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Daniel Albarracín Sánchez y Mats Lucía Bayer. Abril 2020
https://vientosur.info/spip.php?article15909
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¿Hacia una mutualización europea de la deuda?
El pasado 5 de abril, Pedro Sánchez reclamó
un gran pacto europeo equivalente en términos políticos al Plan Marshall, que
EEUU desarrolló durante cuatro años desde 1948 apoyando a la Europa Occidental
aliada para facilitar su reconstrucción, la influencia norteamericana y acabar
con las barreras al comercio. Aquello fueron transferencias directas, para
recuperación industrial y la reactivación económica, y para evitar la sombra
soviética.
Mientras tanto se ha abierto un debate, por
parte de los neo- y post-keynesianos, sobre la posibilidad de mutualizar deuda,
apelando a la solidaridad europea, mediante la emisión de coronabonos. Esta formulación, que reedita la vieja propuesta de
los eurobonos, supondría una vía de financiación de los
costes de la crisis y una potencial herramienta para la reactivación posterior.
La idea de los coronabonos supone mancomunar deuda a escala europea, con el
respaldo de todos los miembros participantes, reduciendo las primas de riesgo, aportando
más quien tuviese más capacidad para hacerlo, y poder apoyar a Estados,
sectores o territorios que lo necesitasen, condicionado a que se emplease para
inversiones sociosanitarias o para la recuperación económica.
Cabe afirmar que esta idea en sí no es mala.
No se trataría de una transferencia directa, o un plan de inversión europeo
común, ni potenciaría el presupuesto europeo, que serían modelos propios de una
mayor integración económica europea. Algo que requeriría un refuerzo de la
armonización o integración fiscal federada que, por cierto, se trata como un
anatema en los debates del establishment.
Sería positiva si pudiese llevarse adelante. Sin embargo, resulta inconcebible
bajo la arquitectura económica, institucional y jurídica de la UE. Es más, la
idea de disponer de bonos, de alguna manera, no es nueva, y, de hecho, ya se
cuenta con una enorme galaxia de instrumentos financieros que, aunque con una
naturaleza intergubernamental y dirigida por criterios de “el que paga manda”, siguen
la doctrina austeritaria, sin estar bajo el abrigo y obligación legal de los
Tratados europeos.
Invocar la mutualización y la federalización
con los tratados actuales es, a nuestro juicio, de una ingenuidad idealista
palmaria[1]. Precisamente, las instituciones europeas, tratan de legitimarse con estas
loas a los rescates, magnificando su alcance, para trasladar la obligación a
los Estados miembros solicitantes, de aplicar planes de ajuste para poder hacer
frente al pago de las deudas contraídas. A este respecto, cabe preguntarse,
aunque seamos federalistas en última instancia, si federar malos criterios y
prácticas políticas no hará justo lo contrario de lo que perseguimos. Si el
modelo intergubernamental se emplea para que los países más fuertes no asuman
riesgos y exporten a otros los desequilibrios (mediante mecanismos de
divergencia real en las balanzas exteriores, y de dependencia
centro-periferia), el modelo federal, sin modificar la orientación política y
los Tratados, no hará otra cosa que profundizar dicho funcionamiento.
Los instrumentos financieros que se plantean
en esta ocasión también tienen este carácter, y aumentan la deuda en los países
deficitarios, y vendrán acompañados con condicionalidades que equivalen a
nuevos recortes, privatizaciones y esquemas de ajuste salarial. El plan de
financiación SURE, el del BEI, y especialmente el del MEDE, van en esta línea.
Admitirán finalidades sociosanitarias o de cobertura del coste público de los
despidos, pero todos ellos supondrán un crecimiento formidable de las deudas
públicas. La financiación de hoy, será la deuda mañana, y los ajustes
estructurales de pasado mañana. Más aún cuando no hay voluntad alguna de
abandonar definitivamente los techos del déficit y de deuda pública. Y toda
esta política es una política de socialización de costes, costes que no habrán
asumido las grandes empresas, porque sus costes laborales, así como los gastos
sociosanitarios, los cubrirá el sector público, sin olvidar el deterioro de
ingresos y el desempleo que padecerán millones de trabajadoras y trabajadores,
y las ingentes ayudas financieras que recibirán las empresas o los alivios que
tendrán a la hora de contribuir a la seguridad social o a Hacienda.
2.
La política monetaria: ¿un bazooka o
la impotencia de los animal spirit?.
A su vez, el BCE, el brazo armado e
“independiente” de la política monetaria
europea, profundiza su política de flexibilidad cuantitativa, un bazooka de hasta 750.000 millones de
euros adicionales, admitiendo un porcentaje importante de compra de bonos
públicos en el mercado secundario. Esta política pretende estimular el crédito
para la inversión, con el objetivo de paliar las consecuencias de la recesión.
Sin embargo, como hemos ido viendo en los últimos 10 años, por mucho que el BCE
inyecte dinero en la economía, si las expectativas de rentabilidad son bajas,
dicho dinero no hará más que alimentar circuitos de acaparamiento o
especulación. Así, aunque esta política del BCE produzca un alivio en los tipos
de la deuda pública, lo que promueve en la práctica, por una parte, es un
formidable rescate a las grandes corporaciones privadas, que contribuye a que
empresas insolventes pervivan, y, por otra, una concentración de capital sin
precedentes.
La política de del BCE parece haber marcado
los límites en el debate en torno a qué políticas deberían aplicarse. En este sentido, parte de los economistas neo
y postkeynesianos, con diferentes matices, han focalizado sus propuestas en la
dimensión monetaria, cuando a todas luces, esta vía ha agotado cualquier recorrido[2].
Sobre la política de expansión cuantitativa
exigen que el BCE revise su línea para comprar directamente bonos públicos en
su emisión primaria, y que la financiación llegue allá donde antes no llegaba, monetizando la deuda. Algunos elogian
al Banco de Inglaterra que desarrollará esta línea de financiación directa al
sector público, tras salir el Reino Unido de la Unión Europea. Cabe preguntarse
si esta es la condición suficiente para animar la inversión, o para garantizar
que esta se destine a proyectos socialmente útiles (sociosanitarios,
socioecológicos, etcétera), o si esta medida no contribuye más bien a devaluar
la moneda[3] y causar una guerra de divisas, que no contribuye a generar riqueza
alguna, sino una rivalidad por el mercado mediante la disputa por el comercio
mundial. La financiación directa del sector público puede ser aconsejable,
siempre y cuando el crédito no se emplee para socializar las pérdidas causadas
por compras de empresas privadas en bancarrota, y se emplee para impulsar proyectos
de inversión socioecológicos, sanitarios y farmacológicos públicos. Pero no
será el factor decisivo para una salida justa a la crisis y propicia para una
economía sostenible.
2.1. Medidas monetarias y rentas mínimas.
Otra de las fórmulas barajadas, dentro de
esta línea de monetización, para reactivar la economía es la conocida como la
del “dinero helicóptero”[4]. Dicho de otro modo, una provisión de dinero automática y por igual a una
población, creada bancariamente a través de un apunte ordenado por el Banco
Central.
En términos teóricos presenta un lado
positivo. Beneficia a las rentas más bajas, porque comporta una proporción
mayor respecto a su capacidad de consumo. Ahora bien, entraña una creación de dinero automática, no un ingreso fiscal nuevo. Se crea dinero de la nada. Además, actúa en
el lado de la demanda, potenciando la capacidad de consumo o adquisición, pero
no opera en el lado de la oferta. El sector privado sólo se mueve invirtiendo
donde hay beneficio, no optimizando su capacidad de servicio (para poder tener
beneficio) y atendiendo sólo a la demanda solvente. Así, quizás se dé salida a
stocks de mercancías acumuladas, pero se puede dudar razonablemente sobre si potenciará
la inversión, o si más bien lo que promoverá es el ahorro por motivo
precaución.
Este tipo de estímulos tiene un carácter
temporal, y su efecto se diluirá a corto plazo, restableciendo un nuevo equilibrio,
con precios mayores o con una moneda más devaluada, al facilitar la circulación
del stock acumulado. Puede que beneficie a los sectores de distribución
comercial de bienes primarios en detrimentos de otros basados en mayores
infraestructuras o tecnología, pero no opera ninguna alteración en la tasa de
ganancia general, por lo que no aumentará la capacidad de inversión si la
economía opera a plena capacidad. Si se prolonga esta medida, puede que altere
la proporción entre consumo e inversión, a favor del primero.
Al desarrollarse por mecanismos de mercado,
sólo mejorará las expectativas de algunos sectores privados, pero no
determinará una mejora de la oferta por sí mismo. Por ejemplo, si no hay
mascarillas, respiradores... nada garantiza que se produzcan, menos aún por la
vía pública. Si se hace se hará alterando su precio, a beneficio de los
productores privados si es que se deciden a fabricarlo a una escala suficiente.
Tengamos en cuenta que esto es lo que está proponiendo Donald Trump. La política
del dinero helicóptero incluye consecuencias mercadistas, en la que una acción
pública (monetaria) favorece a determinados sectores empresariales privados.
Por último, el “dinero helicóptero” podría confundirse con una vía para una
renta básica de carácter coyuntural.
Del debate de la Renta Básica, actualmente
revivificado, no se puede zanjar rápidamente dadas los diferentes modelos de
aplicación: rentas mínimas de inserción, rentas garantizadas, renta básica
universal (RBU).
Alguna de ellas, recuerdan a las planteadas
por John Stuart Mill, que no rompían con la trampa de la pobreza, al proponerlo
a un nivel tan bajo en el que disciplina de la necesidad del salario siguiese
empujando a la población a trabajar. Esto es lo que podría pasar con el ingreso mínimo vital que propone el actual gobierno. Sobre este punto hay que incluir no pocos
matices. El ingreso mínimo vital no se incluye dentro de las medidas de dinero
helicóptero, porque ni es general, sólo va a las familias sin ingresos, y
además el gasto público que comporte no se monetizará –no hay un banco central
que lo vaya a hacer-, sino que engrosará la cuenta de la deuda pública, si no
hay ingresos que las respalde.
La derecha no la quiere, porque quiere a las
familias trabajadoras dóciles tras la crisis, y que los recursos se dediquen
principalmente a las empresas. Nosotros consideramos que sólo tiene sentido
durante la crisis, como medida de escudo social, para que nadie se quede con un
ingreso inferior al salario mínimo interprofesional. La medida, aunque sea un
alivio, tal y como está concebida, es una limosna, y sólo llega a personas con
menos de 200 euros de ingresos mensuales[5]. Para poder ser consistente
debe aparejársele tramos impositivos nuevos que permitan sufragarla, por
ejemplo, con una elevación de tipos del impuesto de sociedades, del de
patrimonio, el de sucesiones o donaciones, un aumento de los tramos superiores
del IRPF, o un nuevo impuesto sobre la propiedad de la tierra, en suma, que
descarguen esfuerzo fiscal al mundo del trabajo, y que impida un desmedido
aumento de la deuda.
Otras medidas más ambiciosas, como la RBU,
combinan una renta monetaria y una reforma fiscal progresiva, financieramente
viables y redistributivas, pero que no operan desde el lado de la oferta y que
siguen siendo un mecanismo de promoción del mercado a favor de la actividad
privada.
Nosotros abrimos la perspectiva para otra solución: el desarrollo
de servicios públicos universales y gratuitos, mediante reforma fiscal
progresiva sobre las rentas del capital, de la tierra, y sobre el
patrimonio y la herencia, más democracia laboral, y el reparto de todos los
trabajos a lo largo de la biografía entre toda la sociedad de las personas en
condiciones de trabajar. La aplicación de esta propuesta exige una correlación
de fuerzas importante, cuya fuerza sería equivalente a la de poner en pie una
RBU, pero que tendría la virtud de operar en el lado de la demanda y de la
oferta, poniendo sobre la mesa la titularidad de los bienes que tienen que ser
comunes.
Esta política alternativa exige una actuación
global: una reforma fiscal capaz de financiar esta política y que sea
socialmente justa, una socialización de los sectores estratégicos (bancario,
grandes tecnológicas, telecomunicaciones, energía, sector sanitario y educativo),
y la movilización de planes de inversión socioecológicos y sociosanitarios
públicos bajo un plan democrático que genera una amplia reconversión del empleo
para abordar la transición ecológica y el cambio de modelo productivo.
Autores amigos, seguidores de la Teoría Monetaria Moderna, como Eduardo
Garzón, diferirán de esta interpretación[6]. Esta teoría se centra en la importancia de generar gasto (público), en
general monetizando deuda o monetizando sin más, para conllevar mayor
recaudación que, al activar la demanda, financie ese gasto en periodos
venideros (aunque el Estado no lo necesite en sí). Entendemos que este aumento
de la demanda activará el consumo y la recaudación posterior, pero también
causará mayor déficit y deuda pública, que sin un fuerte crecimiento no podrá
devolverse. Por otro lado, no es lo mismo estimular el consumo que la
inversión, ni tampoco es indiferente qué consumo o qué inversión, ni sus
diferentes multiplicadores a la hora de reactivar la economía. Tampoco lo es si
es privada o pública. Son dudas que no siempre se acaban despejando.
Las claves de intervención deben ser otras:
disponer de un régimen fiscal progresivo más robusto (aumentando la presión
fiscal, y con un régimen menos cargado sobre el mundo del trabajo y más sobre
el del capital, el patrimonio, la actividad rentista inmobiliaria y de la
tierra); impulsar una política de inversión pública en áreas socialmente
necesarias (investigación, atención sanitaria, cambio de modelo energético),
socializar los sectores estratégicos, desarrollar un modelo de economía pública
favorable a los servicios públicos universales y gratuitos, y cuestionar los
compromisos de deuda ilegítimos, comenzando con la derogación del artículo 135
de la Constitución. Porque nosotros no creemos que se trate de promover el
gasto o el consumo sin más. El gasto por el gasto, que es lo que promueve, por
ejemplo, el dinero helicóptero, siendo simplemente soluciones monetarias, no
modifica el modelo productivo, ni su lógica.
3. El gobierno español, atado al mito de la
Unión Europea.
Que se invoquen ahora los Pactos de la
Moncloa responde al interrogante que se formulan las
clases dirigentes acerca de cómo cargar los costes de la crisis, y la deuda
generada en este periodo, que se estima podría incrementarse hasta 20 puntos
porcentuales del PIB más.
Por el momento, el gobierno ha decidido
descargar de los costes laborales al empresariado, para que sea el erario
público, el gasto público y el fondo de seguridad social, los que se hagan
cargo de una importante proporción de este coste, junto a la caída de salarios
parciales o totales generados por los ERTEs, reducciones de jornada, bajas
impuestas, etc.. Esto, además de afectar a la capacidad de negociación de las y
los trabajadores, exime al capital de sus obligaciones salariales, en
detrimento de los ingresos de asalariados y autónomos. Así, el Estado dejará de
recibir cuotas a la seguridad social, una importante recaudación fiscal debido
a aplazamientos y la parálisis económica en un contexto de tipos efectivos muy
bajos, y tendrá que hacerse cargo de prestaciones de desempleo, subsidios y
ayudas diversas, cuya magnitud será colosal.
Estos Pactos de La Moncloa son la otra cara
de la moneda con respecto a un supuesto Plan Marshall, que ha quedado en mera
macrofinanciación europea a devolver bajo los criterios de equilibrio fiscal
(sólo temporal o mínimamente aliviados), en forma de deuda. El Gobierno, ha
emplazado a una CEOE (más pragmática que los partidos de derechas y extrema
derecha) a negociar los términos de estos pactos. Por el momento, Unidas Podemos
no ha sabido o no ha querido desarrollar una posición propia con respecto a
este proyecto de pactos.
Poco se conoce de lo que serán estos acuerdos
que llevarán meses, por ello nos limitaremos a apuntar sus riesgos. Es probable
que el Estado proteja la compra de acciones de las grandes empresas con caídas
bursátiles, comprará empresas en bancarrota, y luego, previsiblemente,
devolverá al sector privado sectores enteros. Se hablará de rentas mínimas o de
emergencia, incapaces de sacar de la trampa de la pobreza, y de una duración
limitada. Se corre el riesgo también de un nuevo pacto de rentas, que deseche
cualquier recuperación de derechos perdidos en las últimas reformas laborales,
que supondrá una nueva erosión de los salarios, en un contexto de desempleo
escandaloso. En definitiva, nos encontraremos de nuevo bajo una lógica de
socialización de pérdidas para garantizar los beneficios del capital.
Difícilmente, el empresariado, que ha sido capaz de influir, presionar e
impedir medidas progresistas de gran calado, admitirá contribuir a esta crisis
aportando parte del excedente acaparado. Habrá que estar atentos y empujar para
que no se ceda al chantaje del capital.
[1]Sergi Cutillas, Albert Medina, Pablo Cotarelo y M.
Lascorz. http://www.ekona.cc/coronabonos-de-entrada-no/
[2] En su descargo, la escuela postkeynesiana sí apuesta por reformas fiscales
progresivas, que compartimos, y lo hacen por razones de redistribución, pero no
por necesidades de refuerzo de los ingresos que, a su juicio, el Estado no
necesita.
[3] Hay autores que también apuntan a la generación de inflación,
si bien debemos advertir que en el periodo actual, de carácter recesivo, el
riesgo macroeconómico es precisamente el contrario: entrar en un periodo de
deflación.
[5] El ingreso mínimo vital oscilará entre los 500 y 950 euros por
familia, según el número de miembros y si es familia monoparental o no.
[6] Eduardo Garzón es defensor del Trabajo Garantizado, y
recela, con nosotros, de la RBU. Ahora bien, el esquema de Trabajo Garantizado
no es equivalente a un modelo de democracia laboral y de repartos de los
trabajos a lo largo de toda la vida, sino que es un sistema de creación de
empleo público financiado por la monetización de la deuda y la creación de
dinero público, en sectores subalternos y con salarios mínimos. Este sistema brinda
un sistema a través del empleo de amortiguación del ciclo derivando gasto público
a la creación de empleo, pero un empleo de baja remuneración en actividades no
nucleares del ciclo del capital, que estarían reservadas al mercado.
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