Con
la finalidad de romper el círculo vicioso entre la deuda privada de los
bancos y la deuda soberana, el acuerdo alcanzado faculta al Mecanismo
Europeo de Estabilidad (MEDE) a recapitalizar directamente las entidades
financieras españolas, de forma que los fondos avanzados por dicha
institución no computen como deuda pública adicional. Una segunda
novedad contemplada por el acuerdo es que el MEDE no se constituirá en
acreedor prioritario en caso de impago (lo que evitará una mayor presión
sobre la prima de riesgo española).
No obstante, el acuerdo alcanzado no sólo presenta importantes claroscuros, sino que también mantiene las perennes obstinaciones de Bruselas. Aunque encender una vela en un oscuro túnel puede ahorrarnos algún tropiezo, no hace que el túnel cambie de destino.
El MEDE no podrá facilitar fondos directamente a la banca española hasta que el BCE asuma el papel de supervisor único del sistema bancario europeo (exigencia planteada por Merkel). Esta nueva cesión de soberanía nacional -ciertamente compleja y que requiere difíciles consensos entre los países de la zona euro- puede dilatarse en el tiempo muchos meses aún. Por ello, el rescate de la banca española comenzará a hacerse por la vía "clásica": el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) concederá una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros al fondo de rescate bancario (FROB), lo que elevará la deuda pública española hasta 10 puntos adicionales sobre el PIB. Esta nueva presión asociada al incremento de los intereses de la deuda tendrá que compensarse con más recortes sociales para que el déficit no aumente, tal y como recientemente ha anunciado el ministro De Guindos. Sólo una vez que el BCE asuma plenos poderes de supervisión el rescate se traspasará al MEDE y será posible la recapitalización directa de la banca.
Por otro lado, en este momento no está aún claro si las entidades nacionalizadas podrán acogerse a dicha recapitalización directa. En caso de no ser así -y puesto que éstas son precisamente las que más fondos necesitan- el acuerdo tendría escasa utilidad para España.
Pero, aún incluso cuando se avance en la unión bancaria y fiscal y el BCE alcance plenos poderes de supervisión, el rescate a la banca española entrañará una dura condicionalidad. Aunque el crédito para recapitalizaciones bancarias se acabe traspasando al MEDE y el Estado español consiga desembarazarse de su papel de intermediario y avalista, la ciudadanía española perderá con este acuerdo el derecho a decidir sobre el futuro de su sistema bancario.
Es más, tal y como reza la nota hecha pública por el Consejo Europeo del 29 de junio, la recapitalización "se basaría en la condicionalidad adecuada, [...] que debería ser específica de cada entidad, específica de cada sector o a escala de toda la economía". Es decir, que la condicionalidad asociada a los préstamos no se limitará únicamente al sector privado, sino que podrá alcanzar al conjunto de la economía.
El acuerdo alcanzado no sólo no modifica la orientación de las políticas de recortes impuestas desde Bruselas -que han empujado a nuestra economía a la recesión- sino que la profundiza. En la medida en que la intervención del FEEF y del MEDE se subordina en el acuerdo a que los estados miembro cumplan los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y alcancen un déficit del 3% del PIB en 2013, la troika (Comisión Europea, FMI y BCE) no sólo tutelará la reforma bancaria española, sino también la política económica del gobierno. La orientación, qué duda cabe, será la mantenida hasta el momento: aplicar todas las medidas posibles para liberar recursos que garanticen el pago de la deuda pública y privada a los acreedores.
El rescate "realmente existente" de la banca española exigirá nuevas medidas de ajuste para poder alcanzar este quimérico objetivo de reducción del déficit al 3% en 2013. Estamos en vísperas de un importante incremento del IVA (impuesto que grava especialmente a las rentas más bajas), que seguramente aumente el gravamen de algunos productos y servicios básicos desde un tipo superreducido (4%) al reducido (8%), o desde este último al tipo normal (18%). Otra modificación esperada será la eliminación de la desgravación por la compra de vivienda, que -aunque favorecería el régimen de alquiler- podría endurecer simultáneamente la situación económica de aquellas familias asfixiadas que afrontan en este momento el pago de su hipoteca. Cabe esperar igualmente nuevas reducciones salariales de las y los empleados públicos -y muy probablemente despidos-, así como nuevos intentos por retrasar la edad de jubilación.
Las consecuencias del rescate de la banca española -con o sin recapitalización directa- serán amargas para las y los trabajadores y especialmente para las familias de rentas más bajas. La deuda contraída por las entidades financieras españolas con los bancos extranjeros, buena parte de ella vinculada al negocio inmobiliario, se pagará a costa de seguir cerrando quirófanos, despidiendo profesores y recortando derechos.
Pero estas medidas ni siquiera garantizan que el crédito vuelva a fluir en la economía española, en tanto en cuanto no resuelven el problema del préstamo fallido de promotores y constructoras, el exceso de activos inmobiliarios que acumula la banca, ni la sobrevaloración de dichos activos. Las medidas de ajuste en una "recesión de balances" como la actual -donde todos los actores intentan desendeudarse simultáneamente- no hacen sino profundizar la crisis y aumentar progresivamente la morosidad de los activos bancarios. El fuerte descenso del ahorro de los hogares españoles desde 2010 -vinculado a los menores ingresos de las familias, a los recortes salariales y al agotamiento de las prestaciones públicas-, es una muestra de esta tendencia.
Además, el rescate de la banca española tampoco elimina a medio plazo los riesgos de contagio a otros países. Como recuerda el economista griego Yanis Varoufakis, en la medida en que la financiación del FEEF y del MEDE se basa en el principio de que todas las deudas contraídas por dichas instituciones deben ser separables y atribuibles a un único país, su utilización continuada necesariamente incrementa la ratio de endeudamiento sobre el PIB del resto de países no rescatados, situando a éstos en posiciones de creciente fragilidad.
Frente a esta socialización de las pérdidas de la banca (con cargo a la ciudadanía española y europea), es necesario poner en pie alternativas que pasen por anular las medidas de austeridad y las contrarreformas laborales, por exigir una moratoria sobre el pago de la deuda para identificar y anular aquella que sea ilegítima, y por expropiar la banca privada que no se sujete a una estricta regulación encaminada a orientar el crédito -en condiciones financieras favorables- a actividades socialmente útiles.
No obstante, el acuerdo alcanzado no sólo presenta importantes claroscuros, sino que también mantiene las perennes obstinaciones de Bruselas. Aunque encender una vela en un oscuro túnel puede ahorrarnos algún tropiezo, no hace que el túnel cambie de destino.
El MEDE no podrá facilitar fondos directamente a la banca española hasta que el BCE asuma el papel de supervisor único del sistema bancario europeo (exigencia planteada por Merkel). Esta nueva cesión de soberanía nacional -ciertamente compleja y que requiere difíciles consensos entre los países de la zona euro- puede dilatarse en el tiempo muchos meses aún. Por ello, el rescate de la banca española comenzará a hacerse por la vía "clásica": el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) concederá una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros al fondo de rescate bancario (FROB), lo que elevará la deuda pública española hasta 10 puntos adicionales sobre el PIB. Esta nueva presión asociada al incremento de los intereses de la deuda tendrá que compensarse con más recortes sociales para que el déficit no aumente, tal y como recientemente ha anunciado el ministro De Guindos. Sólo una vez que el BCE asuma plenos poderes de supervisión el rescate se traspasará al MEDE y será posible la recapitalización directa de la banca.
Por otro lado, en este momento no está aún claro si las entidades nacionalizadas podrán acogerse a dicha recapitalización directa. En caso de no ser así -y puesto que éstas son precisamente las que más fondos necesitan- el acuerdo tendría escasa utilidad para España.
Pero, aún incluso cuando se avance en la unión bancaria y fiscal y el BCE alcance plenos poderes de supervisión, el rescate a la banca española entrañará una dura condicionalidad. Aunque el crédito para recapitalizaciones bancarias se acabe traspasando al MEDE y el Estado español consiga desembarazarse de su papel de intermediario y avalista, la ciudadanía española perderá con este acuerdo el derecho a decidir sobre el futuro de su sistema bancario.
Es más, tal y como reza la nota hecha pública por el Consejo Europeo del 29 de junio, la recapitalización "se basaría en la condicionalidad adecuada, [...] que debería ser específica de cada entidad, específica de cada sector o a escala de toda la economía". Es decir, que la condicionalidad asociada a los préstamos no se limitará únicamente al sector privado, sino que podrá alcanzar al conjunto de la economía.
El acuerdo alcanzado no sólo no modifica la orientación de las políticas de recortes impuestas desde Bruselas -que han empujado a nuestra economía a la recesión- sino que la profundiza. En la medida en que la intervención del FEEF y del MEDE se subordina en el acuerdo a que los estados miembro cumplan los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y alcancen un déficit del 3% del PIB en 2013, la troika (Comisión Europea, FMI y BCE) no sólo tutelará la reforma bancaria española, sino también la política económica del gobierno. La orientación, qué duda cabe, será la mantenida hasta el momento: aplicar todas las medidas posibles para liberar recursos que garanticen el pago de la deuda pública y privada a los acreedores.
El rescate "realmente existente" de la banca española exigirá nuevas medidas de ajuste para poder alcanzar este quimérico objetivo de reducción del déficit al 3% en 2013. Estamos en vísperas de un importante incremento del IVA (impuesto que grava especialmente a las rentas más bajas), que seguramente aumente el gravamen de algunos productos y servicios básicos desde un tipo superreducido (4%) al reducido (8%), o desde este último al tipo normal (18%). Otra modificación esperada será la eliminación de la desgravación por la compra de vivienda, que -aunque favorecería el régimen de alquiler- podría endurecer simultáneamente la situación económica de aquellas familias asfixiadas que afrontan en este momento el pago de su hipoteca. Cabe esperar igualmente nuevas reducciones salariales de las y los empleados públicos -y muy probablemente despidos-, así como nuevos intentos por retrasar la edad de jubilación.
Las consecuencias del rescate de la banca española -con o sin recapitalización directa- serán amargas para las y los trabajadores y especialmente para las familias de rentas más bajas. La deuda contraída por las entidades financieras españolas con los bancos extranjeros, buena parte de ella vinculada al negocio inmobiliario, se pagará a costa de seguir cerrando quirófanos, despidiendo profesores y recortando derechos.
Pero estas medidas ni siquiera garantizan que el crédito vuelva a fluir en la economía española, en tanto en cuanto no resuelven el problema del préstamo fallido de promotores y constructoras, el exceso de activos inmobiliarios que acumula la banca, ni la sobrevaloración de dichos activos. Las medidas de ajuste en una "recesión de balances" como la actual -donde todos los actores intentan desendeudarse simultáneamente- no hacen sino profundizar la crisis y aumentar progresivamente la morosidad de los activos bancarios. El fuerte descenso del ahorro de los hogares españoles desde 2010 -vinculado a los menores ingresos de las familias, a los recortes salariales y al agotamiento de las prestaciones públicas-, es una muestra de esta tendencia.
Además, el rescate de la banca española tampoco elimina a medio plazo los riesgos de contagio a otros países. Como recuerda el economista griego Yanis Varoufakis, en la medida en que la financiación del FEEF y del MEDE se basa en el principio de que todas las deudas contraídas por dichas instituciones deben ser separables y atribuibles a un único país, su utilización continuada necesariamente incrementa la ratio de endeudamiento sobre el PIB del resto de países no rescatados, situando a éstos en posiciones de creciente fragilidad.
Frente a esta socialización de las pérdidas de la banca (con cargo a la ciudadanía española y europea), es necesario poner en pie alternativas que pasen por anular las medidas de austeridad y las contrarreformas laborales, por exigir una moratoria sobre el pago de la deuda para identificar y anular aquella que sea ilegítima, y por expropiar la banca privada que no se sujete a una estricta regulación encaminada a orientar el crédito -en condiciones financieras favorables- a actividades socialmente útiles.
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