La cuestión socioeconómica de la vivienda:
Aproximación a las categorías teóricas y su coyuntura empírica.
Daniel Albarracín[1]
2007
1. Introducción. 2
2. Crisis económico-financiera: el refugio del suelo y el “mercado de la vivienda”. 3
3. La vivienda, una mercancía singular en una sociedad de clases. 5
4. Valor y Precio de la vivienda y el suelo. 6
5. Planificación rentable del suelo urbano y Estratificación social del espacio. 10
6. La reproducción social de la fuerza de trabajo. 11
7. Propuestas de transformación: cuestionamiento de la propiedad privada y defensa de la vivienda como derecho social efectivo. 13
8. Bibliografía. 14
1. Introducción
La vivienda constituye un bien tan necesario como de difícil acceso (en su forma de propiedad[2] o alquiler[3]) para la clase trabajadora, sobre todo su núcleo joven, y otros colectivos vulnerables como las personas inmigrantes y mujeres con cargas familiares. Constituye, aunque sin la misma acogida mediática que el terrorismo o la inmigración, el primer problema de los y las trabajadoras. Y en el caso español es especialmente desproporcionado e insoportable[4].
La cuestión reúne múltiples tensiones sociales y económicas. Es manifestación directa de la crisis. Hay diversos modelos sociales de respuesta al acceso y uso de la vivienda, y en esa discusión y en como se resuelven en la práctica se desenvuelven conflictos de clase. En primer lugar, la vivienda, forma parte del paquete imprescindible de bienes para la reproducción social y configura uno de los principales condicionantes en el modo de vida de la clase trabajadora, con un primer efecto en el retraso de la emancipación y la formación de la familia. Además, se convierte en el primer pilar de la expropiación del trabajo, a través de diversos mecanismos de explotación (directa, por la necesidad de alquilar la propia fuerza de trabajo –plusvalía-; e indirecta, a través del endeudamiento –intereses y comisiones-, potenciado por la especulación –precios-). La obligación regular de pago de la deuda deviene en un arma de disciplina y dependencia. La docilidad ante el trabajo asalariado tiene uno de sus orígenes en la obligación de afrontar la hipoteca mensual[5] -o el alquiler-, durante una fracción biográfica que abarca casi toda la vida adulta.
El negocio hipotecario ha comprobado como su actividad y rédito ha llegado a magnitudes difíciles de sospechar, haciendo de las entidades financieras actores decisivos en la forma y fondo del problema.
El modelo urbano de vivienda contribuye a configurar la estratificación social del espacio –fijando o desplazando a enteros grupos sociales de extracción afín-, trasladando, por ejemplo, a ciudades periféricas, satélites, conocidas como “ciudades dormitorio” a segmentos mayoritarios de la clase trabajadora joven. Mientras que las metrópolis como Madrid o Barcelona pierden población –sólo compensada en parte por la instalación de población inmigrante-, las ciudades periurbanas han asistido a una explosión de crecimiento desconocida en la última década[6]. El modelo de vivienda forma parte de un modelo urbano, de vertebración del territorio y movilidad completamente hostil e irracional.
Al tiempo, las clases de la burguesía -los rentistas, promotores y constructores- imponen precios al consumidor, en una lógica de aplastamiento de cualquier equiparación en la negociación entre oferta y demanda. Los grandes propietarios privados detentan casi todo el poder, los poderes públicos dejan hacer. Sólo así es posible explicar que en nuestro país se alcancen las tres millones de viviendas vacías comprobadas, al convivir precios inasumibles con demanda por de pronto insolvente. Si a estas se le suman las segundas residencias y otras podrían llegar a ser siete según diferentes cómputos (CES; 2002), lo cual intensifica más la imagen de profundo desequilibrio e injusticia.
Los pequeños guiños del gobierno socialista no han corregido las tendencias en la política y normativa de vivienda, y el sector público sigue alentando casi el mismo modelo urbano y de vivienda, con gestos que no contrarrestan ni modifican sustancialmente la estructura del fenómeno. Por si fuera poco, asistimos a una consolidación de la corrupción en numerosos municipios. Se puede estar generando un entramado mafioso de intereses en el ámbito de la construcción, y redes de clientelismo, con consecuencias en varios campos de la vida social y política más allá de la vivienda.
2. Crisis económico-financiera: el refugio del suelo y el “mercado de la vivienda”.
Aunque suene a paradójico, la prosperidad coyuntural de la economía española es producto de la crisis estructural del capitalismo global. Es una consecuencia temporal del reordenamiento del capital internacional que se resguarda ante la crisis y, en particular, la crisis de las inversiones internacionales “colonialistas”, así como de la recesión europea, que clausuran oportunidades de expansión en nuevas industrias, nuevas explotaciones en bienes energéticos, o nuevos mercados. Las crisis financieras de los años 90; la ruina de los países del Sur por la política impuesta por los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las prácticas depredadoras de las multinacionales europeas y norteamericanas –en suma, el desarrollo desigual-; y el giro resistencialista de algunos gobiernos de los países del Sur, han cerrado un ciclo de expansión global al capital imperialista. Y una parte de los capitales distraídos se destinan a actividades que, al no ser tan “rentable” y ser más “arriesgado” explotar otros pueblos en otros países, deciden hacerlo con las clases populares en los propios países centrales, por la, comparativamente, mayor estabilidad económica y demanda solvente (menor “riesgo-país”).
Dichos capitales se han invertido en algunas actividades que han propiciado un ciclo de creación de empleo en los países europeos, especialmente en el permisivo estado español. El impulso que brinda la construcción y la especulación con el suelo no es más que una ficción pasajera que acabará en tragedia social.
El capitalismo hiperfinanciarizado[7] esta refugiando parte del capital, tras sus sucesivas y cada vez más descontroladas crisis de acumulación, en bienes-riqueza de cierta seguridad económica, y poco control público, como el suelo y la vivienda.
La fase del crecimiento de los precios –merced a este factor demanda, mediante una inversión de magnitud extraordinaria- en los bienes inmuebles y el suelo coincidió con el llamado “efecto Euro”, que supuso un momento de arranque. Conversión de moneda que, en las condiciones permisivas en que se implantó, propició el blanqueo de una gran porción de dinero negro, enorme en nuestra economía no declarada, a través de la adquisición de suelo y vivienda. El resultado es que el suelo representa más del 50% del precio final de la vivienda, y que esta ha sufrido un incremento formidable en los últimos años.
Algunos sectores vieron detraer la afluencia de capitales a favor del acaparamiento de suelo y de la construcción. En medio de una ralentización de las tasas de ganancia globales, es cada vez más habitual que los capitales diversifiquen sus inversiones, y algunos traten de refugiarse en bienes considerados seguros cuando se esperan o perciben situaciones de recesión en la dinámica industrial[8], aun cuando sus tasas de rentabilidad sean menores, pero puede que menos volátiles, en el marco de crisis de la economía. La construcción está siendo uno de estas actividades refugio, y se encuentra con una demanda (inelástica y amplísima) que reclama vivienda en grandes volúmenes. Demanda sustentada en una coyuntura favorable de creación de empleo (de mala calidad pero en abundancia), el agolpamiento de una generación extraordinariamente amplia, las cohortes del baby boom, en el momento vital de emancipación, y la presencia creciente y la reciente incorporación de población inmigrante en edad laboral. Si a estos datos añadimos que un enorme volumen de la economía informal se encuentra en esta actividad (con grandes cantidades de dinero negro, prácticas de empleo irregular, evasión fiscal, corrupción urbanística y municipal, etc…) nos encontramos con otro factor explicativo. Ante la crisis relativa de otros sectores tradicionales (y de otros países en los que se venía invirtiendo), hacen a esta actividad muy atractiva.
Ahora bien, es necesario terminar esta reflexión inicial recordando de nuevo que la naturaleza económica del suelo y de la vivienda es singular, en cuanto al análisis de la mercancía se refiere. Y que el factor concentración de la propiedad del suelo, y la conducta monopolística de la actividad de las promotoras y las constructoras son, en última instancia, las causantes de un alza de los precios a niveles especulativos, al poder controlar los tiempos en que se construyen y ofertan estos bienes, dosificar la forma en que se venden, y al poder imponer los precios sobre unos consumidores “desesperados” por alcanzar la emancipación y, en suma, un techo.
3. La vivienda, una mercancía singular en una sociedad de clases.
La vivienda es una mercancía que participa de la lógica del capital. La dinámica de constitución de sus precios depende de la acumulación y rentabilidad capitalista, el proceso de explotación, y la competencia entre fracciones del capital, y sus correspondientes crisis.
Un tipo de conflicto entre clases está presente en la competencia intercapitalista. Se produce una disputa competitiva por el excedente arrebatado ya al trabajo global de las clases productivas entre rentistas del suelo, promotores inmobiliarios, constructores, capital financiero, y capitalistas industriales (entendiendo por ellos al capital productor de mercancías de manera amplia –bienes o servicios-). A veces no es tanto una disputa sino un reparto, al coincidir los accionistas y estar presentes en y para diferentes fracciones del capital.
El valor del suelo y de los bienes inmuebles (en su forma de centro de trabajo) suele presentarse, siguiendo el análisis del fetichismo que nos cuestionó Marx, como un coste inicial del capitalista por lo que constituiría un bien de inversión. Aparentaría un precio resultante de supuesto mercado del suelo. Lo que en la práctica ocurre es que la viabilidad y la ganancia esperada normalmente obtenida de la inversión capitalista es la que hace posible que el suelo y la edificación puedan presentar un precio o una renta. Si no hay rentabilidad capitalista, efectiva o potencial, la localización del suelo y la edificación allí presentes no tendrán precio alguno.
Desde una óptica marxista, el suelo es un bien sin valor, aunque con precio. No se puede calificar de mercancía. La vivienda es una mercancía, con valor, pero en cuya condición de producción se incorpora un bien-riqueza como el suelo, que no tiene valor.
Con la vivienda nos encontramos con una mercancía singular. Parte de su precio procede de una “no mercancía”: el suelo (hasta el 50% de su precio, al menos en la Comunidad de Madrid). Según la economía convencional es un bien de consumo duradero; y puede convertirse en bien de inversión, sea por su posible uso como espacio productivo de oficinas y centros de trabajo, o como bien de especulación mediante su retención a la espera de una revalorización en el precio.
Ahora bien, en primera instancia, la vivienda enfrenta a las clases sociales antagonizadas por la relación de explotación. Si hay rentabilidad del suelo y los bienes inmuebles es porque el capital explota a los productores directos. Si la vivienda es cara es porque los capitalistas (y los que regulan públicamente las normas a su favor) imponen precios de monopolio. Si la vivienda es un negocio para el sistema financiero es porque del endeudamiento se extraen pingues beneficios con los intereses y comisiones bancarias que apenas pueden negociar las familias trabajadoras. Si, en suma, la vivienda representa la principal carga a la espalda de la clase trabajadora a lo largo de su vida, su traducción práctica se expresa en la aceptación de aquel empleo o situación de trabajo que al menos permita pagar la hipoteca mensual.
4. Valor y Precio de la vivienda y el suelo
Desde el análisis económico marxista, inmediatamente nos sujetamos al esquema de la mercancía para indagar en el proceso de formación de valores, rentas y precios, tratando de darle la vuelta al fetichismo habitual con que se nos presenta el fenómeno. La economía convencional nos arroja una explicación de los precios como resultado de un intercambio natural entre demanda y oferta, como el intercambio de dos cosas con un precio equivalente por sus propias características de “utilidad”. Marx nos indica que las cosas no se intercambian merced a ninguna utilidad subjetiva atribuida o una característica física o metafísica propia, sino por un precio que oscila en referencia al valor, fijado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de la mercancía en cuestión. El intercambio se realiza entre mercancías con un valor equivalente, base que fijará el precio a largo plazo. Intercambio que esconde no una relación entre cosas, sino una relación social: productores con productores y explotadores y explotados, al introducirse en este vínculo una extracción de plusvalor del propietario de los medios de producción sobre los o las productoras directas.
Dicho esto, comienza uno de los problemas conceptuales con el objeto de análisis en cuestión: el valor del territorio (sea suelo, en sus diversos formatos útiles, o espacio ya edificado). La teoría marxista insiste en que el origen del valor, en una sociedad capitalista, radica en el trabajo (efectivo y valorizable). La riqueza, anterior al valor, procede de diversas fuentes: la naturaleza (materias primas, la tierra y el suelo) y la propia fuerza de trabajo, siendo la aplicación de ésta último la que crea el valor incorporado a las mercancías. El trabajo transforma y hace valer esas fuentes, si bien la materia básica les precede. El trabajo, así, produce mercancías, dentro de una relación de explotación, y en este marco podemos situar a los bienes inmuebles (para uso reproductivo –la vivienda-, o productivo –los centros de trabajo-).
¿Qué sucede con el suelo?. El “espacio” no es estrictamente una mercancía. No se produce por el trabajo, si bien tampoco puede generar rentas o precios sin él –es necesario generar las condiciones para convertirlo en una mercancía y bien de producción-. Ni la propiedad del suelo ni el territorio en sí generan valor, pero sí pueden obtener un precio o una renta. Algo semejante sucede con los bienes inmuebles edificados, pues son “espacio”, pero en su precio debe contemplarse que sí se ha generado en unas determinadas condiciones de producción y por tanto, incorpora un valor. Pero cualquier vivienda u oficina incluye en su precio lo que “costó adquirir” el suelo (o quiere y puede cobrarse por él en dicho contexto).
¿Cómo se forma el precio del suelo?. Pues no se forma de manera independiente del ciclo del capital[9]. En efecto, si bien los propietarios del suelo pueden reclamar una renta, el alcance de ésta depende de la dinámica capitalista, aunque esta renta represente un freno a la acumulación. Efectivamente el precio diferencial de un suelo respecto a otro depende de:
a) El uso económico que pueda comportar para la inversión o el consumo. Es decir, si el espacio que ocupa es aprovechable para la acumulación capitalista (sea un lugar más o menos idóneo para la instalación de fábricas, centros de trabajo e instituciones) o para la reproducción social de la fuerza de trabajo de la población.
b) La singularidad del espacio del que se trate. A este respecto, ciertas localizaciones pueden ser altamente ventajosas, o distintivas, respecto a otras o tener unas características únicas irrepetibles.
c) La capacidad de retener el suelo e imponer precios por parte de los que ostentan su patrimonio.
Las rentas del suelo[10] se forman en base a las condiciones de acumulación rentable, reproducción social y singularidad distintiva de la localización, no tienen un precio originado en un independiente mercado de “la producción de suelo”. Es decir, es un coste que resta el capital, y forma así el precio del suelo o renta por arrendamiento en función de las condiciones de rentabilización socioeconómica de la localización. En suma, no se forma al margen del proceso del capital, ni existe un “productor de suelo”. Su existencia introduce una cierta complejidad dado que puede aparecer una fracción burguesa (los terratenientes, propietarios del suelo, rentistas, o promotoras) que “compite” con otras (constructoras, capital industrial, capital financiero, etcétera) por una porción de la masa de beneficios, a la que no contribuyen pero de la sí restan.
En tiempos más recientes hay cierta tendencia a que las diferentes fracciones de capital se integren en el control del proceso, especialmente con el liderazgo del capital financiero[11]. A veces la propiedad de empresas de sectores muy heterogéneos está bajo el control de grupos de capitalistas reducidos. La competencia entre fracciones de capital adopta formas más suaves, si bien se introduce la competencia internacional que lo contrarresta.
El sector público y sus reglamentaciones influyen en la política de uso del espacio a través de normativas sobre el suelo y planes urbanísticos. En nuestro país, ha sido decisiva la regulación flexible en torno a la calificación y uso del suelo. El sector público, sobre todo municipal, es uno de los propietarios del suelo y puede influir sobre la puesta en disposición de suelo urbanizable y así influir en los precios del suelo. Y cómo no, la política de vivienda, fijando precios, definiendo el tratamiento fiscal, apoyando la rehabilitación o la nueva construcción, favoreciendo el régimen de propiedad o alquiler, o en la promoción de vivienda pública o de protección oficial, condicionan la situación económica del suelo y los bienes inmuebles, y por tanto su accesibilidad.
Ahora bien, en la determinación del precio del suelo[12], desarrollan un papel decisivo el sector privado[13], que ostenta en torno al 90% del suelo explotable y urbanizable, y que es el principal responsable de la retención de este suelo y, por tanto, del altísimo valor del suelo.
Asimismo, en torno a tres millones de viviendas en este país están desocupadas, un 13,9% del parque de viviendas (y un 16,3% se tipifican como de segunda residencia), de un parque global de 20,8 millones de viviendas[14], lo que significa que sólo un 68,5% del total del parque se emplea como vivienda principal. Posiblemente, dos millones estén en perfectas condiciones de uso, al tiempo que los precios no dejan de crecer. Es posible la plena emancipación de los y las trabajadoras en edades jóvenes si se diese un uso distribuido, justo y racional.
Esto cabe explicarlo por una conducta oligopolista, en la que los ofertantes están exprimiendo las condiciones para poner el máximo precio posible al demandante, a sabiendas de su capacidad de imposición de precios, dadas las desigualdades entre unos y otros. ¿Significa esto que las condiciones de circulación anulan la ley del valor de las condiciones de producción[15]?. En modo alguno, si bien tienen una gran capacidad de distorsión.
En el caso de bienes inmuebles para uso productivo, las condiciones de producción y la formación del valor rige en condiciones semejantes a otra mercancía. En este caso siendo un medio de producción al que se le detrae la renta del suelo. Los centros de producción o comercio buscarán una ubicación favorable a su actividad (los comercios serán dependientes de la llegada de la clientela como lugar de paso o bien comunicado, los centros industriales dependerán de su cercanía a materias primas y viabilidad o coste de transporte). En general, los precios serán menores pues los capitalistas industriales y comerciales, o las instituciones públicas, tienen una mayor capacidad de negociación y pueden encontrar más alternativas. Las industrias suelen situarse en las ubicaciones periurbanas, y los comercios e instituciones públicas y financieras en zonas de paso o céntricas, o estratégicamente diseminadas en el medio urbano y territorial.
En lo que refiere al “mercado de la vivienda”[16], pueden observarse tres núcleos de vivienda en el medio urbano.
El mayoritario, se trata del núcleo de viviendas normales, caracterizadas por ser viviendas más o menos sustituibles. Su ubicación no suele ser céntrica, suele adquirirse por población de clase trabajadora, a veces en ciudades o distritos periféricos. La inferior capacidad de negociación de la demanda supone que los oferentes pueden imponer precios –hasta cierto punto-, lo que explica que haya siempre un núcleo de viviendas vacías que están a la espera de encontrar el mejor postor. En este caso, las condiciones de circulación –oferta y demanda- influyen en el precio final, pero las condiciones de producción[17] tienen un papel decisivo, y el precio oscila respecto a las mismas. Las ubicaciones tienen que ser relativamente accesibles dentro de lo que puede pagar a lo largo de su vida una familia trabajadora (lo cual no significa baratas, sino de “pago viable”[18]), y comunicables con los centros de trabajo (aunque las distancias sean enormes y comporten un alto coste en tiempo, deterioro de la calidad de vida y accidentes de tráfico).
Por otro lado, hay un núcleo de viviendas “distinguidas” situadas en ubicaciones de “especial localización”, que marcan simbólicamente un espacio de exclusividad y status, adquiridas por clases medias y burguesía en general. También su precio es superior, precisamente por la frontera que supone “querer” pagar dicha “marca de clase”. Las condiciones de producción tienen su peso, pero el precio será siempre superior al valor de construcción, pues lo que se paga es esa determinada distinción de clase y ubicación especial, dentro de la segmentación social del espacio urbano.
Finalmente, las infraviviendas, que son aquellas viviendas cuyos propietarios deciden dejar de invertir en su mantenimiento –típicos del parque de viviendas de alquiler privado- o de ciertos barrios degradados. En estos casos, se presume que es más rentable tratar de encontrar un buen comprador, o esperar una situación que revalorice el espacio urbano, percibiendo una renta o aguardar a la llegada de un pelotazo “especulativo” (por la implantación de nuevas industrias, la remodelación del espacio urbano, o la llegada de transportes que hagan más valioso dicha ubicación). Las infraviviendas suelen ser espacios donde viven colectivos desintegrados que no pueden cambiar de vivienda y que no tienen acceso a otro tipo de lugar habitable. Aunque el precio que pagan es superior al valor de producción (ya no se mejora o mantiene dicho espacio urbano o vivienda), al ser inferior al del “mercado” estos núcleos poco solventes económicamente permanecen en dichas localizaciones.
Se calcula, por ejemplo para la Comunidad de Madrid, que los gastos de construcción representan el 35% del coste de la vivienda, porcentaje inferior al 50% del precio del suelo. El margen del promotor alcanzaría el 10-15%, y los gastos financieros y de comercialización ocupan un porcentaje pequeño del precio final[19] –no incluimos impuestos o gastos registrales-. El precio desde 1996 hasta 2005 habría duplicado su proporción, y aunque los gastos de construcción también habrían crecido no llegan a la velocidad del precio del suelo.
En estas circunstancias, el alto precio de la vivienda[20] no puede explicarse ni mucho menos por la escasez de suelo o de viviendas construidas o en proceso de construcción, pues hay una sobreoferta o sobredisposición. Debe señalarse que, conjuntamente a las condiciones socioeconómicas que impone la política de vivienda –no fomento de la rehabilitación, ni una ordenación urbana racional, ni impulso de la vivienda en alquiler o de protección- y del suelo actual, es la propiedad privada del suelo en sí, y su retención especulativa la que generan el sobredimensionado ascenso del precio de la vivienda. Y, si profundizamos más, deberíamos señalar a las condiciones de crisis del capitalismo global financiarizado como la razón última de este fenómeno.
5. Planificación rentable del suelo urbano y Estratificación social del espacio
El acceso a la vivienda sólo es el problema más inmediato de las cuestiones urbanas. El proceso de urbanización de los últimos dos siglos es producto de la aglomeración capitalista de los espacios de producción y consumo. El espacio se explota a través de múltiples proyectos de planificación rentable del mismo, que al orientarse por criterios de obtención de beneficios particulares no responden a una racionalidad que atienda primordialmente a las necesidades sociales. Por hacerse por actores privados descoordinados suele causar desorden en la racionalidad urbana. Las condiciones de movilidad y habitabilidad son las primeras en sufrir. Especialmente para los núcleos de población con menos recursos, con contrapesos insuficientes de los poderes municipales que, más bien, contribuyen a que dicho objetivo de uso rentable del espacio sea el vector fundamental[21]. El sector público, en el mejor de los casos, contribuye a dar forma a esa planificación rentable del espacio, habida cuenta que el sector privado sería prácticamente incapaz de, ni siquiera, dar una racionalidad a sus acciones mínimamente ordenada para sus propios propósitos. Los poderes públicos o son incapaces de contrarrestar la tendencia –por falta de recursos, o por complicidad- o bien son decididos actores que tratan de consolidar ese objetivo de planificación rentable del espacio, a costa del bienestar de la población o la salud del medioambiente.
Dicha dinámica tiene consecuencias directas en dos puntos de alto interés social: la sostenibilidad ecológica y la estratificación social del espacio. Señalar que entre 1980 y 2003 se han construido 7.566.700 viviendas, y los hogares sólo han crecido en 2.750.000, lo que implica que la mayoría se ha destinado a renovar el parque, a segunda residencia (especialmente en los años 80-90 en la costa) o a permanecer desocupada[22]. Pero siguen grandes núcleos de población con una dificultad de acceso a la vivienda. Al tiempo, las ciudades crecen destruyendo los espacios naturales y rurales.
En efecto, las consecuencias devastadoras por el uso extensivo del suelo son un problema de primer orden. Las localidades turísticas de la costa mediterránea han superado el punto de saturación y la situación tiene difícil reversibilidad. En las ciudades se prima la construcción frente a la rehabilitación, coincidiendo además con la infrautilización de un parque muy grande de inmuebles vacíos o la ausencia de reformas y restauración de algunos barrios degradados en situación práctica de abandono.
Por su lado, la estratificación social del espacio es visible en términos cotidianos con barrios de diferente “significación social”, desigual tratamiento y disposición de recursos. Barrios obreros, de clases medias y burgueses. Y su consiguiente reflejo en los precios, equipamientos urbanos y calidad del entorno.
6. La reproducción social de la fuerza de trabajo.
Conviene referirse a la ilusión del pensamiento ampliamente extendido de que “se revaloriza nuestro piso”, y somos más ricos (e ingenuos aprendices de especulador). Si compramos otro también pagaremos un piso igual de “revalorizado” (porque los precios suelen subir para todos), y tendremos, normalmente, que vender el que ya teníamos. Los bienes inmuebles son un bien de consumo duradero cuando hablamos de la vivienda de uso habitual. Cuando sólo disponemos de una vivienda no se comporta como un bien de inversión, y, de hecho, la vivienda deja de ser una mercancía porque no está a la venta. Son un bien de inversión cuando se emplean con un uso productivo (oficinas, talleres, centros comerciales, etc…). Y lo son de especulación cuando se retiene su venta, y por tanto se presume que se es propietario de más de una vivienda, para obtener un precio extraordinario monopolista. La especulación tiene no obstante sus límites, porque, debemos recordar, los precios tienen como referencia los valores sobre los que oscilan. Pero, ¿cabe hablar únicamente de los “valores” producto de las condiciones de producción (coste de construcción, mano de obra, materiales, mantenimiento, costes administrativos y fiscales, etc…)?. Pues quizá sí cuando se hablan de bienes inmuebles destinables a ser centros de producción. Pero quizá no solamente cuando hablamos de las viviendas.
En efecto, las viviendas no son una mercancía singular sólo porque formen parte de ellas “el suelo”, que es un bien-riqueza dado de antemano. También son una base determinante para la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, la población dependiente de la relación salarial (la clase trabajadora y otras clases subordinadas) necesita de una vivienda para integrarse en el circuito de valorización del capital, de un lugar donde vivir en condiciones socialmente aceptables. Y pagarán hasta el límite posible para obtenerla en función de las expectativas normales de la sociedad. Límite muy alto, dada la menor capacidad de negociación, pero, en términos generales, no superará el nivel que impida la propia reproducción, pues el capital persigue garantizar la disponibilidad de fuerza de trabajo hábil para la producción –aunque a veces el desastre les puede, y nos afecta a todos-. Como “dios”, apretará al máximo, pero procurará no ahogar (sin ser cierto para segmentos de población que el capital estima inempleables y a los que sólo se les atenderá –o reprimirá- para impedir desordenes sociales). Si incorporamos al análisis este factor, comprenderemos porque es posible incrementar tantos los precios, pero también cuál es su frontera.
También el modelo de movilidad es otra problemática urbana de primera magnitud, cuando presenciamos un espacio hecho para el automóvil, con grandes calzadas y limitadas aceras, con pocos espacios verdes, con un transporte público insuficiente, o con ausencia de carriles bici o para otros medios de locomoción sencilla (patinete, por ejemplo). Sólo parecen introducirse mínimas medidas de racionalidad una vez las ciudades han llegado a superar el punto de congestión.
En términos generacionales y proyectos vivenciales ni que decir tiene que es mucho lo que se pone en juego: el momento y modo de emancipación, el modelo de movilidad y habitabilidad de una ciudad, el endeudamiento de por vida, etcétera. En estas condiciones podemos afirmar, que la generación del baby boom tiene un panorama sombrío para las próximas décadas, pues es la principal afectada por el modelo urbano y de acceso a la vivienda –más compleja aún si recordamos sus bajos salarios e inestables condiciones de empleo-, si exceptuamos al colectivo inmigrante que está incluso en peor situación, en unas condiciones francamente precarias, intensificado si además se es mujer.
En suma, con el ascenso del precio en la vivienda se erosiona de diversas maneras las condiciones de vida de la población trabajadora:
Aumenta el coste de reproducción que, al no corresponderle un aumento en los salarios, supone un deterioro objetivo del nivel de vida, por periodos que pueden abarcar prácticamente la mitad de la vida.
Significa una presión para que se incrementen las distancias entre lugar de trabajo y residencia, lo que incide en los tiempos de desplazamiento, tiempos libres y riesgos de accidente in itinere.
El recurso obligado a préstamos y créditos hipotecarios, ante las elevadas cifras del precio de la vivienda, incrementa el coste financiero –y ni que decir tiene cuando están aumentando los tipos de interés-, lo que supone una expropiación del esfuerzo económico por parte del sistema bancario, sin apenas riesgo, pues en caso de no pagarse la hipoteca ésta se ejerce, permaneciendo la deuda, y apropiándose de la vivienda el banco.
7. Propuestas de transformación: cuestionamiento de la propiedad privada y defensa de la vivienda como derecho social efectivo.
Debemos reclamar que la vivienda sea tratada fuera del espacio de la mercancía, porque es un derecho básico que responde a una necesidad fundamental. Para ello debemos poner en el punto de mira las relaciones capitalistas que convierten la explotación de los recursos en una dinámica inserta en esta lógica perversa. De modo semejante, no podemos aceptar el uso privatista del suelo, y menos aún cuando se ejerce con un propósito especulativo, ni productivo ni social.
En este contexto, no cabe otra cosa más que la crítica al sistema de propiedad privada, y particularmente la del suelo y vivienda. No se deduce de aquí que se cuestione el derecho al usufructo particular, familiar (o de cualquier grupo de afinidad que desee convivencia), y exclusivo cuando la vivienda es el hogar. Respondemos así al ridículo argumentario que confunde la socialización del suelo y la vivienda con vivir hacinados en casas que separan con meros biombos, con una precaria intimidad, a las familias –la vetusta imagen de la extinta Unión Soviética-. Al contrario, al menos en nuestro país viviendas sobran, pero un gran número de ellas están desocupadas y otras tienen un uso inapropiado. Además, el problema del suelo tampoco lo es porque su presencia es abundante. La cuestión radica en el uso especulativo de los propietarios privados del mismo y la recalificación desordenada y rentabilista de los ayuntamientos, como solución a su carestía de recursos –amén de también tentaciones de corrupción en ciertos casos-.
Es preciso actuar en la línea de aprovechar el parque de viviendas ya existente, amén de que sea conveniente apostar por la rehabilitación por los núcleos urbanos degradados. En nuestra opinión, la política de incrementar la construcción sería delirante. La política de incrementar los porcentajes de viviendas de protección oficial sería como curar un cáncer con aspirinas, más si cabe con los ridículos presupuestos públicos[23] destinados al efecto. Para ello es necesario realzar la función social de la vivienda y reclamar la responsabilidad social y pública de su uso, garantizando el derecho a una vivienda digna. Y no hay mejor manera que aproximarse lo más posible a una concepción de propiedad pública del suelo, que permita planificar racionalmente –en respuesta a las necesidades sociales- los espacios urbanos, sin inhibir el usufructo exclusivo de los grupos familiares de los espacios habitacionales y residenciales que se consideren necesarios[24] en términos sociales. Repartamos riqueza, y no miseria. Aunque sea hayan realizado algunos gestos positivos resulta decepcionante la última ley del suelo del gobierno, que aunque acota la libertad casi plena para la construcción en casi cualquier espacio (lo cual no impedía la especulación ni facilita la reducción de precios), sigue sin habilitar la posibilidad de expropiación de las viviendas con un uso indebido o por su desocupación, y lo hace excepcional para el caso del suelo.
También es decepcionante la política fiscal, que, con pequeños gestos insuficientes, sigue promocionando el régimen de compra frente al de alquiler[25], aunque la agencia pública de alquiler sea una buena iniciativa (pero inoperativa en un contexto como el actual). O la no instauración de impuestos específicos sobre bienes inmuebles infrautilizados o desocupados, o a las segundas o terceras viviendas. O que no se impulse la inspección en mayor intensidad para evitar la construcción fraudulenta, o que se actualice el catastro para identificar los bienes inmuebles mal empleados o desocupados. O la política de vivienda (concepción también respaldada por otras formaciones de izquierdas inmaduras en el análisis del problema de la vivienda) que sigue insistiendo en favorecer más construcción –sea privada, de precio tasado o de protección oficial-, con unos recursos ridículos, en vez de obligar a sacar a oferta la vivienda en desuso –primero con impuestos específicos, y, en casos determinados, con la expropiación-, apostar por la rehabilitación de los barrios degradados y un desarrollo sostenible del medio urbano y rural –en el que debe incluirse un modelo alternativo y ecológico de movilidad que contravenga el uso injustificado, individual y masivo del automovil-.
En definitiva, si apostamos porque la vivienda sea un derecho garantizado es necesaria otra política, y otro sistema de posesión y uso del suelo y la vivienda. Para ello, la cuestión de la vivienda, piedra angular del sostenimiento de la sociedad, debe replantearse con una fuerza social que subvierta las relaciones de poder hegemónicas.
Por último, señalar el papel estratégico de afrontar la cuestión social de la vivienda. La vivienda es, al día de hoy, la principal preocupación de la generación joven de la clase trabajadora. Su relación con el modo de vida, y sus implicaciones respecto al modelo laboral son indudables, y encierra una de las contradicciones más visibles de nuestra sociedad capitalista. Por eso, el papel de los que queremos transformar esta sociedad es dar respuesta a esta problemática, porque las contradicciones en este asunto son una plasmación compleja de la crisis del sistema. Tratar de resolver en serio la cuestión de la vivienda supone enfrentarse al tuétano del sistema y significaría dar respuesta a la primera necesidad de las familias trabajadoras jóvenes. Es un objetivo central ahora. Si el programa de transición en la revolución de Octubre fue “pan, paz y tierra”, ahora cabría decir “ingreso universal garantizado, reducción radical de la jornada laboral, sostenibilidad ecológica y vivienda”.
8. Bibliografía
- Albarracín, D. (2003) ”Vivienda, Juventud y Relaciones Laborales: a las puertas de un colapso”. Observatorio Europeo de Relaciones Laborales. EIRO. http://www.eiro.eurofound.eu.int/2003/02/word/es0302106fes.doc. En inglés: http://www.eiro.eurofound.eu.int/2003/02/word/es0302106f.doc
- Albarracín, D. (2003) De la utopía postindustrial a la crisis de las sociedades salariales de servicios. Tesis doctoral. UCM. Ver resumen en (2003) “La sociedad salarial de servicios a debate: ciclo del capital, estructura social y subjetividad obrera”. Cuadernos de Relaciones Laborales 21,nº2 págs. 191-213
- Banco de España (2006) documento “Síntesis de indicadores económicos, indicadores del mercado de la vivienda. Variables más significativas”. 22-Noviembre.
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- García, M.A.; y Zarapuz, L. (2005) Una nueva cultura para afrontar el creciente problema de la vivienda en España. Gabinete Económico Confederal de CC.OO (GTC CCOO). Cuadernos de información sindical.
- Fernández Durán, R. (2006) “El Tsunami urbanizador español y mundial”. Mimeografiado. Se publica por Virus Editorial.
- Marx, K. (1873) El capital. Akal.
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- Zarapuz, L. y otros (2006) “La vivienda es un derecho no un privilegio”. Cuadernos CAUM. También como “El acceso a la vivienda y fomento de la edificación”. Mimeografiado
[1] Profesor de Sociología industrial y del trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid. Técnico de FECOHT-CCOO. Doctor en sociología (UCM) y licenciado en CC. Económicas (UAM).
[2] Entre 1996 y 2006 el precio de la vivienda casi se ha triplicado (+185%) mientras que el salario medio sólo ha crecido un 40%, apenas al ritmo del IPC (Cuadernos del CAUM, Zarapuz, L; 2006). El esfuerzo salarial para adquirir una vivienda se ha duplicado en este período, con especial intensidad a partir de 1999.
[3] El precio medio de alquiler en 2002 en España ascendía a 629,26 euros al mes y si es de nueva construcción 898,23 euros (GTC CCOO; 2005:47). Si la mayoría de la juventud son simples “mileuristas” difícilmente podrán emanciparse en estas circunstancias.
[4] Los precios de la vivienda están estabilizados en otros países comparables e, incluso, en Alemania o Japón, por ejemplo entre otros, llevan ya varios años con caídas de los precios, especialmente intensas en el país nipón, según el Banco de España. La velocidad de crecimiento de los precios en España no tiene parangón a nivel mundial, al igual que tampoco lo tiene la actividad constructora que supera en períodos recientes la del Reino Unido, Francia y Alemania juntas.
[5] “En 2006 la hipoteca media se sitúa cerca de los 140.000 euros a un plazo de 26 años, con un pago total de 215.000 euros al final de la misma a los tipos actuales” (Cuadernos del CAUM, Zarapuz, L; 2006). Sigue datos INE. Los tipos de interés no dejan de crecer, desde niveles ínfimos (que ponían el tipo de interés real negativo) lo cual amenaza con que el endeudamiento se acreciente en términos de pagos y esfuerzo económico mensual en los próximos años. Se estima que un punto de tipo de interés se puede traducir en un incremento del 11% en la cuota mensual.
[6] Ver Censo de Población-INE 2001 y Padrones Municipales 2006.
[7] El concurso de los mercados de valores y de divisas y sus gigantes volúmenes representan un vehículo de financiación y apropiación extraordinario y singular de la actual fase capitalista. Si bien la generación de plusvalías es intrínseca al proceso de producción y explotación, la forma en que se distribuyen la correspondiente masa de beneficios, entre el conjunto de unidades capitalistas, es francamente desigual. Los mercados de valores son el espacio de intercambio de bonos y acciones en general que reciben una afluencia de capital que sobrefinancia a las grandes compañías oligo y monopolísticas, sin amenazar totalmente el control del capital de los núcleos de accionistas principales, y que supone una ventaja y apropiación añadida de la masa de beneficios y control de propiedades para ciertas oligarquías capitalistas. De modo afín, el mercado de divisas tiene un resultado asimilable pero a escala de relación desigual entre países, al obtener un respaldo financiero y de credibilidad económica superior los países centrales frente a los periféricos, y sus correspondientes unidades económicas. Naturalmente, los perjudicados del proceso son los productores con peor capacidad de negociación en el mercado nacional e internacional, las PYMEs, y el conjunto de la clase trabajadora, por la inseguridad que comporta la desregulación del movimiento de capitales, neutralizando o subordinando las acciones públicas que puedan contrarrestar esta dinámica. Sea como fuere, este importantísimo factor condicionante y característico del capitalismo tardío –capaz de distraer la dinámica de acumulación y arruinar economías enteras en favor de capitalistas privilegiados en ciertos territorios o de determinados tamaños de empresa- no interrumpe la dinámica de la ley del valor. Digámoslo así, las condiciones de circulación y apropiación de los beneficios y del acceso al capital financiero alteran de manera más intensa el ciclo del capital, pero, en última instancia, y a medio plazo los precios oscilan en torno a los valores –generados por las condiciones de producción, el tiempo de trabajo socialmente necesario. Ahora bien, estas condiciones suponen que los precios juegan beneficiando de manera más duradera y consistente a un tipo de capitalistas y países frente a otros.
[8] Cuando nos referimos a industrial estamos aludiendo a las diferentes industrias. A este respecto, hacemos notar que la divisoria de tres sectores (primario, industrial y de servicios) no es muy apropiada para el análisis socioeconómico dado que encierran confusión para la interpretación. Existen numerosas actividades de servicios (diseño y concepción industrial, consultoría, actividades tecnológicas, comercio, servicios personales, etc…) de una naturaleza profundamente heterogénea. Además, el automatismo industrial es transversal a los diferentes subsectores, pues la industrialización afecta de lleno a la agricultura, a la ganadería, y a las propias actividades de servicios (informatización, telematización, lógicas industriales de servicio, etc…). Si, en alguna medida podemos decir que nos encontramos en una sociedad de servicios sólo es posible porque su base de desarrollo es superindustrial (Albarracín, D.; 2003).
[9] “El precio de este bien sin valor, el suelo, no puede ser entendido allí donde se ofrece (mercado del suelo) sino allí donde se forma (valorización del capital sobre el suelo)”. (Topalov, Ch.; 1984:10)
[10] “La subordinación de la renta a la ganancia no significa la ausencia de contradicción entre estas dos relaciones sociales y los agentes que son sus soportes; indica simplemente que la valorización de la propiedad del suelo por la renta presupone la valorización del capital mediante la explotación de la fuerza de trabajo. La renta del suelo es una relación de distribución del plusvalor social entre los agentes que, en esa relación, se sitúan globalmente del lado del capital” (Topalov, Ch; 1984:14)
[11] Sin impedir que algunas fracciones de capital diferentes hayan adquirido un peso significativo acumulado en estos últimos años, como es la propia industria de la construcción española –ahora superpotencia mundial-, y el capital procedente de algunas grandes compañías de distribución comercial.
[12] El suelo finalista supone cerca del 24% del precio de venta del piso en España, según la APCE (Asociación de Promotores Constructores de España, citado en GTC CCOO; 2005:54)
[13] La mayoría del suelo urbanizable (GTC CCOO; 2005: 55) está en manos privadas: instituciones financieras, promotoras inmobiliarias, grandes empresas de construcción, grandes compañías…
[14] Gabinete económico confederal GTC CCOO; 2005:15
[15] “Todo precio de monopolio de la vivienda se define por su relación con el precio regulador; mientras que el primero dependen únicamente de las condiciones de circulación, el segundo depende de las condiciones de producción” (Topalov; Ch.; 1984:168). El precio regulador depende del precio de producción de la vivienda normal –una vez definida la característica cualitativa del bien depende de las condiciones medias de productividad de la industria de la construcción-; del coste máximo de edificabilidad del suelo en la zona; y el precio del suelo. A partir de ahí el precio de monopolio puede oscilar según sea una zona normal, privilegiada, o de penuria, en función de la segregación social del espacio urbano.
[16] Tópalov, Ch.; 1984: 161
[17] Las condiciones de producción, en este caso de “construcción”, no se producen exclusivamente en el momento de la edificación, sino a lo largo de un periodo extenso, a través de sucesivos mantenimientos y reformas para hacer habitables y aprovechables las viviendas, en las condiciones sociales normales del momento.
[18] Si mayores fracciones de la población se emplean no sólo reordena la concepción de la familia, significando una mayor autonomía femenina, es también consecuencia de la carestía de la vida y en ello participa la vivienda. Se pueden detraer de “dos sueldos” un pago continuado y más elevado de cuotas hipotecarias o de alquiler.
[19] GTC CCOO; 2005:54
[20] Para el conjunto del Estado el precio medio de una vivienda de 70m2 ha pasado de 2,6 a 6,3 veces el salario anual dentro del período de 1987 y 2004, y de 3,4 a 8,2 veces si hablamos de una vivienda de 90m2 (GTC CCOO; 2005:115).
[21] Por ejemplo, cuando se deciden ampliar líneas de transporte público, no siempre se pone en primer lugar la presencia de mayor o menor población, sino las posibilidades de revalorización de un espacio en próxima edificación.
[22] GTC (Gabinete Técnico Confederal) CCOO; 2005: 26
[23] El gasto estatal en vivienda para 2007, según los Presupuestos Generales del Estado, suponen unos 1.234,35 millones de euros, que aunque supone un crecimiento del 14,4% nominal respecto a 2006 es aún muy insuficiente para la dimensión del problema. Se calcula (en 2005) que el gasto en términos del PIB en vivienda oscila entre el 0,75% o el 0,47% -si no se considera como gasto las deducciones fiscales en materia de vivienda en el IRPF que el gobierno contemplan como gasto-.
[24] En Cuba y China, el acceso a la vivienda está garantizado, aunque no por ello se deje de reclamar algún esfuerzo a los usufructuarios. El sistema de Cuba, por ejemplo, combina la propiedad pública del suelo, con el usufructo exclusivo de las familias, en cuanto a la vivienda, en función de parámetros de necesidad social. Cuando cambian las necesidades familiares o las preferencias, se habilitan sistemas de permuta que facilitan un uso apropiado y distribuido de las viviendas.
[25] Lo que explica que sólo un 11,3% del parque esté en régimen de alquiler (datos del censo de 2001, INE)
Aproximación a las categorías teóricas y su coyuntura empírica.
Daniel Albarracín[1]
2007
1. Introducción. 2
2. Crisis económico-financiera: el refugio del suelo y el “mercado de la vivienda”. 3
3. La vivienda, una mercancía singular en una sociedad de clases. 5
4. Valor y Precio de la vivienda y el suelo. 6
5. Planificación rentable del suelo urbano y Estratificación social del espacio. 10
6. La reproducción social de la fuerza de trabajo. 11
7. Propuestas de transformación: cuestionamiento de la propiedad privada y defensa de la vivienda como derecho social efectivo. 13
8. Bibliografía. 14
1. Introducción
La vivienda constituye un bien tan necesario como de difícil acceso (en su forma de propiedad[2] o alquiler[3]) para la clase trabajadora, sobre todo su núcleo joven, y otros colectivos vulnerables como las personas inmigrantes y mujeres con cargas familiares. Constituye, aunque sin la misma acogida mediática que el terrorismo o la inmigración, el primer problema de los y las trabajadoras. Y en el caso español es especialmente desproporcionado e insoportable[4].
La cuestión reúne múltiples tensiones sociales y económicas. Es manifestación directa de la crisis. Hay diversos modelos sociales de respuesta al acceso y uso de la vivienda, y en esa discusión y en como se resuelven en la práctica se desenvuelven conflictos de clase. En primer lugar, la vivienda, forma parte del paquete imprescindible de bienes para la reproducción social y configura uno de los principales condicionantes en el modo de vida de la clase trabajadora, con un primer efecto en el retraso de la emancipación y la formación de la familia. Además, se convierte en el primer pilar de la expropiación del trabajo, a través de diversos mecanismos de explotación (directa, por la necesidad de alquilar la propia fuerza de trabajo –plusvalía-; e indirecta, a través del endeudamiento –intereses y comisiones-, potenciado por la especulación –precios-). La obligación regular de pago de la deuda deviene en un arma de disciplina y dependencia. La docilidad ante el trabajo asalariado tiene uno de sus orígenes en la obligación de afrontar la hipoteca mensual[5] -o el alquiler-, durante una fracción biográfica que abarca casi toda la vida adulta.
El negocio hipotecario ha comprobado como su actividad y rédito ha llegado a magnitudes difíciles de sospechar, haciendo de las entidades financieras actores decisivos en la forma y fondo del problema.
El modelo urbano de vivienda contribuye a configurar la estratificación social del espacio –fijando o desplazando a enteros grupos sociales de extracción afín-, trasladando, por ejemplo, a ciudades periféricas, satélites, conocidas como “ciudades dormitorio” a segmentos mayoritarios de la clase trabajadora joven. Mientras que las metrópolis como Madrid o Barcelona pierden población –sólo compensada en parte por la instalación de población inmigrante-, las ciudades periurbanas han asistido a una explosión de crecimiento desconocida en la última década[6]. El modelo de vivienda forma parte de un modelo urbano, de vertebración del territorio y movilidad completamente hostil e irracional.
Al tiempo, las clases de la burguesía -los rentistas, promotores y constructores- imponen precios al consumidor, en una lógica de aplastamiento de cualquier equiparación en la negociación entre oferta y demanda. Los grandes propietarios privados detentan casi todo el poder, los poderes públicos dejan hacer. Sólo así es posible explicar que en nuestro país se alcancen las tres millones de viviendas vacías comprobadas, al convivir precios inasumibles con demanda por de pronto insolvente. Si a estas se le suman las segundas residencias y otras podrían llegar a ser siete según diferentes cómputos (CES; 2002), lo cual intensifica más la imagen de profundo desequilibrio e injusticia.
Los pequeños guiños del gobierno socialista no han corregido las tendencias en la política y normativa de vivienda, y el sector público sigue alentando casi el mismo modelo urbano y de vivienda, con gestos que no contrarrestan ni modifican sustancialmente la estructura del fenómeno. Por si fuera poco, asistimos a una consolidación de la corrupción en numerosos municipios. Se puede estar generando un entramado mafioso de intereses en el ámbito de la construcción, y redes de clientelismo, con consecuencias en varios campos de la vida social y política más allá de la vivienda.
2. Crisis económico-financiera: el refugio del suelo y el “mercado de la vivienda”.
Aunque suene a paradójico, la prosperidad coyuntural de la economía española es producto de la crisis estructural del capitalismo global. Es una consecuencia temporal del reordenamiento del capital internacional que se resguarda ante la crisis y, en particular, la crisis de las inversiones internacionales “colonialistas”, así como de la recesión europea, que clausuran oportunidades de expansión en nuevas industrias, nuevas explotaciones en bienes energéticos, o nuevos mercados. Las crisis financieras de los años 90; la ruina de los países del Sur por la política impuesta por los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las prácticas depredadoras de las multinacionales europeas y norteamericanas –en suma, el desarrollo desigual-; y el giro resistencialista de algunos gobiernos de los países del Sur, han cerrado un ciclo de expansión global al capital imperialista. Y una parte de los capitales distraídos se destinan a actividades que, al no ser tan “rentable” y ser más “arriesgado” explotar otros pueblos en otros países, deciden hacerlo con las clases populares en los propios países centrales, por la, comparativamente, mayor estabilidad económica y demanda solvente (menor “riesgo-país”).
Dichos capitales se han invertido en algunas actividades que han propiciado un ciclo de creación de empleo en los países europeos, especialmente en el permisivo estado español. El impulso que brinda la construcción y la especulación con el suelo no es más que una ficción pasajera que acabará en tragedia social.
El capitalismo hiperfinanciarizado[7] esta refugiando parte del capital, tras sus sucesivas y cada vez más descontroladas crisis de acumulación, en bienes-riqueza de cierta seguridad económica, y poco control público, como el suelo y la vivienda.
La fase del crecimiento de los precios –merced a este factor demanda, mediante una inversión de magnitud extraordinaria- en los bienes inmuebles y el suelo coincidió con el llamado “efecto Euro”, que supuso un momento de arranque. Conversión de moneda que, en las condiciones permisivas en que se implantó, propició el blanqueo de una gran porción de dinero negro, enorme en nuestra economía no declarada, a través de la adquisición de suelo y vivienda. El resultado es que el suelo representa más del 50% del precio final de la vivienda, y que esta ha sufrido un incremento formidable en los últimos años.
Algunos sectores vieron detraer la afluencia de capitales a favor del acaparamiento de suelo y de la construcción. En medio de una ralentización de las tasas de ganancia globales, es cada vez más habitual que los capitales diversifiquen sus inversiones, y algunos traten de refugiarse en bienes considerados seguros cuando se esperan o perciben situaciones de recesión en la dinámica industrial[8], aun cuando sus tasas de rentabilidad sean menores, pero puede que menos volátiles, en el marco de crisis de la economía. La construcción está siendo uno de estas actividades refugio, y se encuentra con una demanda (inelástica y amplísima) que reclama vivienda en grandes volúmenes. Demanda sustentada en una coyuntura favorable de creación de empleo (de mala calidad pero en abundancia), el agolpamiento de una generación extraordinariamente amplia, las cohortes del baby boom, en el momento vital de emancipación, y la presencia creciente y la reciente incorporación de población inmigrante en edad laboral. Si a estos datos añadimos que un enorme volumen de la economía informal se encuentra en esta actividad (con grandes cantidades de dinero negro, prácticas de empleo irregular, evasión fiscal, corrupción urbanística y municipal, etc…) nos encontramos con otro factor explicativo. Ante la crisis relativa de otros sectores tradicionales (y de otros países en los que se venía invirtiendo), hacen a esta actividad muy atractiva.
Ahora bien, es necesario terminar esta reflexión inicial recordando de nuevo que la naturaleza económica del suelo y de la vivienda es singular, en cuanto al análisis de la mercancía se refiere. Y que el factor concentración de la propiedad del suelo, y la conducta monopolística de la actividad de las promotoras y las constructoras son, en última instancia, las causantes de un alza de los precios a niveles especulativos, al poder controlar los tiempos en que se construyen y ofertan estos bienes, dosificar la forma en que se venden, y al poder imponer los precios sobre unos consumidores “desesperados” por alcanzar la emancipación y, en suma, un techo.
3. La vivienda, una mercancía singular en una sociedad de clases.
La vivienda es una mercancía que participa de la lógica del capital. La dinámica de constitución de sus precios depende de la acumulación y rentabilidad capitalista, el proceso de explotación, y la competencia entre fracciones del capital, y sus correspondientes crisis.
Un tipo de conflicto entre clases está presente en la competencia intercapitalista. Se produce una disputa competitiva por el excedente arrebatado ya al trabajo global de las clases productivas entre rentistas del suelo, promotores inmobiliarios, constructores, capital financiero, y capitalistas industriales (entendiendo por ellos al capital productor de mercancías de manera amplia –bienes o servicios-). A veces no es tanto una disputa sino un reparto, al coincidir los accionistas y estar presentes en y para diferentes fracciones del capital.
El valor del suelo y de los bienes inmuebles (en su forma de centro de trabajo) suele presentarse, siguiendo el análisis del fetichismo que nos cuestionó Marx, como un coste inicial del capitalista por lo que constituiría un bien de inversión. Aparentaría un precio resultante de supuesto mercado del suelo. Lo que en la práctica ocurre es que la viabilidad y la ganancia esperada normalmente obtenida de la inversión capitalista es la que hace posible que el suelo y la edificación puedan presentar un precio o una renta. Si no hay rentabilidad capitalista, efectiva o potencial, la localización del suelo y la edificación allí presentes no tendrán precio alguno.
Desde una óptica marxista, el suelo es un bien sin valor, aunque con precio. No se puede calificar de mercancía. La vivienda es una mercancía, con valor, pero en cuya condición de producción se incorpora un bien-riqueza como el suelo, que no tiene valor.
Con la vivienda nos encontramos con una mercancía singular. Parte de su precio procede de una “no mercancía”: el suelo (hasta el 50% de su precio, al menos en la Comunidad de Madrid). Según la economía convencional es un bien de consumo duradero; y puede convertirse en bien de inversión, sea por su posible uso como espacio productivo de oficinas y centros de trabajo, o como bien de especulación mediante su retención a la espera de una revalorización en el precio.
Ahora bien, en primera instancia, la vivienda enfrenta a las clases sociales antagonizadas por la relación de explotación. Si hay rentabilidad del suelo y los bienes inmuebles es porque el capital explota a los productores directos. Si la vivienda es cara es porque los capitalistas (y los que regulan públicamente las normas a su favor) imponen precios de monopolio. Si la vivienda es un negocio para el sistema financiero es porque del endeudamiento se extraen pingues beneficios con los intereses y comisiones bancarias que apenas pueden negociar las familias trabajadoras. Si, en suma, la vivienda representa la principal carga a la espalda de la clase trabajadora a lo largo de su vida, su traducción práctica se expresa en la aceptación de aquel empleo o situación de trabajo que al menos permita pagar la hipoteca mensual.
4. Valor y Precio de la vivienda y el suelo
Desde el análisis económico marxista, inmediatamente nos sujetamos al esquema de la mercancía para indagar en el proceso de formación de valores, rentas y precios, tratando de darle la vuelta al fetichismo habitual con que se nos presenta el fenómeno. La economía convencional nos arroja una explicación de los precios como resultado de un intercambio natural entre demanda y oferta, como el intercambio de dos cosas con un precio equivalente por sus propias características de “utilidad”. Marx nos indica que las cosas no se intercambian merced a ninguna utilidad subjetiva atribuida o una característica física o metafísica propia, sino por un precio que oscila en referencia al valor, fijado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de la mercancía en cuestión. El intercambio se realiza entre mercancías con un valor equivalente, base que fijará el precio a largo plazo. Intercambio que esconde no una relación entre cosas, sino una relación social: productores con productores y explotadores y explotados, al introducirse en este vínculo una extracción de plusvalor del propietario de los medios de producción sobre los o las productoras directas.
Dicho esto, comienza uno de los problemas conceptuales con el objeto de análisis en cuestión: el valor del territorio (sea suelo, en sus diversos formatos útiles, o espacio ya edificado). La teoría marxista insiste en que el origen del valor, en una sociedad capitalista, radica en el trabajo (efectivo y valorizable). La riqueza, anterior al valor, procede de diversas fuentes: la naturaleza (materias primas, la tierra y el suelo) y la propia fuerza de trabajo, siendo la aplicación de ésta último la que crea el valor incorporado a las mercancías. El trabajo transforma y hace valer esas fuentes, si bien la materia básica les precede. El trabajo, así, produce mercancías, dentro de una relación de explotación, y en este marco podemos situar a los bienes inmuebles (para uso reproductivo –la vivienda-, o productivo –los centros de trabajo-).
¿Qué sucede con el suelo?. El “espacio” no es estrictamente una mercancía. No se produce por el trabajo, si bien tampoco puede generar rentas o precios sin él –es necesario generar las condiciones para convertirlo en una mercancía y bien de producción-. Ni la propiedad del suelo ni el territorio en sí generan valor, pero sí pueden obtener un precio o una renta. Algo semejante sucede con los bienes inmuebles edificados, pues son “espacio”, pero en su precio debe contemplarse que sí se ha generado en unas determinadas condiciones de producción y por tanto, incorpora un valor. Pero cualquier vivienda u oficina incluye en su precio lo que “costó adquirir” el suelo (o quiere y puede cobrarse por él en dicho contexto).
¿Cómo se forma el precio del suelo?. Pues no se forma de manera independiente del ciclo del capital[9]. En efecto, si bien los propietarios del suelo pueden reclamar una renta, el alcance de ésta depende de la dinámica capitalista, aunque esta renta represente un freno a la acumulación. Efectivamente el precio diferencial de un suelo respecto a otro depende de:
a) El uso económico que pueda comportar para la inversión o el consumo. Es decir, si el espacio que ocupa es aprovechable para la acumulación capitalista (sea un lugar más o menos idóneo para la instalación de fábricas, centros de trabajo e instituciones) o para la reproducción social de la fuerza de trabajo de la población.
b) La singularidad del espacio del que se trate. A este respecto, ciertas localizaciones pueden ser altamente ventajosas, o distintivas, respecto a otras o tener unas características únicas irrepetibles.
c) La capacidad de retener el suelo e imponer precios por parte de los que ostentan su patrimonio.
Las rentas del suelo[10] se forman en base a las condiciones de acumulación rentable, reproducción social y singularidad distintiva de la localización, no tienen un precio originado en un independiente mercado de “la producción de suelo”. Es decir, es un coste que resta el capital, y forma así el precio del suelo o renta por arrendamiento en función de las condiciones de rentabilización socioeconómica de la localización. En suma, no se forma al margen del proceso del capital, ni existe un “productor de suelo”. Su existencia introduce una cierta complejidad dado que puede aparecer una fracción burguesa (los terratenientes, propietarios del suelo, rentistas, o promotoras) que “compite” con otras (constructoras, capital industrial, capital financiero, etcétera) por una porción de la masa de beneficios, a la que no contribuyen pero de la sí restan.
En tiempos más recientes hay cierta tendencia a que las diferentes fracciones de capital se integren en el control del proceso, especialmente con el liderazgo del capital financiero[11]. A veces la propiedad de empresas de sectores muy heterogéneos está bajo el control de grupos de capitalistas reducidos. La competencia entre fracciones de capital adopta formas más suaves, si bien se introduce la competencia internacional que lo contrarresta.
El sector público y sus reglamentaciones influyen en la política de uso del espacio a través de normativas sobre el suelo y planes urbanísticos. En nuestro país, ha sido decisiva la regulación flexible en torno a la calificación y uso del suelo. El sector público, sobre todo municipal, es uno de los propietarios del suelo y puede influir sobre la puesta en disposición de suelo urbanizable y así influir en los precios del suelo. Y cómo no, la política de vivienda, fijando precios, definiendo el tratamiento fiscal, apoyando la rehabilitación o la nueva construcción, favoreciendo el régimen de propiedad o alquiler, o en la promoción de vivienda pública o de protección oficial, condicionan la situación económica del suelo y los bienes inmuebles, y por tanto su accesibilidad.
Ahora bien, en la determinación del precio del suelo[12], desarrollan un papel decisivo el sector privado[13], que ostenta en torno al 90% del suelo explotable y urbanizable, y que es el principal responsable de la retención de este suelo y, por tanto, del altísimo valor del suelo.
Asimismo, en torno a tres millones de viviendas en este país están desocupadas, un 13,9% del parque de viviendas (y un 16,3% se tipifican como de segunda residencia), de un parque global de 20,8 millones de viviendas[14], lo que significa que sólo un 68,5% del total del parque se emplea como vivienda principal. Posiblemente, dos millones estén en perfectas condiciones de uso, al tiempo que los precios no dejan de crecer. Es posible la plena emancipación de los y las trabajadoras en edades jóvenes si se diese un uso distribuido, justo y racional.
Esto cabe explicarlo por una conducta oligopolista, en la que los ofertantes están exprimiendo las condiciones para poner el máximo precio posible al demandante, a sabiendas de su capacidad de imposición de precios, dadas las desigualdades entre unos y otros. ¿Significa esto que las condiciones de circulación anulan la ley del valor de las condiciones de producción[15]?. En modo alguno, si bien tienen una gran capacidad de distorsión.
En el caso de bienes inmuebles para uso productivo, las condiciones de producción y la formación del valor rige en condiciones semejantes a otra mercancía. En este caso siendo un medio de producción al que se le detrae la renta del suelo. Los centros de producción o comercio buscarán una ubicación favorable a su actividad (los comercios serán dependientes de la llegada de la clientela como lugar de paso o bien comunicado, los centros industriales dependerán de su cercanía a materias primas y viabilidad o coste de transporte). En general, los precios serán menores pues los capitalistas industriales y comerciales, o las instituciones públicas, tienen una mayor capacidad de negociación y pueden encontrar más alternativas. Las industrias suelen situarse en las ubicaciones periurbanas, y los comercios e instituciones públicas y financieras en zonas de paso o céntricas, o estratégicamente diseminadas en el medio urbano y territorial.
En lo que refiere al “mercado de la vivienda”[16], pueden observarse tres núcleos de vivienda en el medio urbano.
El mayoritario, se trata del núcleo de viviendas normales, caracterizadas por ser viviendas más o menos sustituibles. Su ubicación no suele ser céntrica, suele adquirirse por población de clase trabajadora, a veces en ciudades o distritos periféricos. La inferior capacidad de negociación de la demanda supone que los oferentes pueden imponer precios –hasta cierto punto-, lo que explica que haya siempre un núcleo de viviendas vacías que están a la espera de encontrar el mejor postor. En este caso, las condiciones de circulación –oferta y demanda- influyen en el precio final, pero las condiciones de producción[17] tienen un papel decisivo, y el precio oscila respecto a las mismas. Las ubicaciones tienen que ser relativamente accesibles dentro de lo que puede pagar a lo largo de su vida una familia trabajadora (lo cual no significa baratas, sino de “pago viable”[18]), y comunicables con los centros de trabajo (aunque las distancias sean enormes y comporten un alto coste en tiempo, deterioro de la calidad de vida y accidentes de tráfico).
Por otro lado, hay un núcleo de viviendas “distinguidas” situadas en ubicaciones de “especial localización”, que marcan simbólicamente un espacio de exclusividad y status, adquiridas por clases medias y burguesía en general. También su precio es superior, precisamente por la frontera que supone “querer” pagar dicha “marca de clase”. Las condiciones de producción tienen su peso, pero el precio será siempre superior al valor de construcción, pues lo que se paga es esa determinada distinción de clase y ubicación especial, dentro de la segmentación social del espacio urbano.
Finalmente, las infraviviendas, que son aquellas viviendas cuyos propietarios deciden dejar de invertir en su mantenimiento –típicos del parque de viviendas de alquiler privado- o de ciertos barrios degradados. En estos casos, se presume que es más rentable tratar de encontrar un buen comprador, o esperar una situación que revalorice el espacio urbano, percibiendo una renta o aguardar a la llegada de un pelotazo “especulativo” (por la implantación de nuevas industrias, la remodelación del espacio urbano, o la llegada de transportes que hagan más valioso dicha ubicación). Las infraviviendas suelen ser espacios donde viven colectivos desintegrados que no pueden cambiar de vivienda y que no tienen acceso a otro tipo de lugar habitable. Aunque el precio que pagan es superior al valor de producción (ya no se mejora o mantiene dicho espacio urbano o vivienda), al ser inferior al del “mercado” estos núcleos poco solventes económicamente permanecen en dichas localizaciones.
Se calcula, por ejemplo para la Comunidad de Madrid, que los gastos de construcción representan el 35% del coste de la vivienda, porcentaje inferior al 50% del precio del suelo. El margen del promotor alcanzaría el 10-15%, y los gastos financieros y de comercialización ocupan un porcentaje pequeño del precio final[19] –no incluimos impuestos o gastos registrales-. El precio desde 1996 hasta 2005 habría duplicado su proporción, y aunque los gastos de construcción también habrían crecido no llegan a la velocidad del precio del suelo.
En estas circunstancias, el alto precio de la vivienda[20] no puede explicarse ni mucho menos por la escasez de suelo o de viviendas construidas o en proceso de construcción, pues hay una sobreoferta o sobredisposición. Debe señalarse que, conjuntamente a las condiciones socioeconómicas que impone la política de vivienda –no fomento de la rehabilitación, ni una ordenación urbana racional, ni impulso de la vivienda en alquiler o de protección- y del suelo actual, es la propiedad privada del suelo en sí, y su retención especulativa la que generan el sobredimensionado ascenso del precio de la vivienda. Y, si profundizamos más, deberíamos señalar a las condiciones de crisis del capitalismo global financiarizado como la razón última de este fenómeno.
5. Planificación rentable del suelo urbano y Estratificación social del espacio
El acceso a la vivienda sólo es el problema más inmediato de las cuestiones urbanas. El proceso de urbanización de los últimos dos siglos es producto de la aglomeración capitalista de los espacios de producción y consumo. El espacio se explota a través de múltiples proyectos de planificación rentable del mismo, que al orientarse por criterios de obtención de beneficios particulares no responden a una racionalidad que atienda primordialmente a las necesidades sociales. Por hacerse por actores privados descoordinados suele causar desorden en la racionalidad urbana. Las condiciones de movilidad y habitabilidad son las primeras en sufrir. Especialmente para los núcleos de población con menos recursos, con contrapesos insuficientes de los poderes municipales que, más bien, contribuyen a que dicho objetivo de uso rentable del espacio sea el vector fundamental[21]. El sector público, en el mejor de los casos, contribuye a dar forma a esa planificación rentable del espacio, habida cuenta que el sector privado sería prácticamente incapaz de, ni siquiera, dar una racionalidad a sus acciones mínimamente ordenada para sus propios propósitos. Los poderes públicos o son incapaces de contrarrestar la tendencia –por falta de recursos, o por complicidad- o bien son decididos actores que tratan de consolidar ese objetivo de planificación rentable del espacio, a costa del bienestar de la población o la salud del medioambiente.
Dicha dinámica tiene consecuencias directas en dos puntos de alto interés social: la sostenibilidad ecológica y la estratificación social del espacio. Señalar que entre 1980 y 2003 se han construido 7.566.700 viviendas, y los hogares sólo han crecido en 2.750.000, lo que implica que la mayoría se ha destinado a renovar el parque, a segunda residencia (especialmente en los años 80-90 en la costa) o a permanecer desocupada[22]. Pero siguen grandes núcleos de población con una dificultad de acceso a la vivienda. Al tiempo, las ciudades crecen destruyendo los espacios naturales y rurales.
En efecto, las consecuencias devastadoras por el uso extensivo del suelo son un problema de primer orden. Las localidades turísticas de la costa mediterránea han superado el punto de saturación y la situación tiene difícil reversibilidad. En las ciudades se prima la construcción frente a la rehabilitación, coincidiendo además con la infrautilización de un parque muy grande de inmuebles vacíos o la ausencia de reformas y restauración de algunos barrios degradados en situación práctica de abandono.
Por su lado, la estratificación social del espacio es visible en términos cotidianos con barrios de diferente “significación social”, desigual tratamiento y disposición de recursos. Barrios obreros, de clases medias y burgueses. Y su consiguiente reflejo en los precios, equipamientos urbanos y calidad del entorno.
6. La reproducción social de la fuerza de trabajo.
Conviene referirse a la ilusión del pensamiento ampliamente extendido de que “se revaloriza nuestro piso”, y somos más ricos (e ingenuos aprendices de especulador). Si compramos otro también pagaremos un piso igual de “revalorizado” (porque los precios suelen subir para todos), y tendremos, normalmente, que vender el que ya teníamos. Los bienes inmuebles son un bien de consumo duradero cuando hablamos de la vivienda de uso habitual. Cuando sólo disponemos de una vivienda no se comporta como un bien de inversión, y, de hecho, la vivienda deja de ser una mercancía porque no está a la venta. Son un bien de inversión cuando se emplean con un uso productivo (oficinas, talleres, centros comerciales, etc…). Y lo son de especulación cuando se retiene su venta, y por tanto se presume que se es propietario de más de una vivienda, para obtener un precio extraordinario monopolista. La especulación tiene no obstante sus límites, porque, debemos recordar, los precios tienen como referencia los valores sobre los que oscilan. Pero, ¿cabe hablar únicamente de los “valores” producto de las condiciones de producción (coste de construcción, mano de obra, materiales, mantenimiento, costes administrativos y fiscales, etc…)?. Pues quizá sí cuando se hablan de bienes inmuebles destinables a ser centros de producción. Pero quizá no solamente cuando hablamos de las viviendas.
En efecto, las viviendas no son una mercancía singular sólo porque formen parte de ellas “el suelo”, que es un bien-riqueza dado de antemano. También son una base determinante para la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, la población dependiente de la relación salarial (la clase trabajadora y otras clases subordinadas) necesita de una vivienda para integrarse en el circuito de valorización del capital, de un lugar donde vivir en condiciones socialmente aceptables. Y pagarán hasta el límite posible para obtenerla en función de las expectativas normales de la sociedad. Límite muy alto, dada la menor capacidad de negociación, pero, en términos generales, no superará el nivel que impida la propia reproducción, pues el capital persigue garantizar la disponibilidad de fuerza de trabajo hábil para la producción –aunque a veces el desastre les puede, y nos afecta a todos-. Como “dios”, apretará al máximo, pero procurará no ahogar (sin ser cierto para segmentos de población que el capital estima inempleables y a los que sólo se les atenderá –o reprimirá- para impedir desordenes sociales). Si incorporamos al análisis este factor, comprenderemos porque es posible incrementar tantos los precios, pero también cuál es su frontera.
También el modelo de movilidad es otra problemática urbana de primera magnitud, cuando presenciamos un espacio hecho para el automóvil, con grandes calzadas y limitadas aceras, con pocos espacios verdes, con un transporte público insuficiente, o con ausencia de carriles bici o para otros medios de locomoción sencilla (patinete, por ejemplo). Sólo parecen introducirse mínimas medidas de racionalidad una vez las ciudades han llegado a superar el punto de congestión.
En términos generacionales y proyectos vivenciales ni que decir tiene que es mucho lo que se pone en juego: el momento y modo de emancipación, el modelo de movilidad y habitabilidad de una ciudad, el endeudamiento de por vida, etcétera. En estas condiciones podemos afirmar, que la generación del baby boom tiene un panorama sombrío para las próximas décadas, pues es la principal afectada por el modelo urbano y de acceso a la vivienda –más compleja aún si recordamos sus bajos salarios e inestables condiciones de empleo-, si exceptuamos al colectivo inmigrante que está incluso en peor situación, en unas condiciones francamente precarias, intensificado si además se es mujer.
En suma, con el ascenso del precio en la vivienda se erosiona de diversas maneras las condiciones de vida de la población trabajadora:
Aumenta el coste de reproducción que, al no corresponderle un aumento en los salarios, supone un deterioro objetivo del nivel de vida, por periodos que pueden abarcar prácticamente la mitad de la vida.
Significa una presión para que se incrementen las distancias entre lugar de trabajo y residencia, lo que incide en los tiempos de desplazamiento, tiempos libres y riesgos de accidente in itinere.
El recurso obligado a préstamos y créditos hipotecarios, ante las elevadas cifras del precio de la vivienda, incrementa el coste financiero –y ni que decir tiene cuando están aumentando los tipos de interés-, lo que supone una expropiación del esfuerzo económico por parte del sistema bancario, sin apenas riesgo, pues en caso de no pagarse la hipoteca ésta se ejerce, permaneciendo la deuda, y apropiándose de la vivienda el banco.
7. Propuestas de transformación: cuestionamiento de la propiedad privada y defensa de la vivienda como derecho social efectivo.
Debemos reclamar que la vivienda sea tratada fuera del espacio de la mercancía, porque es un derecho básico que responde a una necesidad fundamental. Para ello debemos poner en el punto de mira las relaciones capitalistas que convierten la explotación de los recursos en una dinámica inserta en esta lógica perversa. De modo semejante, no podemos aceptar el uso privatista del suelo, y menos aún cuando se ejerce con un propósito especulativo, ni productivo ni social.
En este contexto, no cabe otra cosa más que la crítica al sistema de propiedad privada, y particularmente la del suelo y vivienda. No se deduce de aquí que se cuestione el derecho al usufructo particular, familiar (o de cualquier grupo de afinidad que desee convivencia), y exclusivo cuando la vivienda es el hogar. Respondemos así al ridículo argumentario que confunde la socialización del suelo y la vivienda con vivir hacinados en casas que separan con meros biombos, con una precaria intimidad, a las familias –la vetusta imagen de la extinta Unión Soviética-. Al contrario, al menos en nuestro país viviendas sobran, pero un gran número de ellas están desocupadas y otras tienen un uso inapropiado. Además, el problema del suelo tampoco lo es porque su presencia es abundante. La cuestión radica en el uso especulativo de los propietarios privados del mismo y la recalificación desordenada y rentabilista de los ayuntamientos, como solución a su carestía de recursos –amén de también tentaciones de corrupción en ciertos casos-.
Es preciso actuar en la línea de aprovechar el parque de viviendas ya existente, amén de que sea conveniente apostar por la rehabilitación por los núcleos urbanos degradados. En nuestra opinión, la política de incrementar la construcción sería delirante. La política de incrementar los porcentajes de viviendas de protección oficial sería como curar un cáncer con aspirinas, más si cabe con los ridículos presupuestos públicos[23] destinados al efecto. Para ello es necesario realzar la función social de la vivienda y reclamar la responsabilidad social y pública de su uso, garantizando el derecho a una vivienda digna. Y no hay mejor manera que aproximarse lo más posible a una concepción de propiedad pública del suelo, que permita planificar racionalmente –en respuesta a las necesidades sociales- los espacios urbanos, sin inhibir el usufructo exclusivo de los grupos familiares de los espacios habitacionales y residenciales que se consideren necesarios[24] en términos sociales. Repartamos riqueza, y no miseria. Aunque sea hayan realizado algunos gestos positivos resulta decepcionante la última ley del suelo del gobierno, que aunque acota la libertad casi plena para la construcción en casi cualquier espacio (lo cual no impedía la especulación ni facilita la reducción de precios), sigue sin habilitar la posibilidad de expropiación de las viviendas con un uso indebido o por su desocupación, y lo hace excepcional para el caso del suelo.
También es decepcionante la política fiscal, que, con pequeños gestos insuficientes, sigue promocionando el régimen de compra frente al de alquiler[25], aunque la agencia pública de alquiler sea una buena iniciativa (pero inoperativa en un contexto como el actual). O la no instauración de impuestos específicos sobre bienes inmuebles infrautilizados o desocupados, o a las segundas o terceras viviendas. O que no se impulse la inspección en mayor intensidad para evitar la construcción fraudulenta, o que se actualice el catastro para identificar los bienes inmuebles mal empleados o desocupados. O la política de vivienda (concepción también respaldada por otras formaciones de izquierdas inmaduras en el análisis del problema de la vivienda) que sigue insistiendo en favorecer más construcción –sea privada, de precio tasado o de protección oficial-, con unos recursos ridículos, en vez de obligar a sacar a oferta la vivienda en desuso –primero con impuestos específicos, y, en casos determinados, con la expropiación-, apostar por la rehabilitación de los barrios degradados y un desarrollo sostenible del medio urbano y rural –en el que debe incluirse un modelo alternativo y ecológico de movilidad que contravenga el uso injustificado, individual y masivo del automovil-.
En definitiva, si apostamos porque la vivienda sea un derecho garantizado es necesaria otra política, y otro sistema de posesión y uso del suelo y la vivienda. Para ello, la cuestión de la vivienda, piedra angular del sostenimiento de la sociedad, debe replantearse con una fuerza social que subvierta las relaciones de poder hegemónicas.
Por último, señalar el papel estratégico de afrontar la cuestión social de la vivienda. La vivienda es, al día de hoy, la principal preocupación de la generación joven de la clase trabajadora. Su relación con el modo de vida, y sus implicaciones respecto al modelo laboral son indudables, y encierra una de las contradicciones más visibles de nuestra sociedad capitalista. Por eso, el papel de los que queremos transformar esta sociedad es dar respuesta a esta problemática, porque las contradicciones en este asunto son una plasmación compleja de la crisis del sistema. Tratar de resolver en serio la cuestión de la vivienda supone enfrentarse al tuétano del sistema y significaría dar respuesta a la primera necesidad de las familias trabajadoras jóvenes. Es un objetivo central ahora. Si el programa de transición en la revolución de Octubre fue “pan, paz y tierra”, ahora cabría decir “ingreso universal garantizado, reducción radical de la jornada laboral, sostenibilidad ecológica y vivienda”.
8. Bibliografía
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- Albarracín, D. (2003) De la utopía postindustrial a la crisis de las sociedades salariales de servicios. Tesis doctoral. UCM. Ver resumen en (2003) “La sociedad salarial de servicios a debate: ciclo del capital, estructura social y subjetividad obrera”. Cuadernos de Relaciones Laborales 21,nº2 págs. 191-213
- Banco de España (2006) documento “Síntesis de indicadores económicos, indicadores del mercado de la vivienda. Variables más significativas”. 22-Noviembre.
- Colectivo Madrid – Ortí, M.; Ibáñez, R.; Albarracín, D. (2002) “La ciudad y la génesis del consumo de masas: Madrid, espacio del antagonismo social en la transformación del capitalismo corporativo nacional”. Revista Política y Sociedad. , Vol. 39, Nº 1, 2002 (Ejemplar dedicado a: Sociología del Consumo), Págs. 131-158
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- García, M.A.; y Zarapuz, L. (2005) Una nueva cultura para afrontar el creciente problema de la vivienda en España. Gabinete Económico Confederal de CC.OO (GTC CCOO). Cuadernos de información sindical.
- Fernández Durán, R. (2006) “El Tsunami urbanizador español y mundial”. Mimeografiado. Se publica por Virus Editorial.
- Marx, K. (1873) El capital. Akal.
- Topalov, Christian (1984) Ganancias y rentas urbanas. Elementos teóricos. Siglo XXI, Madrid.
- Trilla C. (2001) La política de vivienda en una perspectiva europea comparada. Colección Estudios Sociales de la Fundación de La Caixa.
- Zarapuz, L. y otros (2006) “La vivienda es un derecho no un privilegio”. Cuadernos CAUM. También como “El acceso a la vivienda y fomento de la edificación”. Mimeografiado
[1] Profesor de Sociología industrial y del trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid. Técnico de FECOHT-CCOO. Doctor en sociología (UCM) y licenciado en CC. Económicas (UAM).
[2] Entre 1996 y 2006 el precio de la vivienda casi se ha triplicado (+185%) mientras que el salario medio sólo ha crecido un 40%, apenas al ritmo del IPC (Cuadernos del CAUM, Zarapuz, L; 2006). El esfuerzo salarial para adquirir una vivienda se ha duplicado en este período, con especial intensidad a partir de 1999.
[3] El precio medio de alquiler en 2002 en España ascendía a 629,26 euros al mes y si es de nueva construcción 898,23 euros (GTC CCOO; 2005:47). Si la mayoría de la juventud son simples “mileuristas” difícilmente podrán emanciparse en estas circunstancias.
[4] Los precios de la vivienda están estabilizados en otros países comparables e, incluso, en Alemania o Japón, por ejemplo entre otros, llevan ya varios años con caídas de los precios, especialmente intensas en el país nipón, según el Banco de España. La velocidad de crecimiento de los precios en España no tiene parangón a nivel mundial, al igual que tampoco lo tiene la actividad constructora que supera en períodos recientes la del Reino Unido, Francia y Alemania juntas.
[5] “En 2006 la hipoteca media se sitúa cerca de los 140.000 euros a un plazo de 26 años, con un pago total de 215.000 euros al final de la misma a los tipos actuales” (Cuadernos del CAUM, Zarapuz, L; 2006). Sigue datos INE. Los tipos de interés no dejan de crecer, desde niveles ínfimos (que ponían el tipo de interés real negativo) lo cual amenaza con que el endeudamiento se acreciente en términos de pagos y esfuerzo económico mensual en los próximos años. Se estima que un punto de tipo de interés se puede traducir en un incremento del 11% en la cuota mensual.
[6] Ver Censo de Población-INE 2001 y Padrones Municipales 2006.
[7] El concurso de los mercados de valores y de divisas y sus gigantes volúmenes representan un vehículo de financiación y apropiación extraordinario y singular de la actual fase capitalista. Si bien la generación de plusvalías es intrínseca al proceso de producción y explotación, la forma en que se distribuyen la correspondiente masa de beneficios, entre el conjunto de unidades capitalistas, es francamente desigual. Los mercados de valores son el espacio de intercambio de bonos y acciones en general que reciben una afluencia de capital que sobrefinancia a las grandes compañías oligo y monopolísticas, sin amenazar totalmente el control del capital de los núcleos de accionistas principales, y que supone una ventaja y apropiación añadida de la masa de beneficios y control de propiedades para ciertas oligarquías capitalistas. De modo afín, el mercado de divisas tiene un resultado asimilable pero a escala de relación desigual entre países, al obtener un respaldo financiero y de credibilidad económica superior los países centrales frente a los periféricos, y sus correspondientes unidades económicas. Naturalmente, los perjudicados del proceso son los productores con peor capacidad de negociación en el mercado nacional e internacional, las PYMEs, y el conjunto de la clase trabajadora, por la inseguridad que comporta la desregulación del movimiento de capitales, neutralizando o subordinando las acciones públicas que puedan contrarrestar esta dinámica. Sea como fuere, este importantísimo factor condicionante y característico del capitalismo tardío –capaz de distraer la dinámica de acumulación y arruinar economías enteras en favor de capitalistas privilegiados en ciertos territorios o de determinados tamaños de empresa- no interrumpe la dinámica de la ley del valor. Digámoslo así, las condiciones de circulación y apropiación de los beneficios y del acceso al capital financiero alteran de manera más intensa el ciclo del capital, pero, en última instancia, y a medio plazo los precios oscilan en torno a los valores –generados por las condiciones de producción, el tiempo de trabajo socialmente necesario. Ahora bien, estas condiciones suponen que los precios juegan beneficiando de manera más duradera y consistente a un tipo de capitalistas y países frente a otros.
[8] Cuando nos referimos a industrial estamos aludiendo a las diferentes industrias. A este respecto, hacemos notar que la divisoria de tres sectores (primario, industrial y de servicios) no es muy apropiada para el análisis socioeconómico dado que encierran confusión para la interpretación. Existen numerosas actividades de servicios (diseño y concepción industrial, consultoría, actividades tecnológicas, comercio, servicios personales, etc…) de una naturaleza profundamente heterogénea. Además, el automatismo industrial es transversal a los diferentes subsectores, pues la industrialización afecta de lleno a la agricultura, a la ganadería, y a las propias actividades de servicios (informatización, telematización, lógicas industriales de servicio, etc…). Si, en alguna medida podemos decir que nos encontramos en una sociedad de servicios sólo es posible porque su base de desarrollo es superindustrial (Albarracín, D.; 2003).
[9] “El precio de este bien sin valor, el suelo, no puede ser entendido allí donde se ofrece (mercado del suelo) sino allí donde se forma (valorización del capital sobre el suelo)”. (Topalov, Ch.; 1984:10)
[10] “La subordinación de la renta a la ganancia no significa la ausencia de contradicción entre estas dos relaciones sociales y los agentes que son sus soportes; indica simplemente que la valorización de la propiedad del suelo por la renta presupone la valorización del capital mediante la explotación de la fuerza de trabajo. La renta del suelo es una relación de distribución del plusvalor social entre los agentes que, en esa relación, se sitúan globalmente del lado del capital” (Topalov, Ch; 1984:14)
[11] Sin impedir que algunas fracciones de capital diferentes hayan adquirido un peso significativo acumulado en estos últimos años, como es la propia industria de la construcción española –ahora superpotencia mundial-, y el capital procedente de algunas grandes compañías de distribución comercial.
[12] El suelo finalista supone cerca del 24% del precio de venta del piso en España, según la APCE (Asociación de Promotores Constructores de España, citado en GTC CCOO; 2005:54)
[13] La mayoría del suelo urbanizable (GTC CCOO; 2005: 55) está en manos privadas: instituciones financieras, promotoras inmobiliarias, grandes empresas de construcción, grandes compañías…
[14] Gabinete económico confederal GTC CCOO; 2005:15
[15] “Todo precio de monopolio de la vivienda se define por su relación con el precio regulador; mientras que el primero dependen únicamente de las condiciones de circulación, el segundo depende de las condiciones de producción” (Topalov; Ch.; 1984:168). El precio regulador depende del precio de producción de la vivienda normal –una vez definida la característica cualitativa del bien depende de las condiciones medias de productividad de la industria de la construcción-; del coste máximo de edificabilidad del suelo en la zona; y el precio del suelo. A partir de ahí el precio de monopolio puede oscilar según sea una zona normal, privilegiada, o de penuria, en función de la segregación social del espacio urbano.
[16] Tópalov, Ch.; 1984: 161
[17] Las condiciones de producción, en este caso de “construcción”, no se producen exclusivamente en el momento de la edificación, sino a lo largo de un periodo extenso, a través de sucesivos mantenimientos y reformas para hacer habitables y aprovechables las viviendas, en las condiciones sociales normales del momento.
[18] Si mayores fracciones de la población se emplean no sólo reordena la concepción de la familia, significando una mayor autonomía femenina, es también consecuencia de la carestía de la vida y en ello participa la vivienda. Se pueden detraer de “dos sueldos” un pago continuado y más elevado de cuotas hipotecarias o de alquiler.
[19] GTC CCOO; 2005:54
[20] Para el conjunto del Estado el precio medio de una vivienda de 70m2 ha pasado de 2,6 a 6,3 veces el salario anual dentro del período de 1987 y 2004, y de 3,4 a 8,2 veces si hablamos de una vivienda de 90m2 (GTC CCOO; 2005:115).
[21] Por ejemplo, cuando se deciden ampliar líneas de transporte público, no siempre se pone en primer lugar la presencia de mayor o menor población, sino las posibilidades de revalorización de un espacio en próxima edificación.
[22] GTC (Gabinete Técnico Confederal) CCOO; 2005: 26
[23] El gasto estatal en vivienda para 2007, según los Presupuestos Generales del Estado, suponen unos 1.234,35 millones de euros, que aunque supone un crecimiento del 14,4% nominal respecto a 2006 es aún muy insuficiente para la dimensión del problema. Se calcula (en 2005) que el gasto en términos del PIB en vivienda oscila entre el 0,75% o el 0,47% -si no se considera como gasto las deducciones fiscales en materia de vivienda en el IRPF que el gobierno contemplan como gasto-.
[24] En Cuba y China, el acceso a la vivienda está garantizado, aunque no por ello se deje de reclamar algún esfuerzo a los usufructuarios. El sistema de Cuba, por ejemplo, combina la propiedad pública del suelo, con el usufructo exclusivo de las familias, en cuanto a la vivienda, en función de parámetros de necesidad social. Cuando cambian las necesidades familiares o las preferencias, se habilitan sistemas de permuta que facilitan un uso apropiado y distribuido de las viviendas.
[25] Lo que explica que sólo un 11,3% del parque esté en régimen de alquiler (datos del censo de 2001, INE)
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