Contra la Reforma Laboral y las políticas del capital

Daniel Albarracín

26-6-10

La ofensiva del capital internacional, y en este caso particular del europeo, ha acabado con cualquier tentación de paréntesis para reanudar su política de ajuste sobre las condiciones de la relación salarial, tanto en materia de la regulación de las relaciones laborales como de los derechos que atañen al Estado del Bienestar. Definitivamente, los gobiernos europeos en su gran mayoría han hecho propios los postulados para adoptar políticas de ajuste.

El Real Decreto que entra en vigor este pasado 22 de Junio supone una nueva, pero ni la primera ni la última, agresión. Con mala fe, del borrador al redactado se ha pasado de importantes agresiones a un claro endurecimiento de los contenidos de la reforma laboral, posiblemente para recabar si no el apoyo, si la abstención y beneplácito tácito, de las fuerzas de la derecha parlamentaria. Ahora se cursa en trámite para validarlo en los próximos meses.

El poder cacarea que la reforma laboral es necesaria. Pero no lo es, y de serlo tendría que tener una orientación opuesta a la realizada. En cambio, sí es necesario actuar sobre el modelo y objetivos de la Unión Europea, la regulación de los mercados financieros, la recuperación de la Banca pública, el desarrollo de una reforma fiscal progresiva, atajar el enorme fraude fiscal, y desarrollar una inversión pública planeada al servicio de las necesidades sociales, al tiempo que se regulen y orienten las actividades de la economía privada en sus áreas estratégicas. En suma, que la crisis la paguen los capitalistas.

Las reformas laborales no crean empleo. Y esta no la creará. Los neoliberales piensan que rebajando el coste del factor trabajo promueven la competitividad y con esta estimulan el crecimiento y el empleo. Sin embargo, la realidad se muestra tozuda desmintiéndo este razonamiento. La creación de empleo, en un contexto capitalista, depende de la actividad productiva, de las expectativas de beneficio, de las condiciones de la demanda y la inversión. Por mucho que se abaraten costes laborales si no se dan esas condiciones, y ahora estamos en una fase de crisis, que durará, no habrá inversión ni creación de empleo. Abaratar costes laborales, en cambio, sí mejora la tasa de rentabilidad de las empresas que sobreviven, pero a costa de deprimir la economía.

Además esta reforma es injusta. El gobierno dice que favorecerá el empleo estable. Pero no es así. La contratación indefinida en este país no es estable, pues la media de continuidad de un trabajador no pasa de cinco años en el mismo empleo actualmente, y además la diferencia entre un contrato temporal y otro indefinido (el fijo sólo es para el funcionariado) es el coste del despido, porque en este país despedir, si bien no es gratis, es prácticamente libre. Mientras el coste de emplear por vía temporal sea menor que hacerlo por vía indefinida, seguirá siendo más barato y por tanto será la modalidad preferente del empresariado.

Esta reforma no es un cambio menor de la regulación de las relaciones laborales. Y no es previsible ninguna moderación de sus contenidos. No, porque el capital internacional, la UE y otros organismos internacionales no cesan en exigir un endurecimiento mayor. Y porque la crisis capitalista los agentes que la gestionan han decidido que la paguen los y las trabajadoras. Y si se exige que esta sea la vía de cumplir el dictado neoliberal de los Pactos de Estabilidad, este no será más que un paso de una larga batería de agresiones.

Esta reforma actúa sobre el despido. Resulta una falacia inaceptable el que abaratar y facilitar el despido creará empleo. Siempre, y más en un contexto de crisis, sólo creará más paro.

Esta reforma generalizará el contrato de fomento, con indemnización de 33 días por año trabajado y 24 mensualidades, haciendo minoritario el uso el contrato ordinario de 45 días y 42 mensualidades. El despido disciplinario improcedente del contrato de fomento pasa también de 45 a 33 días.

Esta reforma abarata sustancialmente y socializa el coste del despido, no entre el empresariado, sino entre toda la población asalariada. En primer lugar, porque el Fondo de Garantía Salarial aportará lo correspondiente a 8 días por año trabajado en los despidos de cualquier contratado indefinido. Porque facilita el despido objetivo, colectivo, con una justificación muy laxa, permitiendo el despido por 20 días (que serán 12 para el empresario al aportar el FOGASA los otros 8 días). Además, se prevé que próximamente se implante el Fondo de capitalización individual de la indemnización, sin incrementar las cuotas empresariales, con lo que así el coste del despido lo pagarán con su salario indirecto el resto de trabajadores, en detrimento de los recursos de la Seguridad Social. Además, al contar con un fondo habilitado para pagar el despido ya no habrá obstáculo económico que disuada de echar al personal. Y el FOGASA, mientras tanto se arruinará perdiendo su sano superávit.

Ni que decir tiene que las compensaciones que incluye sobre un gradual y ridículo encarecimiento de la contratación temporal, el límite temporal (¡qué puede ser de cuatro años!) al contrato de obra y servicio, o la mejor regulación del límite al encadenamiento de los contratos temporales, son elementos cosméticos y menores respecto al conjunto de las agresiones principales.

Esta reforma privatiza parcialmente la intermediación laboral. Frente a un servicio público más fuerte, con más recursos, y más competencias, asistimos a la legalización y externalización de la intermediación laboral hacia las agencias de colocación privadas; y a la amplitud del margen de maniobra de las ETTs que podrán actuar en la sanidad y en la construcción.

Esta reforma destinará en torno a 2800 millones de euros para bonificar la contratación indefinida de jóvenes entre 16 y 30 años, y mayores de 45 o más, en empresas que no hayan despedido de manera improcedente y que mantengan el empleo indefinido. Aunque la reordenación de éstas no es peor que la anterior, sería mucho más útil, haber destinado estos fondos bien a fortalecer la Seguridad Social, bien a generar empleo público directo, bien financiar, por ejemplo, adaptaciones del entorno laboral para colectivos con dificultades como las personas con discapacidad. De otro modo, sólo servirá para cambiar la posición en la cola del paro de ciertos colectivos, pues esta medida no crea empleo, y a abaratar sustancialmente los costes laborales al empresariado.

Se amplia las posibilidades de emplear las modalidades del contrato de formación y el contrato en prácticas, destinadas a jóvenes, pero ya no tan jóvenes (puede emplearse a colectivos hasta 25 años). Se trata de contratos de salarios por debajo del SMI y de los mínimos en convenio, compensados con formación teórica, un certificado profesional de valor simbólico, y una minúscula prestación de desempleo.

Se da más poder empresarial para la gestión de la flexibilidad de la organización del trabajo, acortando los plazos de consulta (y por tanto de diagnóstico, elaboración de propuestas alternativas y negociación), con los sindicatos. Bastará un acuerdo con los sindicatos, amparado en que la solución “mejora las condiciones de competitividad de la empresa” para poder realizar medidas de movilidad geográfica y cambios sustanciales de las condiciones de trabajo.

Esta reforma anuncia el compromiso con una posible reforma de la negociación colectiva, y como anticipo plantea una mayor facilidad de inaplicación y descuelgue salarial de los convenios, que, mediante acuerdo con los sindicatos, se justifiquen en que las medidas “permitirán mantener el empleo”. Así, se disolverá una parte de la eficacia de la negociación colectiva.

Por el proceso abierto por la burguesía y sus políticas neoliberales, que se prevé sostenido en el tiempo, es más importante que nunca afrontar una política de frente único frente a estas agresiones. La convocatoria de movilizaciones generales y la perspectiva de una huelga general el 29 de septiembre, que coincidirá con movilizaciones a escala europea, abre un proceso en el que tenemos la oportunidad de un proceso de apertura de debates, discusiones, que nos permitan aportar una perspectiva internacionalista y anticapitalista sobre la crisis sistémica, y la imperiosa necesidad de organizar política y sindicalmente las luchas, así como de trasladar propuestas de alternativa política. Por eso consideramos, que la preparación de la huelga general, reclamando su extensión a escala europea, la pedagogía en todo este proceso, y contribuir a desbordar contenidos y reivindicaciones para fortalecer la correlación de fuerzas a favor de los y las trabajadoras es ahora una tarea prioritaria.