercado de trabajo, sino que debe desarrollarse en el marco de planes de desarrollo ciudadano, social y productivo orientados a generar sectores de actividad de futuro para atender necesidades sociales, y no sólo atender las necesidades de un mercado ávido de rentabilidad.

Medidas de evaluación de reformas anteriores:

a) Se evaluarán los resultados de las medidas laborales realizadas desde 2006.

b) Se evaluarán los resultados de la Ley Concursal.

Conclusiones finales: unas palabras para estimular el debate y propuestas alternativas.

Este informe de urgencia trata de dar cuenta de esta dinámica del diálogo social en varias perspectivas. La primera, dar cuenta de la posibilidad de fricciones entre las diferentes partes. La segunda, tratar de reflexionar sobre las medidas que se han puesto encima de la mesa. La tercera, observar que hay algunos puntos asumidos por todas las partes a los que no se entra en discusión y que marca un consenso implícito que, a nuestro juicio, merece la pena debatirse.

Las medidas del preacuerdo, de las que salvo dos, más todas las añadidas en última instancia por la patronal, no se ha entrado en discrepancia por parte de los sindicatos señalan una línea de actuación que no suponen cambios drásticos en el modelo económico y laboral, y en el contexto de grave crisis eso ya supone una enorme irresponsabilidad e incapacidad de actuación. Pero más decepcionante si cabe es su orientación porque la continuación y, con estas medidas, profundización en el modelo económico y laboral presente significa sujetarse a un barco que se está hundiendo.

Las propuestas son en su conjunto de carácter neoliberal, más bien, de cierto liberalismo compasivo miserabilista. Sigue confiando en que para superar la crisis hay que dar mejores condiciones de recuperación rentable a los mercados y no tanto en regular su orientación, gobernándolos. Las políticas de subsidiación son ridículas, y el énfasis en la formación individual y en la orientación sociolaboral personal es un brindis al sol que sólo contribuirá a distraer del problema. Las políticas de recorte fiscal y de reducción de cotización a la seguridad social serán ineficaces para la creación de empleo y no constituyen otra cosa que una transferencia de rentas al capital, del mismo modo que las líneas de inversión y financiación pública tal y como están concebidas. Las medidas que pretenden racionalizar algunos desequilibrios, como en el tema de la vivienda, serán ineficaces y con efectos no queridos (porque no se han contemplado por los autores del texto. Y, por último, muchas de las medidas planteadas en el preacuerdo son meramente una enunciación sin concreción. En suma, se trata de un preacuerdo decepcionante.

Ahora bien, con la ruptura del diálogo por parte de los sindicatos, ante la arrogancia empresarial y la complicidad gubernamental, puede abrirse una oportunidad para discutir estos y otros puntos, y recuperar una línea completamente necesaria, ante una crisis que dejada a su inercia y en el marco de un modelo laboral superflexible causará estragos. Es decir, que no basta con no aceptar nuevas reformas neoliberales, sino que, simplemente para mantener las condiciones de vida y trabajo son necesarias reformas progresistas a la ofensiva, a favor de los y las trabajadoras.

Esa línea necesaria es abordar una reforma de la política económica orientada a potenciar la inversión pública bajo control social y público, regular el sistema financiero y recuperar la banca pública; y una reforma laboral a la ofensiva que castigue severamente la contratación temporal (con elevación de cotizaciones a la seguridad social y con indemnizaciones por despido más elevadas al contrato indefinido, que causalice la temporalidad y los despidos bajo parámetros objetivos mejor definidos), que prohíba los despidos en empresas con beneficios, que acabe con las bonificaciones y subvenciones a la contratación para reconvertir esos fondos en creación de empleo público directo, que regule los derechos sindicales y posibilite la representación legal de los trabajadores conjunta en empresas-red transnacionales y en pymes en territorios definidos (polígonos empresariales, zonas turísticas, centros comerciales, parques industriales, localidades específicas, etc…), que defina la responsabilidad personal del accionariado sobre las empresas y su personal empleado, y que se oriente a una política de pleno empleo y de reducción y reparto de todo el trabajo con plenos derechos sociolaborales de carácter garantista.