Pablo Elorduy me formulaba hace unos días unas preguntas a modo de entrevista, que empleó para uno de sus documentados artículos. Aquí está prácticamente el contenido íntegro de las respuestas.
Si partimos del indicador del PIB se está produciendo, de hecho, la
anunciada recuperación económica, pero ¿qué tipo de recuperación? ¿con qué
coste social?
El crecimiento que se está presentando se levanta
sobre pies de barro. Ha sido posible tras una fuerte destrucción de empresas.
En el periodo de decadencia que arranca tras 2008, estaremos ante oscilaciones
entre recesiones y estancamiento. En el caso español, que crece más que otros
países, se explica más por el fuerte ajuste ya realizado, al que le sucede un
crecimiento facilitado para las grandes empresas que permanecen y que ocupan el
lugar de otras muchas que han desaparecido, y que sólo tiene continuidad por el
marco monetario ultraexpansivo y la microburbuja originada por la política del
BCE.
Pero, sin duda, es un crecimiento con desigualdad, con
escasísima creación de empleo, con bajos salarios y alta temporalidad.
La reforma laboral del Gobierno ha evitado según la Comisión Europea la
destrucción de 400.000 empleos. A cambio, la agenda reformista ha tenido un
efecto sobre las pensiones, sectores como la educación o la sanidad y un
impacto claro en dependencia. ¿Qué consecuencias sociales ha tenido seguir la
agenda reformista seguida por Europa? Y más allá de esto, ¿cómo se puede
afrontar la próxima década tras el impacto de dichas políticas y la experiencia
que se ha vivido en torno al desafío y repliegue del Gobierno de Syriza en
Grecia?
No cabe hablar de reformismo, ni siquiera cuando este
término tampoco nos agrade, sino de una política de racionalización social y
productiva en el marco de una generosidad inaudita con el sector financiero y
el sector energético.
Hemos tratado estos aspectos en el número 144 de la
revista Viento Sur. Allí señalamos el periodo de refundación Europea que
inaugura el proyecto de los 5 presidentes. Este proyecto, que trata reforzar la
capacidad presupuestaria de la eurozona con un instrumento financiero como es
el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, el próximo Fondo Monetario
Europeo, y lo hará no sólo financiarizando los recursos con los que operará la
Unión Europea, sino también estableciendo que el vicepresidente de la Comisión,
a su vez el líder del Eurogrupo, determinará el uso y condicionalidades de este
potente látigo financiero. Dicho proyecto, asimismo, mediante la coordinación
de autoridades de competitividad nacional, aprobará antes de la implementación,
cualquier reforma fiscal –que no podrán ser progresivas-, presupuesto o
indicador de evolución salarial a escala de cada Estado Miembro de la UE. Es
una forma más dura de Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para entendernos. Ni
que decir tiene que este proyecto de los Cinco Presidentes de las principales
instituciones europeas es fruto de la experiencia griega, un auténtico plan B
para las élites europeas.
La Comisión Europea ha postergado la posible multa a España por el
incumplimiento de los objetivos de déficit hasta después de las elecciones.
¿Cómo interpretas esta muestra de 'flexibilidad' en el marco de la austeridad
que ha funcionado como dogma desde 2010?
Las élites europeas tienen un mecanismo de
solidaridad. Ellas se amparan en los “dictados de Bruselas” como pretexto para
“hacer lo que no queda más remedio que hay que hacer”. Mientras Bruselas sabe
de sobra que quien determina el rumbo de esta UE intergubernamental es una
serie selectiva de países. Entre las claves de la flexibilidad está la manga
ancha que se guarda para los gobiernos amigos de las clases dirigentes, algo
impensable si hay un gobierno no afín o que está fuera del control del
establishment. En esta ocasión, y para el Estado español, sirve para evitar un
castigo electoral adicional al PP.
Entramos en campaña electoral y uno de los objetivos de casi todos los
partidos parece ser la defensa de la clase media "la más castigada por la
crisis". Sin embargo, sabemos que no es así, que han sido las clases
populares, la clase baja, la que más ha sufrido el impacto de la crisis ¿por qué
crees que se sigue apelando a esa clase media desde los discursos políticos?
En términos sociales la clase media en España ha sido
pulverizada. Pero este es un largo proceso histórico, y las clases medias en sí
no representan más del 12 o 13 por ciento de la estructura social. La apelación
suele referir a esta “clase media” porque entre las capas sociales que se han
asalarizado o convertido en asalariados encubiertos (falsos autónomos, falsos
emprendedores, etc…) y precarizado persiste en su imaginario ese “grupo de
referencia” al que aún esperan incorporarse de nuevo, quizá bajo nuevas formas.
En parte la indignación reciente refiere a esa distancia, entre la vieja
posición social perdida y la nueva situación de vulnerabilidad. Ese imaginario,
que se lamenta de que no funcione bien el ascensor social, habría que
discutirlo, por mucho que esté cristalizado en una buena parte de las nuevas y
frágiles clases trabajadoras. Habría que construir una nueva aspiración social,
no tanto en la base a la recuperación de un status ya vetusto y posiblemente
irrepetible en la extensión anterior, sino en la superación de la relación
salarial y las ataduras a las que conduce. Esto exige poner en el centro del
debate y la agenda política la democratización del trabajo en su totalidad y la
democratización de la toma de decisiones de inversión y de reparto del
excedente.
La semana pasada hemos visto que la deuda de las administraciones públicas
llegaba al 100% del PIB. Ese nivel no descenderá (según la propia Comisión Europea)
hasta 2018, y dentro de una década seguirá por encima del 90%. ¿Qué
consecuencias tiene esto para el día a día de la gente?
El crecimiento de la deuda pública conlleva a que una
parte del presupuesto anual se drena para el pago de la deuda, en detrimento de
políticas públicas y sociales, o políticas de inversión. Asimismo, conduce
también a que las políticas del gobierno sean cada vez más dependientes del
conjunto de acreedores internacionales y nacionales, en gran medida liderado
por instituciones europeas y el sistema bancario privado.
¿Qué efecto han tenido las políticas de Quantitative Easing desarrolladas
por el BCE? ¿Cuál es su efecto a largo plazo?
La flexibilidad cuantitativa ha impedido un desplome
mayor de la economía, al modo que en Japón se consiguió una larga etapa de
estancamiento que contuvo una grave depresión. Pero es incapaz de animar la
inversión, y en un contexto de bajas tasas de rentabilidad, tampoco impedirá
nuevas recesiones y la tendencia deflacionaria. Como hay muchos modelos de
política monetaria expansiva, cabe decir que la que se está implementando es
muy favorable particularmente al sistema bancario europeo, al que le sirve para
que sus balances sean algo menos insolventes. Mientras no haya una regulación
del sistema bancario para garantizar la función social del crédito y su
capacidad de generar dinero mediante el mecanismo de la deuda, la política
monetaria ultraexpansiva en vigor, sólo servirá para socializar las deudas
privadas del sistema financiero.
El apenas esperado acontecimiento de la salida del Reino Unido de la Unión puede comprenderse como una de las posibles consecuencias no deseadas por quienes impulsaron la consulta y las luchas tacticistas entre las élites y, más en particular aquí, las contradicciones en el marco de la disputa por el poder entre las fuerzas de derecha británica. Si bien detrás de este desencaje de piezas se encuentran varias placas tectónicas de carácter socioeconómico y político, que han acabado por desplazar del continente europeo a las Islas Británicas un poco más de lo que ya lo estaban. Se ha mostrado al mismo tiempo la crisis del modelo de integración fallido como es el de la Unión Europea y el divorcio evidente con la población británica, algo que podría replicarse en otros países si se facilitaran nuevas consultas.
