Daniel Albarracín
La fuerza de trabajo sigue originando el valor de la producción, y, por supuesto, el trabajo asalariado sigue en ascenso. Cada vez más porción de población mundial se encuentra empleada como fuerza de trabajo asalariada, sea en forma regularizada, como falso autónomo, de manera irregular o clandestina. Aún cuando las viejas concentraciones fabriles europeas, norteamericanas o japonesas en parte se han desplazado a países del sudeste asiático, principalmente, o del Este Europeo y otras latitudes, en menor medida, aún el trabajo asalariado representa la mayor parte de la forma social de la ocupación global.
La relación salarial sigue conformando el modo de vida de la mayor parte de la población, pues ésta depende del ingreso que este vínculo desigual permite, entrando en una relación en la que parte del fruto del trabajo es apropiado por los que disfrutan de las rentas del capital (accionariado, rentas de la gerencia empresarial, acreedores financieros y otros rentistas).
Las trayectorias de vida, las formas de familia, los estilos de vida y consumo, están determinados por la relación salarial en sus diferentes modalidades de contractualización y relación social (directa o indirecta). Los itinerarios biográficos desde el periodo educativo y formativo, la socialización en un modo de existencia determinado, el lugar donde se vive y en el que se trabaja, incluso los periodos de empleo y desempleo, de reciclaje son resultados de las exigencias de disponibilidad, empleabilidad y adaptabilidad de la relación salarial dominante. Al ciclo clásico de conversión de fuerza de trabajo en trabajo efectivo, le antecede un proceso de socialización en el que la mayor parte de la población debe desarrollar condiciones y actitudes para su disponibilidad (incremento de la tasa de actividad), la población disponible debe dedicar un amplio periodo de su vida para ser empleable (en el marco de la relación de empleo capitalista), y procurar disponerse intensamente para ser más adaptable. La relación salarial entraña un vínculo desigual en la que para obtener unos ingresos y unos derechos sociolaborales básicos, es preciso entregar el tiempo, el saber, el compromiso y el trabajo a lo largo de la vida, a lo que contribuyen en formas diferentes los miembros de las familias trabajadoras (trabajo reproductivo, cuidados, formación, búsqueda de empleo y trabajando por cuenta ajena o de forma mercantilmente dependiente).
La configuración de nuevas subjetividades o identidades colectivas responde, aparte de a la fragmentación (parcial y aparente) de las clases trabajadoras o a la competencia impuesta por la relación del capital, a una incapacidad de organización de los intereses y necesidades en común de los y las subordinadas a esta relación salarial. Algunos se han organizado material y discursivamente en torno a las condiciones de las situaciones profesionales y de la organización del trabajo concretas, otros a través de una discurso abstracto de clase sin dar cuenta de las condiciones reales, otros han enfatizado en las diferencias de situación coyuntural, empresariales, contractuales o jurídicas de las clases trabajadoras (desempleados, inmigrantes sin papeles, precarios, trabajadores de subcontratas, autónomos, etc…) sin dar con el hilo común de sus condiciones y trayectorias de vida. Sin vislumbrar qué hay en común, un mismo origen de nuestra subordinación, es imposible construir un discurso unitario. Y no se podrá contrapesar o transformar apenas nada si no se organiza y se moviliza, si no se reflexiona sobre estas experiencias en común, si no se forma en los derechos que uno dispone y se educa para mirar la realidad desde una óptica emancipadora. Es preciso apostar por desarrollar prácticas en común participativas y convergentes desde los colectivos, en su diversidad, que comparten esta realidad subordinante, para responder al estado de cosas.
Es preciso recordar que la relación salarial no está unilateralmente construida, porque también forma parte de ella los derechos laborales y sindicales arrancados por el movimiento obrero, a su vez topados por el marco sistémico en vigor. Por tanto, la primera duda es si es posible defender los contrapesos y compensaciones de la relación salarial sin criticar el sistema que los sustenta (la acumulación privilegios de la propiedad y beneficios para una minoría, los “favores” del empleo, derechos y salarios que proporciona, la destrucción de la naturaleza) y por tanto condiciona. Especialmente cuando este, así como las políticas que lo gestionan, atraviesa una situación abocada a erosionarlos para su propia pervivencia. ¿Es compatible defender los derechos sociolaborales sin poner en cuestión la relación salarial?. ¿Existe un lado bueno y otro malo de la relación salarial, o son simplemente la cara y la cruz de la misma moneda?. Parece quizá necesario, tratar de influir para que las políticas económicas, laborales, sociales y energéticas mejoren las condiciones de existencia de la población y del mundo del trabajo, al mismo tiempo que perseguir cambios en las relaciones sociolaborales que no profundicen la subordinación a esta u otra relación de empleo.
Desde una óptica jurídico-legislativa, como ya hemos apuntado, el derecho laboral regulador no sólo ha asistido a una degradación de sus contenidos garantistas desde los años 70, repercutiendo en las condiciones de empleo y trabajo, así como en los derechos sociolaborales. También han dejado más frágiles las capacidades de influencia sindical. Se ha debilitado y se ha descentralizado la negociación colectiva. Hemos presenciado su mayor atomización, menor cobertura, eficacia y cumplimiento. El derecho laboral se debilita tanto en las garantías que pueda ofrecer, como en la calidad de su protección para la parte más vulnerable.
Al mismo tiempo el derecho mercantil y el societario son más flexibles y más favorables a las empresas. La esfera reguladora de las empresas brinda oportunidades de constitución e instalación de empresas muy ventajosas, admite un funcionamiento sin apenas control, concede prerrogativas al empresariado de plena potestad en su condición de propietario e inversor, determina un régimen fiscal con unos gravámenes sensiblemente inferiores al de las rentas del trabajo, diluye la responsabilidad con la producción y empleo del accionariado, facilita intercambios y precios de transferencia entre empresas del mismo grupo con amplísimo margen de libertad, y tolera fórmulas que permiten succionar al accionariado el activo de las empresas (leveredge buy out o compras apalancadas), y cuando la empresa entra en circunstancias de inviabilidad sólo responde con el capital contabilizado en los balances según un concurso de acreedores en el que los y las trabajadoras ven aminorados sus derechos indemnizatorios. Al mismo tiempo, en la esfera financiera no hay penalizaciones ni control de movimientos de capitales, ni sanciones ni penalización a los que operan en paraísos fiscales, y las sociedades de inversión (capital-riesgo, hedge fund…) emprenden auténticas sangrías del tejido productivo y, por tanto, del empleo y sus condiciones laborales.
Desde un punto de vista productivo, al menos en Europa, se ha adoptado un cada vez más extendido modelo productivo superindustrial y organizacionalmente estandarizado y, en gran medida, automatizado, tanto para el trabajo del sector primario, fabril, tecnológico o de servicios, siendo precisamente este último el que emplea a mayor población asalariada. Los y las trabajadoras desarrollan actividades en tanto que operadores de sistemas y proveedores de servicios en entornos neotayloristas estandarizados organizativamente, y tecnológicamente informatizados y telematizados. Podemos hablar que en el Estado español presenciamos una sociedad salarial de servicios (superindustrial y auxiliar del capital central europeo). El trabajo fabril de carácter manual no sólo se ha transformado y, cuando todavía subsiste, cabe localizarlo en los orígenes de la cadena de producción global: las semiperiferias y periferias internacionales encadenadas a los mercados y corporaciones globales.
A su vez, el modelo de empleo correspondiente a la relación salarial contemporánea rompe definitivamente con el modelo fordista-keynesiano, que coincidía en la etapa de prosperidad del ciclo de posguerra, que admitía el empleo para toda la vida y un esquema de ingresos familiar de un único salario. Desde los años 80, ya en una etapa de crisis, la ofensiva neoliberal ha producido una generalización de la inestabilidad laboral y desprotección social del trabajo.
La nueva relación salarial establece formas de empleo, contratación y derechos sociolaborales que no son uniformes. Esto contribuye a una apariencia de fragmentación de intereses –que si son diferentes parcialmente, pero que guardan un tuétano común-, que facilita, mediante políticas de individualización contractual, la gestión patronal de la mano de obra. En efecto, el pensamiento neoliberal insiste en las diferencias de interés de indefinidos y temporales, y de empleados y desempleados. Y lo hace tanto para acusar a sindicatos de una desatención de los contratados eventualmente como de los parados, con el firme propósito de reducir los derechos de la contratación indefinida, y utilizarlos como ariete contra toda la condición salarial.
No es de extrañar, por tanto y en balance, el retroceso de la masa salarial en la renta nacional en las últimas décadas. Se han asumido nuevas pautas salariales degradadoras, pues no sólo se pactan salarios reales con un crecimiento que no superan la evolución de la productividad, ni siquiera se obtienen ahora evoluciones que conserven el poder adquisitivo. Las nuevas contrataciones suelen caer por debajo de los costes laborales anteriores, las cláusulas de revisión salarial se revisan cada tres años, los salarios caen un 5% entre los empleados públicos, son cada vez más frecuentes las dobles escalas salariales, y la última reforma laboral facilita el descuelgue de los convenios por motivos nada justificables.
No sólo los salarios reales directos reflejan un retroceso histórico, en un contexto de desempleo que supera el 20%. También los indirectos y diferidos están siendo erosionados. El derecho a indemnización por despido, según diferentes cálculos, puede comportar una caída media del 56%, debido a la reforma del 2010, a medio plazo, con lo que las barreras económicas al despido brillarán por su ausencia. Las pensiones pierden derechos y cuantías, antesala de un futuro recorte en las cuotas a la seguridad social que abaraten los costes laborales a las empresas.
Los sindicatos no acertamos plenamente en el encuadramiento de los colectivos inmigrantes, juveniles y de eventuales, aún cuando tratamos de afiliarlos y contar con ellos. No hemos desarrollado protocolos de acogida y encuadramiento concreto, acciones en el territorio más ajustadas y eficaces, un modelo que facilite su participación, y no hemos sabido comprender bien el punto de partida y la perspectiva de estos colectivos. También hay factores que no están bajo nuestro control, como el miedo a afiliarse de estos colectivos, su falta de experiencia y formación sindical, o por ejemplo la propia ley que dificulta y discrimina objetivamente a personas con poca antigüedad en la empresa para votar o presentarse como delegados, o qué decir de aquellos que siquiera disponen de papeles.
Sin embargo, la relación salarial genera una condición y trayectoria de subordinación y explotación común a todas estas condiciones y colectivos laborales, y su diferencia de grado en materia de derechos no debe hacer perder de vista la necesaria reivindicación de una transformación de esta relación salarial. Más aún cuando las condiciones de convergencia a la baja en las relaciones de empleo son la tendencia marcada por las últimas reformas laborales.
A este respecto, merece la pena reflexionar sobre el ideario que reivindica a un nuevo sujeto antagonista, el precariado. Este argumente puede, a pesar de sus buenas intenciones, contribuir al divisionismo. Estas aproximaciones pueden redundar en un miserabilismo idealista, pensando que estos colectivos, por ser los más golpeados son susceptibles de mayor rebeldía, como si bastase una mala experiencia laboral para alcanzar automáticamente una conciencia sindical y política o una dinámica de organización determinada.
La organización de la subjetividad y su desarrollo sigue una dinámica relativamente autónoma de las situaciones de trabajo particulares, y se suelen corresponder con la tensión que causa la experiencia colectiva de la relación salarial en diferentes ámbitos de la vida social. Pero la orientación de dicha tensión y cómo se metaboliza colectivamente no está predeterminada. Depende de la construcción de un tipo de organización colectiva que vaya elaborando discursos, pautas de coordinación, propuestas y prácticas respaldadas y respaldando la movilización obrera y ciudadana al responder a los conflictos globales y concretos que las capas populares y el mundo del trabajo sufren en común.
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