1. Una política económica alternativa: hacia
el pleno empleo con derechos plenos.
Daniel Albarracín. Primavera de 2015
Uno de los factores cruciales del fenómeno de desempleo se
origina en la política económica neoliberal. Sin duda alguna, este modelo de
política responde a la estrategia de las clases dominantes escogida para afrontar
la crisis de acumulación que se produjo en los años 70. El neoliberalismo que
se impuso tuvo características propias, y muchas de características no
coincidieron con lo esperado por los economistas neoclásicos, menos coincidente
aún con lo que reclamaban los que venían de las ultraliberales escuelas de
Chicago (M. Friedman, G. Stigler, etc.) o austríaca (F. Hayek, von Mises, J.P. Schumpeter,
etc.). La recomposición de la tasa de ganancia del capital, cuyo éxito se
constató a partir de los años 90, se hizo a cargo de relocalizar la industria
desde occidente a oriente, financiarizando la economía inundándola de deuda y
desregulando el sistema bancario y los mercados financieros, así como
imponiendo una severa política de austeridad en el ámbito laboral, de las
políticas sociales y de los servicios públicos asociados a los derechos
sociales. La financiarización, la desfiscalización del gran capital y la
relocalización industrial fueron las bases de la recomposición de la tasa de
beneficio, pero todo ello se produjo con dos consecuencias: el endeudamiento
general de las empresas privadas (y su posterior socialización a cargo del
erario público), el déficit público permanente, y la precarización y
empobrecimiento de las clases trabajadoras.
En países semiperiféricos, como el Estado español, hubo
consecuencias más intensas materializadas en una desindustrialización y un
ascenso formidable del paro, especialmente por su dependencia y vulnerabilidad
en la división internacional del trabajo. A este respecto, parece importante,
para combatir el paro y la mala calidad del empleo, algo que supone una
urgencia y demanda social prioritaria ampliamente aceptada, cuestionar la
política económica llevada a efecto.
Esta situación se ha agravado con el comienzo de la crisis
a partir de 2007. Los procesos latentes que limitaban el ascenso de la tasa de
beneficio, fruto de la sobreproducción, combinados con el ascenso de los costes
financieros –fruto del crecimiento endedamiento general-, se han traducido a
partir de 2008 en un retroceso de la tasa de beneficio efectiva y una
contracción de los mercados y la acumulación, y el paso a una posible fase que
oscile entre la recesión y el estancamiento.
Para enfrentar la situación, la mejor política de empleo
que podemos desarrollar es una política económica alternativa. Esta ha de tener
un carácter que:
- · Rompa con la generosidad de los rescates y las subvenciones al capital. Que mediante una reforma fiscal progresiva, la persecución del fraude fiscal, la intervención en el sector bancario privado y un cuestionamiento de las deudas, se disponga de recursos públicos para construir una economía a favor de las necesidades sociales, y no del beneficio privado.
- · Que potencie no tanto el consumo en sí, y especialmente evite procesos emisores de gases de efecto invernadero, o altamente consumidores de materias primas, sino que apueste principalmente por otro modelo de inversión. Debería centrarse en una política de inversión socialmente útil –soportado en sectores como los de cuidados a las personas (sanidad, educación y escuelas infantiles, atención a la dependencia, etc.), ecológicamente sustentable –que se centre en una transición energética hacia las renovables y un cambio técnico, de transportes, agrícola e industrial basado en éstas-, generadora de empleo de calidad y garantías.
- · Que sea una inversión en sectores estratégicos y en el que sector público, cómplice de otros sectores de trabajo cooperativo autogestionario, sea el protagonista.
- · Que implique una redistribución de la riqueza y de la renta favorable al mundo del trabajo.
2. Hacia la democratización del trabajo.
Pero una estrategia para la superación de la relación
salarial debe plantear también un modelo alternativo de relaciones laborales,
que también transforme éstas, para no acabar en una mera lógica de creación de
empleo que no cuestione su naturaleza social.
Luchamos por acabar por las relaciones de poder, y más allá
de que haya otros espacios sociales y políticos para disputar y transformar,
consideramos que gran parte del poder del capital se juega en el ámbito de la
producción, pieza clave para la valorización.
El espacio laboral es terreno reservado para el control de
los capitalistas y la gerencia que pone al frente de las empresas. A su vez la
financiación pasa por grandes capitalistas y financieros, que son decisivos
para llevar adelante o no proyectos de inversión. El poder por parte de los
empleadores es pleno en materia de selección, promoción o despido del personal,
definición de la organización del trabajo y los objetivos de producción,
regidos por el fin del lucro.
La gestión de la fuerza de trabajo en los mercados
laborales está en manos de los empleadores, los circuitos y redes de contactos
–que abren y cierran mercados en función del capital relacional de cada persona,
muy ligado a su extracción social-, y las compañías de selección de colocación
de personal y ETTs, quedando como furgón de cola los servicios públicos de
empleo que se limita a la gestión de prestaciones de desempleo, algunas
competencias de formación para el empleo, e intermediar los empleos de peor
calidad.
De tal manera que una estrategia que persiga romper con la
lógica implacable de la relación salarial, implica plantear el desarrollo de la
gestión democrática del empleo de la fuerza de trabajo hasta abolir la relación
salarial y un modelo de organización laboral empoderado, esto es, bajo control
de los trabajadores y del pueblo, que permita tanto democratizar el trabajo
como desarrollar complementariamente una economía del bien común, colaborativa,
basada en el trabajo y empresas autogestionarias.
Antes de 1980 el régimen laboral era autoritario,
corporativo y paternalista, aun cuando protegía ante la eventualidad del
despido de una forma que resultaría hoy inconcebible. Desde 1980, si bien se vieron
compensaciones mediante la consecución de algunas libertades
civil-democráticas, el marco de regulación laboral ha seguido una tónica
inequívoca: una transacción consistente en degradar las condiciones laborales,
integrar a los sindicatos mayoritarios en un pacto de concertación social, en
aras supuestamente de facilitar la conservación o la creación de empleo. Esta
concertación ha sido tensa y ha habido diferentes hitos donde la correlación de
fuerzas ha supuesto algunos pocos avances (tras el 14-D de 1988), algunas
resistencias efectivas (al parar la reforma laboral de 2002) y otros muchos más
retrocesos, en ocasiones pactados (1997) o impuestos (1994, 2010, 2012).
De lo que no cabe ninguna duda es que las dos últimas
reformas laborales, especialmente la de 2012, no representan únicamente una
evolución en esa gran transacción, sino que, han ocasionado una metamorfosis
del modelo, en beneficio de las grandes patronales. En particular, se redujo
drásticamente las garantías e indemnización ante el despido tanto individual
como colectivo, se establecieron las bases para que decaiga gran parte del
sistema de negociación colectiva (ultraactividad limitada a un año), y se
invirtió la jerarquía convencional, dando prioridad a los convenios de empresa
sobre los sectoriales o de cualquier otro nivel.
Las clases dirigentes, a partir de 2012 han decidido que no
requieren apenas el apoyo sindical para legitimar sus políticas, y que es el
momento de arrinconar cualquier mínimo contrapeso. De tal modo, que se
redujeron drásticamente las subvenciones a los sindicatos y se les retiró el
monopolio de la gestión de la formación, que también a su vez se vio recortada.
Esto ha ocasionado la mayor crisis económica de las dos grandes centrales
sindicales desde la transición. Finalmente, la campaña que ha aireado las
responsabilidades en cobros irregulares en EREs, especialmente puesto a la luz
pública para el caso de UGT, ha constituido la puntilla de descrédito. Desde
entonces, las grandes sindicales se han lamido las heridas, se han dedicado a
reorganizarse internamente en un amplio proceso de fusiones y adelgazamiento de
sus estructuras, sin conseguir zafarse de muchos de sus defectos: ausencia de
participación y debate interno, corporativismo, burocracia, arrogancia respecto
a otros sindicatos, y falta de iniciativa en términos de propuesta –salvo
correcciones menores a las reformas del gobierno, o el planteamiento de pactos
nacionales abstractos- y, sobre todo, de lucha. Su práctica ha proseguido
anclada en la provisión de servicios, la negociación en los despachos, pactos
sangrantes en materias sociales sensibles (pensiones) y manifestaciones
testimoniales. Aunque justo es decirlo que plantearon una justa huelga general
en respuesta a la reforma de 2012. En últimas fechas han acordado una indigna
prolongación del subsidio de desempleo y siguen dando tumbos recelosos de las
nuevas iniciativas políticas con escasa intención de buscar complicidades.
Las últimas dos reformas laborales han sido las más duras
de las últimas décadas y posiblemente la última la más dañina de nuestro
entorno internacional, hasta el punto que el modelo laboral español tiene ahora
más semejanzas con el anglosajón que con el mediterráneo. Sus efectos han sido
devastadores. Casi la mitad de los trabajadores sin cobertura de convenio
colectivo, una destrucción de empleo sólo superada por Grecia, y una
devaluación salarial intensa que ha ocasionado que las rentas de los excedentes
pesen más en el PIB que el fondo de salarios por primera vez en la historia.
De tal manera que hay un reto de primera magnitud en caso
de que un gobierno popular alcanzase el poder en las instituciones: derogar las
últimas reformas laborales y proyectar una nueva establecido en términos muy
distintos.
El perfil que debiera guardar dicha reforma, en la
perspectiva de empoderar al mundo del trabajo habría de incluir al menos estos
puntos, en una primera fase:
·
Normalizar la estabilidad en el empleo y
castigar la temporalidad. Esto supone prohibir los despidos en empresas con
beneficios operativos, exigir el establecimiento de planes de continuidad del
personal para que, en caso de haber proyectos puntuales, se recoloque en nuevos
a las personas empleadas, y en el caso de recurrir a despidos, si no se puede
financiar los empleos, establecer indemnización por despido superiores a los
empleados indefinidos. De igual manera, los empleos temporales habrían de
elevar el tipo de cotización a la seguridad social.
·
Se establecería una equivalencia de protección
entre el trabajador asalariado y el trabajador económicamente dependiente
(TRADE) a voluntad de este último.
·
Las situaciones de prácticas no laborales y de
beca habrán de establecerse bajo la fórmula de contrato de formación, por no
más de un año, con un 10% mínimo de formación efectiva, a cuya finalización se
habrá de establecer un contrato indefinido, que durante cinco años tendrá un
derecho de indemnización por despido equivalente al de temporal.
·
Establecer un nuevo marco contractual en el que
las personas con empleo a tiempo parcial tuvieran el derecho a la conversión de
su jornada a tiempo completo cuando decidiesen, y que las personas con
situaciones específicas (atención a hijos, personas dependientes, o que superen
los 55 años) tuvieran derecho a pasar a tiempo parcial desde un empleo a tiempo
completo.
·
Establecer las 35 horas semanales sin reducción
salarial, en la que se permitiese a la negociación colectiva establecer la
distribución de la jornada.
·
Las elecciones sindicales y los marcos
negociales prioritarios habrían de ampliarse, no siendo la unidad básica el
centro de trabajo, sino la cadena de valor (el grupo de empresa ampliado a
todas las empresas vinculadas a su proceso de producción o servicio) o el
distrito laboral (amplias concentraciones de empresas en polígonos de oficinas,
industriales, centros comerciales, destinos turísticos, etc…), realizando
unidades electorales a ese nivel.
·
Habida cuenta de la necesidad de la herramienta
sindical y dada la falta de proactividad patronal en la firma de convenios, se
habría de establecer la primacía en la regulación laboral sectorial a la
negociación entre poderes públicos y sindicatos.
·
La estructura convencional debiera establecer al
nuevo marco legislativo la base jurídico-laboral, sobre la cual se elevarían
los convenios sectoriales (estatales o transnacionales) estatales, dejando a
los niveles de nacionalidad, regional y, en último lugar, de empresa las
adaptaciones menores que cupiesen en su ámbito, mejorando la legislación y los
convenios sectoriales.
·
Se establecería una regulación marco de
convenios ad hoc para los casos de grupos de empresa, en la que se regulase en
pie de igualdad las condiciones laborales de subcontrata, franquicia o filial,
respecto de los convenios de empresa principal.
·
Se desarrollará un marco que implicará a la
participación de los trabajadores en las empresas. En primer lugar,
estableciendo un porcentaje mínimo de representación de éstos en los consejos
de administración bajo una lógica de cogestión. En segundo lugar, estableciendo
una dirección obrera de las empresas. En particular, los y las trabajadoras
escogerán, entre aquellos capacitados para hacerlo, a su dirección; escogerán
los objetivos y métodos de trabajo más apropiados, en el marco de cumplimiento
de fines que social y democráticamente se establezcan; y en el marco de las
cooperativas y empresas privadas participarán en la decisión en materia de
reinversión de los excedentes, siempre respetando los marcos y orientaciones
generales de orientación democrática en materia económica que los poderes
públicos establezcan.
4. Una política e instrumentos de empleo que
rompan con el clientelismo y la discriminación empresarial.
El marco laboral que proponemos debe venir acompañado
también de una serie de reformas en el capítulo de las políticas de empleo,
algunas de ellas intercaladas y reguladas en el nuevo marco legislativo. En
particular conviene destacar las siguientes reformas y carácter institucional
de los instrumentos habilitados:
·
Reforzar los cuerpos de inspección laboral para
garantizar el cumplimiento de la ley.
·
Establecer el reparto del empleo, estableciendo
el criterio de escala móvil de horarios sectorial. Se eliminarán las horas
extras por razones diferentes a las de fuerza mayor, y se establecerán, se
genere exceso de capacidad, reducciones de jornada y planes de creación de
empleo y de reorganización del trabajo al efecto.
·
Se plantearía como medida de creación de empleo
la anticipación de la edad de jubilación, adelantando progresivamente la edad
de salida, y estableciendo puentes hacia la jubilación graduales y en función
de la penosidad o dureza del sector en el que se haya trabajado (es decir, los
años trabajados en los sectores más duros valdrán más de un año de cotización).
·
Se eliminarán las bonificaciones a la seguridad
social, en tanto que no crean empleo, sino que sólo tienen dos efectos:
abaratan costes laborales de contrataciones ya previstas, y generan un efecto
sustitución entre colectivos, sin generar empleo neto. El montante ahorrado se
destinará a la creación de empleo público directo o las ayudas a la creación de
empleo con apoyo (adaptación de entornos instrumentales y de acceso al trabajo,
asistencia de personal para estas personas, etc…) en las empresas para las
personas con diversidad funcional.
·
Se eliminarán los topes a la cotización de las
rentas salariales altas o las situaciones de pluriempleo, estableciendo un
porcentaje progresivo en la cotización a la seguridad social. Es preciso pasar
de un abanico salarial 1 a 127 a otro de 1 a 5 y esta medida contribuiría en
este sentido.
·
Para contrarrestar el poder que disponen los
empleadores, para prevenir del amiguismo o el clientelismo, y ganar en cotas de
objetividad y correspondencia a la clasificación profesional, los Servicios
Públicos de Empleo ostentarán competencias de preselección de personal
–objetivar la selección de personal según clasificación profesional sectorial-,
aparte de las clásicas de intermediación laboral y formación de desempleados.
Acabaríamos con las ETTs y servicios de colocación privados.
·
Empleo público. Se reestablecerían los niveles
de empleo público en los sectores de servicios públicos fundamentales, y en
función de la prioridad política y los recursos disponibles podrán ampliarse.
·
Se impulsarán medidas a favor del Trabajo
Garantizado, financiado tanto con los ahorros en las bonificaciones como, ante
todo, por una reforma fiscal progresiva. Estos trabajos remunerados con en
torno a 800 euros en 14 pagas, se dedicarían a labores de regeneración
medioambiental, transición energética, cuidados a las personas y al entorno
urbano y paisajístico, y darían empleo a toda persona que busque un empleo y no
lo encuentre. Se procuraría poner en pie los programas para su desarrollo (programas
de formación, empresas públicas, programas específicos, etc…) en una
legislatura.
·
A más largo plazo, los programas de trabajo
garantizado, una vez se alcanzase el pleno empleo, y se democraticen las
relaciones laborales, se reconvertirían. Estos programas no pueden conformarse
con ser mecanismos anticíclicos contra el desempleo. Hay que aspirar a la
conformación de una sociedad
del trabajo libre y emancipado. Al mismo tiempo que se ha de ofrecer empleo
a todo aquel que pueda y quiera trabajar se ha de exigir un compromiso
solidario para aportar a la sociedad a todas las personas en condiciones de
brindarlo. A tal fin, al mismo tiempo que se establecerán medidas a favor de la
garantía de pleno empleo (empleo público, trabajo autogestionario cooperativo o
regulaciones laborales garantistas y democratizadoras del trabajo en el ámbito
privado) se socializarán las tareas desagradables entre la población activa, en
tanto que son necesarias y para realizarlas sin que se concentren entre los
grupos más desfavorecidos habrá que repartirlas. Se establecerá una prestación
laboral solidaria –dedicada a la prevención de desastres, el cuidado de personas
dependientes, la limpieza y regeneración medioambiental y del medio urbano,
etc…- remunerada en la etapa juvenil, a cambio de que el sector público y la
comunidad garantice a todo el mundo que lo desee un empleo digno a lo largo de
la vida activa.
5. Una política de rentas redistributiva y
justa.
Aunque la política por la que apostamos no pone en el
centro el consumo, sino otro modelo de relaciones con el medioambiente y por
una inversión socialmente útil y ecológicamente sostenible, parece aconsejable
definir unos criterios en materia de rentas. Debemos recordar la diferencia
entre riqueza (su origen está en la naturaleza y en los mecanismos que permiten
darle aportar a la humanidad, al mismo tiempo que conservan su capacidad de
autorreproducción, y en la utilidad del trabajo reproductivo que sostiene la
vida) y renta (que significa la distribución de la renta, o dicho de otro modo,
la disponibilidad de ingresos monetarios o derechos sociales para disfrutar de
los recursos disponibles en la sociedad). Debemos anteponer la socialización de
la riqueza, como principal medida de democratización. En lo que se refiere a la
renta los criterios que podemos anticipar son los siguientes:
·
Elevación del Salario Mínimo Interprofesional
hasta 800 euros al mes en catorce pagas en una legislatura.
·
Salario Máximo. Abanico salarial 5/1.
·
Negociación colectiva sectorial del salario con
un mínimo establecido por ley: la inflación más la productividad media
sectorial.
·
Se establecerá en una primera fase un Ingreso
Personal Garantizado para todas las personas que no puedan trabajar, por razón
de edad, discapacidad, enfermedad o necesidad de cuidado de otras personas
dependientes. Se estudiará la aplicación de la Renta Básica Universal en
función de los recursos disponibles, valorando el mecanismo de transferencia de
rentas más apropiado (IRPF u otras figuras fiscales que pudieran gravar el
excedente o a las grandes fortunas).
Política de
pensiones.
6. Movimiento obrero: hacia un sindicalismo
alternativo y el empoderamiento de las clases trabajadoras.
Somos conscientes que difícilmente será posible poner
en pie la batería de reformas señaladas si no es democratizando toda la
sociedad, desde las instituciones políticas, pasando por la comunidad y el
ámbito social, hasta, desde luego, el campo de las relaciones laborales donde
se dirime buena parte de la disputa social por el poder.
Los proyectos partidarios, los movimientos sociales y
las iniciativas comunicativas alternativas brindan una forma de identificación
de propuestas, de revitalización social de las protestas, y de debate y
difusión de planteamientos, que disputan lo legítimo en el campo político y
social, tratando de influir en la agenda pública. Ahora bien, el espacio
laboral entraña el ámbito predilecto del capital para ejercer su dominio
económico sobre el mundo del trabajo –sin olvidad que las grandes corporaciones
privadas financian o sobornan directamente a la casta política partitocrática- ,
siendo la fuente de extracción y apropiación del valor, y de reproducción
social de la relación capitalista. Las grandes decisiones se toman en el
espacio de la producción, dominado por la lógica de la rentabilidad, la
acumulación y de la mercancía, sobre cuyo centro se genera una fuerza de
gravedad que condiciona la órbita de otros ámbitos sociales. De tal manera, que
contar con una herramienta sindical parece fundamental para también disputar la
batalla en dicho campo.
La historia del movimiento obrero ha sido muy larga,
repleta de avances y retrocesos, aciertos y errores, pactos y resistencias. Y
realmente, en lo que refiere a las últimas décadas se constata varios fenómenos
preocupantes: un adaptacionismo concertador y corporativista de las grandes
centrales sindicales, un internacionalismo ínfimo, una democracia dirigida por
las burocracias y aparatos, y una fragmentación del movimiento obrero muy
importante. Además, tanto por errores propios, como por campañas patronales a
favor de las clases dominantes, se ha desprestigiado a estas organizaciones
hasta niveles inaceptables o bien se han ocultado sus logros cuando los han
obtenido.
En el Estado español la acción unitaria se ha producido
en el nivel de la concertación (rota desde 2010) con el gobierno entre las dos
grandes centrales mayoritarias, y ha sido ocasional entre el sindicalismo
alternativo. Las estrategias de regeneración de las grandes centrales por
sectores críticos han sido infructuosas o han acabado en la integración en sus
direcciones aun cuando eso conllevase estar en un rincón irrelevante o ser
corresponsable de políticas socialiberales. Se ha extendido una práctica de
intervención corporativa que ha predominado en grupos laborales con cierta
capacidad de negociación profesional o sectorial, y las estrategias de clase
han sido relegadas para la galería. También, entre el sindicalismo minoritario
se ha reproducido la arrogancia respecto al resto de sindicalismo aún más pequeño,
muchas veces a causa de la concepción de que el sindicalismo ha de ser
equivalente al partido, planteamiento abonado para el sectarismo y la falta de
pluralidad que exige la labor sindical. Asimismo, todos los sindicatos
desarrollan un esquema organizativo obsoleto e inadecuado para combatir al
capital, salvo en honrosas iniciativas y experiencias.
De tal manera que afirmamos lo siguiente para su
discusión:
§ Parece
que las estrategias unitarias materializadas en la acción son imprescindibles
para desarrollar iniciativas con masividad suficiente para doblegar a la
ofensiva patronal.
§ La
clave pasa la intervención multisindical, interprofesional y supraempresarial,
y si es preciso transnacional, en la cadena de valor en la forma que esta
adopta (empresa-red, grupos de empresa, corporaciones transnacionales, etc.)
estableciendo órganos de participación y acción sindical a estos niveles.
§ Para
el caso de las muchas PYMEs, una forma de aproximarse es el desarrollo de un
sindicalismo cercano que opere en los distritos laborales donde se concentran
gran parte de trabajadores (polígonos de oficinas, polígonos industriales,
calles y centros comerciales, zonas turísticas, etc…).
§ La
lucha sindical puede ser muy efectiva reconociendo los puntos débiles de la
cadena de valor, en los que interrumpiendo el proceso de valorización, se pueda
anclar un poder tanto de negociación como de influencia en la dirección
empresarial, hasta el punto de disputar el poder en las empresas.
§ La
democratización y revitalización sindical pasa por su democratización, donde
las asambleas agrupen a trabajadores en los espacios laborales, pero no
necesariamente circunscritos a los centros de trabajo fragmentarios que los
separan, y exigen a veces un mínimo de trabajadores por establecimiento o
departamento imposible de alcanzar. Es preciso establecer formal o
informalmente unidades de participación y acción que correspondan con la
realidad del proceso laboral.
§ La
solidaridad de clase no puede limitarse al compañerismo con aquellos miembros
de la plantilla que conocemos, debemos ampliarla a una solidaridad entre
desconocidos que comparten una realidad y problemática común, aun cuando no
esté en nuestro centro, departamento, empresa o incluso región o país. Los
sindicatos han de ser el tejedor de estas solidaridades de nuevo cuño,
empleando las redes sociales o instrumentos telemáticos apropiados.
§ No
tiene ningún sentido agrupar a la afiliación en ramas que sólo tienen un papel
administrativo o estadístico dudoso. Los y las trabajadoras cambian de
profesión a lo largo de su vida, así como de localidad, de empresa y puesto de
trabajo. El sindicalismo de clase ha de orientarse hacia un modelo
interprofesional no corporativo, con reagrupaciones de geometría variable
vertebradas por la naturaleza y tiempo del conflicto concreto (universalizable).
§ Urge
democratizar el sindicalismo: para ello es preciso establecer vacunas
antiburocráticas. La limitación de mandatos, la liberación parcial, la no
acumulación de cargos, el desarrollo de planes de trabajo cuyos resultados
puedan ofrecerse en balance, resultan claves para no hacer del sindicalismo una
profesión.
§ Ante
la tesitura del conflicto, las experiencias fallidas en los grandes sindicatos
para remover direcciones burocráticas y el desmoronamiento de estas
organizaciones, parece necesario explorar proyectos tanto de regeneración de
las direcciones sindicales mayoritarias, apoyadas en iniciativas de refundación
de un sindicalismo de masas que integre diferentes experiencias y sindicatos,
para la formación de uno más capaz, más democrático, más internacionalista, más
de clase y más combativo. Esto es, creemos que ha llegado la hora de que la
fracción más luchadora, consciente y democrática de los grandes sindicatos no
sólo dispute la dirección sino que al mismo tiempo plantee la unificación de
todo el sindicalismo alternativo abierto e interprofesional.
7. El trabajo reproductivo.
Un capítulo
dedicado al trabajo no podía olvidar sus diferentes manifestaciones y
dimensiones. La centralidad del trabajo mercantilizado y remunerado, tanto en
lo que concierne a su reconocimiento como a la forma en que la relación
salarial condiciona el resto de relaciones sociales, no equivale a afirmar que
nosotros consideremos que el trabajo remunerado constituya lo más importante para
la existencia social.
Nosotros
afirmamos que el origen de la riqueza está en la naturaleza y que con el
trabajo reproductivo, gran parte de él fuera de relaciones mercantilizadas y
remuneradas, son la base de la vida y preceden a cualquier forma de empleo u
ocupación. Sin ellos no sería posible nada y sin embargo se ven claramente
determinados por la sociedad salarial moderna.
El trabajo
reproductivo, además, se sobrecarga sobre los hombros de las mujeres, y la
división sexual del trabajo establecida las perjudica en su libertad personal,
su inserción social y sus oportunidades de desarrollo profesional. Sin duda
alguna, parece un punto necesario el replanteamiento de la sociedad y los
términos de la relación en los que se sitúa el trabajo reproductivo en ella.
El cambio en la
división sexual del trabajo debe ser abordado desde diferentes trincheras. Una,
sin duda, es la cultural, las prácticas del día a día en el ámbito más cercano,
donde se empodere a las mujeres y se democratice el ámbito de la vida cotidiana.
También el ámbito público tiene mucho que decir, mediante modificaciones
legislativas o la provisión de recursos específicos apropiadamente diseñados
(escuelas infantiles, comedores colectivos, contenidos educativos no sexistas,
prestaciones y permisos planteados en igualdad e intransferibles para varones y
mujeres). Otra, también es establecer mecanismos y cambios en el propio campo
del trabajo remunerado. Los planes de igualdad en las empresas suponen un
esquema de partida interesante, a partir de los cuáles impulsar una relación
entre lo personal y lo laboral, establecer igualdad en el acceso al empleo, la
promoción, la formación, la remuneración o los permisos, en la que se evite la
discriminación indirecta (la directa apenas tiene incidencia), la segregación
ocupacional (si bien esto comienza desde la escuela o los medios de
comunicación), y se pongan los instrumentos para repartir las cargas también en
el ámbito doméstico y de crianza. Las medidas de acción positiva, o los
derechos iguales e intransferibles para el varón por razón de atención a
personas dependientes (crianza, cuidados de personas ancianas o enfermas, etc…)
pueden contribuir a reducir la brecha.
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