https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/fondo-de-recuperacion-europeo-globo-desinflado
Recientemente hemos reflexionado
sobre la respuesta
de la Unión Europea para encarar la crisis económica desencadenada por el
coronavirus. Una respuesta que, por su insuficiencia, podría traducirse en políticas de ajuste y
devaluación interna sin precedentes, que, en el Estado español, nos ha
retrotraído a un cínico
revival de los viejos Pactos
de la Moncloa. Tras haberse aceptado las iniciativas vehiculadas por el
BEI, el SURE y el MEDE, queda pendiente el llamado Fondo de Recuperación, el
único instrumento potencialmente capaz de reactivar la economía europea y hacer
frente al reto sanitario enfrente de nosotros.
La polémica sobre el Fondo de
Recuperación está envolviendo a numerosos analistas, encerrando un debate de
fondo que pone en tela de juicio los proyectos de futuro para la Unión Europea.
En esta ocasión, la iniciativa comenzó con una apelación al Plan Marshall por
parte del gobierno español, en un contexto de críticas de los países del Sur
europeo, encabezadas por el gobierno italiano y portugués, a las
condicionalidades a favor de la austeridad, encarnadas sobre todo en el
Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE), como mecanismo de préstamo para los
mal llamados rescates europeos de economías en dificultad.
Vamos a comenzar diciendo y
explicando el perfil de la propuesta del gobierno español. Señalando sus
potencialidades, pero también los problemas y, ante todo, su futilidad en el
marco de la arquitectura institucional vigente en la Unión Europea. Seguiremos
dando cuenta de la contrapropuesta de Bruselas y los criterios del club de
países frugales, encabezados por los Países Bajos. Spoiler: la cosa anda
bloqueada. Sin embargo, el interés radica tanto en su contraste como, sí, la
conclusión: el marco europeo no se ha construido para ninguna solución
cooperativa y solidaria, sino más bien para lo contrario.
La propuesta del gobierno español
El gobierno español apuntó un plan
potente inspirado, en parte, en las ideas de Yanis Varoufakis, para que la
UE tuviera una capacidad de financiación, tras los consiguientes efectos
multiplicadores que estiman tras una aportación de garantías previas por parte
de los Estados miembro y los presupuestos europeos, de hasta 1,6 billones de
euros.
La cifra es asombrosa, cerca del
tamaño de la producción de Italia en un año. Posiblemente, la profundidad de la
crisis que atravesamos, lo hará igualmente insuficiente, pero no puede decirse
que no sea una cifra muy notable.
Según esta propuesta, podemos ver
fortalezas y debilidades.
Como primer punto positivo es
que, en base a esta propuesta, se emitiría deuda perpetua. Esto es, quien la
compre no verá reembolsado el principal. A cambio, recibirá sine die los intereses de dichos bonos.
En este contexto, aunque el rendimiento no sea muy alto, será mayor que las
pérdidas de otros bonos, y además estará soportado por la seguridad del
respaldo de la UE. Puede que la valoración AAA se degrade más adelante, pero la
potencia del bazooka del BCE hasta
finales del 2021 sería garante suficiente. Al ser tipos bajos a largo plazo, la
UE podría devolver muy fácil el compromiso.
El segundo punto favorable a la propuesta
es que se acompaña con una propuesta fiscal para poder devolver
los intereses de este tipo de deuda. Aparte de figuras como la ecotasa,
integrada en el presupuesto europeo, también podrán tomarse los excedentes de
lo no gastado en el presupuesto hasta el máximo del 1,20% del PIB europeo que
se marca como techo en el Marco Financiero
Plurianual. Esto avanza en un formato de integración fiscal, con
una figura que, sobre el papel, limita las emisiones de efecto invernadero. Sin
embargo, el presupuesto europeo sigue siendo irrisorio. Sólo si fuese entre 4 y
8 veces (por dar tiempo a su incremento gradual) más grande podría contrapesar
las divergencias de mercado que contiene su orientación.
Según el planteamiento del gobierno, está
sujeto a una condicionalidad respecto a su destino ligada a un objetivo social
como es la crisis sociosanitaria y, por consiguiente, para mitigar la depresión
y sentar las bases de la reactivación económica. El reparto del fondo sería vía
transferencia y en base a una justificación objetiva del impacto de la crisis,
según el nivel de infectados –indicador que habría, a nuestro juicio,
armonizar-, caída del PIB o el nivel de desempleo. En suma, resultaría una
medida netamente redistributiva. Ese es su punto fuerte adicional.
Ni que decir tiene, que el perfil de la
propuesta es para saludarlo, como punto de partida, de cara al debate sobre qué
soluciones son necesarias en el contexto actual. La realidad es que para el
gobierno deviene punto de llegada, un horizonte de máximos en cuyo recorrido
cabe ceder terreno. Esto equivale a decir que el resultado, de llegarse a algún
puerto, no será este. En cualquier caso, como hemos dicho seguiría siendo
insuficiente dada la magnitud de la crisis. El Banco de España estima
hasta en un 13,6% la caída del PIB de la economía española, y que se pueda
alcanzar el 120% del PIB en cuanto a la deuda pública.
Se trata, por parte del gobierno, de un
movimiento audaz dentro de la partida de ajedrez que se está jugando entre los
diferentes gobiernos europeos, tocando puntos que hasta ahora eran temas
tabúes, como pasos hacia una mayor integración fiscal. Sin embargo, esta
audacia no debe camuflar sus carencias (en materia de una armonización fiscal
que implique que las élites económicas paguen lo que les debería corresponder
en esta crisis) y contradicciones (los impuestos ecológicos han demostrado
durante décadas ser un mecanismo poco eficaz por sí mismos para evitar la
degradación del medio ambiente). Entre otras posibilidades inexploradas, también
podría dársele continuidad para potenciar una inversión europea en horas bajas,
condicionada a un plan de transición ecológica.
Con todo, como decimos, es que tiene toda
la pinta de ser un globo sonda para la negociación, que no se materializará ni
mucho menos así. Un claro riesgo para su deformación y desinflamiento. Además,
la solución, si no se acompaña de grandes reformas que impugnen el modelo
austeritario europeo quedaría desdibujada. Sea como fuere, contiene los rasgos
mínimos suficientes para ser apoyada, en tanto que punto de partida.
Las
reacciones de la Comisión Europea y de los Países Centroeuropeos
Una vez ignorada la propuesta italiana de
los coronabonos, y en respuesta a la propuesta española, la Comisión Europea ha
lanzado igualmente una propuesta con respecto al Fondo de Recuperación. Esta
propuesta juega con un impacto financiero deseado de 1,6 billones de euros, un
10% del PIB europeo, de forma similar a la propuesta española. Sugiere elevar
los techos del presupuesto europeo, seis décimas más durante lo que dure la
crisis, un 1,9% del PIB europeo hasta, posiblemente, 2022. Con ello, podría
emitirse hasta 323.000 millones de euros en forma de deuda. La propuesta de la Comisión no se
limitaría a financiar créditos a los Estados miembros, sino también
subvenciones a fondo perdido. Parte de la emisión (un 10%) se usaría para
apalancar inversiones que podrían movilizar más de medio billón de euros, es
decir, un tercio del plan. No se limitaría a transferencias, sino que incluiría
endeudamiento y fondos destinados a financiar inversiones. Y, ni que decir
tiene, aparca la idea de deuda perpetua, y plantea plazos de devolución entre 5
y 30 años.
Esta
medida, que buscaba la conciliación con los países “frugales” (Países Bajos, Alemania,
Austria y Finlandia) se ha topado con su intransigencia clásica. Ahora mismo,
la situación está bloqueada.
Desobedecer,
desbordar, superar al establishment: desde los pueblos hacia el
internacionalismo solidario.
La política de las instituciones
europeas puede caracterizarse por su innovador funcionamiento y la muy
estudiada política de comunicación en los procesos de negociación. Esto da
lugar de manera sistemática a una de las paradojas de la UE en las que radica
la crisis de legitimidad que esta sufre desde hace años. Así, el trabajo los y
las representantes en el Parlamento Europeo se centra en el número de
propuestas que presentan en los diferentes textos elaborados por las diferentes
comisiones parlamentarias. Muchos de estos textos, en un inicio, abarcan un
abanico abierto de propuestas. Sin
embargo, los proyectos aprobados a menudo poco tienen que ver con esta
pluralidad de ideas, siempre discriminadas por los grandes países
centroeuropeos o por instituciones oscuras y sin control democrático como lo
son el Eurogrupo, el BCE, la Comisión o el Consejo, muy sensibles a la presión de
los poderes económicos transnacionales.
De esta afirmación se podría concluir que
existe un conflicto de legitimidades entre las distintas instituciones europeas
(entre la institución elegida por sufragio -el Parlamento Europeo- y el resto),
y que la respuesta necesaria sería el impulsar un movimiento hacia una reforma
de este marco. Como venimos repitiendo desde hace tiempo[1], este tipo de
razonamientos implica el hacerse trampas. Por una parte, la Unión Europea, en
su estructura (en su esencia) se ha construido de forma desigual y asimétrica.
Esta desigualdad y asimetría es bien sabida por la mayoría de pueblos europeos
de las diferentes periferias geográficas y económicas (que han sufrido las
consecuencias de las políticas de austeridad). En definitiva, este poder
asimétrico representa los intereses de las élites por encima de los del del
resto de la población, y de las élites de países centrales como Alemania,
Países Bajos o Francia sobre las élites de las periferias. Esta de una de las
primeras coordenadas para comprender el proceso de toma de decisiones a nivel
europeo. El segundo elemento, prácticamente invisible a menos de conocer las
instituciones en su interior, es la manera mediante la cual se presentan los
proyectos. Las instituciones europeas, con sus trílogos y multiplicidad
de órganos en los que se toman decisiones, acostumbran a lanzar globos sonda,
que faciliten varias cosas: poner las bases y esquemas para poder empezar a
hablar, pero sobre todo establecer los límites de la negociación.
A estas dos claves se suma una tercera: el
eje ideológico. Este eje ha tendido a pasar a un segundo plano en las últimas
décadas en tanto en cuanto parecía que tanto los gobiernos conservadores como
aquellos social-liberales remaban en una misma dirección. La predominancia de
lo que hemos llamado “extremo centro”, es decir esta comunión ideológica en
torno a un programa de gobernabilidad neoliberal, actúa igualmente como jaula,
pretendiendo una sensación de pluralidad de puntos de vista, pero cuya
racionalidad es fundamentalmente la misma. Por muchos matices que se
puedan proyectar (actitudes más estrictas o más amables), los
intereses económicos que defienden son idénticos.
Como dijimos en un artículo reciente, “siendo
[la reforma de la UE] la brújula que ha guiado la acción de la izquierda en
este terreno, ha contribuido más a su desorientación que a una capacidad de
intervención efectiva. Conforme va avanzando la decadencia de la propia UE, el
horizonte de la reforma de la UE se desvanece y ya sólo se aceptan asimiladas a
su proyecto”[2].
A nuestro juicio, la Unión Europea es un
elefante que impide avances de fondo, que además tiene programado un rumbo con
piloto automático para afianzar las políticas de austeridad y favorables a la
competitividad de los países centroeuropeos y a las grandes corporaciones
privadas transnacionales, ignorando los capítulos de cooperación solidaria o
bienestar social y medioambiental. Una de las garantías que permiten que este
funcionamiento sigue en marcha es la exigencia de unanimidad en las decisiones,
que no sólo favorece a los gobiernos conservadores, sino sobre todo a la
continuidad de los Tratados Europeos que blindan esa perspectiva neoliberal y
autoritaria.
Nos encontramos a la mayor crisis que el
capitalismo haya podido encontrar en su funcionamiento. Entendemos que el
proponer soluciones en el seno de la UE, por mucho que quieran mutualizar el
esfuerzo entre los países para la recuperación económica, harán recaer su coste
prioritariamente sobre las y los de abajo. Ante esta tesitura, debe
cuestionarse el diseño de la arquitectura institucional, decisoria y económica
de la UE. No cabe otra solución que construir una alianza para llevar a cabo
soluciones internacionales cooperativas y favorables a las clases populares, la
salud pública y la biosfera. Estas tendrán que hacerse al margen de las
instituciones europeas tal y como están, desobedeciéndolas, desbordándolas o
construyendo una institucionalidad que las supere. Pero, como ya venimos
insistiendo, primero hay que superar el virus de la obediencia a la
arquitectura económica y política vigente, tanto a escala de la UE como de los
Estados-Nación tal y como los conocemos.
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