El carácter del sector público español (8): ¿Qué socializar?.

Daniel Albarracín. Septiembre 2010

¿Qué actividades, por razones sociales de equidad y de eficiencia, deberían encuadrarse en el sector público?.

Hay actividades que los mercados no abordan por cumplir unas características que hace muy difícil que las empresas las asuman. Se trata de actividades que pueden ser monopolios naturales, o bien que no son rentables si bien pueden ser necesarias socialmente o que resultan estratégicas para una economía nacional, y que por tanto, la economía privada no desarrolla. Las primeras porque su envergadura exige unas inversiones iniciales formidables, y porque su servicio haría ineficiente y financieramente inviable la concurrencia de más de una entidad. Las segundas y terceras, porque escapan al foco de atención de las empresas privadas, instaladas en esquemas de búsqueda de beneficio, fuera del largo plazo, y sólo sensibles a factores sociales, ambiéntales y políticos en función de sus intereses particulares. De afrontarlas la economía privada lo haría de manera discriminatoria –en función de la solvencia del consumidor-, desigual, insuficiente o sencillamente no las abordaría –meteorología, transporte público a localidades poco pobladas, etc…-.

Entre los monopolios naturales pueden identificarse grandes infraestructuras de energía, servicios de telecomunicaciones y de transporte, entre otros. Entre las estratégicas o socialmente necesarias, la actividad regulatoria de la política monetaria, el sistema financiero, los cuerpos de atención de desastres, ciertas actividades científicas, la justicia, el suministro básico y autosuficiente de energía y alimentos, la gestión y uso de aguas, la educación, la sanidad, la atención a las personas dependientes y ciertos servicios de cuidados, o las pensiones, entre otras.

Naturalmente, la decisión de qué actividades deben incluirse en el sector público es un asunto de decisión política. Pero cualquier opción que asuma el bienestar social de la mayoría, las necesidades colectivas, la solidaridad y la igualdad como base, y un criterio de dirección democrática de la economía, debería asumir que es preciso un sector público fuerte y amplio. La prioridad no sería un Estado que, como el pensamiento conservador plantea, se centrase en el orden social, la seguridad, y la defensa de la propiedad privada y la libertad de empresa y mercado, que garantizasen el lucro. Si no, más bien al contrario, establecer una línea de regulación fuerte de las empresas privadas y de la economía de mercado, de impulsar un sector empresarial público amplio, y un sector público desburocratizado y eficiente, al servicio de las necesidades sociales, que asumiese piezas económicas estratégicas para poder responder al bien común.

A este respecto, parece irrenunciable contar con una banca pública fuerte; un sector energético, de transportes y de ordenamiento urbano, planeados racionalmente y con criterios universales y ecológicamente sostenibles, que contribuyan a un cambio en el modelo tecnológico-industrial; un sistema de telecomunicaciones que interconecte a la sociedad de manera accesible; una línea de innovación científica y de investigación que apueste por un cambio de modelo productivo; y unos servicios públicos de empleo, educativos, sanitarios, de atención a la dependencia, junto con prestaciones sociales que garanticen la condición de ciudadanía con plena responsabilidad pública y con una orientación plenamente democrática.