Daniel Albarracín
19-Julio-2011
Los desacuerdos entre la propuesta liderada por el gobierno alemán, por un lado, y el BCE, por el otro, detrás del cuál en esta ocasión están diversos países entre los que está el gobierno español, han dejado en el limbo la situación de la crisis de la deuda griega que, desvalorizada, ahora padece la incertidumbre de su destino. Esto ha arrastrado a una crisis del euro y demuestra la inviabilidad de las políticas neoliberales europeas, y deteriora a su vez el valor en el mercado de las deudas de otros países de la periferia europea. La prima de riesgo de las deudas de estos países se ha disparado una vez que las agencias de calificación, al servicio del sistema financiero privado, han interpretado que la situación de la economía griega es equiparable a una suspensión de pagos (default), y advierten de un posible contagio. Las diferencias en la UE sería un síntoma de que no está en condiciones de resolver el problema. Y si no es capaz de “rescatar” a un país pequeño económicamente como Grecia, menos aún lo podrá hacer con países de la envergadura de Italia o de España.
El gobierno de Alemania, como tantos otros, ya había asumido la imposibilidad de la devolución de los servicios y, sobre todo, el principal de la deuda pública griega. En el diseño alemán de este segundo rescate se planteaba , a grandes rasgos, permitir que la mitad de la deuda, cuyos plazos de vencimiento se agotaban y no parecían poder pagarse, podría canjearse por bonos a largo plazo, con la contraprestación de una elevación del tipo de interés y la imposición de un programa de austeridad en el que el paquete de privatizaciones sería de gran envergadura. Pero un rasgo básico de la propuesta alemana era que se involucraría a los bancos privados. Los franceses habrían aceptado, siendo los principales acreedores de la deuda griega, haciéndolo valer Sarkozy como una iniciativa propia. Sin embargo, esta fórmula de “voluntariedad” de aceptación de la banca privada de la reestructuración difícilmente es creíble, dadas las circunstancias depresivas de la economía griega, y escondería una solución que haría de la necesidad virtud.
La calificacion de default supone que todos esos bonos Griegos en manos de aseguradoras, fondos de pensiones, bancos Europeos, bancos Griegos del BCE, etc…que ahora mismo no estan siendo valorados a precios reales de mercado sino en base a su valor nominal deberían adaptarse a un mucho menor precio de mercado. Esto infligiria perdidas al sistema bancario (en proporciones distintas dependiendo de la entidad) y reduciria su ratio de solvencia (capital ratio) obligandoles a recapitalizarse.
Un default en Grecia ocasionaria problemas financieros extraordinarios. Implicaría que los mercados van a esperarse inevitablemente a una situación comparable en Portugal e Irlanda (quien le va a explicar a los Irlandeses y Portugueses que ellos tienen que pagar el 100% de su deuda y los Griegos no?). Supondría que sólo se previera haría más concebible algo semejante en paises como Italia o España, hasta ahora inconcebible, y a ese riesgo el mercado le pondrá precio. Un default en uno o mas paises significaría que el euro como proyecto anclado en la imposicion de austeridad fiscal sería un fracaso. ¿A quien le van a convencer ahora de que hay que ajustarse al Pacto de Estabilidad cuando a otros que no lo hicieron les permitieron suspender pagos?
Con esa declaración de voluntariedad los bancos privados y los gobernantes franceses y alemanes tratarían de conseguir lo siguiente:
· Dar la imagen de que hay un respaldo a la economía griega, y con ella, a una pieza integrante de la eurozona, afianzando al euro, ya demasiado en entredicho.
· La no declaración de suspensión de pagos del Estado griego. De tal manera que no se activarían los Credit Default Swaps (seguros ante el impago de la deuda), mayormente en manos de grandes entidades financieras estadounidenses, y que tienen una dimensión enorme difícil de estimar, impidiendo, por el momento, una crisis financiera mundial.
· Comportaría una formidable socialización de las deudas, con lo que los bancos privados franceses y alemanes cobrarían, más lentamente pero de manera efectiva, y se traspasaría al erario público (el BCE, a través de lo que aportaría del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). Los bancos se encontrarían a salvo, con un impacto aliviado, y el sacrificio lo pagarían tanto la ciudadanía europea como los y las trabajadoras griegos. El plan B Aleman ahora es que el FEEF con capital publico y emitiendo deuda AAA (de máxima credibilidad) en el mercado le compre los bonos Griegos a los bancos no al 100% de su valor sino a precios de mercado. Con esto Grecia solo adeudaría a los estados miembros de la UE y no a los bancos. Cuadraría el círculo de la socialización de las deudas, y los bancos saldrían de rositas.
La situación de desacuerdo (se dirime si el programa de reestructuración debe aumentar más o menos los tipos de interés, el papel de la banca privada y los esfuerzos de la sociedad griega) y la valoración de las agencias de rating de devaluar los bonos de la periferia europea, ha supuesto una presión añadida a la deuda de los países periféricos con más dificultades de colocarse en los mercados y con una prima de riesgo mayor que antes por la deuda emitida, aunque es preciso recordar que los tipos de la deuda no están tan altos como exageran los mass media, pues en los últimos años no han hecho otra cosa que caer y el repunte actual es menor. Pero ese repunte desfavorece a la deuda privada, entre las que están las de empresas que cotizan en el IBEX-35, cuyos tipos están condicionados por los de la deuda pública.
Las agencias de calificación de riesgos una vez más operan al servicio de los depredadores, del gran capital y las fuerzas financieras, aprovechando la alarma causada sobre el caso griego. Otras economías periféricas también padecen el desarrollo desigual –enormes desequilibrios de la balanza de pagos y grandes diferencias de productividad y de relaciones comerciales- y la debilidad a la que les encasilla el modelo económico de la Unión Europea, si bien no se encuentran en la misma situación comparativamente hablando. Si en el caso griego la deuda pública sí comporta más de la mayoría del peso del endeudamiento, en el resto de países periféricos esta pesa mucho menos que la deuda privada. En el caso español, a pesar del incremento de estos tres últimos años, la deuda pública tiene un peso moderado, muy inferior al italiano, pero también sustancialmente inferior al alemán. Detrás de esta devaluación del valor de la deuda pública está el interés del sistema financiero en adquirir a un precio y tipo de interés ventajoso los bonos de deuda de estos países, empleando como agorero de parte a las agencias de calificación privadas. El sistema financiero, mientras recibirá altos tipos de interés (6-7%) por comprar deuda pública, consiguió préstamos al 1% por parte del Banco Central Europeo. Todo un chollo.
La Unión Europea con sus planes de rescate, con el Pacto del Euro como esquema general, conduce al abismo a la propia área euro. Con su política de austeridad encierra en una espiral depresiva sobre todo a aquellos países periféricos a los que se les exige unas condiciones draconianas. Si ahora es Grecia la pieza más frágil, pronto les seguirán otros países cada vez más exhaustos por las condiciones regresivas de esta Europa.
Frente a la posibilidad de desarrollo de políticas solidarias, fundadas en un régimen fiscal armonizado, progresivo y directo y un presupuesto público muy superior al actual (que no supera el 1,2%PIB), un modelo laboral convergente al alza, un sistema de compensación y solidaridad social e interterritorial que contrarreste la desigualdad capitalista que le acompaña, o de un plan de inversión y cooperación internacional reactivador social y ecológicamente avanzados y sostenibles, la Unión Europea apuesta por un modelo de concentración de privilegios y beneficios para la gran banca y las grandes corporaciones industriales y energéticas, sacrificando a los y las trabajadoras, y destruyendo una parte del tejido productivo menos rentable.
Es preciso luchar por Otra Europa, con un esquema de políticas redistributivas, solidarias e integradoras que hagan pagar a los capitalistas su crisis. Es necesario luchar por un modelo de Europa en el que los financieros no puedan seguir chantajeando a los gobiernos, parlamentos, y empleen como títeres a las instituciones europeas para presionar gobierno a gobierno.
Pero mientras ese puede ser un proyecto por el que luchar, ante el giro a la derecha en Europa, el secuestro antidemocrático de las instituciones europeas, por parte de las oligarquías financieras, es conveniente encontrar un espacio para abrir brecha a favor de políticas progresistas y rupturistas.
Una primera campaña debiera ser el desarrollo de una Auditoría Ciudadana de las Deudas en la que se aclarase quiénes son los acreedores, el peso de la deuda pública y privada, cómo se contrajo esa deuda, sus condiciones de pago y plazos, la legitimidad de la misma, así como los usos de esta financiación. Esa campaña perseguiría la transparencia en las cuentas y dimensionaría la situación abordando la principal losa que ahora atenaza a la economía y la sociedad: el brutal endeudamiento, especialmente privado. Ese ejercicio pedagógico permitiría a la mayoría social entender no sólo el por qué de este obstáculo a cualquier salida, sino también arrojar luz sobre las posibles soluciones.
Se observaría cómo se escogió promocionar el endeudamiento del sector público frente a la opción de financiarse con una justa fiscalidad de las rentas del capital. Veríamos entonces que gran parte de los acreedores han actuado con un sin fin de privilegios y ventajas. Se vería como esta política monetaria, especialmente desfavorable para los países periféricos, abocó a una política financiera, en un contexto de regulación flexibilizadora políticamente dirigido, totalmente laxa e irresponsable. Una política financiera, para estimular la demanda vía deuda y no vía salarios o servicios e inversión públicos, que concedía préstamos y créditos con garantías y avales que hacían soportar todo el riesgo de las operaciones en los endeudados.
La lucha de clases adopta hoy una forma singular: acreedores contra endeudados. Y, por tanto, si la crisis la han de pagar los capitalistas hay que determinar cómo los acreedores van a afrontarla, asumiendo las reestructuraciones, para responder por haber provocado una crisis de sobreproducción hiperfinanciarizada como esta.
Por tanto, una primera idea fuerza pasa por exigir una fuerte quita sobre las deudas. Primero la deuda pública contraída o empleada ilegítimamente. A continuación, una fuerte regulación sobre la deuda privada para establecer ponderadamente el sacrificio para responder a dichas situaciones. En este capítulo entrará una regulación sobre las deudas entre el sector público y el privado o viceversa, o entre empresas. Pero también en el capítulo hipotecario, no sólo con la reclamación de la dación en pago sino también una regulación fiscal fuerte sobre las viviendas vacías y en desusos, una expropiación de las no debidamente mantenidas o adaptadas ecológicamente a un modelo urbano sostenible, o la constitución de un parque público de alquiler, y la regulación de un derecho universal al usufructo de un lugar de residencia en régimen de alquiler socialmente asumible en base a una proporción de los ingresos personales y un mínimo exento.
Una segunda idea fuerza consistiría en la promoción de una red de alianzas supranacional que colaborase en la integración, intercambio y complementariedad de sus economías bajo rasgos solidarios, de armonización fiscal y laboral, de colaboración pública. Y, sobre todo, de desobediencia al marco de política económica que implican los sucesivos grandes tratados europeos: Pacto de Estabilidad, Pacto del Euro, etc… La Unión Europea y diversos países tendrían que optar entre un modelo de Europa del Capital y el que esa Otra Europa levantaría.
Naturalmente, la Unión Monetaria, el Euro, multiplica los efectos de los fundamentos económicos sobre los que se sostiene la UE. Son estos últimos los que deben alterarse profundamente en una orientación radicalmente distinta. No es en sí mismo el Euro el que causa la crisis, sino su vehículo. No se trata de salirse, pero tampoco conviene estar a toda costa dentro de su marco. Lo idóneo es intentar corregir el rumbo de la UE, y no de no poder ser, escudarse ante sus políticas, para, en la medida de lo posible desobedeciendo su esquema, construir Otra Europa. Si es factible, este proyecto alternativo debiera ser emprendido de manera internacionalista con cuantos más miembros mejor. No es la opción permanecer o salir la primera pregunta a contestar. Ya hay muchos países que están fuera de la eurozona, y dentro de la UE, y también padecen las mismas circunstancias depresivas. El recurso a la política monetaria y la posibilidad de devaluar no impediría un empobrecimiento severo de la población que, para un solo país, sería francamente adverso. Sería necesario además desarrollar una política de control de capitales, atajar la evasión de los mismos, y establecer medidas proteccionistas transitorias. Pero estas medidas sólo serán sostenibles socialmente en un marco de varios países capaz de resistir los embates del aislamiento financiero y comercial, y con una envergadura mínima para iniciar un desarrollo endógeno que, para ser viable y justo, debe ser redistributivo y con la participación ciudadana radicalmente democrática en su diseño.
Islandia nos ha mostrado un paso ejemplar. Pero necesitamos dos, tres, decenas de Islandias para construir una nueva Europa con una nueva orientación progresista y solidaria internacionalmente. Levantar esa bandera comienza desde los movimientos sociales y obrero europeos, desde las fuerzas de izquierda internacional, emprendiendo una campaña supranacional que, quizá podría empezar por una campaña de solidaridad con los y las trabajadoras griegos, y debe seguir por los países periféricos europeos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario