RICARDO MOLERO
La semana pasada, el gobernador del Banco de España afirmaba que el plan de austeridad aprobado por nuestro Gobierno en mayo de 2010 había “evitado que España tuviera que pedir el rescate” de la UE. De este modo, no hacía sino reafirmar la supuesta necesidad de las medidas de ajuste como única vía para enfrentar la crisis. Sin embargo, su inevitabilidad se encuentra lejos de estar probada.
Muchos son los argumentos que se utilizan para tratar de justificarla, pero todos citan los que supuestamente serían los dos problemas centrales de la economía española: la deuda pública y la competitividad externa. El primero se constataría en la negativa dinámica de endeudamiento generada por el déficit público, considerado insostenible por los “mercados financieros”, lo cual estaría llevando al incremento de la prima de riesgo. La receta propuesta para cortar esa tendencia sería el recorte drástico
del gasto, entre otros, el de las pensiones. El segundo de los problemas se constataría en el sustancial déficit externo de la economía y la receta propuesta consistiría en una reforma del mercado de trabajo que disminuye los costes laborales.
A pesar de que se han convertido en un argumentario incuestionable entre la mayoría de los economistas, españoles y extranjeros, ambos problemas se basan en diagnósticos equivocados. En el primer caso, las estadísticas del porcentaje del PIB que representa la deuda pública total arrojan un dato revelador: la española (60%) es considerablemente menor no sólo que la griega (143%), sino también que la alemana (83%) (Eurostat). Lo que explica, en realidad, el nivel en el que se encuentra nuestra prima de riesgo es que los mercados están descontando que, en caso de quiebras, el Estado acabará socializando la sí enorme deuda del sector privado (empre-
sas, hogares y bancos) que, en conjunto, representa un 437% del PIB, siendo sólo la bancaria un 45% de la contraída en el exterior (BdE).
En esta situación, la experiencia de Islandia resulta muy ilustrativa: el hecho de que los ciudadanos islandeses decidiesen por referéndum dejar quebrar a sus bancos en vez de rescatarlos hizo posible que su prima de riesgo se redujese del 15%, nivel en el que se encontraba cuando estalló la crisis en octubre de 2008, al 5% dos años después, sin incrementarse de forma significativa posteriormente (Reuters). No sólo eso, sino que además está permitiendo a su economía salir de la recesión, eludiendo en buena medida el coste social derivado de la aprobación de los paquetes de ajuste.
En segundo lugar, en el caso de la competitividad externa se obvia que la evolución de la cuota exportadora de la economía española (el indicador más importante para analizarla) apenas ha disminuido del 1,8% al 1,7% entre 2000 y 2009 (OMC). En cuanto a los costes laborales unitarios medidos en términos reales (es decir, según el peso que tienen en el valor añadido), han caído un 3,27% en ese mismo periodo mientras crecían en la zona euro (AMECO). Si se miden en términos nominales, han aumentado por encima de lo que lo hizo en dicho área, pero debido principalmente al raquítico incremento de la productividad. Este se explica por un patrón de crecimiento basado en el sector
inmobiliario que generó una atonía inversora en el resto de sectores de la economía. A ello se une el aumento de los márgenes de beneficio empresarial, que impidió que la contención de los costes laborales reales se tradujese en una mejora mayor de la competitividad.
Lo anterior revela que pretender mejorarla mediante una reducción de los derechos laborales, entre ellos, los de la negociación colectiva, es un error. El único lugar a donde nos llevaría eso es a mantener a la economía instalada en la competencia dentro de sectores de bajos costes y baja productividad, algo que se traduciría en una perpetuación del ajuste con el objetivo de lograr mejoras de cuotas exportadoras. Esto, además, no aseguraría la reversión del déficit comercial, debido al menor valor añadido unitario de las exportaciones en dichos sectores, e impediría solucionar el problema del endeudamiento externo.
Según el mismísimo economista David Ricardo, “determinar las leyes que regulan la distribución es el principal problema de la economía política”. Hace mucho tiempo que en el Parlamento español no existe ningún debate al respecto de cómo se va a distribuir el coste de la crisis. Gobierno y oposición apuestan ciegamente por unas medidas de ajuste que no sólo cargan dicho coste sobre aquellos que no la han generado, sino que no van a hacer sino ahondar en los problemas de la economía española. Frente a ellas, el Grupo de Economía de la Asamblea de Sol ha elaborado una serie de propuestas (sometimiento a referéndum de un posible rescate bancario, derogación de la reforma laboral y de las pensiones, dación en pago de la deuda hipotecaria, incremento de los ingresos fiscales mediante una mayor progresividad, restablecimiento de la banca pública y muchas otras) que permitirían aminorar la carga de la crisis y representarían una base más sólida desde la que tratar de afrontarla.
Las experiencias históricas de las décadas perdidas en América Latina y África y la actual de Grecia nos enseña que el ajuste no es sólo evitable, sino que evitarlo es la única manera de que no se acabe de instalar como una trampa puesta en el funcionamiento de la economía. Porque más ajuste hoy no significa recuperación y mejora, sino aún más ajuste mañana. Frente a él, existen alternativas. Sólo hay que seguir luchando por ellas.
Ricardo Molero es investigador de Economía Aplicada de la UCM. Miembro del Grupo de Economía de la Asamblea de Sol
También firman este artículo: Nacho Álvarez, Luis Buendía, Alberto Garzón, María José Paz y Antonio Sanabria
Ilustración de Javier Olivares
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