Daniel Albarracín Sánchez. 11 de Marzo de 2015
Básicamente las líneas maestras
de su política económica son las siguientes:
·
Ha profundizado hasta niveles drásticos su política monetaria ultraexpansiva,
desarrollada por Mario Draghi y su política de adquisición de deuda y facilidad
cuantitativa, para regar de liquidez a la economía europea hasta 2016.
Esta política
expansiva, tiene un diseño particular. No regará en todos los tiestos de la
economía, sino en particular los de los mercados interbancarios, suministrará
liquidez para los gobiernos para poder seguir pagando sus deudas –sin acabar
con el problema-, y reduce los tipos de interés a niveles prácticamente nulos,
sin establecer cauces para que los recursos movilizados vayan a actividades
socialmente útiles y creadoras de actividad generadora de empleo en áreas de
interés general. Este tipo de política cae en la trampa de la liquidez, y, en
un contexto de baja tasa de rentabilidad y alto endeudamiento, contribuirá a
dos efectos: que la iniciativa privada o bien aproveche esta situación para
tapar sus agujeros de insolvencia, o bien para acaparar bienes raíces
fortaleciendo la oligopolización de la economía y el auge de nuevas burbujas
(financieras, inmobiliarias, sobre servicios anteriormente públicos, etc…). No
promoverá la inversión si no se da una de estas condiciones: una recuperación
notable de la tasa de rentabilidad o sin la voluntad política del sector público
de animar la inversión pública.
·
Inicia un Plan
de Inversiones para Europa, el Plan Juncker, que remueve recursos del ya de
por sí irrisorio Presupuesto Europeo y del Banco de Inversiones (en total 21
mil millones de euros), y espera recabar aportaciones de los Estados Miembros
que no se contabilizarán en el desfase de déficit público, con el objeto de
facilitar garantías públicas a la inversión privada. El objeto es reducir los
riesgos de inversión de grandes compañías transnacionales en infraestructuras y
actividades con efectos multiplicadores para el crecimiento económico. Con
estas garantías públicas, se espera que la inversión privada contribuya con 252
mil millones de euros más, a lo que, con emisiones de bonos por unos 63 mil
millones de euros en los mercados de capital, se disponga de un Fondo Europeo
de Inversión Estratégica (EFSI), que complete hasta la cifra de 315 mil
millones de euros de nuevas inversiones en Europa durante tres años (apenas el
0,8% del PIB europeo anual).
De igual
manera, la situación de deflación, estancamiento o crecimiento rampante, alto
apalancamiento de los balances empresariales y endeudamiento de las cuentas
públicas, con una política de ajuste permanente, que se consagra en una tasa de
rentabilidad escasamente recuperada tras el desplome de la Gran Recesión, no
invita a pensar en que la inversión vaya a estimularse. Y no basta con apelar a
que es preciso “recuperar confianza” porque si se confía la inversión a la
iniciativa privada únicamente lo hará con la expectativa cierta de ganancia. Quizá
el éxito de este proyecto sólo pueda reportar ventajas al segmento de
corporaciones transnacionales privadas que ya tenían descontado invertir en
bienes estratégicos e infraestructuras, pero no lo hará de manera amplía, no
llegará a las pequeñas empresas ni creará empleo al punto de reducir el paro de
manera intensa como se necesita. En suma, garantizará esas inversiones privadas
que ya se preveía realizar –seguramente concentradas en los países con ventajas
económicas previas, como son los centroeuropeos-, que se quedarán con los
beneficios pero si les sale mal lo pagaremos entre todos, socializando pérdidas,
pero escasamente lo hará con otras nuevas. La iniciativa privada piensa más en
evitar la bancarrota y desinvertir que en emprender nuevos proyectos.
La reclamación
además de mayor compromiso con el marco macroeconómico y mayores aportaciones
de los Estados Miembros es, por otro lado, contradictoria. La aplicación de
políticas de recorte, devolución de deuda y consolidación fiscal constituye
precisamente el obstáculo a mayores aportaciones a inversiones europeas. No
bastará por sí sólo que estas aportaciones queden fuera de la contabilización
de los déficits públicos limitados por el PEC.
·
Reitera la reclamación de “reformas estructurales” y prosigue reclamando las bases del Plan de
Estabilidad y Crecimiento, para sostener su política de austeridad, recortes en gastos corrientes y servicios
públicos, y las medidas acorde a la denominada consolidación fiscal. Lo hace
señalando que los recortes no deben recaer tanto en las inversiones como en el
gasto público.
La UE insiste en la política de
ajuste, únicamente indicando que hay que acentuar este en el gasto corriente no
tanto como en la inversión. Indica sectores de interés en los que convendría
invertir (energías renovables, innovación y desarrollo, salud, la educación, etc…)
pero pobre medida es aquella que sólo consiste en poner el dedo que apunta a La
Luna, sin poner los medios ni las condiciones para alcanzarla. Es más, dice
querer evitar la deflación, aumentar el desarrollo sostenible y el crecimiento –un
nuevo oxímoron-, generar empleo de calidad y otros deseos dignos de alabanza.
Pero la consecución de estos colisiona directamente con las medidas y las
condiciones de austeridad que se plantean. Precisamente la medicina que están
aplicando es el veneno que impide su consecución.
·
Plantea facilitar cambios en el campo energético
confiándolo a un mercado único energético
integrado, sin cuestionar el poder oligopólico de las compañías en el campo
de las energías fósiles ni en el campo del suministro eléctrico.
En suma, nos encontramos con una
política monetaria heterodoxa favorable a las finanzas privadas, el regreso de
las burbujas financieras, y la socialización de pérdidas; una política de
inversión privatista, mal concebida y exigua; y una persistencia de la política
austeridad que seguirá cercenando los derechos sociales y los servicios
públicos junto a unas supuestas reformas estructurales en los mercados de
trabajo (adaptar la fuerza de trabajo al mercado, flexibilizar las relaciones
de empleo), innovación tecnológica y energética que se dejan al amparo de la
providencia.
Junto con estas líneas, se
formula un discurso de buenas intenciones que persigue satisfacerlo todo
meramente en el terreno del deseo y de las palabras, sin poner ninguna medida,
o casi ninguna efectiva, para lograrlo. Salvo, si acaso, su obsesión por
introducir “medidas de coordinación y supervisión” con “calendarios más
exigentes” para acelerar las líneas de política macroeconómica mencionadas con
el compromiso de los gobiernos nacionales que habrán de alinearse con este
marco. Precisamente las mismas medidas que socavan esos objetivos que se dice
defender: creación de empleo de calidad, desarrollo de cambios productivos
basados en energías renovables, superar la crisis económica, etc… Y, de una
manera, antidemocrática, pasando por encima de lo que los pueblos y los parlamentos
empiezan a reclamar en algunos países, y reclaman de manera clara en otros
desde hace tiempo.
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