Las élites tratan el Plan de Inversión para Europa con una alegría y un optimismo
que en mi opinión no resiste la más mínima prueba de realismo.
Muchos de nosotros coincidiremos que el
indicador de referencia para impulsar la economía europea es la inversión.
Porque tiene efecto multiplicador en el empleo y el desarrollo económico,
porque incide en el modelo de producción. Ahora bien, si seguimos la pista de
este indicador no queda más que constatar que estamos en un punto casi
estancado en lo que refiere a su crecimiento. Apenas la inversión neta
representa una evolución de un 1,12%, mucho menos de la mitad que el ritmo que
seguía en 2007. Ni siquiera las agresivas políticas de Flexibilidad
cuantitativa han conseguido contrarrestar la situación.
En fin, es cierto que ya no estamos en el
suelo de un crecimiento de apenas el 0,75% correspondiente a 2014, el
crecimiento más bajo de la serie de los últimos años. La inversión generada en
términos absolutos en toda la UE ascendió a 40.105,6 millardos de euros (un
millardo son mil millones de euros) en 2016.
¿Cuánto representa el Plan Juncker de esta
cifra?. Las estimaciones barajadas, tras el apalancamiento de 20.000 millones
de euros en forma de fondos y garantías públicas aportadas por el presupuesto
europeo y el Banco Europeo de Inversiones, auguran que se podrían movilizar
100.000 millones de euros. Esto apenas representa el 0,25% de la inversión
total anual, como mucho, sin contar con el recorte de 8000 millones en varios
programas de inversión de larga proyección, que se han destinado a garantías
públicas que respaldarán a la iniciativa privada. Lejos está de las cifras de
ensueño que en un inicio se previeron. Los optimistas dicen que se llegará a la
cifra vaticinada de 315.000 millones de euros, fiándolo a un acumulado de tres
años. Es evidente, que sin inversión pública de mayores dimensiones este plan
tendrá efectos insignificantes que, por otro lado, están siendo problemáticos.
Fuente: Elaboración propia a partir de AMECO.
¿Cuáles son esos
problemas?.
En primer lugar, porque este esquema promueve
insuficientes iniciativas para crear la inversión necesaria para generar
crecimiento. Pero ante todo es problemático por el tipo de condiciones y el
perfil de inversión que moviliza.
Así, incorpora a inversores privados para
financiar actividades de inversión duradera que tendrían que tener un carácter
de interés público, detrayendo un excedente en forma de intereses que reciben.
Por tanto reduciendo el alcance de la capacidad inversora potencial. Los
inversores privados terminarán condicionando las propuestas. Aunque en
principio sean los poderes públicos los que planteen qué proyectos se desea
financiar, de manera indirecta influirán por la sencilla razón de que no
escogerán aquellos proyectos que no les resulten rentables.
Como, a pesar de todo, los intereses
ofrecidos por el plan son bajos, no consigue atraer suficientes inversores
privados. Siendo la rentabilidad operativa en los mercados europeos baja,
tampoco se anima la inversión privada. De tal manera, que apelar a esta parece
poco útil. Habría que recurrir a inversión pública directa.
Además, acaba financiando proyectos que
igualmente se iban a realizar, porque exige que sean proyectos muy fiables. De
tal manera que se descartan proyectos en regiones menos desarrolladas, o más
innovadores, concentrando las inversiones en aquellas que tienen más
proyección, agudizando la desigualdad o promoviendo inversiones basadas en
energías insostenibles, simplemente porque todavía son más baratas. El plan de
Inversiones para Europa ha aplicado proyectos en 26 países, pero el 55% de sus
inversiones han recaído en cinco grandes países, encabezado por Italia o
Francia. En España apenas han llegado 640 millones de euros, un 6,4% de todo lo
invertido en la UE, y apenas ha creado 5.150 puestos de trabajo, según cifras
oficiales.
La forma de financiar el plan Juncker no es
un problema menor. Su modelo, basado en un instrumento financiero va contra un
esquema que pudiera basarse en un régimen fiscal progresivo, ligado a un
esquema redistributivo y público.
Finalmente, al ser un proyecto avalado con
dinero público, con garantías unos 20.000 millones de euros, si las pérdidas se
producen se cubre con las garantías públicas, pero las ganancias serán siempre
privadas.
Además, el plan Juncker erosiona programas
europeos que también tienen un alto componente de inversión (CEC, COSME,
Horizon 2020…), de los que se ha detraído recursos para el Plan Juncker. El
plan Juncker detrajo del Conecting Europe Facility 3.300 millones de euros, del
Horizon 2020 2700 millones de euros y 2000 millones de euros de márgenes sin
asignar dentro del Marco Financiero Plurianual.
En cuanto al tipo de activos que promueve, se
afirmar que dedica un 29% a programas energéticos, especialmente en
investigación y desarrollo y transporte, pero no cabe duda que los programas
basados en renovables, sobre todo los de técnicas descentralizadas que permiten
distribuir los rendimientos energético de manera más eficiente y sostenible, no
ocupan su línea principal. En el caso español en términos de empleos (de los
5.150 puestos creados el último año) apenas 72 puestos fueron estables, y 3000
se concentraron en la construcción de una distribuidora de gas.
En estas condiciones, la prolongación del
plan con el actual diseño más allá de 2018, no es una buena idea. Si además,
empleará dichos fondos a nuevos cometidos como la crisis migratoria, la
actuación en zonas de conflicto o inversiones fuera de Europa, sin contar con
recursos adicionales, resulta evidente que su alcanza seguirá siendo tan
problemático como irrisorio.
En definitiva, lejos estamos de un plan de
inversión pública para Europa digna de tal nombre. Y no tiene que ser cualquier
inversión, sino que tiene que ser un plan de grandes dimensiones de carácter
socioecológico, en actividades centradas en el cambio de modelo industrial,
basado en técnicas y sistemas basadas en energías renovables, con efecto
multiplicador en el empleo y socialmente útil.
No hay comentarios:
Publicar un comentario