05/05/2018. Daniel Albarracín
Contribución para el debate en la iniciativa ReCommons Europe
Publicado en Viento Sur- La economía política de la Europa del capital.
Nuestro enfoque parte del supuesto de que la UE es una
institución intergubernamental bastante particular. La UE es una alianza
jerárquica de Estados Nación que ha creado el marco institucional de un mercado
único que promueve implacablemente el neoliberalismo. Las instituciones de la
UE organizan los puntos clave de la agenda política de sus Estados miembros,
aunque las principales competencias son gestionadas por aquellos. El marco de
la UE se basa en el blindaje de los Tratados de la UE, cuya legislación central
resulta imposible de cambiar en la práctica (unanimidad o normas de mayorías
calificadas). Los Tratados de la UE establecen una arquitectura económica
determinada, y un conjunto de acuerdos y pactos políticos que definen los
límites de la economía política de los gobiernos, en lo que denomina como
gobernanza económica. En suma, este marco de la UE se lleva a cabo en el
contexto de un neoliberalismo predominante, aplicado de manera asimétrica por
un club de Estados, muy comprometido con la construcción de un mercado único
europeo o, en otras palabras, una Europa del capital.
En cuanto a la arquitectura económica de la Eurozona, esta
funciona con la moneda única, el Euro, respaldada y orientada por el Banco
Central Europeo. Este banco central es bastante especial y, con certeza, ni
neutral ni realmente independiente de los intereses del capital transnacional
europeo. El BCE establece una política monetaria expansiva singular diseñada
para proporcionar un conjunto de ventajas a las grandes empresas privadas, más
particularmente, al sistema bancario privado y las corporaciones
transnacionales. Esto se hace a través de su política monetaria, de hecho, aplicando
tasas reales negativas, mediante la exclusividad del suministro de crédito para
el sector bancario privado y las compras de activos privados que tienen lugar con
la política de Flexibilización Cuantitativa. Un área económica así, sin
mecanismos de compensación, desencadena una divergencia sistemática entre los
países con superávit externo y aquellos con economías deficitarias, debido a
una división internacional jerárquica de la producción y niveles de
productividad diferentes, fruto precisamente de esa división. Una economía de
mercado capitalistas sin unión fiscal progresiva, sin ni siquiera regímenes
tributarios cooperativos, ni armonización fiscal que incluya tasas mínimas
efectivas en impuestos sobre el capital en toda el área, se vuelve incapaz de
corregir esta tendencia. En ausencia de políticas industriales con el fin de
establecer un área económica complementaria y cooperativa, una arquitectura
económica así acentúa la desigualdad entre centros y periferias. Esta
arquitectura económica lastra las perspectivas de los países y regiones
periféricas y fundamenta las ventajas para el capital en exigir crecientes
esfuerzos a la fuerza de trabajo, así como el deterioro de los derechos
sociales y los servicios públicos. Como está prohibido el control del
movimiento de capitales, y la modificación del tipo de cambio de las monedas no
es posible, la presión competitiva del mercado allana el camino a una
devaluación fiscal y salarial constante. Si todas estas políticas no son suficientes,
el Tratado de Maastricht, el Pacto de Crecimiento y Estabilidad y los acuerdos
heredados a partir de aquel, o las reformas económicas previstas en el Informe
de los Cinco Presidentes, se encargan de impedir cualquier tipo de reforma
fiscal progresiva y expansiva, cualquier política salarial a favor del trabajo
y, en consecuencia, conduce a limitar el gasto público y la inversión, como
fórmula de contención del déficit público.
Esta arquitectura establece una camisa de fuerza que impide
cualquier cambio progresivo que pueda poner en peligro los principales pilares
económicos de la Unión Europea: el libre movimiento del capital y de mercancías
en un mercado único. Los Tratados de la UE, por naturaleza, solo permiten
cambios significativos en los capítulos económicos centrales si existe
unanimidad política entre todos los Estados miembros. En la práctica, las
grandes líneas de la gobernanza económica se pergeña en el Eurogrupo, bajo la
dirección de los países centrales -principalmente los gobiernos de Alemania y
Francia, y una coalición de países satélites variable a su alrededor-,
concertada en el Consejo Europeo, definida y ejecutada por la Comisión Europea
y avalada por el Parlamento Europeo con escasa oposición, si bien útil para dar
a su proceso de toma de decisiones una aparente legitimidad. Vale decir, un
marco ideal de democracia liberal para las élites.
La Unión Europea, para garantizar su gobernanza y las
reformas estructurales derivadas, así como los principios de consolidación
fiscal y estabilidad financiera, aplica mecanismos que supervisan la política
fiscal, la evolución salarial y el nivel de déficit público. Un propósito de
esto es que se aseguren las condiciones de pago de la deuda pública a los
acreedores. Otros objetivos y políticas procuran proporcionar ventajas
competitivas a las grandes corporaciones, con el fin de recuperar su tasa de beneficio,
en contra de las condiciones laborales, los servicios públicos y los derechos
sociales. El aumento de los problemas de insolvencia del sector financiero
privado durante la última recesión, y la inminente que está por venir, ha sido
respondida con el establecimiento de potentes instrumentos financieros, como lo
es, por ejemplo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Este gran
instrumento financiero, entre otros existentes, proporciona líneas de crédito a
los sectores públicos nacionales para rescatar el balance de los bancos
privados en riesgo. El sector público y los contribuyentes son responsables de
pagar en última instancia. Lo que significa que la política económica de los
Estados miembros con riesgo financiero y desequilibrios de balanza de pagos
deben adaptarse a este objetivo. El Fondo Monetario Europeo podría convertirse
en un mecanismo de gobernanza económica para conseguirlo, dentro de los
Tratados de la Unión Europea, bajo el control directo del Presidente del Eurogrupo.
El Mecanismo Único de Supervisión (MUS) prevé que los bancos en crisis apliquen
un ajuste interno antes de ser rescatados, lo que afectará primero al sistema
bancario periférico. Pero también este fondo habrá de cubrir a los bancos
"demasiado grandes para caer", con lo que en última instancia el
dinero público se pondrá en juego.
Las experiencias griegas y chipriotas comportan los casos
más extremos de intervención realizada por las instituciones económicas y
monetarias de la UE, y que consistió en ajustar los desequilibrios
macroeconómicos y la economía política de dichos países a este marco macroeconómico
neoliberal. Realizaron una intervención financiera en la práctica equivalente a
un golpe de Estado, para restringir la soberanía de su política económica. De
todos modos, el conjunto de Estados Miembros perjudicados seriamente por esta
arquitectura económica, tanto en la periferia sur como en la oriental, es bastante
amplio. La intervención también se realizó en Irlanda, España y Portugal en el
período de recesión, causando un gran impacto en la regulación laboral y el
régimen fiscal, implementando un fuerte conjunto de medidas directas o
indirectas de privatización, o recortes severos en los servicios públicos y los
derechos sociales. Mientras tanto, los nuevos países del Este que acceden a la
UE o están dispuestos a hacerlo en la Eurozona están sujetos a un conjunto de
reformas políticas de austeridad más estrictas que las concebidas en el Tratado
de Maastricht.
Esto no implica que los Estados miembros no hayan tenido
margen de maniobra. Los países centrales, como ha sucedido muchas veces con
Alemania o Francia, a menudo no cumplen los principios que deberían obligarlos
en relación al nivel de deuda pública de déficit público admitidos, por
ejemplo. Estas infracciones no impiden que ejerzan presión sobre aquellos
Estados miembros económicamente menos fuertes o más dependientes, garantizando
que se tomen medidas de austeridad en la periferia del mercado único. Algunos
países son capaces de desobedecer principios relevantes de la Unión Europea,
como sucede con Hungría o Polonia, por ejemplo, en el campo de las políticas de
refugiados o de derechos humanos. Algún otro país, como sucedió recientemente
con Portugal, ha llevado a cabo un tipo de economía política que no profundiza la
política de austeridad, y ha sido tolerada por la Comisión Europea debido a la
inestabilidad política, también favorecida por un ciclo económico estable y la
presión de la izquierda portuguesa. Desde este punto de vista, otro caso
extremo sería el Reino Unido, que decidió salir de la UE, aunque es preciso
mencionar que no se le puede considerar como un país periférico en modo alguno.
Sin embargo, los problemas estructurales del Sistema del
Euro, como ha sido definido por Michel Husson (moneda única, política del BCE y
pactos de austeridad), simplemente continúan, o se han incrementado. Estos
problemas se acentúan, y desencadenarán nuevos desafíos en caso de una nueva
recesión, que podría presentarse más pronto que tarde. El nivel de la deuda
privada, con excepción de algunos países, se ha elevado, a pesar de la firme
política de convertir la deuda privada en deuda pública a través de políticas
fiscales y de gasto, mediante medidas de rescate o ayudas financieras y subvenciones
al sector privado, o incluso con un política monetaria expansiva a favor de los
bancos privados. Un marco de bajas tasas de beneficio en el contexto de una
nueva recesión combinada con una tendencia de mayor tasa de interés, una crisis
financiera y una crisis energética desencadenarían nuevos conflictos sociales y
políticos. La arquitectura política de la UE jugará un papel clave a favor de
las élites y en contra del trabajo de todos los países europeos
Las perspectivas para los países periféricos, donde el
conflicto político y económico se mostrará primero y que posiblemente se dará
nuevamente bajo la forma de una UE que perseguirá disciplinar ante cualquier
cambio de orientación, como ya se ha producido anteriormente, son dos:
a) Atenerse a esta hoja de ruta macroeconómica "austeritaria" y verse obligada por intervenciones externas financieras y económicas, como ocurrió en Grecia y Chipre. El BCE ha desempeñado esta función hasta el momento, el Fondo Monetario Europeo podría hacerlo en el futuro.
b) Desobedecer los Tratados de la UE y poner en marcha otra economía política a nivel nacional. Estas políticas económicas no deberían formar parte de una política de refugio nacional, sino que deberían proteger un paquete de medidas alternativo con la vocación de ser concertadas, ampliadas y compartidas a través de otras regiones y países de manera cooperativa y democrática. Implica abrirse a alianzas solidarias y cooperativas para avanzar hacia una construcción paciente de una nueva área socioeconómica y política internacionalista, involucrada con la democracia, la solidaridad y la soberanía popular. Primero, a través de acuerdos financieros, comerciales y de inversión común justos. Más tarde, estableciendo un cauce para que las fuerzas económicas se muevan hacia objetivos comunes, lograr una política de convergencia real y una economía cooperativa y complementaria para sus miembros y abierta a quien desee sumarse colaborando. Para extender esta nueva perspectiva, parece imprescindible trabajar políticamente junto con las clases populares y trabajadoras de todos los países, antes, durante y después de que el conflicto llegue.
- Una estrategia para una política económica emancipatoria y para la construcción de un área supranacional solidaria.
Dentro de la izquierda, el debate público ha estado marcado
por un antagonismo. Aquellos que destacaron la importancia de la soberanía
popular y una democracia económica, y aquellos que enfatizaron la posibilidad
de una reforma paneuropea. Ambos esquemas, afrontados así, enfrentan algunos
problemas por sí solos.
La primera orientación confunde la soberanía popular con la
mera capacidad del Estado Nacional para recuperar herramientas económicas
clásicas, como es el caso de la política fiscal y monetaria, incluida la
moneda. Podrían estar olvidando, en algunos casos, el papel de las clases
dominantes nacionales, el capitalismo global y su crisis recurrente a superar, pues
simplemente limitan su intervención a tener el control sobre la política
monetaria y los desequilibrios financieros como si con ello fuese suficiente.
La segunda considera que es suficiente con copar una suma
de gobiernos progresistas y sentarse en más escaños en el Consejo Europeo, obteniendo
cambios en las leyes a través de la negociación. Esta posición confía en la
posibilidad de convencer a los países privilegiados de la UE o en el posible
éxito de la presión política institucional mediante una coalición suficiente,
para cambiar los Tratados y establecer una política europea alternativa en el
futuro. Sin embargo, es bastante ingenuo creer en la modificación de los
Tratados[1] y confiar en seguir los
pasos previstos en los Tratados de la UE. Solo una conmoción política y externa
a los procedimientos previstos podría cambiar las cosas.
Sin duda, se necesita un cambio en la hegemonía ideológica,
una fuerte movilización social, cambios de gobierno y una coalición progresista.
Pero ni las instituciones de la UE admitirán esta alternativa de cambio, ni una
política nacional estrecha nos traerá un escenario emancipatorio por sí mismo.
El principal dilema consiste en qué hacer si una fuerza
progresista y popular llega al gobierno y ve que no es posible aplicar una
política progresiva sin una reacción negativa y fuerte del aparato económico de
la UE. ¿Tienen que adaptarse a los márgenes limitados de la gobernanza de la UE
o hay que ir más allá del marco establecido?.
En nuestra opinión, la soberanía popular y un enfoque
internacionalista no solo son compatibles sino también mutuamente necesarios. En
este sentido, se puede imaginar una hoja de ruta política que combina las
tareas políticas nacionales y populares con un punto de vista
internacionalista. Esta hoja de ruta podría consistir en llevar a cabo las
medidas necesarias para romper las medidas de austeridad social y, prever
aquellas otras capaces de proteger esta agenda política, desobedeciendo los
Tratados y los pactos neoliberales si es preciso. Al mismo tiempo, resulta
necesario allanar el camino para construir una política de cooperación con
respecto a otros países (dentro o fuera de la UE) dispuestos a hacer lo mismo.
Esto implica centrarse en aquellas políticas en condiciones de poder extenderse
más allá de la propia frontera, así como en aquellas políticas compatibles con
la construcción de un área económica solidaria y alternativa en el futuro.
La arquitectura frágil e injusta de la UE no evitará las
consecuencias de una nueva crisis bancaria y financiera cuando surja un nuevo
ciclo depresivo. Las reformas económicas en curso, alineadas con el Informe de
los Cinco Presidentes, si Alemania y otros países del norte las aceptan en
cualquier de sus versiones, solo profundizarán las divergencias dentro de
Europa. La cadena de esta estructura se romperá a través de sus partes más
frágiles, como sucedió, vistos como casos opuestos, con Grecia y el Reino
Unido. Es previsible que surjan nuevos conflictos políticos con respuestas
populares contra la agenda neoliberal y tecnocrática del establishment,
representada por el “extremo centro” de las instituciones de la UE y el
fenómeno del "macronismo". Este proyecto transitorio de las élites se
abre paso en medio de sociedades polarizadas entre la emergente derecha
autoritaria y los diferentes populismos de izquierda. La inestabilidad
política, que volverá pronto, pondrá sobre la mesa nuevas oportunidades para
los gobiernos de izquierda. Estos no tendrán margen para emprender soluciones
progresivas en los marcos establecidos. Tendrán que decidir cómo proteger a sus
pueblos a corto plazo mientras preparan las condiciones para un nuevo marco
internacional de reglas económicas con otros pueblos.
Aún cuando nuestro punto de vista sea internacionalista, el
conflicto presentará en escenarios nacionales, mientras las nuevas coaliciones no
hagan realidad una nueva agrupación política internacional. Por lo tanto, para
hacer posible una agenda de cambio, tenemos que pensar en las tareas políticas nacionales
compatibles que podrían extenderse, compuestas con aquellas medidas que
convengan tanto para emancipar a un pueblo como para establecer los pasos para
construir una nueva área económica supranacional comprometida con la
solidaridad, la cooperación, la emancipación laboral y la democracia económica
y política.
Un desafío previo radica en definir qué hacer antes de
llegar al gobierno. Esta primera etapa consiste en promover la movilización
social y laboral, debatir honestamente en el ámbito público sobre los problemas
sociales y económicos, y proporcionar criterios, ideas y propuestas útiles para
ganar el debate público y político. Este documento trata de abordar un
escenario apenas explorado: qué hacer si un gobierno popular alcanza el poder
político, cómo manejar el conflicto con las instituciones de la UE, y la
perspectiva para el momento después de que esto suceda.
2.1. Desafiando los Tratados.
Proteger los derechos sociales, mejorar los derechos laborales... y emprender
una política económica alternativa capaz de hacerlos efectivos hasta las
últimas consecuencias.
Consideramos bastante excepcional el caso en que un Estado
miembro pueda tener una agenda política económica general cualitativamente
diferente de la acordada en el marco de la UE. Solo países fuertes pueden
diferir un poco, como le sucede a menudo con Alemania, a Francia o, más
claramente ahora al Reino Unido o, a partir y con motivo de la crisis bancaria,
con Italia. Solo un club muy selectivo de países puede cambiar la agenda de la
UE. Cuando estos no aceptan el consenso general de las élites europeas,
normalmente estos países ejercen presión política para cambiar, en cierta
medida, las reglas de todos los demás. Ahora, en la mayoría de los casos,
cuando se plantea una nueva agenda política, las instituciones de la UE son
capaces de imponer sanciones o establecer fuertes condiciones financieros, a
los países menos poderosos.
La mayor parte de la población tiene una percepción directa
de sus condiciones laborales y sociales, en la medida en que afectan más
claramente al ámbito de sus propias vidas y la calidad de la democracia. Una
agenda democrática, social y laboral política que esté a la altura de las
necesidades de las clases populares y trabajadoras es en lo que hay que
centrarse. Al mismo tiempo, las condiciones de progreso en estos campos, y
otros tantos, dependen de las capacidades macroeconómicas del país y de la
política del gobierno. La protección de los derechos laborales, la creación de
empleo, la extensión de los derechos sociales y los servicios públicos exigen
una economía política mayormente incompatible con los Tratados de la UE.
Entonces, cuando ese gobierno de izquierda haga un llamamiento para apoyar las
reformas progresivas en materia de trabajo, democracia y derechos sociales, habría
de ser tanto para proporcionar condiciones de empoderamiento para las clases
trabajadoras como para afianzar su cumplimiento mediante el desarrollo de un
conjunto radical de reformas económicas al servicio de la mayoría, en otras
palabras, las clases populares y trabajadoras, que lo hagan posible.
La agenda política no tiene por qué consistir en proclamar
nada, ni ninguna salida ni cualquier promesa de palabras vanas, sino hacer que
tenga lugar una agenda de desobediencia, desde el pueblo, a través de los
poderes públicos, para aplicar esa agenda social, acompañada con la apertura a
una hoja de ruta internacionalista común, centrada en los asuntos clave que pongan
en tela de juicio la naturaleza del poder del capital.
¿Qué hacer primero de que una fuerza del cambio llegue a un gobierno en
un país?:
Por el lado de las reformas
sociales y laborales:
• Elaborar una nueva reforma
laboral progresiva para hacer posible la democracia dentro de los espacios
productivos y de trabajo. Podría incluir las siguientes medidas:
a) Reducción del tiempo de trabajo por ley y distribución de todos los
empleos y trabajos.
b) Establecer un organismo público para no solo intermediar el proceso
de empleo, sino también para definir las reglas de preselección de la fuerza de
trabajo, definir un marco que generalice el empleo estable, y acabar con el
poder de los empresarios unilateral para despedir sin razón justificada.
• Extender la generalización de
los servicios públicos universales y gratuitos en el campo de la sanidad,
la educación, el cuidado de la infancia y personas mayores, el transporte
colectivo y una política de vivienda que garantice su acceso con una renta
social asequible (30% de los ingresos, sean cual sea estos).
• La mejora del salario mínimo y los derechos de pensión.
• Otorgar más poderes a la negociación colectiva y, particularmente, a
los sindicatos.
Y, en
consecuencia, una serie de medidas
económicas para proteger esta agenda social y su desarrollo:
• Deteniendo la implementación del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento y cualquier otra medida de austeridad social. Esto
no impediría establecer medidas para hacer que las clases capitalistas
sufraguen el costo de una transición ecológica, la devolución de los rescates
bancarios o los costes creados por las posibles represalias externas.
•
Establecer un control temporal del
movimiento de capitales para evitar la fuga de capitales y perseguir la evasión
fiscal.
•
Abordar la cuestión de la deuda (suspender
el pago de la deuda). Moratoria y Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública.
Condonar la deuda pública y establecer un incumplimiento selectivo de los pagos,
protegiendo los fondos de la seguridad social, los fondos de pensiones y a los
pequeños ahorradores.
• Intervenir en el sistema bancario a
través de una nueva regulación financiera. Reducir su tamaño, cargando a los
grandes accionistas y acreedores de los costes de la reestructuración.
Garantizar la función social del crédito y establecer una gestión solvente.
Crear un nuevo sistema bancario público
bajo control democrático y social.
•
Establecer una Reforma Tributaria
Progresiva (más peso de los gravámenes sobre beneficios y patrimonio) para
apoyar una nueva política de inversión
pública socioecológica, crear
empleo bajo un modelo de transición energética, y proteger a las clases
trabajadoras en caso de una disminución temporal de la renta nacional, haciendo
pagar la crisis a las clases dominantes
Los
próximos pasos estarían relacionados con cómo
responder a la probable reacción de
las instituciones de la UE.
• Preparar
una Autoridad Monetaria y una moneda complementaria para garantizar las
transacciones económicas internas, y tener una herramienta económica en caso de
expulsión.
• Si es necesario, después de una posible represalia
del BCE o lo que fuese equivalente a un Fondo Monetario Europeo, adoptar
medidas para proteger el mundo del trabajo, haciendo que el sector capitalista (beneficios, riqueza, acreedores, grandes
accionistas ...) pague el riesgo de crisis (devaluación) de la nueva
moneda, al encarecer la importación, mediante una reforma fiscal, que proteja
los niveles salariales, los servicios públicos y las políticas sociales.
• Búsqueda de nuevas alianzas dentro y fuera de
Europa. Proponer un nuevo marco de
solidaridad enfocado en la cooperación e integración de recursos financieros,
acuerdos de comercio justo, intercambio de materias primas (energía) y
cooperación en inversiones. En principio, puede inspirarse en acuerdos de
cooperación reforzados, pero sin seguir las restricciones de austeridad previstas
en los Tratados de la UE. Podría incluir tres etapas:
a) Una cooperación
política o financiera, comercial y de inversión entre varios países.
b) Una serie de medidas hacia una política de convergencia real,
facilitando la transferencia de recursos, la redistribución, un marco fiscal
cooperativo y armonizado, estableciendo mecanismos económicos automáticos que
compensen los desequilibrios en las balanzas de pagos.
c) Una referencia de moneda común flexible, pero no necesariamente una moneda única. Europa
requiere un sistema de estabilización de los tipos de cambio junto con un medio
para realizar pagos entre los países. El conocimiento técnico para lograr estos
objetivos existe, e incluso algunos de los mecanismos del antiguo Sistema
Monetario Europeo aún están presentes. Sin embargo, no puede implementarse si
no se da una política de convergencia
real previa. Los indicadores establecidos pueden consistir en establecer un
máximo en la tasa de desempleo, y medidas favorables a la convergencia fiscal cooperativa
o un mínimo de nivel de inversión.
• Cuando la nueva moneda esté en circulación, debe
ir acompañada de mecanismos macroeconómicos compensados. Por ejemplo, un presupuesto común reforzado -alrededor
del 10% del PIB de la nueva área internacional- con un régimen fiscal progresivo armonizado en todos los países. - tasa
impositiva efectiva mínima del impuesto de sociedades, y un sistema común de
retención fiscal en origen- mecanismos macroeconómicos automáticos para obligar
a los países con superávit externo a aumentar los salarios al menos alineados
con la evolución real de la productividad, y una mayor contribución fiscal de
impuesto de sociedades al presupuesto común para la reinversión socio-ecológica
en países con déficit externo. Estos últimos países deberían invertir estos
recursos bajo un plan industrial de transición ecológica para el cambio del
modelo de producción.
• El establecimiento de un nuevo Banco Central
capaz de desarrollar una política monetaria y una regulación bancaria de
acuerdo con las necesidades de inversión pública y creación de empleo,
retirando la exclusividad de la banca privada en la obtención de crédito.
Una agenda ecológica, social e
internacionalista a largo plazo:
• Comenzar una transición ecológica para la
industria basada en energías renovables, desarrollando tecnología intermedia
capaz de reducir el consumo de materias primas y residuos -en una concepción de
economía circular-, comprometida con la creación de más y mejor empleo a través
de un plan público de inversión socio-ecológica. Implicaría un gran plan de
cambio del modelo de producción y de la política industrial que emplearía
fuentes renovables y tecnología sostenible acorde y adecuada.
• Abrir un camino hacia una economía endógena e internacional,
construyendo una nueva área supranacional solidaria.
[1] Las decisiones en el Consejo,
que el organismo que delimita la mayor parte de la legislación, coordina la
acción de los Estados miembros y es el principal actor a la hora de adoptar el
presupuesto europeo, se toman por mayoría cualificada. Esta regla se aplica en
el 80% de la legislación de la UE. Esto
requiere que las propuestas se voten por un 55% de Estados (16 de 28, hasta
ahora) y, segundo, representando al menos el 65% de la población. Además, otras decisiones legislativas centrales
exigen incluso la unanimidad.
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