Daniel Albarracín, Alex Merlo y Mats Lucia Bayer. 04 de Junio de 2020.
Las contradicciones de la legitimación argumental del capital
Las clases dirigentes han
iniciado una fuerte ofensiva para afianzar su relato autolegitimador, para
alterar el diseño y aplicación de todos los instrumentos de la política pública
y laboral, una vez más, a su favor. Recuperando la vieja retórica de que son
las empresas las que generan la riqueza, y que sin ellas el factor trabajo no
podría valerse por sí mismo, pretenden hacerse también con el papel de
benefactores, arrogándose el mérito de la creación de empleo como fórmula de
reparto al que se accederá según la productividad y los méritos. Así las cosas,
consideran a los impuestos una lacra para las inversiones, y exigen su
reducción o aplazamiento.
La paradoja se da precisamente en el discurso de autobombo y su contradicción intrínseca, y cómo se resuelve. Por un lado, dirán que los empresarios arriesgan sus ahorros, promueven iniciativas innovadoras (Schumpeter, J.A.; 1983)[1] con valor propio, y que organizan la producción haciéndola racional. Sin embargo, los ahorros logrados son sobre todo fruto de herencias, beneficios logrados a partir de la explotación del trabajo, el acaparamiento oligopolístico o la especulación financiera, y la mayor parte de las innovaciones se originan en inversiones públicas (Mazzucato, M.; 2014)[2] en materia de investigación fundamental, el 80% de las innovaciones es fruto de la creatividad de los trabajadores (Nieto, M.; 2018)[3], y realmente son los gerentes los que organizan racionalmente la producción. Los capitalistas, como esa capa que o bien vive de los dividendos de acciones de grandes empresas, son obligacionistas acreedores, o detentan la propiedad de bienes raíces, son en sí una minoría de parásitos de postín.
Sin embargo, esta no es en sí la paradoja más llamativa, sino la que ahora se esgrime invocando el papel del Estado en su socorro, exigiendo que el sector público se haga cargo de parte de los costes laborales del capital, que avale créditos para superar los problemas de liquidez y solvencia ante la crisis, al mismo tiempo que no se hace responsable de que se endeude mientras pide reducciones de impuestos o el aplazamiento de su pago. Esto es, los capitalistas no cumplen ni uno de sus argumentos legitimadores, aunque nosotros ya teníamos claro que, aunque tratasen de cumplirlos, la lógica del beneficio, la competencia y la acumulación harían injusto, insostenible e ineficiente el sistema económico que propugnan, basado en la explotación del trabajo en sus diferentes formas (de gestión, del conocimiento, de producción) y en esquilmar la naturaleza. Se trata del neoliberalismo de Estado, donde en “aras de hacer funcional al mercado”, el sector público ha de desempeñar el papel de “primo de Zumosol” de las grandes empresas que operan en la cadena de valor capitalista.
Fiscalidad regresiva y deuda, mecanismos de explotación institucional.
El neoliberalismo de Estado conlleva, en particular, un triple modelo de extracción del valor del trabajo:
· La intensificación del trabajo y la vulnerabilización del empleo.
· Un modelo impositivo regresivo y desfiscalizado.
·
Un modelo financiarizado en el que el mecanismo
de deuda presiona a los endeudados a todas las escalas: individual y colectiva.
Comencemos aquí por el modelo impositivo. Vendrá a ser más bien un Robin Hood al revés, en tanto que vía adicional de extracción de rentas del trabajo hacia el capital, que se agrega a la tradicional explotación del trabajo a través de la relación salarial, que hemos tratado en otros textos (Albarracín, D.; 2002). Para ello sostendrán regímenes fiscales que, a fin de cuentas, detraerán valor principalmente del trabajo para poder sufragar, desde el lado del gasto la externalización mercantil de servicios, la contratación pública bajo la lógica de la cooperación público-privada (se estima que el volumen económico de este mercado ficticio creado por el sector público para el negocio privado puede equivaler a un 20% del PIB anual, con un sobrecoste del 25% respecto a los mercados privados que va a parar a los beneficios empresariales) así como medidas de subvención o rescate al capital. Si acaso, perviven bienes públicos y prestaciones funcionales a la lógica de mercado, con medidas compatibles de paz social cada vez más en entredicho (pensiones, prestaciones de desempleo y otras medidas de protección social)[4]. La etapa del neoliberalismo de Estado financiarizado va a consistir en políticas impositivas donde el régimen fiscal va a reducir el peso de impuestos directos progresivos y va a ensanchar el peso de los indirectos y regresivos, como el IVA, entre otros.
Desde los años 90, por lo menos, se añade un tercer dispositivo de extracción de valor del trabajo al capital: las políticas de financiarización. Los mecanismos de crédito a escala individual, por un lado; y a escala pública, mediante la política que privilegia a la banca privada, que le permite funcionar con escasas regulaciones, y la política monetaria que promueve la compra masiva del BCE de bonos corporativos privados –que les tapa los agujeros de insolvencia-, el privilegio de la banca para intermediar la financiación del BCE al sector público, y dada la política económica de déficit público generoso con el capital privado, se atribuye a los Estados ingentes proporciones de deuda pública, agregándose como mecanismos de extracción del valor del trabajo al capital a través de las finanzas.
También es una etapa en la que el Estado va a emplear el mecanismo de deuda con un doble fin: uno material y otro moral. El material desempeña el papel de cubrir con impuestos, que en un 80% están sufragados por la contribución del mundo del trabajo directamente (IRPF) o indirectamente (como en los diferentes impuestos al consumo), las necesidades del capital (infraestructuras, subvenciones, rescates financieros, socialización de pérdidas, etc.). El moral adopta formas perversas, amparada en la razón neoliberal que culpabiliza a toda la población de la carga de la deuda, exigiendo acabar con las funciones redistributivas y de servicio desmercantilizado del sector público, para imponer la austeridad social y las privatizaciones parciales (a ser posible garantizando una financiación pública pero una provisión privada). Una austeridad social que contrasta con la formidable generosidad con la que se trata a las grandes corporaciones privadas. Para culminar y cerrar el círculo, se consolidan las legislaciones que harán priorizar el pago de la deuda pública antes que cubrir cualquier otra finalidad del presupuesto público, como sucede con el artículo 135 de la Constitución española, o mediante las políticas europeas de estabilidad presupuestaria.
La Unión Europea: ¿un agente supranacional para convertir las deudas privadas en públicas a escala europea?.
La política de Neoliberalismo de Estado financiarizado cursó una larga fase, pero llegó a ciertos límites por las estrecheces del Estado-Nación. De tal manera que las élites noreuropeas han visto como una oportunidad un salto cualitativo de estas políticas hacia una escala europea. El BCE compra deuda privada masivamente, a partir de las políticas de compra de bonos enmarcadas en el esquema de flexibilidad cuantitativa, corriendo el riesgo económico de su desvalorización. Este papel también jugó un papel clave en la crisis griega, donde el BCE asumió todos los bonos griegos en manos de los bancos franceses y alemanes (Toussaint, E.; 2020)[5]. La garantía de que el BCE pueda seguir absorbiendo activos desvalorizados del capital privado, consiste en sostener una política de ajuste estructural y de priorización de reembolso de las deudas permanente para los Estados Miembros. El balance es que a través de mecanismos monetarios y de deuda se establece un mecanismo de explotación de las poblaciones que supone asimismo un deterioro constante de la calidad y extensión de los servicios públicos y los derechos sociales. En suma, la consolidación de un Estado que abandona su función de cohesión social para priorizar su capacidad disciplinatoria y extractiva del valor del trabajo, combinado con el debilitamiento de los derechos sociales.
La UE por tanto ampliará su papel, más allá de su condición de área de libertad de movimiento de capitales y de mercancías, con estas funciones financiarizadoras, donde el papel cooperativo de los Estados se circunscribe a movilizar capacidades de financiación a favor de las grandes corporaciones multinacionales, transmutando la función redistributiva en racionalizadora de los recursos. Así, la UE desempeña no sólo un papel de concertación de las políticas de las clases dirigentes europeas, también consolida el modelo neoliberal de Estado, ahora coordinado a escala supranacional, cuanto menos en estos aspectos.
La “Tasa Covid” como emblema contra la ofensiva abierta
En este contexto, se ha vuelto a desarrollar un conjunto de políticas que invocan a la capacidad de endeudamiento de los Estados para hacer frente a la proverbial depresión desencadenada por la pandemia, y que se ha mostrado muy destructiva ante la fragilidad de la dinámica económica capitalista. De repente, la obsesión del control del gasto público se interrumpe, especialmente a lo que en lo que se refiere a cubrir las necesidades del capital (créditos avalados y cobertura de costes laborales a gran escala en un contexto con menos ingresos). Se interrumpe temporalmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y se profundiza en la política monetaria y de financiación de la UE basada en la flexibilidad cuantitativa.
Ni que decir tiene que estos instrumentos son contraproducentes para las clases populares, pero también lo es la ausencia de un sistema fiscal justo y robusto capaz de financiar las iniciativas de financiación, inversión, transferencia o subvención acordes a una política de reconstrucción económica, redistribución y de escudo social.
Rápidamente diferentes fuerzas del cambio han puesto sobre la mesa este punto de agenda. Todas las denominadas fuerzas progresistas proponen alguna modalidad de Tasa Covid, sea a escala estatal o a escala de la UE. Son propuestas positivas, pero, mayormente, cuando damos el salto a la discusión europea, vuelve a caerse en la ingenuidad de que una imposición progresiva, redistributiva, contra la evasión fiscal, sobre el capital o el patrimonio, pueda implementarse por las instituciones de la Unión Europea.
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ampara una arquitectura económica y un marco institucional de toma de decisiones que hace impracticable un encaje tal, salvo en los episodios mediáticos en los que la Comisión o algún agente sugieren medidas grandilocuentes, para legitimar a las propias instituciones. Sin embargo, inmediatamente se abortan, sea en el Consejo (por cualquier coalición centroeuropea, nórdica u oriental o veces incluso por un único país dada la regla de unanimidad para cuestiones trascendentes), sea por los países líderes del Eurogrupo, sea por los Tribunales alemanes.
Sucede también con los fondos de reconstrucción o de recuperación europea. Cualquier mecanismo solidario se topa con el obstáculo de una coalición, basta que sea mínima, que tiene en su mano impedir cualquier cambio, dada la forma de toma de decisiones en la UE que exige la mayoría cualificada o la unanimidad para las decisiones fundamentales, blindando así que la UE siga funcionando en base a su piloto automático por defecto: el ser un mercado sin mecanismos de convergencia real, de libertad de movimiento de capitales y de mercancías, sustentado por políticas de ajuste estructural permanente contrapesados por una política de financiarización.
Esto es, mientras se muestran signos de vida en las fuerzas del cambio para poner en la agenda la cuestión fiscal, aún queda pendiente madurar los debates sobre los tipos de reforma posibles en la Unión Europea, cayendo no pocas veces en una lógica de rogar al lobo para que cuide a las ovejas.
Una contrapropuesta: Construir un proyecto de Cooperación fiscal Armonizada y contribuciones a un Fondo Europeo Soberano fuera del corsé de los Tratados de la UE.
La Unión Europea entraña una arquitectura económica institucional muy innovadora y en permanente cambio, siempre y cuando las reformas que incluya no contradigan sus principios fundamentales, blindados en sus Tratados. Como decimos, nada permite esperar un cambio de su arquitectura económica, no sólo por la correlación de fuerzas en buena parte de países, sino también por el mecanismo decisional existente en sus instituciones. De hecho, el alcance y la profundidad de la actual crisis económica pone a la UE frente al espejo de sus límites históricos en el capitalismo. Las fuerzas dominantes se encuentran bajo un dilema que se plasma en cada una de las negociaciones a las que asistimos desde hace dos meses: se trata, por una parte, de la defensa de los intereses de los capitales dominantes en el continente a expensas de la devaluación de las economías periféricas y semiperiféricas, por una parte, y del riesgo de las fracturas en la UE que esto puede conllevar, por el otro. Incluso una propuesta tímida como la que sugirieron recientemente Merkel y Macron de un Fondo de Reconstrucción basado en transferencias, o la de la Comisión que plantea algo a caballo entre subvenciones y préstamos, pueden ser paralizadas o desnaturalizadas por una coalición de una minoría de bloqueo.
Los grupos políticos de izquierda han mantenido posiciones muy dispares. La mayor parte, como Die Linke o Syriza, han planteado un sistema impositivo federal que incluyese nuevos impuestos directos a escala de la UE, reclamando una necesaria armonización fiscal al alza y progresiva, que se ha topado una y otra vez contra los preceptos ordoliberales o neoliberales, según el caso, y la estructura decisoria consagrada en los Tratados de la UE. Otros han optado por sistemas de refugio nacional, como, en parte, el Partido Comunista Portugués y, especialmente, el Partido Comunista Griego, desentendiéndose del marco internacional en un ejercicio de autoafirmación.
También se han presentado otras propuestas favorables a una unión fiscal, basada en unos impuestos armonizados, por parte de grupos afines al extremo centro (tradicionalmente encarnados en los grupos liberales, de diferente orientación – neoliberales, socialliberales o verdiliberales- y en la propia Comisión Europea –de corte tecnócrata-): implantar impuestos indirectos europeos, y transferir competencias fiscales a la UE cada vez en mayor medida, a veces proponiendo reducir los impuestos a escala nacional. Los grupos de la derecha con orientación intergubernamental, frecuentemente ordoliberal, han propuesto mecanismos de recorte o contención del presupuesto europeo y minorización de las contribuciones nacionales, en un esquema de desfiscalización europea, admitiendo únicamente instrumentos financieros para propiciar préstamos condicionados a la implementación de políticas de austeridad social.
Pues bien, a los sujetos políticos que traten de defender la soberanía popular y sean al mismo tiempo internacionalistas y solidarios, no les puede servir la clásica propuesta federal a priori de la izquierda. Su tiempo ya pasó, y como prueba de fuego véase el destino de soluciones proUE como las defendidas por el gobierno griego en 2015.
¿Qué quiere decir esto? El federalismo es un esquema de integración de competencias. Sin embargo, ¿dónde se integran y para qué son su clave de bóveda? Si se hace en el marco de Tratados blindados, mercantilizadores y procapital, dirigidos por una arquitectura económica que sigue su piloto automático (moneda única, pacto de estabilidad, presupuesto no redistributivo y muy pequeño, política monetaria pro-sistema financiero privado), federar impuestos equivaldría a entregar al lobo el mando del gallinero.
Elevar demandas de este tipo a la UE, una vez más, conlleva además un peligro específico. Durante mucho tiempo la UE se ha constituido como un espacio de promesas, que el progresismo ha alimentado con ruegos de mayor presupuesto europeo, redistribución, y política social europea, etc., propuestas que se postergan indefinidamente por el veto de los países del Norte, al tiempo que avanzan medidas de gobernanza neoliberal. Las demandas progresistas dirigidas a la UE a menudo sirven para sostener esa vana esperanza, quedando encerrados en la política real que se aplica sin contención, a la espera de la providencia. Debemos lograr la difícil tarea de poner en pie reivindicaciones de política internacional y europea que no sirvan para legitimar la institucionalidad europea existente.
Resulta preciso otro marco institucional, económico, político y jurídico. Y, ¿qué hacer si eso no es posible en el marco de la UE?.
La opción es impulsar desde diferentes países y regiones una política al margen de los Tratados de la UE, desobediente con ella[6]. Si se necesita impulsar un fondo europeo para contar con una fuerte política de inversión social, sanitaria y de transición ecológica, cooperativa, redistributiva y orientada a estas necesidades, y se quiere conjugar una política fiscal progresiva e impedir la competitividad fiscal a la baja, quizá la mejor fórmula podría ser impulsar y acordar una política de cooperación fiscal armonizada entre todos los países y regiones firmantes, sin circunscribirse a un marco que lo impedirá sin remedio. Esto es, reformas impositivas donde pesen cada vez más los impuestos directos y progresivos, y bajo un esquema convergente y al alza, que haga equivalente la presión fiscal al capital, al patrimonio, a la herencia y a las rentas más altas. A partir de ahí, una de dos, o se establecen contribuciones estatales de cada firmante al fondo en función de la capacidad económica per cápita, o bien se federaliza algún tramo de algunos impuestos estatales, si los sistemas fiscales armonizan sus regímenes nacionales.
Una alianza de países al margen de los tratados europeos es también la única perspectiva estratégica realista para hacer frente al expolio que realizan los paraísos fiscales, dentro y fuera de la UE. Sólo una acción coordinada entre cada vez más países agraviados puede aplicar sanciones comerciales u de otro tipo, tal como propone Gabriel Zucman. La UE ha mostrado una permisividad con dichos paraísos fiscales, entre otras cosas, porque le resulta funcional a algunos capitales y bancos centroeuropeos. Mientras los países que funcionan como paraísos fiscales tengan derecho de veto en las decisiones que se tomen colectivamente por los países europeos, será imposible dar con una política que acabe con el expolio fiscal continuado.
Este tipo de esquema podría ser precursor de un esquema supranacional solidario que las fuerzas del cambio llevan tiempo reclamando. La historia de varias naciones a veces se origina por una lucha en aras de un esquema soberano de fiscalidad (véase el surgimiento de los Estados Unidos de América y su oposición al impuesto sobre el té británico). Se trataría de desplazar los viejos Tratados Europeos para darle más espacio a nuevos acuerdos que, sin duda alguna, deberían enriquecerse con otros principios y medidas. Otro punto sería el del no reconocimiento de los pactos de estabilidad presupuestaria, o los compromisos ilegítimos de deuda contraídos por políticas lesivas contra la población y generosos con el capital, o la inclusión de una política de convergencia real, o el control de movimiento de capitales y la persecución a los paraísos fiscales.
En suma, la propuesta consistiría en lo siguiente:
· Un acuerdo supranacional de cooperación fiscal armonizada, mediante una panoplia de figuras fiscales directas y progresivas, definiendo bases imponibles y tipos mínimos, limitando al máximo deducciones y bonificaciones. Se comenzaría por los impuestos sobre beneficios y sobre el patrimonio.
· La creación de un fondo soberano supranacional de inversión para reconstruir la sanidad pública y financiar el cambio del modelo productivo, solidario, mediante transferencias allí donde se considere necesario y justificado.
· Una contribución nacional según la capacidad económica per cápita de cada país o región, o, si se consigue la plena armonización fiscal en los países de algunos impuestos, para evitar carreras fiscales competitivas a la baja, la federalización de algún tramo de los mismos.
· Un acuerdo de auditoría de las deudas estatales y con las diferencias instancias de la UE, para determinar la parte ilegítima que será sujeta a impago o reestructuración.
Esta propuesta puede presentarse y exigírsele directamente a los gobiernos de los distintos países europeos, sin que puedan aducir la falta de acuerdo a nivel europeo como excusa para su no-aplicación. La creación de impuestos de este tipo en un sólo país sería un avance, la mutualización de lo recaudado en un fondo común gestionado en función de las necesidades, podría marcar el camino para un nuevo marco de cooperación europeo basado en la solidaridad y no en el mercado.
[1] Schumpeter, J.A. (1983) Capitalismo, Socialismo y Democracia. Oikos-Tau Ediciones.
[2] Mazzucato, M. (2014) El estado emprendedor. Mitos del sector público frente al privado. RBA libros
[3] Según el Informe de PriceWater
(2015), citado por Nieto, M.; 2018:323. En Guerrero, D. y Nieto, M. (Eds)
(2018) Qué enseña la economía marxista.
El Viejo Topo.
[4] Las prestaciones no contributivas, el IMV y la respuesta a la emergencia social, Gloria Marín. https://vientosur.info/spip.php?article16017
[5] Toussaint, E. (2020) Capitulación entre adultos. Grecia 2015: una alternativa era posible. El Viejo Topo.
[6] Recordemos que los acuerdos de cooperación reforzadas permiten ir más allá de los acuerdos de la UE, pero exigen ser coherentes con los Tratados de la Unión. De tal manera que la fórmula sólo podrá invocarse si acaso parcialmente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario