¿Quién o qué deteriora la calidad del empleo?

Mercado de trabajo, inmigración, sectores “descualificados” y calidad del empleo ¿Quién es el responsable del deterioro de la calidad del empleo?
Daniel Albarracín


1. Qué entendemos por Mercado de Trabajo. 1
2. El papel de los “colectivos específicos”. La inmigración. 3
3. Ocupaciones y calidad del empleo. Condiciones de trabajo y Condiciones de empleo. Modelo productivo y Modelo de Empleo. 8
4. Los sectores “no cualificados”. ¿Culpables de la mala calidad del empleo?. 10
5. Una reflexión sobre ocupaciones y clases sociales. 13


Consideramos de un gran valor la explotación y disposición ordenada de datos de factores e indicadores fundamentales en cualquier análisis del mercado de trabajo.

Ahora bien, el enfoque e interpretación de cualquier información proporcionada, no es menos importante, si bien la única prueba que nos ha de servir de referencia es la realidad y de si somos capaces de entenderla y, potencialmente, estar en condiciones de influir en ella con un buen propósito.

Como es sabido, la información cuantitativa es de gran valía para dimensionar los fenómenos, pero para poder valorar su relevancia y significado ha de sustentarse en categorías teóricas que respondan a las formas vigentes de la estructura y dinámica social concretas del ámbito que se estudia. Así, no debemos pasar por alto un conjunto de una serie de estereotipos conceptuales, y trataremos de desmontarlos.

Los debates que aquí se plantean y cuestionan son de orden teórico –qué conceptos aplicados son más pertinentes para el análisis-, pero también atañen al lugar e imagen desfavorables y condenatoria que se arroja, inmerecidamente, sobre ciertos colectivos y actividades económicas.

Para ordenar esta discusión hemos optado por proponer una serie de interrogantes. Estas preguntas constituyen dudas, surgidas de debates con algunos colegas que, a pesar de encuadrarse en un “un universo progresista” suelen admitir demasiados parámetros de análisis convencional, y que nos gustaría ir respondiendo, proponiendo un acercamiento a estas cuestiones desde una óptica alternativa. En suma, pretendemos compartir un punto de vista que puede ayudar a mirar las cosas de otra manera.


1. Qué entendemos por Mercado de Trabajo


El punto de anclaje de muchos análisis convencionales parte de una idea de Mercado de Trabajo cuyo funcionamiento seguiría, casi estrictamente, una dinámica de intercambio, más o menos automático, entre oferta y demanda de trabajo. La oferta y producción de empleos (o demanda de trabajo) vendrían dadas, por la dinámica económica y el modelo productivo, y la demanda de empleos (u oferta de trabajo) se determinaría por la presencia y tipología de colectivos. Consiguientemente, la mayor presencia de colectivos presiona a la baja del precio, en este caso los salarios y condiciones laborales.

En nuestra opinión, la dinámica económica está determinada por factores sociopolíticos propios de un modelo social e histórico determinado. Por ello la dinámica de crecimiento y creación de empleo –siguiendo una lógica perteneciente a una economía de mercado capitalista-, debe enmarcarse en su contexto, por lo que se han de señalar la importancia de la fase del ciclo económico, el tipo de política económica en marcha, los acuerdos internacionales, el contexto histórico y político, el lugar que se ocupa en el contexto internacional, etcétera.

La oferta de población disponible para trabajar representa un factor a tomar en cuenta, pero también, y puede ser más importante, hay que tener presente las condiciones estructurales en que se emplea a la fuerza de trabajo, que es mucho más determinante. De modo que hay que estudiar el marco regulador laboral –legislaciones, acuerdos y convenios-, las relaciones de fuerza en la negociación, las prácticas del empresariado y de los y las trabajadoras, así como de los sindicatos, y la presencia o no de discriminaciones y segmentaciones ocasionadas por los actores en concurso, entre las que cabe indicar si hay un tratamiento diferencial a la población en función de su origen nacional, étnico, sexual, etcétera. La estructura de oferta de empleos, y la dinámica de la inversión, gestión y organización de la fuerza de trabajo anteceden y prevalecen, al imponerse como condiciones de empleo casi dadas al colectivo de trabajadores y trabajadoras en su gran mayoría. Esa estructura de oferta de empleos tiene una relación indirecta con el modelo productivo, pero no se deduce estrictamente de él –aunque lo condicione-, sino especialmente por unas relaciones laborales institucionalizadas en la práctica y configuradas por un estado de la correlación de fuerzas sociales y las normas que son manifestación e instrumento de las mismas.

En efecto, “mercado de trabajo[1]” es un término poco apropiado –y no sólo insuficiente- para el análisis, por la imagen “independiente” que ofrece respecto a ese entramado socioeconómico –y político- previo que lo hace posible. Podríamos afirmar que, en el peor de los casos, ha de hablarse de un entramado de mercados regulados –por diferentes actores, prácticas habituales y normativas- y segmentados de empleo de la fuerza de trabajo. Estos definen el intercambio y circulación de la mercancía fuerza de trabajo, pero dependen de las condiciones de producción y reproducción sociales y económicas. El modelo de relaciones laborales es una construcción socioinstitucional de lo laboral como factor económico. La segmentación de los empleos y las actividades, y por tanto la clasificación jerárquica de las fuerzas de trabajo, no responden a razones exclusivamente de un mercado natural de precios y cantidades automáticas, sino que está cargada previamente de acción política –negociadora- de los “actores” sociales: gobierno, patronal y sindicatos, al instaurar normas de las mismas, así como influye en su aplicación el empresariado y los y las trabajadoras –como “autores” sociales-.

En resumidas cuentas, el punto de partida teórico al uso, frecuentemente empleado incluso dentro de algunos sindicatos, arranca de dos consideraciones: son los puestos de trabajo ofertados y los colectivos disponibles los factores de demanda y oferta de este mercado. Los puestos de trabajo dependen de un determinado modelo productivo, y los colectivos constituyen la otra cara de la moneda. Pero se evacuan dos factores decisivos que cabría dar cuenta en el análisis y que median y determinan el mecanismo de relaciones laborales de estos “mercados”: la política económica y las condiciones y regulación del empleo. Para el análisis convencional del mercado de trabajo, por tanto, la responsabilidad de la precarización se atribuye a ciertos puestos –propios de las actividades de construcción, hostelería y hogares- como a ciertos colectivos “descualificados” –los inmigrantes-, sin mayor problematización de las relaciones socioeconómicas en las que éstos están participando y que les condiciona fundamentalmente.

Bien es cierto que la organización del trabajo define el tipo de condiciones en la situación del centro de producción, pero esta esfera está precedida por una política económica general del país y de la empresa –estructura y volumen de inversión-, por un sistema de reproducción social de la fuerza de trabajo – educación, familia, vivienda, etc…-, por un tipo de gestión y movilización de la fuerza de trabajo global –sistemas de intermediación, orientación y formación laboral-, y un por unas reglas de juego en la regulación del mercado de trabajo o políticas de empleo. Sin embargo, para la mayoría de los analistas convencionales, es la situación de trabajo la que quiere determinar todo lo demás. Pero, siendo en sí una dimensión más de la cuestión, y esto se suele olvidar, no es la primera, sino la última de todas las dimensiones que configuran el sistema de relaciones laborales.

No son la estructura de ocupaciones ni la situación de trabajo los que definen un modelo productivo, sino la forma y dinámica concreta de un modelo de acumulación e inversión, determinados por una política económica pública y privadas concretas, en un contexto sociohistórico determinado. No son las ocupaciones ni la situación de trabajo, aunque influyan en la diferenciación individual de la situación laboral, las que definen las condiciones de empleo, sino una relación de fuerzas en la negociación y una normativa laboral determinadas. No son la mayor o menor presencia de determinados colectivos los que degradan las condiciones de empleo sino su situación en la sociedad, su capacidad de negociación, y su situación de discriminación de origen, amén de que un aumento de la disponibilidad de la fuerza de trabajo sí tenga una influencia en las condiciones de negociación. Pero no parece razonable hacer un tratamiento diferente, en dicho caso, de inmigrantes y mujeres, pues parece invitarse a pensar que los primeros son unos “tramposos” y las segundas “discriminadas”, sin dar cuenta de la importancia de la estructura de inversión, las condiciones de ciudadanía y la regulación laboral para comprender su debilidad estructural de negociación.

2. El papel de los “colectivos específicos”. La inmigración.

Un fantasma recorre el análisis convencional: la presión a la baja en las condiciones laborales por la entrada de nuevos colectivos.

En particular, se incide en el caso del colectivo migrante. Aunque dicho argumento podría haber servido para hablar también de otros colectivos, como el de la mujer (que sí se suele contemplar como un colectivo discriminado, al contrario que al del inmigrante, que se le ve, en referencia al irregular, como transgresor), o, al colectivo joven mismamente. Se suele acusar a los inmigrantes de deteriorar las condiciones laborales medias, pero entonces, ¿cuál es la razón que justifica su trato diferencial con el de las mujeres o jóvenes?. Sólo se explica este razonamiento, porque se sea receloso de una mayor llegada de inmigrantes, lo que empuja a una línea restrictiva de acción, en vez de contrarrestar esta tendencia y actuar sobre los conflictos reales.

Para muchos es la incorporación de inmigrantes la que descualifica el sistema productivo y de empleo. Se dice que los inmigrantes pertenecen a categorías de los no cualificados, como si fuese esta fuerza de trabajo la que ocasiona la aparición de malos puestos de trabajo y no el tipo de inversión económica, organización del trabajo, y formas de empleo reguladas y creadas por el Estado y, claro está, por el empresariado. No siempre son los y las trabajadoras las descualificadas, sino los puestos y los empleos los que serían de mala calidad o baja profesionalización. No es por tanto, una situación de presión a la baja de las condiciones laborales, sino de discriminación, abuso y explotación de ciertos colectivos por razón de su vulnerabilidad social.

Es frecuente asimilar el mercado de trabajo a un mercado cualquiera, con una dinámica más o menos automática y dependiente de la dinámica macroeconómica. Así –si marco regulatorio laboral no se pretende tocar- sólo se puede actuar en la entrada de mayores colectivos disponibles. No se hace un análisis de cómo influyen las discriminaciones de partida, y se plantea su necesaria corrección. Es decir, con un ejemplo muy prudente y moderado, en vez de mejorar las condiciones de los y las trabajadoras inmigrantes reclamando responsabilidad empresarial y estatal para dar buenos empleos, se opta por dosificar su entrada mediante cupos, visados y mecanismos restrictivos de contratación en origen. En vez de luchar por mejorar las condiciones laborales en el marco estatal –e internacional- se opta por aminorar “la presión a la baja de las condiciones laborales” mediante barreras de entrada con dudosas justificaciones e instrumentación de medidas.


¿Es un concepto consistente lo que se llama como “capacidad de absorción del mercado de trabajo”?. ¿Es un indicador suficiente y completo de lo que puede entenderse como “capacidad de acogida del país”?. ¿Qué indicadores cabría contemplar desde una perspectiva global profunda y temporal de largo plazo?.

El mercado de trabajo no es una entelequia ni lleva una dinámica autónoma. Es necesario explicar por qué se produce un tipo más o menos vigoroso de crecimiento económico, enmarcando la cuestión dentro de un sistema económico internacional, un tipo de política económica y cierta política laboral –en la que la negociación colectiva no sólo debe acompañar y gestionar lo que dicte la dinámica económica sometida a sus reglas sino también influir en su transformación-. Es necesario dar cuenta y conceder la importancia que tiene el papel de los actores sociales y políticos. Si no contextualizamos corremos el riesgo de cierto determinismo economicista al margen del necesario marco de análisis sociopolítico.

Se puede entender que una sociedad tenga limitada su “capacidad de acogida”. También cabría hablar de “la necesidad a largo plazo de población en edad laboral”. Estos aspectos, por ejemplo la “capacidad de acogida” deben referirse a factores que no sólo atañan al “mercado de trabajo”, sino que debiera incluir aspectos como la dotación de los servicios públicos, de servicios sociales de integración, disponibilidad de vivienda y de empleos decentes, la evolución económica, etcétera. O, por ejemplo, incluir indicadores de “necesidad de población en edad laboral” a largo plazo, por ejemplo, evaluando el equilibrio con el envejecimiento de cara a garantizar las pensiones públicas del futuro, o la situación del ciclo económico, del desempleo y la disponibilidad de trabajadores/as, etcétera. Ahora bien, todos estos aspectos “objetivos” no pueden estar al margen de valoraciones como también es la solidaridad, por lo cual, desde la izquierda, debemos incluir en la agenda la posible capacidad de sacrificio solidario de nuestro país para con el derecho a la movilidad de las personas especialmente cuando éstas huyen de la miseria, la persecución y la guerra.

Podemos actuar sobre estos diferentes indicadores, en función de prioridades que se marquen, y no tener porque actuar sólo en la restricción a la entrada de nuevos colectivos. Así, podemos actuar en la mejora de recursos y programas de intermediación de los servicios públicos de empleo, actuar en el mercado de la vivienda para favorecer el acceso, o desarrollar mejores políticas de integración, o valorar estratégicamente la incorporación de población migrante que ayude a resolver los desequilibrios demográficos en nuestro país. La incorporación de dichos colectivos seguirían suponiendo un enriquecimiento de nuestra sociedad –material y culturalmente- y no tiene porqué presionar a la baja las condiciones laborales si se actúa consecuentemente en la política de extranjería –para equiparar derechos y obligaciones-, en materia laboral –fomentando el empleo decente mediante una mayor inspección laboral y acción sindical-, y en la política económica y social. Pero si no actuamos aquí el margen de maniobra, claro está, sólo es el de dosificar la entrada de personas e incrementar las repatriaciones. Por lo tanto, o profundizamos o corremos el riesgo de parecernos demasiado a nuestros adversarios ideológicos.


¿El empeoramiento de las condiciones laborales depende de la incorporación de colectivos específicos? ¿o dependerá de un determinado modelo laboral de empleo de la fuerza de trabajo (cuyos instrumentos son la política laboral, la negociación colectiva, la acción sindical y las prácticas de los empleadores) y de cierto tipo de política económica –en un sistema socioeconómico como el vigente-?.

Solo se entiende está retahíla de los “colectivos” como causantes de un deterioro de las condiciones laborales si nos creemos que hay un “mercado de trabajo” con oferta y demanda sin más. En realidad ni hay un solo segmento de actividad, ni hay exactamente un mercado, porque lo que hay instituido es un entramado normativo y dinámicas prácticas de empleo de la fuerza de trabajo, en la que las instituciones públicas y privadas producen las condiciones de disponibilidad y empleabilidad de la fuerza de trabajo (educación, formación, sanidad, transporte, intermediación laboral, etc…), estando presentes unos agentes sociales y políticos que regulan el modelo laboral (política de empleo, política económica, prácticas empresariales de gestión, selección, contratación y organización de la fuerza de trabajo) y una fuerza de trabajo global diferenciada por su disponibilidad, adaptabilidad y cualificación que necesita incorporarse a la relación salarial para poder vivir e integrarse en la sociedad. La idea de una “oferta de fuerza de trabajo” sin matices forma parte de una concepción liberal de las relaciones laborales, al presumir una situación en pie de igualdad entre “oferta y demanda” y menospreciar el papel institucional, regulatorio y de relaciones de fuerza que conforman el modelo sociolaboral. Muy al contrario, el modelo sociolaboral en una economía de mercado capitalista es de profunda desigualdad porque se instala en un tipo de relación específica y asimétrica: la relación salarial. Las instituciones públicas y privadas, y las dinámicas de empleo de la fuerza de trabajo están determinadas por gobiernos, patronales y empresariado, contrarrestadas por los actores sindicales, y la fuerza de trabajo está expuesta a sus condiciones, compitiendo entre sí para obtener la mejor posición en ese espacio, pero en un marco previo y preexistente que también cabría cuestionar.

Ahora bien, complacientemente algunas instancias sindicales, achacan a la política laboral gubernamental el incremento de la temporalidad, señalando que los sindicatos han conseguido parar las agresiones más amenazantes, y que incluso han incorporado un límite al encadenamiento de los contratos temporales de gran calado, y que, por eso, a pesar de que los efectos positivos de los elementos progresivos sean inciertos, se les ha de eximir de responsabilidad en dicho aumento, sin admitir que las últimas reformas laborales han demostrado su ineficacia. Tenemos, porque yo también formo parte de esto que es el mundo sindical aunque sólo sea un mero técnico, que asumir nuestra responsabilidad, y no sólo derivar en los poderes fácticos, o en un “modelo productivo” analizado de manera abstracta, tratar de revisar nuestra estrategia, intentar comprender qué es exactamente lo que pasa, y actuar en consecuencia criticando y enfrentando la política económica y laboral del gobierno, las prácticas del empresariado y las presiones de la patronal.

En suma, no podemos poner de culpables a las víctimas, y para resolver el asunto, castigar a quien no corresponde. Nos tenemos que poner en cuestión el modelo económico internacional, la política económica de nuestro país, e inmediatamente, el modelo regulador de la política de empleo –las últimas reformas laborales- y todos los condicionamientos que tienen los colectivos desfavorecidos para tomar como dada un tipo de oferta de empleos de mala calidad. Nuestro objetivo debería ser por tanto, no poner barreras de entrada para tabicar el mercado de trabajo, sino presionar para cambiar el modelo de política laboral y remover los condicionantes que vulnerabilizan a los colectivos como la población inmigrante (la desigualdad norte/sur, la ley de extranjería, la xenofobia, etc…), los jóvenes y las mujeres (las prácticas de discriminación generacional y de género), y mejorar la participación de estos colectivos en el ámbito sindical y mejorar su fuerza de negociación.

¿La redacción de la ley de extranjería instrumenta elementos de utilidad para los y las trabajadoras?. ¿Hasta qué punto los instrumentos de “ordenación de los flujos migratorios” (visado, repatriaciones, etc…) serán capaces –y de qué modo y con qué consecuencias- de evitar o disminuir la inmigración irregular?.

Muchos analistas convencionales, incluso dentro del mundo sindical, apuestan por la “ordenación de los flujos migratorios” (la dosificación y restricción de éstos, en suma). Plantean instrumentos como la incorporación del visado de entrada y la agilización de acuerdos de repatriación con los países de origen y aumento efectivo de repatriaciones. Está claro que el visado contribuye a dosificar la entrada de estas personas, pues supone un obstáculo administrativo. No obstante, muchos colectivos, con la mayor necesidad de migrar, seguirán haciéndolo. Estas políticas de visado y las repatriaciones no resuelven el problema de que al campo no se le puede poner puertas, salvo que militaricemos todo el país y sus vías de entrada (fronteras, tránsito en transporte, etcétera) y de estancia. El coste sería elevadísimo, y además, esto supone asimilar a delincuencia la inmigración irregular, con un castigo mucho más severo que el empleo clandestino de estas personas (el empresario paga una multa, el trabajador pierde sus oportunidades vitales). Además, será casi inviable reducir significativamente la inmigración irregular con repatriaciones –sin olvidarnos que estos colectivos seguirán viniendo mientras haya fuertes desigualdades internacionales-, pero seguramente eso reducirá aún más si cabe la capacidad de negociación de este colectivo en cuanto a sus condiciones laborales.

Sin embargo, no ponemos el énfasis necesario en profundizar la regularización por arraigo laboral o social, y la regularización por colaborar con la justicia ante empleos irregulares. Si el problema es el empleo irregular de inmigrantes persigamos, con acción sindical y reclamando más inspección laboral, que ese empleo no se de en tales condiciones. Fortalezcamos los cauces legales de entrada, orientando y acompañando el proceso, y persigamos las acciones delictivas y mafiosas de entrada –contra aquellos que trafican con personas-, actuemos contra el empresariado sin escrúpulos, y pongámonos del lado de los y las trabajadoras, sean de donde sean, que desean hacer las cosas de manera legítima –y tratar de vivir dignamente lo es-, para regularizar su situación, y luchemos contra aquellos que se aprovechan de la situación irregular para explotar y abusar de las personas.

¿Es el modelo de contratación en origen suficiente para ordenar una inmigración regular?.

Este modelo puede contribuir a ordenar la entrada y hacerla en condiciones reguladas y ofrece la oportunidad de acompañar el proceso con instrumentos de intermediación, orientación e información muy deseables. Pero queda pendiente el tema de la inmigración irregular porque no creemos que las repatriaciones contribuyan a reducirla, pero seguramente ocasionarán situaciones de desorden público y tragedias personales y familiares. Hay que poner énfasis en los procesos de regularización y el papel de los servicios públicos de empleo, con un trato igualitario para todos, porque no tiene sentido buscar contrataciones en origen cuando hay inmigrantes irregulares o parados en general en nuestro país. Mientras haya procesos migratorios es conveniente que existan procesos de contratación y formación en origen, pero deberíamos considerar que es más importante combatir las causas que hacen tomar decisiones tan duras a las personas que migran –fundamentalmente a través de la solidaridad internacional-.

¿Es la inmigración irregular una conducta cuestionable cuando no existen opciones de vida dignas en el país de origen?. ¿Es igual de responsable el empleador que hace trabajar de manera clandestina o emplea de manera abusiva a colectivos vulnerables, que la persona inmigrante que persigue buscar un medio de vida?.

En nuestra opinión, convendría poner más el acento en perseguir a los empleadores clandestinos y precarizantes que a los y las trabajadoras a los que tenemos que defender. Por eso, consideramos que, al mismo tiempo que se arma la arquitectura y cauce para facilitar una inmigración ordenada, acompañada y regularizada, los casos de empleo clandestino deben traducirse en regularización laboral y castigo al empresariado si no lo hace.

¿No será que, como los sindicatos no asumen de verdad el reto de mejorar el modelo sociolaboral, y se acepta sin más un modelo competitivo sin contrarrestarlo, se levantan tabiques contra “los colectivos desfavorecidos”, en primer lugar contra los que proceden de fuera de nuestras fronteras?. ¿No será que lo que único que se aspira es a “conservar las condiciones y mecanismos realmente existentes en nuestro ámbito inmediato” y no se está luchando por mejorar el modelo sociolaboral y económico en general?.

La posición ante la inmigración parece responder a dos miedos: la cuestión de la presión “a la baja de las condiciones laborales” y al temor social y el crecimiento de la xenofobia, fantasmas que deberíamos combatir.

¿Quizá debería extenderse otra concepción internacionalista más avanzada y luchar por homogeneizar las condiciones laborales a escala europea y mundial, facilitar el desarrollo de los países del Sur, luchar por otro modelo socioeconómico y político, y que, por no hacerlo, en aras de “conservar las condiciones laborales nacionales” se observa al foráneo como una amenaza?.

Una acción decisiva sería luchar por homogeneizar las condiciones laborales en la UE, así como desarrollar políticas de solidaridad internacional con los países empobrecidos. Pero esta, desde hace tiempo, no viene siendo la prioridad, y cuando se defiende en algunos sindicatos “otro modelo de división internacional del trabajo”, bajo cuyo modelo se confina el destino de los países del Sur a un modelo simple de desarrollo agrario, en el mejor de los casos limitándose a un “comercio justo internacional”, pero no a un desarrollo económico emancipado (desarrollo desigual, deuda externa, abusos de multinacionales, políticas del FMI-BM, etcétera) para aquellos países. Así, ante la renuncia a incidir en aquellas otras dimensiones, sólo queda un margen de maniobra: levantar puertas en el campo.


3. Ocupaciones y calidad del empleo. Condiciones de trabajo y Condiciones de empleo. Modelo productivo y Modelo de Empleo.


v ¿Es una vía razonable para mejorar las condiciones de empleo potenciar sin más un modelo productivo basado en un trabajo más cualificado en un entorno más innovador y que apueste por una inversión productiva y el crecimiento económico?. ¿Son las características intrínsecas de los puestos y situación de trabajo –el tipo de ocupación- lo que determinan la calidad del empleo?.

Nada garantiza que la cualificación de los puestos de trabajo y enriquecimiento de tareas supongan una mejora en las condiciones de empleo (estabilidad, nivel de salarios, derechos sociales y laborales, participación y control, etc…). De hecho, por ejemplo, es cada vez más frecuente una proletarización de los trabajos intelectuales, una potenciación de la cualificación abstracta y movilización polivalente y adaptable de las capacidades de cada vez mayor parte de los y las trabajadoras de gran parte del sector productivo sin corresponderse con ello necesariamente un modelo laboral decente en materia de derechos sociolaborales. Nada garantiza que la inversión y el crecimiento económico supongan necesariamente mayor calidad del empleo o una mayor redistribución material, aunque bien es cierto que favorecería la creación de empleo. Para poder actuar sobre los factores que importan en las condiciones de vida de los trabajadores debemos intervenir en el modelo de política económica, en la política laboral y el modelo de empleo, porque no se deduce de las mejoras en las condiciones organizativas y productivas una mejora en el sistema de empleo y protección sociolaboral, aunque sean también importantes en su nivel.

Es más, parece un poco ingenuo pensar que se puede reconvertir de un plumazo un modelo productivo trasvasando actividad sin más de trabajos de servicio y atención personal a otros de carácter industrial y de servicios avanzados. Cualquier sistema productivo exige de todas esas actividades, y de lo que se trata es de mejorar las condiciones de empleo y profesionalización de todas ellas.

Aunque hay una correlación entre las condiciones de empleo y ciertos tipos de trabajos, la razón explicativa de la mejor situación en algunos de ellos no radica en que unos necesariamente son más precarios que otros debido al tipo de actividad que despliegan en su cotidianidad laboral en la situación de trabajo. Este es un estereotipo poco contrastado, aunque demasiadas veces asumido.


Las razones de las diferencias en las condiciones de empleo entre tipos de ocupación radican en factores diversos como:

La menor o mayor disponibilidad de fuerza de trabajo empleable (es decir específicamente cualificada y capaz) en dichas ocupaciones. Cuanta más gente disponible en un mismo subsector de ocupaciones, menor capacidad de negociación.

Tenemos que incorporar elementos que hagan complejo el análisis en la actualidad. Por ejemplo, el incremento de la cualificación media explica que antiguas profesiones “intelectuales” se proletaricen, dado el incremento de fuerza de trabajo disponible (programadores informáticos, consultores, investigadores, etc…) para el mismo área. De igual modo, algunas ocupaciones “industriales manuales”, merced a la automatización del sistema productivo, se terciarizan y requieren capacidades antaño asociadas a las plantillas de los servicios –trabajos telematizados, informatizados, relaciones interpersonales de coordinación, etc.-. También actividades de servicios personales van progresivamente industrializándose por el mismo motivo del proceso de automatización industrial de los procesos. Las divisiones clásicas de trabajo manual e intelectual ahora se confunden, y la división entre industria y servicios parece tener menos sentido con la modernización del sistema económico. De igual modo, la clasificación ocupacional y su relación con la calidad del empleo vertida en el documento parece igualmente débil, pues parece vincularse directamente ocupación enriquecida en tareas con calidad en el empleo, lo cual no siempre es cierto.

Pensemos en que no es que haya cualificaciones de mayor o menor grado, sino de cierta especificidad u otra, y cada vez más la mayor cualificación abstracta media permite hacer más adaptables y sustituibles a cada vez mayores fracciones de la clase trabajadora. A este respecto, cualificaciones tan especializadas, concretas y de alto nivel de complejidad como el artesanado ven su desaparición, otras ocupaciones de alta cualificación –abstracta y generalista- como la de los investigadores pierden su capacidad de negociación, y algunas profesiones manuales asociadas a bajas cualificaciones y sencilla operativa –precisamente por haber escasez de este tipo y ser específicas- mejoran su situación –por ejemplo, en algunos trabajos asociados a la construcción y las reformas-. Asimismo, en la hostelería profesionales de la cocina realzan su prestigio y posición laboral, y otros profesionales, como por ejemplo los guías o animadores turísticos, la pierden. Lo de mayor o menor cualificación debe ser, por tanto relativizado por “la tipología y especificidad de la cualificación”.

La situación de la ocupación más o menos estratégica en el proceso productivo de cara a su papel en la actividad económica.
En este sentido, algunas ocupaciones adquieren ventaja y capacidad de negociación por su situación clave, lo que explica la aparición y ascenso de ciertas estrategias sindicales microcorporativas (pilotos, controladores, etc…) o sectoriales que afectan a la globalidad económica (transporte, medios de comunicación, etc…). Se trataría de ocupaciones si bien no estrictamente cualificadas –aunque suelen serlo- sí necesarias para el funcionamiento del proceso de producción.

Las condiciones de agrupación y de organización de intereses de los y las trabajadoras de dicho sector de ocupaciones, lo que potencia su capacidad de negociación.
La razón de que algunos sectores se encuentren desprovistos de fuerza estructural de negociación obedece a la atomización de su actividad (hostelería, comercio, servicio doméstico, etc…) o de la presencia de marcos legales y estrategias empresariales que desdibujan las responsabilidades estas (empresas-red, subcontratas, ETTs, etc…).

La mayor o menor presencia y acción sindical y el grado de desarrollo de asociacionismo empresarial.
Cuando mayor estructuración mayor capacidad de negociación, modernización y mejora de las condiciones laborales.

La mayor o menor concentración de la actividad económica y empresarial.

La presencia informal o formal de discriminaciones en los derechos sociolaborales y de negociación entre colectivos, y las posibles desregulaciones comparativas entre sectores (caso servicio doméstico o de los autónomos) o tipos de empleo fronterizos (becarios, formandos en prácticas, etc…) que ya pueden ser aún más graves por la extensión de prácticas clandestinas de trabajo o de actividad delictiva.

Es el caso de la población inmigrante irregular, por razones jurídico-políticas, y de las mujeres, por su subordinación en la división sexual y ocupacional del trabajo, o de los jóvenes por su subordinación generacional. Es más, tanto que se insiste en el “factor inmigración” la precariedad que sufren no es por razones de su baja cualificación –que sólo puede atribuirse a algunos subgrupos-, sino por el tipo de empleo que se les ofrece.

Estas razones son las claves estructurales explicativas de las condiciones de empleo diferenciales entre ocupaciones y actividades, sobre las que luego inciden en su dimensionamiento la mayor presencia de población laboral disponible.

4. Los sectores “no cualificados”. ¿Culpables de la mala calidad del empleo?.


¿Son las ocupaciones y determinados sectores los causantes del incremento de la temporalidad?.


Algunos economistas convencionales, aunque trabajen dentro de organizaciones de trabajadores, señalan como uno de los factores (el otro es la presión gubernamental y patronal y sus políticas) del ascenso de la precariedad al tipo de “modelo productivo” característico de nuestro país. Un modelo de crecimiento basado en “ocupaciones descualificadas” como las que constituyen las de sectores como la construcción, la hostelería, el servicio doméstico y el comercio. Se diría así que nuestra sociedad debiera potenciar más el sector industrial y las ocupaciones de servicios (quizá de “alto status”) para promover un empleo de calidad.

Resulta poco creíble pensar que un país no deba disponer de ocupaciones propias del comercio, la hostelería, la construcción o la atención personal diversa. Y, si bien podemos coincidir que en gran parte de los casos al día de hoy se desarrollan bajo un modelo desprofesionalizado, nos resulta muy difícil aceptar que esto sea propio de una naturaleza intrínseca a estas ocupaciones, y, mucho menos, que estén condenadas por siempre a un empleo de mala calidad, a un desarrollo profesional rico e interesante, por su propia condición.

Parece que se pone como causa a lo que es una consecuencia. No son el tipo de ocupaciones las que conducen a un tipo de empleo de mala calidad. Quizá a veces es más cierto, es el tipo de relación laboral o modelo de empleo el que condiciona seriamente las posibilidades de desarrollo de un modelo de trabajo enriquecedor, humanamente amable, laboralmente más saludable, y más productivo y de mayor utilidad social, aunque que eso llegue a suceder también depende de los sistemas de control y de organización de los aspectos necesarios, para lo cual los y las trabajadoras y sus representantes, y otros órganos públicos de inspección laboral, habrían de participar y vigilar en su diseño y mantenimiento.

Todo este conjunto de ocupaciones son comparativamente más precarias por la desregulación de los sectores en los que se encuentran, por el modelo de empresa, y por la atomización de su actividad, lo que se traduce en una menor organización y modernización de estos sectores y la menor posibilidad de intervención global de los sindicatos e inspecciones de trabajo, amén de que estos últimos puedan y deban hacerlo mejor.

Centrando la cuestión lo que venimos a indicar es que es en estos sectores en los que golpea con mayor fuerza el modelo de empresa existente: las subcontratas, la empresa familiar, las empresas de servicios, la microempresa mal gestionada y organizada, etc…; los sistemas de intermediación precarizantes: las ETTs; el empleo informal y los modelos de remuneración en negro; o incluso sistemas de protección sociolaboral sensiblemente más vulnerabilizadores, como es el régimen especial de servicio doméstico, el de autónomos, o el trabajo de ayuda familiar. Todo ello con el condicionante de una actividad estacional o un tipo de proyecto de trabajo con duraciones determinadas, con la eclosión de numerosas empresas de vocación “oportunista” y organización sin perspectivas de duración en el tiempo. Estas situaciones se concentran en estos sectores, pero son propias al modelo laboral y empresarial general, que en éstos –junto con el trabajo agrario- muestra su cara menos amable. Además, la atomización empresarial y el alto porcentaje –cada vez más en disminución- de empresarios autónomos es una barrera a la participación sindical y a la concentración de trabajadores y trabajadoras que sea susceptible para conformar acción sindical, en un marco legal que impide además la celebración de elecciones sindicales en empresas de menos de 6 trabajadores. Por otro lado, sectores como el comercio y la hostelería han constituido actividades refugios para muchas personas ante las crisis y reestructuraciones habidas en las últimas décadas, los márgenes de rentabilidad son exiguos y la capacidad de innovación y crecimiento modernizadoras se limitan, por cierto, en un ámbito donde el asociacionismo empresarial que podría contribuir a ello brilla por su ausencia.

Son estos puntos los que hacen de estos sectores y ocupaciones poco cualificados y con un modelo de empleo precarios, pero no por ello debemos certificar para siempre su baja cualificación intrínseca o su connatural mal tipo de empleo (inestabilidad, bajos salarios, pocos derechos sociolaborales) y por tanto sugerir su tendencia a la desaparición o sustitución por otros de “naturaleza más cualificada” –cuando eso además no es garantía de mayor ‘decencia’ del empleo-. Muy al contrario, estas actividades, de una utilidad y necesidad sociales evidentes, deben aspirar a mejorar sus condiciones laborales, entre otras cosas, partiendo de una mejora del modelo de empleo, el modelo de empresa y servicio, y los derechos laborales y sindicales precisos para poder mejorar su situación. Sugerir, como algunos analistas sindicales hacen, que hay que desarrollar más un modelo productivo basado en la industria minimizando estos tipos de actividades, y suponer con ello que habrá una mejora en la calidad del empleo es tan ingenuo como poco realista, así como condenatorio del futuro de sectores de este tipo, que cabría, y es exigible hacerlo, profesionalizar y mejorar sus condiciones laborales.

Pensar que la industria o las ocupaciones propias de las “clases de servicios” son per se el objetivo de una estructura económica representa ignorar la necesidad de otras actividades, de carácter auxiliar, o de provisión de servicios personales, que también deben prestarse en las mejores condiciones. Y, por cierto, es un despropósito sugerir, ni siquiera implícitamente, que hay más “ocupaciones descualificadas” porque hay más inmigrantes[2] o mujeres, al igual que lo es pensar que por la situación de trabajo de una ocupación se deduzca su condición de empleo. Si existen ese tipo de ocupaciones se debe al modelo de inversión de nuestra economía, la posición de nuestro país en la semiperiferia europea, dependiente, subordinada al modelo económico de la UE, y condicionada por el tipo de política económica de los últimos gobiernos, y puesta en práctica por unos empleadores con unas prácticas determinadas. Si existe el tipo de empleo del que disponemos depende del tipo de política laboral, de regulación de las actividades económicas y laborales, de la acción empresarial y sindical, y de la negociación colectiva, y de la paz social ante un conflicto evidente que perjudica a la clase trabajadora.

5. Una reflexión sobre ocupaciones y clases sociales.


En nuestro opinión, es frecuente una clara confusión teórica entre lo que corresponde a una ocupación con mayor o menor contenido enriquecido y de interés profesional y la calidad del empleo, lo que en sociología suele hablarse de la distinción entre condiciones de trabajo y condiciones de empleo. Sólo por esta razón, que primaría la distinción de las clases socioeconómicas por un criterio “profesionista del contenido de trabajo” o en el mejor de los casos por el “status” que comporta (tipo de la sociología weberiana, y coincidente con la tradición neorricardiana-keynesiana en materia económica), se entiende que de cara al análisis estructura social se ponga tanto énfasis en la manualidad o intelectualidad del trabajo. Esta vieja división queda obsoleta en el “capitalismo superindustrial de servicios” moderno donde los sistemas de trabajo exigen una alta cualificación de dominio de herramientas simbólicas y de instrumentos de procesamiento automático e informático –tanto en el ámbito de servicios como en el industrial-, mayor desarrollo de habilidades abstractas, comunicativas, de adaptación y aprendizaje a actividades en cambio continuos.

A nuestro juicio, ahora resulta poco relevante la divisoria entre lo manual y lo intelectual, más si cabe cuando la cualificación ya no es garantía directa de mejora laboral –aunque sí suponga esta mayor exigencia de cualificación[3] una garantía para un sistema laboral de mayor adaptabilidad y movilidad de la fuerza de trabajo-, y cuando la dinámica moderna del sistema productivo global es generalizar un modelo superindustrial (incluso en los servicios) caracterizado por la automatización y la exigencia de mayor cualificación, adaptabilidad, responsabilidad y autonomía. Así, no nos resulta extraño que suela identificar a la clase obrera, de forma en extremo estrecha, con los obreros manuales, y no de un modo más abierto con la población dependiente de un ingreso[4] como precio de venta de la fuerza de trabajo, debido a una situación subordinada en la sociedad.

Ni que decir tiene que, si bien cabe analizar las situaciones desiguales de cada segmento de la población trabajadora por los factores antes explicitados, para estudiar las segmentaciones de la calidad del empleo, lo que debemos tener presente es lo que tienen en común: dicha dependencia y situación de explotación producto de la relación salarial capitalista y el modelo sociolaboral y económico concreto que lo da forma en nuestra sociedad (y en la que el movimiento obrero es responsable en parte del tipo de regulación que la hace efectiva, y que pueda compensar y garantizar con elementos favorables a la clase trabajadora). De otro modo tendríamos que pensar que los trabajadores “de las clases de servicios” ya no tienen nada que ver con nosotros, y no podríamos explicar porque cada vez más sectores de ese tipo de ocupaciones observan el deterioro objetivo de sus condiciones laborales. Tampoco con este análisis se entiende por qué muchos analistas sindicales no identifican (pareciendo querer sólo representar a los y las trabajadoras estrictamente industriales) con los y las trabajadoras de servicios no cualificados, dado que parecen perseguir la conversión de éstos para otras ocupaciones –supuestamente más productivas y cualificadas- en la industria, y apostar por hacer desaparecer dichas ocupaciones y puestos de trabajo.

En nuestra opinión es un desatino hablar de que no requieren cualificación y profesionalización labores de atención y servicios personales –en la hostelería, comercio, servicio doméstico y otras-[5], o cuando no valora la utilidad y necesidad social de ciertos trabajos que, según el texto son manuales, pero que cada vez más se automatizan y se convierten en trabajos de seguimiento, vigilancia y mantenimiento que requieren el dominio de herramientas automáticas y mayor nivel de cualificación (al menos en el manejo de herramientas informáticas y telemáticas).

Que el modelo productivo debamos analizarlo y tenga su papel y sea preciso recordar su importancia, no debe hacer magnificar su influencia en el tipo de empleo dominante, que, al día de hoy es mayoritariamente inestable (inclusive en los empleos indefinidos, protegidos con niveles de indemnización mayores que los temporales, pero poco más, que no comporta mayor estabilidad).


[1] Para ser más precisos el “mercado de trabajo”, ni es un mercado solamente (porque hay condiciones de producción social del mismo, conflicto social mediante; y porque hay diversos mercados) ni es de trabajo (porque la mercancía valorizable es la fuerza de trabajo y no el trabajo en sí). Es más dichos “mercados” regulan empleos (con condiciones laborales y derechos determinados) y no trabajos (que sólo se determinan en la organización del trabajo y la producción concretas, en última instancia).
[2] Algunos analistas sindicales afirman que el 50% de los trabajadores inmigrantes son “no cualificados” cuando otra lectura de los datos podría decir que sus puestos de trabajo son de baja cualificación. Es bien sabido, que la cualificación del trabajador no se deduce necesariamente de su puesto de trabajo, sino de su educación, formación y experiencia laboral. A decir verdad, la media educativa y formativa de los inmigrantes, salvo en segmentos muy identificables, es semejante, en algunas especialidades superior, a la media de los y las trabajadoras españolas. Parece un estereotipo, si no un prejuicio, admitir que a las mujeres (y, por qué no, a los jóvenes) sufren discriminación por no disfrutar de puestos de trabajo afín y correspondientes a su cualificación, y pensar que eso no sucede con el colectivo inmigrante. No parece admisible en un sindicato de clase hablar de que la “incorporación de inmigrantes (…) apunta hacia una rebaja de la cohesión de la clase trabajadora”. Al contrario, la proliferación de esos puestos se debe al modelo laboral y empresarial de nuestro país, y el empleo de la fuerza de trabajo inmigrante en dichos puestos es producto de un ejercicio de discriminación, al ser las únicas oportunidades de empleo que se les facilita. No obstante, su debilidad de negociación, y el modelo de crecimiento económico con costes laborales bajos prima el desarrollo de sectores intensivos en mano de obra, lo cual conduce a escoger este tipo de mano para esos empleos generados, pero no por su cualificación, sino por su debilidad estructural de negociación –ocasionada por el marco legal y la mayor necesidad social por la desprotección de la que parten y en la que, en alguna medida, les dejamos-.
[3] Exigir y extender una cualificación abstracta de mayor nivel no significa que se difunda una mayor educación y cultura, una visión estratégica, reflexiva, amplia y práctica mejor, un desarrollo ético, o ser mejor persona, sino disponer de las habilidades intelectivas para aprender y adaptarse rápidamente y con reflejos a cualquier cambio en el procedimiento de trabajo, así como para manejar diversas y cambiantes herramientas simbólicas de manejo (aplicaciones informáticas, por ejemplo) y formas comunicativas.
[4] En general, la población dependiente de un salario, detrayendo la fracción de gestores que controlan los medios de producción, y añadiendo los falsos autónomos.
[5] Claro está que muchas actividades pueden hacer sin cualificación, pero se harán mal, aparte de que la afirmación del texto ignora la cualificación que sí existe en este tipo de actividades, lo cual supone no reconocerla. Por ejemplo, en el comercio y la hostelería la atención personalizada y el conocimiento y uso del producto exigen una cualificación cierta, así como el desarrollo de habilidades comunicativas y culturales para orientar y formar de manera adaptada y adecuada a la clientela en el aprovechamiento de los servicios, o de gestión del tiempo para proveer el servicio con eficiencia, etcétera.