Propuestas abiertas de la comisión de economía (Sol)

Estas son las primeras propuestas consensuadas por la comisión de economía de las Asambleas del 15-M. Aunque todavía no han llegado a la asamblea general de Sol, la comisión ha acordado difundirlas para que se puedan tomar, si interesan, como punto de partida en los barrios y pueblos de Madrid. Seguimos trabajando!

Propuestas abiertas de la Comisión de Economía (Sol)

1. SOMETIMIENTO A REFÉNDUM VINCULANTE LA ÚLTIMA REFORMA LABORAL Y DE PENSIONES.

Optamos por construir un nuevo marco de relaciones laborales consensuado democráticamente por la población. Entretanto, exigimos que se sometan a referéndum vinculante la última reforma laboral y de las pensiones, de forma que la población pueda pronunciarse sobre los aspectos que signifiquen un aumento de la precariedad, una reducción de los derechos laborales y un deterioro de los regímenes de pensiones.

2. REDUCCIÓN EFECTIVA DE LA JORNADA Y DE LA VIDA LABORAL.

Reducción efectiva de la jornada laboral y de la vida laboral hasta cumplir todas las necesidades de empleo de la población. Ésta sería una medida efectiva de redistribución de la riqueza y de todos los trabajos (también de los que se realizan en el ámbito doméstico). También exigimos el cumplimiento de los derechos laborales en su integridad.
3. DACIÓN EN PAGO PARA SALDAR LA DEUDA HIPOTECARIA DE LAS FAMILIAS EN CONDICONES DE PRECARIEDAD Y PARALIZACIÓN INMEDIATA DE LOS DESAHUCIOS.

Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estableciendo:

•Dación en pago para saldar la deuda hipotecaria. Hasta la aprobación de este punto, paralización inmediata de los desahucios de personas en situación de precariedad.

•Un organismo tasador público e independiente.

•Un límite máximo de 20 años para la consecución de un crédito hipotecario, nunca superando el 60 % del valor de tasación.

4. CREACIÓN DE UN PARQUE DE VIVIENDA PÚBLICO EN RÉGIMEN DE ALQUILER SOCIAL.

Creación de un parque de vivienda social en régimen de alquiler a partir del stock de viviendas vacías. Un organismo público independiente catalogará y censará las viviendas vacías para su posterior puesta en uso en función de la renta y situación de cada persona.

5. INCREMENTO DE LOS INGRESOS FISCALES MEDIANTE LA PROFUNDIZACIÓN EN LA PROGRESIVIDAD DEL SISTEMA FISCAL Y LA LUCHA EFECTIVA CONTRA EL FRAUDE.

Incremento de los ingresos fiscales del Estado mediante la profundización en la progresividad del sistema fiscal, aumentando el control del fraude. Para ello, proponemos las siguientes medidas:

•Aumento de los tramos y los tipos máximos del IRPF.

•Profundización en la progresividad de la tributación de las rentas de capital.

•Reducción progresiva de la imposición indirecta (en impuestos como el IVA) para lograr objetivos de equidad fiscal.

•Eliminación consensuada en Europa de las SICAV y, como medida a corto plazo, endurecimiento de su sistema de tributación actual.

•Eliminación progresiva y consensuada de la competencia fiscal en Europa y en España.

•Recuperación de la competencia del impuesto de sucesiones y donaciones con un tramo exento.

•Ampliación de medios/presupuestos de persecución para el fraude fiscal, así como dotación de leyes para todo el mecanismo de lucha contra el fraude.

6. PROHIBICIÓN DE EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN EMPRESAS CON BENEFICIOS.

7. SOMETER A REFERÉNDUM VINCULATE UN EVENTUAL RESCATE Y CUALQUIER MEDIDA DE AJUSTE O RECORTE IMPUESTOS POR ORGANISMOS INTERNAICONALES.

Que la crisis la pague quien la ha creado: Someter a referéndum vinculante las opciones de un eventual rescate bancario o de cualquier medida o recorte impuesto por organismos (como Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Comisión Europea…) que afecte a la soberanía del país.
8. PARALIZACIÓN INMEDIATA DEL EXPOLIO Y PRIVATIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO Y REFORZAR UN SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO BAJO CONTROL SOCIAL.

Paralización inmediata del expolio y la privatización de las Cajas de Ahorros. Utilización de las mismas para reforzar un sistema financiero público bajo control social, junto con el ICO y junto con toda entidad que haya sido rescatada con fondos públicos.

9. CONTROL DEMOCRÁTICO Y TRANSPARENCIA DE LAS ACTIVIDADES BANCARIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.

Subordinación del poder financiero al democrático, transparencia y control democrático de las actividades bancarias públicas y privadas:

•Separación de actividades de inversión y especulativas.

•Exigencia de responsabilidades penales y patrimoniales a gestores financieros, agencias de calificación e instituciones tales como Banco de España, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional.

10. ABOLICIÓN DE LOS PARAÍSOS FISCALES.

Abolición de los paraísos fiscales:

•Persecución de la fuga de capitales españoles mediante sanciones a toda empresa que trabaje en paraísos fiscales.

•Coordinación de la lucha internacional contra los paraísos fiscales.

11. CRÉDITO PÚBLICO (ICO) PARA LAS PYMES

Los problemas de la financiación de las PYMES necesitan inexcusablemente de la banca pública. Dado que la necesidad de financiación en la actual crisis ha llevado a la aceptación de créditos ICO a través de la banca privada, ésta establece unos intereses más altos. Para solucionar esto proponemos que el Gobierno cree la banca pública. Como somos conscientes de que esta medida es algo a largo plazo, proponemos que se obligue mediante un decreto ley a gestionar ese dinero en función de lo que el Estado regule.

12. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PRONTO PAGO

13. MORATORIA DEL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA DE PAÍSES TERCEROS CON EL ESTADO ESPAÑOL HASTA LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA INTEGRAL POR EXPERTOS INDEPENDIENTES Y AGENTES SOCIALES.

Establecimiento de una moratoria en el pago de la deuda externa (bilateral o multilateral) que otros países tengan contraída con el Estado español hasta realizar una auditoría integral (contemplando aspectos económicos, sociales y medioambientales), con la participación de agentes sociales y expertos independientes, que pueda determinar su legitimidad o ilegitimidad. En caso de que una deuda se declare ilegítima, se repudiará su pago y se exigirán responsabilidades civiles o penales tanto a los deudores como a los acreedores.

14. MORATORIA DEL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA DEL ESTADO ESPAÑOL HASTA LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA INTEGRAL POR EXPERTOS INDEPENDIENTES Y AGENTES SOCIALES.

Establecimiento de una moratoria en el pago de la deuda externa pública del Estado español hasta realizar una auditoría integral (contemplando aspectos económicos, sociales y medioambientales), con la participación de agentes sociales y expertos independientes, que pueda determinar su legitimidad o ilegitimidad. En caso de que una deuda se declare ilegítima, se repudiará su pago y se exigirán responsabilidades civiles o penales tanto a los deudores como a los acreedores.

15. CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES DE TITULARIDAD Y CAPITAL ESPAÑOL DE LA LEGISLACIÓN MÁS GARANTISTA EN MATERIA DE DERECHOS.

Reivindicamos que las empresas transnacionales de titularidad y capital español deben atenerse en todo momento a la legislación que garantice en mayor medida el respeto de los derechos humanos, sociales, laborales, medioambientales, económicos y de los pueblos, en el país en que actúen (bien sea la legislación española, del país de destino o de rango supranacional). La violación de estos derechos en el extranjero por parte de empresas españolas debe ser incorporada como delito al Código Penal español para poder sancionar los incumplimientos y exigir responsabilidades.
16. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE IMPUESTOS GLOBAL ORIENTADO QUE GARANTICE UNA REDISTRIBUCIÓN PROGRESIVA DE LOS RECURSOS A NIVEL GLOBAL.

Reivindicamos la implantación de impuestos globales orientados a generar un sistema redistributivo global. Estos impuestos tienen como objetivo la preservación de los bienes públicos globales que afectan a toda la ciudadanía del planeta. Destacamos especialmente el impuesto a las transacciones financieras internacionales, que pretende promover la estabilidad penalizando los movimientos especulativos, y los impuestos que gravan las actividades que afectan al medioambiente y a la preservación de la biodiversidad. La recaudación impositiva derivada de estos impuestos deberá destinarse a los Estados de acuerdo a un sistema progresivo de redistribución global.