Daniel Albarracín[1]. 15/05/2020
https://www.nortes.me/2020/05/21/el-ingreso-minimo-vital-y-el-futuro-por-hacer/
Se ha instalado el tópico
elitista que sospecha de todo aquel que, por percibir rentas originadas por un
derecho humano, es un mantenido, un caradura perezoso. Hay un discurso cínico y
disciplinador, que tacha de vagos a personas que no eligieron ser despedidos ni
haber sido empobrecidos. Los que hablan de paguita, no se preguntan siquiera si
la renta será suficiente para vivir. No se quejan de haya créditos avalados,
subvenciones o bajos impuestos para las empresas. Lo que les importa, a los que
niegan al trabajo el origen del valor y piensan que son las empresas las que
crean la riqueza, es la docilidad de la fuerza de trabajo disponible. Parados y
sin ingresos seguro que seremos más obedientes, teniendo que aceptar cualquier
empleo, en un contexto de depresión económica en el que cunde el temor porque
no haya lentejas. Por esta razón la derecha es hostil a cualquier medida de
escudo social a las clases trabajadoras.
Dicho esto, sorprenderá
que ciertos liberales estén conformes con una medida como puede ser el ingreso
mínimo vital. No debe extrañarnos cuando su cuantía anda por debajo del coste
de reproducción de la vida. Recordemos que sirve para “llenar la nevera”, pero
no para pagar el alquiler, la hipoteca y otros gastos propios de una familia. El
misterio se resuelve cuando se comprueba que dinamiza el consumo, que impide un
mayor hundimiento de la economía, al estabilizar la demanda. Vaya, que ayuda a
que el mercado funcione.
La cuantía prevista del
ingreso mínimo vital, a falta de mayor precisión regulatoria, parece que será
irrisoria, desde los 462 euros para alrededor de un millón de familias, o
unidades de convivencia, con muy bajos ingresos ni propiedad de vivienda por
encima de 100.000 euros de valor, aunque pueda luego elevarse en función del
número de miembros que tenga cada grupo familiar, o si se es familia
monoparental. Su coste no superará los 5.500 millones de euros, aunque ya se
escucha que podría ser bastante menos, algo más de 3.000 millones. Una renta
condicionada y de mínimos que en nada se parece a una Renta Básica Universal.
¿Podrá el ingreso mínimo
vital librar a los colectivos que lo perciban salir de la trampa de la pobreza?.
Se plantean muchas dudas. Es probable que estas rentas puedan ser compatibles
con empleos. Parece que se procurará que también lo sea con otras rentas
mínimas autonómicas preexistentes. Estamos convencidos que algunos miembros del
gobierno querrán que la medida no produzca esta trampa. Pero dudamos de que el
redactado final lo consiga.
Tengamos presente que los
empleos con los que podría ser compatible han de estar muy mal pagados para que
tenga sentido esa complementariedad. Esto puede conducir a una paradoja que no
es otra que el sector público esté subvencionando a las empresas, al hacer más
soportable, la extensión del empleo precario y mal pagado.
Quizá, en ausencia de
otra medida mejor, resulta un parche que al menos evitará situaciones extremas.
Parece mejor que se implemente a que no. Ahora, debemos ser conscientes que el
ingreso mínimo vital acabe subvencionando salarios de empleos precarios. Quizá ayude
a evitar la trampa de la miseria, si bien generando una capa de empleos
creciente que extienda otro fenómeno conocido: el de los y las trabajadoras
pobres, esto es, empleos que no son capaces de sacar de la pobreza a quienes
los desempeñan. En suma, no saca de la trampa de la pobreza, pone a los pobres
a trabajar, y el empleo no garantizará de salir de la pobreza. Asimismo, no
libera del yugo de esa relación desigual, la relación salarial, que envuelve al
tipo de trabajo de nuestra época.
En este contexto de
pandemia, habría sido mucho mejor haber protegido a los trabajadores
defendiendo sus empleos y establecer un escudo social más ágil, más garantista,
protector y más justo para las clases populares, para que no vuelva a recaer
sobre su espalda los costes de la crisis. Para el contexto en el que vivimos,
las soluciones para el mundo del trabajo debieran haber pasado más por impedir
despidos en empresas con beneficios, considerándolos como nulos, limitar los
ERTEs a pequeñas empresas –para no descargar en el erario público los costes
laborales que debieran asumir las grandes empresas-, junto con adaptaciones de
la organización del trabajo. En relación al formato de escudo social, una Renta
Básica Universal para el periodo de duración de la pandemia hubiera sido una
medida más ágil, rápida y justa. Quizá hasta el periodo que se generalice la
disponibilidad de una vacuna, la RBU cobra sentido.
El ingreso mínimo vital
es una renta reducida y condicionada para determinados colectivos en situación
de pobreza severa, por no tener apenas ingresos. En cambio, la Renta Básica
Universal es una renta digna para toda la ciudadanía, que permitiría vivir sin
la obligación de trabajar para poder tener una vida digna, financiada por una
reforma fiscal redistributiva, que es viable. Según nuestros cálculos, con la
simple equiparación de la presión fiscal española a la media europea, podría
financiarse conjuntamente la RBU junto a un plan de empleo garantizado.
No obstante, la RBU,
siendo un buen esquema de escudo social para la pandemia, deja en el aire
actuaciones necesarias en el campo del afianzamiento y extensión de los
servicios públicos universales y gratuitos, de la democratización y el reparto
del trabajo, así como del cambio de modelo productivo y reproductivo, que son las
claves para el futuro.
Debemos pensar en un plan
de reactivación económica que requiere contar con un amplio fondo de inversión
pública, primero centrado en lo sociosanitario, y en la perspectiva de afrontar
la transición ecológica que haga sostenible nuestra forma de producir, consumir
y vivir. Para financiarlo, es preciso establecer una importante reforma fiscal
progresiva, que no puede volver a recaer sobre el mundo del trabajo. Un buen
comienzo serían las tasas Covid sobre los beneficios y el patrimonio. El propósito
ha de ser fortalecer, extender los servicios públicos no sólo en la sanidad,
también la educación y las pensiones, la atención a la dependencia, el
transporte público, comedores colectivos, la inversión e investigación en el
cambio de modelo productivo y energético y la protección medioambiental. En
suma, en una política de desmercantilización basada en la extensión de servicios
públicos gratuitos y universales, financiados por impuestos atribuyendo un
esfuerzo fiscal a aquellos que hasta ahora han vivido bajo el manto del
privilegio.
[1]
Es Doctor en Sociología y Economista, es investigador. Actualmente asume el
cargo de Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Ha sido asesor en el
Parlamento Europeo y fue profesor de la UCM y UC3M.
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