Publicado en Viento Sur.
Daniel Albarracín. Agosto de 2011
Es preciso surcar nuevos caminos divergentes al atolladero al que nos empujan las políticas europeas en vigor. En lo que sigue vamos a intentar sintetizar algunas interpretaciones económico-políticas dadas desde la izquierda en estos últimos tiempos. Trataremos así de invitar a identificar un posible rumbo desembarazado de las ataduras a las que nos condena el modelo de la UE y de su gestión política oligárquica.
1. El modelo de la UE y la tendencia al abismo para su periferia.
Diferentes autores como, entre otros, Costas Lapavitsas o Pedro Montes han venido apuntando un diagnóstico del modelo europeo vigente, y señalando sus consecuencias.
Un modelo establecido desde, cuanto menos, Maastricht y continuado en otros tantos tratados herederos (Lisboa, Pacto del Euro, etc...).
El modelo de la UE ha promocionado e institucionalizado la libertad de movimientos de capitales y mercancías, dentro de un mercado único, y una política monetaria al servicio de los países centrales. Todo ello sin observar la heterogeneidad de un numeroso y desigual grupo de países sobre los cuales las mismas políticas no causan los mismos efectos. Todo ello sin establecer contrapesos solidarios significativos que pudieran contrarrestar los desequilibrios intrínsecos a la economía de mercado; sin prever apenas compensación para aquellas regiones más dependientes o con menor productividad; mucho menos sin abrigar proyectos de convergencia reales y sin inversiones compartidas; y, por último, con un presupuesto público irrisorio incapaz de corregir las tendencias divergentes que causa dicho modelo. La dependencia estructural, el oligopolio práctico de los capitales y economías centroeuropeas, la divergencia entre centro y periferia, no parecen tener límite. La presencia de la moneda única, con un tipo de interés único para países con capacidades productivas de diferente alcance y eficiencia, con una cadena del valor y de rentabilización dominada en sus fases estratégicas por los países centrales (Alemania, Francia, Reino Unido, etc...) que afianzan esa jerarquía, en contextos inflacionarios estructuralmente divergentes, aboca a un permanente desequilibrio de la balanza de pagos entre países. Las necesidades de financiación de los países periféricos se reproducen, al tiempo que convierte en acreedores a los países centrales y, por consiguiente, determina que éstos se apropien de forma paulatina de la riqueza de las regiones económicamente más vulnerables, en connivencia con los capitales oligárquicos locales que también puedan aprovechar su espacio de rentabilidad.
Frente a la posibilidad del desarrollo de políticas solidarias, fundadas en un régimen fiscal armonizado, progresivo y directo y un presupuesto público muy superior al actual (que no supera el 1,2%PIB), un modelo laboral convergente al alza, un sistema de compensación y solidaridad social e interterritorial que contrarreste la desigualdad capitalista que le acompaña, o de un plan de inversión y cooperación internacional reactivador social y ecológicamente avanzados y sostenibles, la Unión Europea apuesta por un modelo de concentración de privilegios y beneficios para la gran banca y las grandes corporaciones industriales y energéticas, sacrificando a los y las trabajadoras, y destruyendo una parte del tejido productivo menos rentable, o mediante la relocalización del mismo en países emergentes y del Sur.
La Unión Europea con sus planes de rescate, con el Pacto del Euro como esquema general, conduce al abismo a la propia área euro. Con su política de austeridad encierra en una espiral depresiva sobre todo a aquellos países periféricos a los que se les exige unas condiciones draconianas. Si ahora es Grecia la pieza rota, pronto le seguirán otros países exhaustos.
Las exigencias de este “modelo competitivo” encorsetan el margen de maniobra de las políticas públicas de gasto e inversión, y empujan a que la base para ajustar las economías pase por la “devaluación fiscal” y especialmente el recorte de gastos y la degradación de las condiciones laborales de manera permanente.
Al mismo tiempo, la imposición de una política recesiva que socializa las pérdidas y rescata al capital caracterizan la orientación gestionaria de este modelo perverso de por sí. Rescates bancarios sucesivos, y una política del BCE que presta dinero al capital financiero al 1%, prohibiendo prestar directamente a los Estados o -salvo en situaciones desesperadas recientes y sólo en los mercados secundarios- comprar deuda pública, mientras que la banca adquiere los bonos públicos a un interés sensiblemente superior (por encima del 4%), entrañan la vía de subvención y saneamiento principal del capital financiero privado. Al mismo tiempo, este mecanismo explica -junto con las bajas expectativas de crecimiento y rentabilidad de numerosos sectores saturados-, el cortocircuito del crédito hacia la inversión o el consumo.
Este modelo se ve acentuado por las presiones del capital financiero que, sirviéndose del chantaje permanente de las agencias privadas de calificación de riesgos, se dedica a extorsionar las deudas públicas para chantajear a los Estados. En un contexto de endeudamiento privado colosal, y en un marco de sobreproducción, los capitales financieros hacen de la deuda pública su negocio, al mismo tiempo que exigen que los poderes públicos planteen políticas que hagan pagar a la ciudadanía y a la clase trabajadora su crisis(los planes de ajuste) y mitigue su situación de insolvencia. El capital corporativo industrial-energético, no sólo contribuye también a la lógica financiarizada hegemónica, sino que a su vez toma posiciones oligopólicas, en este marco estancado, en los bienes y servicios básicos (energía, alimentación, seguros, sanidad, seguridad, etc...). De esta forma logra blindarse ante la crisis a costa de las condiciones de vida de la población, maltratando la imagen de lo público y apropiándose de los segmentos de actividad que el Estado privatiza.
1.1. La salida del euro como opción y escenario
Así, autores como los mencionados Lapavitsas y Montes, consideran que no queda otra solución más que romper con el euro y abrir una salida unilateral para los casos griego o español, o de otros países que puedan encontrarse en situación comparable.
Según estos analistas, esta vía permitiría recuperar la soberanía sobre la política monetaria, y facilitaría salirse de una espiral nefasta. El mecanismo central que plantean pasa por recuperar el instrumental fiscal, de inversiones públicas y gasto social y, en especial, el de la devaluación de la nueva moneda que surgiese. La devaluación propiciaría una mejora de las condiciones de exportación y de recuperación económica, e interrumpiría la lógica que encadena y empuja a una regresión constante a los países más débiles de Europa. Lo que implicaría que los países podrían usar sus monedas para competir entre sí y disputarse el mercado externo en vez de, como sucede ahora, competir en base a rebajas salariales.
Esta línea de interpretación se agota en este punto porque, a nuestro juicio, aún no encontraríamos contestaciones ante interrogantes y escenarios que resultan, a nuestro juicio, claves. Seguramente estos autores apoyan soluciones ulteriores, pero si nos quedamos sólo con lo anterior faltaría mucho por resolver.
En primer lugar, la deuda, tanto pública como privada, a pesar de la nueva moneda, seguiría nominada en euros. La devaluación implicaría, no sólo un profundo empobrecimiento del poder adquisitivo (debido al encarecimiento de las importaciones), sino también un agravamiento de las condiciones de endeudamiento (el valor de la deuda se dispararía). ¿Qué hacer con la deuda entonces? ¿Y cómo respondería la población ante un deterioro de su capacidad de compra que podría comportar una caída a su mitad?. Puede que no llegase a esa proporción o incluso suponer un nivel soportable, pero igualmente debiera anticiparse y abordarse dicha circunstancia, particularmente teniendo en cuenta el deterioro de la capacidad adquisitiva que ya acumula la población. Ni que decir tiene que, para poder mantener esa situación, se requeriría un respaldo social de la población para soportar el sacrificio.
Cabría preguntarse quizá también si se están librando de la crisis los países europeos que no están en el euro. La casuística requiere introducir matices, pero lo cierto es que ninguno de estos países se está escapando de la crisis. En dicho contexto, peor situados están algunos países del este europeo, respecto a Reino Unido, o desde luego que Suiza, que juega como país refugio, pero sobre todo de paraíso fiscal, en la actualidad. En todo caso, la evidencia recuerda que estar fuera del euro, por sí sola, no es una receta mágica en modo alguno.
Tanto la salida o la expulsión de la eurozona exigen enfrentarse a un escenario adverso que, no por serlo debe llevarnos a ignorar la cuestión de cómo afrontarlo. Dicho escenario tendría lugar tanto si se ha llegado a él como opción escogida (salida voluntaria del euro) como si es resultado causado por otros (expulsión de la moneda única). Una vez fuera del euro, no sólo acontecería un deterioro importante de la capacidad de compra de la población. Un deterioro, al que, en cualquier caso, se llegaría igualmente de continuarse dentro del área euro y en el marco de las políticas neoliberales europeas en marcha, pero fuera de él acontecería de una manera más acelerada, posiblemente. También sería un escenario en el cual una porción del capital adoptaría, presumiblemente, su evasión del país.
Claudio Katz viene actualmente reflexionando sobre la experiencia argentina. En el 2001, se dejó de pagar un 48% de la deuda pública contraída, en un marco de paridad dolar-peso, en una situación comparable a la que vive hoy Grecia. Su análisis es ciertamente esclarecedor. El default (suspensión de pagos), de carácter parcial, ocasionado no voluntariamente sino por agotamiento de los fondos –lo cuál invita a afirmar que cuánto antes se opte por esta decisión, mejor-, facilitó las condiciones para la recuperación económica del país . La subsiguiente recuperación no sucedió sin un gran coste social, con la extensión de paro, pobreza y hambrunas. Su planteamiento nos lleva a concentrarnos en las medidas para haberlo aminorado. Las claves radican en la necesidad de establecer un fuerte control movimiento de capitales para evitar su evasión, sin dejar de mencionar alguna suerte de proteccionismo comercial transitorio. Y, ni que decir tiene, una política redistributiva combinada con una fuerte inversión pública autocentrada y reactivadora de la economía.
Estas cuestiones, aún así, no permiten asegurar que un sólo país esté en condiciones de salir airoso sin vislumbrar qué lugar ocupa dicha economía en la división internacional del trabajo, en qué mercados comerciaría, o a qué financiación tendría acceso. Dicho de otro modo: aunque estar en el euro no puede proponerse como línea de continuidad a toda costa, no parece que sea ésta la única pregunta, ni siquiera la primera que haya que plantearse. Resulta imprescindible prever qué problemas pueden venir después.
2. Una estrategia para reformar la UE
Michel Husson y Ozlem Onaram, entre otros autores, han venido defendiendo que la opción primera no debiera consistir en preguntarse sobre la salida o no del euro, aún comprendiendo la desesperada situación de Grecia, y en la que podrían entrar otros países de la periferia europea.
Naturalmente, la unión monetaria, el Euro, multiplica los efectos de los fundamentos económicos sobre los que se sostiene la UE. Son estos últimos los que deben alterarse profundamente en una orientación radicalmente distinta. No es en sí mismo el Euro el que causa la crisis: el Euro es el vehículo. La cuestión fundamental no es salirse, como tampoco lo es quedarse en cualquier circunstancia. Lo idóneo es, a su modo de ver, intentar corregir el rumbo de la UE y, de no poder ser, escudarse ante sus políticas para, desobedeciendo el esquema neoliberal, construir Otra Europa.
No se trata de aguardar a una reforma de la UE que pudiera venir por sí misma, pues sería una espera ingenua. Mantenerse en el euro podría resguardar a la economía de ataques financieros sobre la moneda y no impediría en absoluto desarrollar una estrategia de desobediencia de los Tratados con orientación neoliberal. Entre ellos debieran señalarse, en primer lugar, aquellos que obligan a un ajuste permanente sobre las rentas salariales y las políticas públicas, oponiéndoles medidas expansivas en los ámbitos monetarios, fiscales o de inversión y gasto en servicios públicos y de desarrollo de políticas sociales. Esa desobediencia podría multiplicarse si fuera seguida por más países, lo que podría exigir iniciativas ejemplares iniciáticas, a nuestro juicio audaces. Este ejercicio activo podría emplearse como instrumento de presión para un cambio en la UE, un espacio económico de una envergadura importantísima, con un amplio margen de maniobra para soslayar los peores condicionamiento de la globalización capitalista.
No obstante, aunque esta estrategia no obliga a la sincronización perfecta entre las prácticas políticas de los países europeos desobedientes, en nuestra opinión, tampoco sería óptima por sí misma. Sería aún mejor el despliegue de iniciativas proactivas de cooperación y alianza supranacional. Esta opción, en caso de darse, no se produciría, presumiblemente, sin el recurso a sanciones y políticas de aislamiento y, probablemente, podrían terminar conduciendo igualmente a la expulsión. Y en tal caso, hay que prever también qué hacer.
Entonces, cualquier línea de medidas de izquierda sólo sería sostenible socialmente en el marco de la cooperación solidaria de varios países capaces de resistir los embates del aislamiento financiero y comercial, y con una envergadura mínima para iniciar un desarrollo endógeno que, para ser viable y justo, debe ser redistributivo y con la participación ciudadana radicalmente democrática en su diseño.
3. Una estrategia proactiva supranacional para construir un área económica solidaria.
Decir no a las líneas políticas neoliberales de la UE y caminar hacia otro modelo invitando a todo aquel que quiera sumarse es, a nuestro juicio, una línea de actuación imprescindible y factible. Ya sea dentro o fuera de la eurozona o la UE. Este es el papel de la izquierda para, sea desde el gobierno o desde la presión política pero, sobre todo, desde la calle, hacer virar las políticas país a país. Antes de plantearse una solución cualitativamente superior, esta es la forma de emprender un cambio.
Pero una vez que fuera posible, en un escenario menos desfavorable, contar con diversos gobiernos desobedientes a la UE neoliberal, inmediatamente sería necesario complementar las políticas de redistribución e inversión endógenas y sostenibles con políticas de cooperación internacional. Cooperación antes que nada en los planos de complementariedad comercial, financiera y de inversión común; pero a renglón seguido también de integración de los aparatos económicos institucionales, para conformar un área económica que, sin dejar de estar abierta al mundo, permita afianzar lazos y apoyos mutuos entre los países de orientación alternativa.
No hay que esperar a un cambio improbable de toda la UE (aunque tampoco despreciar esa posibilidad), ni a que todos los países acuerden un viraje. Mucho menos cuando la mayoría, si no todos ellos, están encasillados bajo el control de gobiernos burgueses al servicio del capital financiero y las grandes corporaciones privadas. En cuanto algún Estado, nacionalidad o región se atreviese a desarrollar una política solidaria, de cooperación y convergencia, no debiera demorarse un proyecto de integración entre los que se atrevan a dicha iniciativa. Los capítulos clave para integrarse, antes incluso que la aparición de una “nueva moneda común”, debieran contemplar una línea de inversión e intercambios cooperativos preferentes, medidas redistributivas, de armonización fiscal y de convergencia en las políticas y marcos laborales, en materia de infraestructuras, servicios públicos, políticas energéticas y alimentarias, o de políticas sociales. Pero también, el establecimiento de una política financiera de protección solidaria ante la evasión fiscal, o el ataque de fondos especulativos. Lo cuál tiene como condición sine qua non construir una banca pública, expropiando a los bancos que causaron y se aprovecharon de la crisis, y que puede implicar iniciar la construcción de un banco central dirigido políticamente, para aplicar una fuerte regulación del sistema financiero, estableciendo en su caso una política monetaria, comparativamente expansiva con otras áreas monetarias pero que, inexcusablemente debe interrumpir la lógica favorable a la hipertrofia financiera y el endeudamiento masivo de la economía.
Es más, debiéramos huir de estereotipos eurocéntricos. En este nuevo club que sugerimos debiera caber todo aquel país comprometido con los parámetros pactados, sin mirar el origen de su continente. Si, por ejemplo, estamos pensando en la periferia europea (sea del Sur de Europa, que incluya a Irlanda o a cualquier otro país –como Islandia o Bélgica-, también debiera aceptarse a países del Este, o, por ejemplo y para empezar, países del Magreb o de Asia, entre otras procedencias).
En suma, no podemos simplemente estar diciendo que no, o quedarnos con desarrollar medidas a escala nacional. Es preciso idear un proyecto proactivo, supranacional y solidario, abierto a quien se comprometa con el mismo, sin mirar su origen, sino únicamente a la concordancia con unas prácticas solidarias.
4. Un vehículo de movilización popular: la auditoría ciudadana sobre las Deudas
Es preciso luchar por otra Europa, u otro marco supranacional solidario, con un esquema de políticas redistributivas, solidarias e integradoras que hagan pagar a los capitalistas su crisis. Es necesario luchar por un modelo económico internacionalista en el que los financieros no puedan seguir chantajeando a los gobiernos, parlamentos, y empleen como títeres a las instituciones europeas para presionar gobierno a gobierno.
Pero mientras ese puede ser un proyecto por el que luchar, ante el giro a la derecha en Europa y el secuestro antidemocrático de las instituciones europeas por parte de las oligarquías financieras, es conveniente encontrar un espacio para abrir brecha a favor de políticas progresistas y rupturistas. Un espacio que sólo puede levantarse desde abajo, desde el movimiento obrero y social.
Una campaña que podría propiciarlo es el desarrollo de una Auditoría Ciudadana de las Deudas con un carácter participativo abierto y pedagógico, para que la ciudadanía pueda disponer de la información y de un análisis que identificase los problemas de fondo. Esta Auditoría debería esclarecer, como así se aclaró recientemente en el caso de Ecuador con efectivo éxito posterior, quiénes son los acreedores, el peso de la deuda pública y privada, cómo se contrajo esa deuda, sus condiciones de pago y plazos, la legitimidad de la misma, así como los usos de esta financiación. Esa campaña perseguiría la transparencia en las cuentas y dimensionaría la situación, abordando la principal losa que ahora atenaza a la economía y la sociedad: el brutal endeudamiento, especialmente el privado. Ese ejercicio pedagógico permitiría a la mayoría social entender no sólo el por qué de este obstáculo a cualquier salida, sino también arrojar luz sobre las posibles soluciones.
Permitiría aclarar cómo se escogió promocionar el endeudamiento del sector público frente a la opción de financiarse con una justa fiscalidad de las rentas del capital. Veríamos entonces que gran parte de los acreedores han actuado con un sin fin de privilegios y ventajas. Se vería como esta política monetaria, especialmente desfavorable para los países periféricos, abocó a una política financiera, en un contexto de regulación flexibilizadora políticamente dirigida, totalmente laxa e irresponsable. Una política financiera, para estimular la demanda vía deuda y no vía salarios o servicios e inversión públicos, que concedía préstamos y créditos condicionados a garantías y avales que hacían soportar todo el riesgo de las operaciones en los endeudados.
La lucha de clases adopta hoy una forma singular: acreedores contra endeudados. Y, por tanto, si la crisis la han de pagar los capitalistas hay que determinar cómo los acreedores van a afrontarla, asumiendo las reestructuraciones que sean necesarias, de forma que respondan por haber provocado una crisis de sobreproducción hiperfinanciarizada como ésta.
Por tanto, una primera idea fuerza pasa por exigir una fuerte quita sobre las deudas. Primero la deuda pública contraída en condiciones odiosas o empleada ilegítimamente. A continuación, una fuerte regulación sobre la deuda privada para atribuir ponderadamente el sacrificio en función de la responsabilidad de cada parte, lo cuál implica que la gran banca debiera asumir gran parte del coste. En este capítulo cabría una regulación sobre las deudas entre el sector público y el privado o viceversa, o entre empresas, normalmente con relaciones asimétricas que debiera compensar los abusos monopólicos. Pero también en el capítulo hipotecario, no sólo con la reclamación de la dación en pago sino también con una regulación fiscal fuerte sobre las viviendas vacías y en desusos, y en su caso una expropiación de las no debidamente mantenidas o adaptadas ecológicamente a un modelo urbano sostenible, así como la constitución de un parque público de alquiler, y la regulación de un derecho universal al usufructo de un lugar de residencia en régimen de alquiler socialmente asumible en base a una proporción de los ingresos personales y un mínimo exento.
Creemos que otro mundo es posible, y que es necesario empezar por algún sitio a construirlo. Éste que se propone puede ser un buen comienzo aunque, de seguro, no se trate precisamente de un camino sin grandes obstáculos y conflictos. Pero, sin empezar a caminar, el escenario será seguramente más terrible si cabe.
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