nuevatribuna.es | Eduardo Gutiérrez | Bruno Estrada | 19 Julio 2011 - Los órganos rectores del Banco de España, con sus gobernadores a la cabeza, tienen capacidades legales -que les otorga la Ley 13/1994,de Autonomía del Banco de España; y la Ley 28/1988 de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, entre otras- y competencias específicas, con amplios recursos inspectores, y capacidades para incoar expedientes sancionadores, propuestas de intervención, o de sustitución de los administraciones, o cualesquiera otras medidas cautelares previstas en el ordenamiento jurídico citado, en relación con las entidades bancarias españolas. Vamos, que a la vista del conjunto de todas estas capacidades legales, que en exclusiva, con autonomía e independencia, detenta el Banco de España, no resulta exagerado considerar que es la “policía financiera” del Estado español.
Entonces, siendo el Banco de España, la policía financiera podríamos, deberíamos es más, preguntarnos ¿Ha ejercido de forma completa sus competencias policiales, en materia financiera, claro esta, el Banco de España?, y en el uso de las mismas: ¿Inició expedientes sancionadores a alguna entidad bancaria, por excesos de endeudamiento, y préstamo al sector de promotor de actividad inmobiliaria? No sabemos, ni existen noticias de que fuera iniciado, expediente sancionador alguno contra alguna entidad bancaria.
Pero los gobernadores avisaron. Si, avisaron en repetidas ocasiones, (casi tanto como los “obispos en sus admoniciones evangélicas”) contra el excesivo endeudamiento inmobiliario. Lo hicieron en el Congreso, en repetidas ocasiones, tanto el Sr. Caruana, como el Sr. Fernandez Ordoñez, (o MAFO); lo hicieron en apologéticos discursos neo-liberales, aprovechando para cargar contra los derechos laborales, contra la regulación protectora del trabajo, a favor del “capital irredento, libre y liberador que ellos ven como santo grial de su mundo ideal neoclásico (¡no asustéis a los propietarios, a los inversores, a los capitalistas, dejarles libertad absoluta, que por arte de magia, y su mano invisible, proveerá de bienestar, empleo y riqueza a todos mortales ¡).
Los avisos de los gobernadores siendo claros y públicos, son prueba de que disponían de información cabal y precisa de cada entidad bancaria, elaborada por sus diligentes equipos inspectores, que acumularon ingentes y recurrentes evidencias de los excesos de endeudamiento de las entidades bancarias españolas. Con toda esa información, los órganos rectores del Banco de España, se limitaron a alertar a los gestores de las entidades, a los políticos, a la sociedad de los riesgos que se acumulaban detrás de esa borrachera de endeudamiento. ¿No tenían, como policía financiera, que eran, capacidad para iniciar “intervenciones, detenciones, e iniciar expedientes”? ¿Se imaginan ustedes que la policía nacional, ante la acumulación de evidencias de conductas delictivas de mafias, o delincuencia internacional, se limitasen a alertar a esos presuntos delincuentes de que hay conductas que atentan contra el bienestar y la propiedad privada y colectiva? ¿Qué pensaríamos de un policía que alerta, a esos mismos presuntos delincuentes, pero no investiga, interviene y detiene a los responsables de esas conductas? Seguramente estaría incumpliendo con sus deberes profesionales de gestor público, y sería causa de una querella penal por “prevaricación” por omisión de las actuaciones legales que se le tienen encomendadas.
Lo único cierto es que el interés general, ha sido triturado, vilipendiado, y saqueado por las conductas irresponsables de las entidades bancarias, que desde 2008 han cerrado el crédito, han saqueado las cuentas publicas, y conseguido los recortes en el bienestar social, mas sangrantes de la historia contemporánea, que aún es preciso recordar: recortes en salarios públicos, en pensiones, en personal de empresas publicas, de sanidad publica, que en definitiva, en palabras del director general de la OCDE, “les quitan la comida de la boca” a las clases trabajadoras y medias (ElPais,25,5,2011).
¿Podemos dar por cumplidas sus deberes profesionales, propios de una policía financiera, con sus avisos? ¿No han podido incurrir en un delito leso de prevaricación en comisión de omisión de las competencias policiales que se les tenían otorgadas por la sociedad española a los órganos rectores, y a sus gobernadores?
Conjurar e intervenir a aquellas entidades que estaban acumulando estas conductas claramente lesivas para el interés general, que como el propio fiscal general del Estado, Sr. Conde Pumpido, es deber y obligación de todo servidor público el actuar de acuerdo con el “interés general”, tal y como puso de manifiesto en una sentencia condenatoria de delito de prevaricación por omisión de las responsabilidades debidas al cargo publico, que dicto como ponente en 1998 (STC674/1998). Y no hacerlo forma parte sustancial del delito, contra la seguridad y bienestar general, sabiendo que este puede estar siendo puesto en peligro por conductas irresponsables de las entidades bancarias, durante los años de borrachera de endeudamiento y prestamos a los promotores inmobiliarios.
Algunos creemos que ha pasado el momento de las declaraciones, y lamentos, que es precisa, por sanidad democrática, la persecución de las responsabilidades penales; y entendemos que los órganos rectores del Banco de España, y en especial sus dos últimos Gobernadores, han podido incurrir en un delito penal de prevaricación en cargo publico, por no haber ejercido las competencias y actuaciones que les tenía otorgadas la legislación para actuar como policía financiera, que claro, no pueden quedar cumplidas con sus meras admoniciones en el parlamento o en la prensa, sobre los riesgos de dichas conductas. Muy al contrario, son prueba de su conocimiento detallado de la situación.
Se acumulan las alusiones de cargos públicos a las responsabilidades de los supervisores, ante a profundidad, y gravedad de la actual crisis. Muy recientemente se ha llegado a reclamar que es la hora de pedir responsabilidades, y de poner el foco en los supervisores. A esa tarea nos sumamos, y preparamos para próximos meses. Creemos que es el momento de armar las querellas para pedir responsabilidades y conseguir la inhabilitación para ejercer cargos públicos para los dos últimos gobernadores del Banco de España, consiguiendo su escarnio y repulsa publica, por haberse negado, olvidando que existía una norma que les obligaba a actuar, a ejercer las responsabilidades debidas a su cargo, en posible delito de prevariación en comisión de omisión, para el que la sociedad española, que ahora sufre sus consecuencias, en forma de millones de parados, y ajustes de su bienestar, les nombró.
Eduardo Gutiérrez. Economista.
Bruno Estrada. Economista.
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