Manifiesto
Por
Josep Manel Busqueta, Sergi Cutillas, Iolanda Fresnillo,
Michel Husson, Fátima
Martín, Carlos Sánchez Mato, Tom Kucharz, Natalia Munevar, Adolfo Muñoz, Mikel Noval, Eulàlia
Reguant, Teresa Rodríguez, Lola Sánchez, Patrick
Saurin, Lidia Senra,
Stavros Tombazos, Éric Toussaint,
Miguel Urban, Esther Vivas
http://www.publico.es/actualidad/veintena-activistas-politicos-e-intelectuales.html
Nueve
años después del comienzo de la crisis financiera es el momento de volver a hablar
sobre los compromisos que adquirieron en aquella época los banqueros,
financieros, partidos del régimen y los organismos de control. Estos cuatro
actores, fracasaron en cuanto a las promesas de moralizar el sistema bancario y
garantizar la función crediticia. Bien al contrario, estos profundizaron en iniciativas
a favor de sus intereses, perjudiciales para la sociedad. En varios países,
entre ellos el Estado Español, se usaron de forma arbitraria recursos públicos,
tanto estatales como europeos, dañando gravemente las cuentas públicas, para rescatar
a las entidades financieras, promocionar y subvencionar operaciones de
concentración bancaria, facilitando la adquisición de las cajas de ahorros a
bajo precio por parte de la gran banca, y dirigir todo el desarrollo económico
y social al sostenimiento de los intereses bancarios privados. En toda Europa
se taparon los agujeros de los balances bancarios y se prosiguió con la
distribución desmedida de remuneraciones para aquellos que estaban al frente de
los bancos privados. La última filtración de los “Papeles de Panamá” muestra
además la bochornosa orgía de desviación y evasión fiscal a paraísos fiscales
por parte de grandes fortunas, figuras políticas y grandes corporaciones.
No
les creímos en su momento y tuvimos razón. En lugar de la susodicha
moralización del sistema bancario, presenciamos una larga lista de
malversaciones que saltaron a la luz gracias a las quiebras bancarias que
sucedieron a la de Lehman Brothers del 15 de septiembre de 2008. Si solo
considerásemos los rescates bancarios producidos desde 2012, tendríamos la
siguiente lista: Dexia en Bélgica y Francia (2012, tercer rescate), Bankia en
España (2012), Espirito Santo y Banif en Portugal (2014 y 2015, respectivamente),
Laïki y Banco de Chipre en Chipre (2013); Monte dei Paschi, Banca delle Marche,
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Carife en Italia (2014-2015), NKBM en
Eslovenia (2012), SNS Reaal en los Países Bajos (2013), Hypo Alpe Adria en Austria (2014-2015).
En
cuanto a las remuneraciones de los directivos bancarios, el techo de la parte
variable decidida por el Parlamento Europeo el 16 de abril de 2013 tuvo por
consecuencia inmediata… el aumento de la parte fija de las remuneraciones y el recurso
a una disposición derogatoria prevista por la ley. Finalmente, con respecto a
la financiación de la economía real, los esfuerzos desplegados hasta hoy por
los Bancos Centrales, en particular el BCE, han sido impotentes para iniciar la
más mínima recuperación de la economía. La realidad es que la banca europea
continúa en una situación precaria y no presta dinero a la economía real.
Mientras
tanto a escala de la UE se está promoviendo una Unión Bancaria que introduce el
Mecanismo Único de Supervisión (MUS). Esta operativa, que forma parte del BCE, supervisa
los niveles de capitalización de la banca de tamaño medio y grande, y establece
como norma las reestructuraciones bancarias a través de ‘rescates internos’
(bail-in), que priorizarán la absorción de los pasivos en balance en vez de
fondos públicos provenientes de rescate externos (bail-out). De esta manera, y
en ausencia de un fondo de garantía de depósitos común creíble en el sistema
bancario europeo, se fragmentará aún más el sistema bancario europeo, generando
una dinámica en la que los depósitos amenazados volarán de los bancos periféricos
con problemas a los bancos más solventes del centro europeo, poniendo en riego a
la banca periférica y subordinando aún más la periferia al centro.
Tras
ese proceso se emplearía el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), un fondo
intergubernamental que puede llegar a constituirse en Fondo del Tesoro Europeo
o en Fondo Monetario Europeo, si se termina incluyendo en los Tratados tal y
como prevé el Informe de los Cinco Presidentes[1]
(Albarracín, D; 2016). Este fondo moviliza hasta 700.000 millones de euros a
partir de 80.000 millones de aportaciones de diferentes países –liderados por
Alemania y Francia- para rescatar a la banca de tamaño sistémico “demasiado grande
para caer” en riesgo de bancarrota. Ni que decir tiene que, a pesar de la
puesta en marcha de la doctrina bail-in, llegado el momento el MEDE aportaría
fondos para rescatar bancos, que hasta la fecha han tenido conductas rentistas
limitando enormemente el crédito a la inversión. Esto conduce a hipotecar las
cuentas públicas así como la política económica de países enteros, a los que se
somete con la firma de Memorandos a políticas en detrimento de los derechos
sociales, económicos y culturales –educación, sanidad, pensiones, condiciones
de empleo y libertades- para garantizar los pagos, en una formidable operación
de socialización de las deudas privadas convertidas ahora en públicas, y que
ahogarán en la depresión a economías completas.
Asimismo,
el BCE prosigue una huida hacia delante con sus medidas de Flexibilidad
cuantitativa. Tipos de interés nominales a cero y negativos en términos reales
cambian la operativa bancaria a formatos inéditos que seguirán beneficiando a
la banca en ausencia del control de las comisiones. La banca seguirá gozando de
beneficios extraordinarios, a pesar de que sus márgenes comerciales decaigan,
mientras mantenga el privilegio exclusivo de seguir percibiendo diferenciales
de tipos al prestar al sector público. Esta política no conducirá a impulso
alguno al crédito a la inversión, pues esto sólo puede conseguirse o bien con
un marco de beneficios y una dinámica de negocio superiores a la existentes,
mientras no se establezca una pauta que guíe las decisiones económicas por criterios
alternativos (priorizar la utilidad y necesidad social, tomar decisiones de
crédito sostenibles financieramente, pero no necesariamente de máximo lucro,
minimizar costes sociales y medioambientales, etcétera). Además, se impone una
lógica de selección discriminatoria que le concede al BCE un poder discrecional
enorme, pues al poder escoger a quién comprar activos (deuda) en mercados
secundarios, seguirá decidiendo sobre la exclusión de sectores, regiones o
países, como Grecia, pero también administraciones municipales gobernadas por
la izquierda como el Ayuntamiento de Madrid, dejándoles al margen de estas
facilidades financieras.
Porque
pensamos, y especialmente con referencia a la experiencia griega, que los
bancos son un reto esencial para cualquier proyecto de cambio social,
proponemos una lista de medidas inmediatas para alcanzar los seis objetivos
siguientes:
1.
Regular el sector financiero.
2.
Reestructuración del sector bancario y reforma de su operativa
3.
Erradicar el comportamiento rentista y las operativas especulativas
4.
Fin del secreto bancario
5.
Financiar de otra manera el gasto público
6.
Reforzar la banca pública
En
la segunda parte, desarrollamos nuestros argumentos en favor de la
socialización del sector bancario.
I.-Medidas inmediatas
1. Regular el sector financiero
El
establecimiento de una nueva regulación financiera es un paso previo para
imponer democráticamente una nueva racionalidad de funcionamiento que termine
con los oligopolios, el carácter rentista y especulativo del sector bancario, el
poder privilegiado de creación de deuda y dinero de la banca, y que garantice
la función social del crédito para promover inversiones socialmente productivas
y ecológicamente sostenibles. Cualquier decisión de intervención ha de estar
amparada en un marco legislativo nuevo que refiera a estos aspectos, y que
venga acompañado de los instrumentos competentes necesarios para hacerlos
cumplir, atribuyendo a la banca central un papel regulador y de inspección
determinante y, desde luego, menos laxo y cómplice del poder de la gran banca.
Parece fundamental, contemplar que los criterios establecidos han de ser
cumplidos por la banca privada que, de no cumplir su función social del crédito
en los términos considerados, deberá responder ante las autoridades públicas
con sanciones, cambios de titularidad de su accionariado, o inculpaciones
penales a los actores involucrados: accionariado, gerencia y acreedores
influyentes y beneficiados por la conducta privilegiada y abusiva.
Entre
algunas medidas que han de desarrollarse podemos identificar las siguientes:
La exigencia a los bancos de
un aumento radical del volumen de sus fondos propios con respecto al total de
su balance.[2] Mientras que los fondos propios son, generalmente, inferiores al 5 %
del balance del banco, nosotros somos favorables a llegar a un mínimo legal del
20 %.
Prohibición de la
socialización de pérdidas de los bancos y de otras
instituciones financieras privadas. Se trata de prohibir a los gobiernos transferir
las deudas privadas al sector público. Esto puede implicar que sea la banca la
que aporte recursos para constituir un fondo de rescate bancario, bajo control
público. Las crisis de balance bancario han de cargarse a beneficios,
accionariado y acreedores principales, así como traducirse en actuaciones
penales sobre la gerencia en casos de administración desleal. El erario público
sólo decidirá aportar recursos con el objeto de reflotar activos, que
engrosarían los de un nuevo polo bancario público, proteger a pequeños depositantes
y accionistas, y dar una transición digna a la plantilla del banco.
Restauración de la
responsabilidad ilimitada de los grandes accionistas en caso de quiebra. El coste de la quiebra debe poder ser recuperado sobre el conjunto del
patrimonio de los grandes accionistas (personas físicas o empresas/personas jurídicas)
En
caso de quiebra, el beneficio de una garantía del Estado para los depósitos de
los clientes del banco debe continuar. Según las directivas europeas, la
cuantía garantizada es de 100.000 euros, aunque habría que decidir
democráticamente una cuantía superior, por ejemplo 150.000 cuando se trate de
cuentas de familiares, garantizando al menos el valor del coste medio de una
vivienda principal, en caso de cuentas de ahorro vivienda.
Imposición a la banca de un
régimen fiscal más elevado. Los beneficios de los
bancos deben estar sometidos en forma estricta a las disposiciones legales en
materia de imposición a las sociedades, retirándose toda desgravación fiscal en
su caso. En efecto, actualmente el tipo efectivamente pagado es muy inferior al
tipo legal, que es, de todas maneras, muy insuficiente. Deben pagar impuestos,
también por las transacciones bancarias de divisas[3]
y de títulos financieros. Las deudas bancarias a corto plazo han de tener una
imposición con el fin de favorecer la financiación a largo plazo. En el marco
del impuesto de la renta habría que equiparar el trato fiscal de las rentas del
ahorro y de las del trabajo.
Llevar ante la justicia, en
forma sistemática, a los dirigentes responsables de delitos y crímenes
financieros, y retirar
la licencia bancaria a las instituciones que no respeten las prohibiciones
y sean culpables de malversaciones.
Otro tipo de rescate bancario. Además de las disposiciones ya mencionadas: una responsabilidad
ilimitada de los grandes accionistas (sobre su patrimonio global), garantía de
los depósitos hasta 150.000 euros, y la creación de un mecanismo para una
quiebra ordenada de los bancos con la creación de dos estructuras: un banco de
liquidación privado (a cargo de accionistas privados y sin ningún coste para el
gobierno) y un banco público hacia el que son transferidos los depósitos así
como los activos sanos. Algunas experiencias recientes pueden servir de fuente
de inspiración, especialmente, la experiencia
islandesa iniciada desde 2008.[4]
Sin embargo, hay que alertar sobre operativas que empleen el uso de bancos
malos para limpiar balances de bancos, como en el caso del Sareb, que al final
corren en buena parte a cuenta de los poderes públicos (que representan el 45%
del accionariado de lo que ya es “la mayor inmobiliaria española”) y hasta el
momento solo benefician a fondos de inversión y especulación que compran
activos a precios muy bajos.
2. Reestructuración del sector bancario y reforma de su
operativa.
Reducción radical del tamaño
de los bancos, con el fin de suprimir el riesgo de que
sean «demasiado grandes para quebrar», una característica de los bancos
sistémicos.[5]
Separación entre los bancos
de depósitos y los bancos de inversiones. Los bancos
de depósito serán las únicas instituciones financieras autorizadas a custodiar
los depósitos de los ahorradores y a beneficiarse de un respaldo público —garantía
pública de los depósitos de ahorro y acceso a la liquidez del Banco Central—.
Esos bancos de depósitos solamente estarán autorizados a conceder préstamos a
particulares, a empresas y a otros actores públicos locales y nacionales.
Tendrán prohibido realizar actividades en los mercados de capitales. Eso
significa que les estará prohibido hacer titulizaciones: los créditos no pueden
ser transformados en títulos negociables y los bancos comerciales deben
conservar en su contabilidad, hasta su reembolso definitivo, los créditos
otorgados. El banco que ha concedido un crédito debe ser responsable del riesgo
que eso comporta.
Se
establecerá un nuevo marco de regulación
de productos bancarios y de la concesión de crédito. La banca privada es el
principal actor creador de dinero mediante la operación de deuda, alterando de
manera privilegiada el marco monetario y financiero. Para eso, los diferentes
productos bancarios, sean de consumo, ahorro o de inversión, habrán de contar
con requisitos más exigentes de cara a justificar su concesión, a establecer
márgenes de tipos apropiados –primando la inversión productiva y social frente
al consumo-, y acabar con las cláusulas abusivas. En especial, se regulará con
especial énfasis el marco hipotecario y otros préstamos/créditos que afecten a
bienes de interés social, como la vivienda, con una supervisión especial, con
una regulación que ligue periódicamente el valor del principal de la deuda a la
evolución de la tasación de la vivienda, cuando esta sea la vivienda principal.
En
caso de quiebra, las pérdidas de los bancos de inversiones serán totalmente asumidas
por el sector privado, comenzando por los grandes accionistas (teniendo en
cuenta el conjunto de su patrimonio, véase más abajo), al mismo tiempo que
habría que identificar y regular las responsabilidades del segmento de
acreedores influyentes que toman ventaja de su posición y que, en la práctica,
guardan un comportamiento equivalente al accionariado.
Prohibición de las relaciones
de créditos entre bancos de depósito y bancos de inversiones. De acuerdo con Frédéric Lordon, para imponer un verdadero «apartheid»
entre estos dos tipos de bancos, un banco de depósitos no podrá en ningún caso
estar implicado en una relación de crédito con un banco de inversiones.[6]
3. Erradicación del comportamiento rentista y las operativas
especulativas
Prohibir el empaquetamiento y
titularización de activos para su especulación en los mercados financieros. Como propone Paul Jorion, es necesario prohibir la especulación. «En Francia, la especulación fue autorizada
en 1885, en Bélgica, en 1867. La especulación estaba definida muy claramente
por la ley que tenía por objetivo “prohibir las apuestas a la baja o al alza
sobre títulos financieros”. Con esa prohibición, la gente que la practicaba,
estaría infringiendo esa ley; que se encuentren en un banco X o Y, no cambiaba
en nada.»[7]
Podemos agregar que los bancos que especulen por cuenta del cliente o por su
propia cuenta habrían de ser condenados. La adquisición por parte de un banco u
otra institución financiera de un bien material (materias primas, alimentos,
tierras, inmuebles…) o de un título financiero (acciones, obligaciones o
cualquier otro título financiero) con el fin de especular sobre su precio
estará prohibido.
Prohibición de los productos
derivados. Eso significa que los bancos y otras
instituciones financieras que quieren protegerse contra los riegos de
diferentes tipos (riesgos de cambios, de tipos de interés, de cesación de
pagos, etc.) deben volver a utilizar los clásicos contratos de seguros.
Obligación de los bancos de
inversiones a pedir autorización previa a la emisión en el mercado de productos financieros. Cualquier producto financiero nuevo (sin tener en cuenta
los productos derivados, ya que habrán sido prohibidos) deberá someterse a las autoridades de control de los bancos de inversiones con el fin
de obtener una autorización antes de ponerlos en el mercado.
Separación de las actividades
de asesoría de las de mercado. Estamos también de
acuerdo con el economista belga Éric de Keuleneer, que propone separar las
actividades de asesoría de las actividades de mercado: «Efectivamente, es anormal que los bancos asuman riesgos en la
colocación de títulos y, a la vez, aconsejen a sus clientes sobre la calidad de
esos títulos, o que, actualmente, sean capaces de especular con oro, y
aconsejen de manera “desinteresada” a sus clientes para que lo compren.»
Para ello propone recrear la función de correduría, que habría de estar
regulado como carrera profesional independiente con plazas a obtener vía
concurso-oposición y sometida su operativa a auditoría pública regular.
Prohibición del trading de alta frecuencia y de la banca
en la sombra. Limitar estrictamente las operaciones
fuera de balance. Prohibición de las ventas en descubierto.
4. Fin del secreto bancario
Consideración de delito penal
de las actividades en el marco de los mercados de común acuerdo, en particular
los Mercados “Over the Counter” (OTC), y todas las actividades de la banca en
la sombra, exigiendo que su operativa esté bajo el alcance de la regulación. Todas las transacciones en los mercados financieros deben ser
registradas, ser rastreables, reglamentadas y controladas. Hasta ahora, los
principales mercados financieros son los de común acuerdo, es decir, que no
están sometidos a ningún control: se trata de los mercados de cambios, en el
que se mueven 5,3 billones de dólares cada día,[8]
del mercado de derivados, del mercado de materias primas y de productos
agrícolas,[9]
etc.
El fin del secreto bancario. Los bancos deben tener la obligación de comunicar todas las
informaciones sobre sus responsables, sus diferentes entidades, sus clientes, las
actividades que ejercen y las transacciones que realizan por cuenta propia y
por cuenta de los clientes. Asimismo, las cuentas bancarias deben ser legibles
y comprensibles. El levantamiento del secreto bancario debe convertirse en un
imperativo democrático mínimo, para todos los países. Concretamente, eso
significa que los bancos deben tener a disposición de la administración fiscal
lo siguiente: una lista nominativa de los beneficiarios de intereses, dividendos,
plusvalías y otras remuneraciones financieras; las informaciones sobre apertura,
modificaciones y cierres de cuentas bancarias con el fin de tener una lista
nacional de todas las cuentas bancarias; todas las informaciones sobre las
entradas y salidas de capitales, y en especial con la identificación del
ordenante.
Prohibición de las
transacciones con los paraísos fiscales. Es necesario
prohibir a los bancos cualquier transacción con un paraíso fiscal. Si no se
respeta esta prohibición, se debe imponer serias sanciones —pudiendo llegar
hasta la retirada de la licencia bancaria— y el pago de elevadas multas.
5. Financiar de otra manera el gasto público
Se debe imponer a los bancos
privados la posesión de una cuota de títulos de la deuda pública.
Dar
una nueva misión a los Bancos Centrales: la de otorgar préstamos a los
gobiernos a cero por ciento de interés. O sea, a la inversa de lo que hace el
BCE, de acuerdo con los tratados europeos. El Banco Central sería capaz de
permitir la financiación a tipo de interés 0 de un Estado y del conjunto de
estructuras públicas (colectividades, hospitales, organismos para la vivienda
social, etc.) con el fin de llevar a cabo políticas socialmente justas en el
marco de la transición ecológica.
6. Reforzar la banca pública
El
sistema bancario público debe
constituirse en el principal actor del sistema financiero, siempre y cuando
opere con criterios de interés general, transparencia, control democrático y
promueva el uso del crédito disponible en términos financiera y ecológicamente
sostenibles y productivamente útiles. La concesión de crédito o préstamos ha de
seguir el criterio de estudio de viabilidad –no de máximo beneficio- a medio y
largo plazo, concesión informada, y regulación general de tipos en función de
la actividad.
En
el caso español, tras un proceso de concentración sin parangón en la historia
de la península, privatización casi completa de la banca pública, de desaparición
de las cajas de ahorros y de marginación de la banca ética, la arquitectura del
sistema bancario ha de invertirse. Un polo bancario público debe vertebrar y
garantizar la función social del crédito a la inversión, para lo cual ha de
constituirse a partir de los activos limpios de Bankia y Mare Nostrum, así como
por los recursos procedentes de los rescates bancarios, y, principalmente, de
los activos fruto de la socialización de recursos de aquellos bancos que no se
ajusten a la nueva regulación bancaria o que sean procedentemente sancionados.
El
sistema bancario público tendrá un trato preferente con la banca ética, y
admitirá banca de depósitos y de inversión privada en los términos ya referidos
en apartados anteriores.
II.- POR LA SOCIALIZACIÓN DEL SECTOR BANCARIO
En el Estado español, se han producido varios procesos de
gran envergadura en los años recientes. Mientras se le facilitó a la banca
privada la compra masiva de las cajas de ahorros –apenas sobreviven dos
entidades, cuando comportaban antes de la crisis la mitad del sistema
financiero español-, o se instó a su conversión a formatos bancarios, también
se produjo un fenómeno de concentración bancaria inaudito por su intensidad y
velocidad. Actualmente cuatro entidades poseen más del 70% de los activos.
Fuente: ABC
En los últimos años, la reestructuración del sistema
bancario ha estado acompañado por procesos de reducción del crédito, cierre de
sucursales y despidos de trabajadores de los bancos. El crédito prestado a las
familias y las empresas no financieras ha disminuido en los últimos años
pasando de 1,87 billones en 2008 a 1,31 billones en febrero de 2016. Muchas
oficinas se han cerrado, pasando de 46.000 sucursales en 2008 a 31.000 en la
actualidad. Un gran número de empleados han sido despedidos, lo que reduce el
empleo en el sector de 278.000 empleados en 2008 a 202.000 en la actualidad. Este
proceso de reducción de costes a través de despidos y cierre de sucursales,
según las últimas noticias, parece no haber acabado.
El fenómeno de conversión y adquisición de las cajas de
ahorros por los bancos, cuyos problemas exigían reformas que en modo alguno se
solucionaban haciéndolas bancos, se hizo
a un precio irrisorio tras un enorme lavado público de sus balances, y
consiguiente socialización de pérdidas, que supuso un gran desembolso de los
poderes públicos de más de 53.000 millones de euros, de los cuales 41.300
millones fueron solicitados como rescate financiero al MEDE para salvar de la
bancarrota al sistema bancario español a
cambio de austeridad y ajustes estructurales incluidos en el Memorando de
Entendimiento (MoU) de 2012. En el caso de Bankia se desembolsaron 23.500
millones de euros. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) asumió
como pérdidas gran parte de su participación en Bankia. A día de hoy se
pretende reprivatizar Bankia y Banca Mare Nostrum, también rescatada con dinero
público, una vez ya han sido saneadas. Estas entidades, por el contrario,
debieran ser los primeros ladrillos de un nuevo sistema bancario público. Este
polo bancario habría de aumentarse tras un proceso de intervención bancaria,
junto con los activos retirados a la banca privada por sanciones,
incumplimientos de la nueva regulación o por mala gestión. Distintas
iniciativas como Desbanka, 15MpaRato y recientemente el Tribunal Ciudadano de
Justicia, han denunciado las violaciones, abusos y la necesidad de que Bankia
permanezca pública y al servicio del bien común.
Debe hacerse especial mención a la Sareb, sociedad llamada
coloquialmente ‘banco malo’, que fue creada para limpiar los balances
bancarios. El 45% de la propiedad de la Sareb está en manos públicas a través
del FROB. Esta sociedad adquirió casi 100.000 millones de euros de activos
financieros e inmobiliarios ‘tóxicos’ de los bancos, aproximadamente a mitad de
precio y los está vendiendo muy por debajo del precio al que los adquirió a
grandes fondos de inversión extranjeros. Según el mismo presidente del FROB, el
dinero no recuperado de los rescates bancarios ronda ya los 40.000 millones de
euros. La Sareb ha de ser expropiada, con compensaciones simbólicas, de cara a
construir un parque público de vivienda en alquiler que garantice el derecho a
techo de toda la ciudadanía que no lo tenga cubierto.
El
sistema bancario público debe regirse por un sistema de control democrático
múltiple, en el que participen tanto las estructuras de gobernanza corporativa
como las instituciones democráticas de distintos niveles (banco central,
estado, autonomías y municipios). No se trata de estatizar la banca en sí sino
de socializar la actividad bancaria transformándola en radicalmente democrática
y social, integrándola en una estrategia más amplia de transformación social. Representantes
democráticamente elegidos, con capacitación técnica y debidamente asesorados,
de las plantillas de trabajadores, de depositantes, de la ciudadanía y los
poderes políticos, habrán de participar en el gobierno de estas entidades y hacer
seguimiento con sistemas de controles mutuos, rotación, mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas públicas. La atribución de
responsabilidades debe ser clara para impedir intereses creados o corporativos,
y el mandato ha de ser necesariamente limitado al que debe dedicarse de manera
principal y de manera económicamente compensada para garantizar la
independencia.
Lo que demuestra la
experiencia de estos últimos años es que no podemos dejar los bancos en las
manos de los poderes económicos privados. Si, mediante la movilización social,
se llegara a poder aplicar las medidas inmediatas antes mencionadas (que están sometidas a la discusión con el fin de mejorarlas y
completarlas), estos poderes buscarían
por todos los medios recuperar una parte del terreno perdido, multiplicando
las actividades que les permitan evadir las reglamentaciones, utilizando sus
potentes medios financieros para comprar el apoyo de los legisladores y de los
gobernantes con el fin de desregular de nuevo y de aumentar al máximo sus
beneficios, sin tener en cuenta el interés de la mayoría de la población.
Es necesaria la socialización
del sector bancario bajo control ciudadano
Porque
los poderes capitalistas demostraron hasta qué punto eran capaces de cometer
delitos y asumir riesgos, de los cuales se niegan a responsabilizarse, con el
solo objetivo de aumentar sus ganancias, porque sus actividades comportan
periódicamente un pesado coste para la sociedad, porque la sociedad que
queremos construir debe estar guiada por la búsqueda del bien común, de la
justicia social y de la reconstitución de una relación equilibrada entre los
humanos y los otros componentes de la naturaleza, es necesario socializar y
democratizar radicalmente la mayor parte del sector bancario.
Socializar el sector bancario
significa:
.-
La expropiación sin indemnización (o con la sola indemnización simbólica de un
euro) de los grandes accionistas, mientras que los pequeños accionistas serán
indemnizados.
.-
La concesión al sector público del monopolio de la actividad bancaria con solo
una excepción: la existencia de un sector bancario cooperativo, o de banca
ética, de pequeño tamaño (sometido a las regulaciones fundamentales del sector
público) y de carácter especializado (de carácter regional y sectorial) y un
claro comportamiento ético (donde el lucro no sería su principal motivación,
aunque sí habría de ser sostenible financieramente).
.-
La creación de un servicio público de ahorro, de crédito y de inversiones,
doblemente estructurado: por una parte, una red de sucursales cercanas a la
ciudadanía, y por la otra, la creación de agencias especializadas a cargo de
las actividades de gestión de fondos y de financiación de inversiones que no
puedan cubrir los ministerios responsables de los diferentes ámbitos: sanidad,
educación, energía, transportes públicos, pensiones, transición ecológica, etc.
Estos ministerios deberán estar dotados del presupuesto necesario para la
financiación de las inversiones que les corresponden. Las agencias
especializadas intervendrían en los ámbitos y en las actividades en los que no
alcancen las competencias y las esferas de acción de estos ministerios, con el
fin de asegurar que no queden aspectos desatendidos.
.-
La definición, con participación ciudadana, de una carta sobre los objetivos
que se quieren alcanzar y las misiones que se quieren proseguir, que ponga de
manifiesto un servicio público del ahorro, del crédito y de la inversión al
servicio de unas prioridades definidas según un proceso de planificación
democrática. La formulación colectiva de los objetivos finales debe trascender
a la concepción del sector bancario como una herramienta pública bajo control
del gobierno, y enfocarse más bien a devenir un sistema subordinado formalmente
a la apropiación democrática y colectiva en la búsqueda de metas de desarrollo
sociales conformadas por trabajadores de la banca en colaboración con otra
demandas sectoriales y colectivas.
.-
La transparencia (de la contabilidad) de las cuentas que deben presentarse al
público de manera comprensible.
La
palabra «socialización» se utiliza de preferencia a «nacionalización» o
«estatización» para indicar claramente hasta qué punto es esencial el control
ciudadano, compartiendo decisiones entre dirigentes, trabajadores, clientes,
asociaciones, representantes electos locales y representantes de instancias
bancarias públicas, nacionales y regionales. Por lo tanto, es necesario definir
de manera democrática el ejercicio de un control ciudadano activo. Asimismo, es
necesario alentar el ejercicio de un control de actividades del banco por parte
de los trabajadores del sector bancario y su participación activa en la
organización del trabajo. Es necesario que los órganos de gobierno de los
bancos remitan anualmente un informe público sobre su gestión. Se debe
privilegiar un servicio de proximidad y de calidad que rompa con las políticas de
externalización llevadas a cabo actualmente. Hay que estimular al personal de
los establecimientos financieros para que garanticen a sus clientes un trato
humano, que cultive la comunidad, y un auténtico servicio de asesoría, que
facilite el desarrollo económico social y ecológico, rompiendo con las
políticas comerciales agresivas de ventas forzadas o sin consentimiento
debidamente informado.
La
socialización del sector bancario y su integración en los servicios públicos
permitirán:
.-
que los mercados financieros ya no tengan la misma influencia sobre la
ciudadanía y los gobiernos;
.-
la financiación de los proyectos de ciudadanos y ciudadanas y de las
administraciones públicas;
.-
la dedicación de la actividad bancaria al bien común junto a otras misiones,
como la de facilitar la transición de una economía capitalista, productivista a
una economía ecosocialista.
Porque
consideramos que el ahorro, el crédito, la seguridad de la liquidez monetaria y
la preservación de la integridad de los sistemas de pago tienen interés
general, preconizamos la creación de un servicio público bancario para la
socialización de las empresas del sector bancario y de seguros que no se
ajusten a la regulación ya señalada o tengan un carácter oligopólico.
Porque
los bancos son actualmente un útil esencial del sistema capitalista y de un
modo de producción que sacude al planeta, genera un desigual reparto de los
recursos, siembra guerras y pauperización, recorta cada día un poco más los
derechos sociales y ataca las instituciones y las prácticas democráticas, es
esencial tomar el control y hacer de ellos herramientas al servicio de la
colectividad.
La
socialización del sector bancario no puede considerarse solamente como un
eslogan o una reivindicación que será autosuficiente y que los dirigentes
aplicarán después de haber tomado la buena dirección. Esta socialización debe
concebirse como un objetivo político a alcanzar mediante un proceso dirigido
por una dinámica ciudadana. No solamente se necesita que los movimientos
sociales organizados existentes (como los sindicatos) lo prioricen en su agenda,
y que los diferentes sectores (colectividades locales, pequeñas y medianas
empresas, asociaciones de consumidores, etc.) se posicionen en ese sentido,
sino también, y sobre todo, que los empleados y empleadas de la banca sean
sensibles a la función de su trabajo y a las mejoras que de las que gozarían si
los bancos fueran socializados; que se inicien procesos participativos en los
que los usuarios, desde sus oficinas bancarias (por ejemplo, esto se podría solicitarse
a través de una campaña de ocupaciones simultáneas de sucursales bancarias,
como sucede en Francia) ser parte del proceso de redefinición de lo que debe
ser un banco al servicio de la mayoría.
Solamente
una potente movilización puede garantizar que la socialización del sector
bancario llegue a concretarse, puesto que esta medida afecta al propio corazón
del sistema capitalista. Si un gobierno de izquierda no toma esta medida, sus
acciones no podrán provocar un cambio radical sustancial, que rompa con la
lógica del sistema y permita un nuevo proceso de emancipación.
La
socialización del sector bancario y de seguros debe formar parte de un programa
mucho más vasto de medidas complementarias que permitan iniciar una transición
hacia un modelo poscapitalista y posproductivista. Tal programa, que debería
tener una dimensión europea, aunque comience por uno o varios países,
comprendería especialmente el abandono de las políticas de austeridad en
relación a los derechos sociales y servicios públicos, el fin de los rescates
bancarios y las políticas favorables a la industria privada, la anulación de
las deudas ilegítimas, la instauración de una reforma fiscal total —con una
fuerte imposición al capital—, la reducción generalizada del tiempo de trabajo
con contratos compensatorios y mantenimiento del salario, unas medidas para
garantizar la igualdad hombre-mujer, la socialización del sector de la energía,
el desarrollo de los servicios públicos y de la protección social y el
establecimiento de una política determinada para la transición ecológica.
Hoy,
la socialización integral del sistema bancario es realmente una urgente necesidad
económica, social, política y democrática.
Firmantes
Daniel Albarracín, es investigador, economista y sociólogo, miembro de Podemos, forma
parte de su delegación en el Parlamento Europeo.
Marina Albiol, eurodiputada, Izquierda Plural
Quim Arrufat, ex diputado de la CUP
Josep
Manel Busqueta, economista,
militante y exdiputado de la CUP
Sergi Cutillas, economista y miembro de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD).
Sergi Cutillas, economista y miembro de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD).
Iolanda Fresnillo, miembro de la PACD Quim Arrufat, ex diputado de la CUP.
Michel Husson, economista, autor de Le
capitalisme en 10 leçons, La Découverte, París, 2012 y de Capitalismo puro, Maia Ediciones,
Madrid, 2009.
Tom Kucharz, miembro
de Ecologistas en Acción
Fátima Martín, periodista, red CADTM internacional en el Estado español, PACD,
coautora con Jérôme Duval del libro “La construcción europea al servicio de los
mercados financieros”.
Carlos Sánchez Mato, economista, concejal de Economía del Ayuntamiento de
Madrid.
Natalia Munevar, miembra PACD
Adolfo Muñoz, secretario general sindicato ELA (país vasco)
Mikel Noval, responsable
del departamento de estudios de ELA
Eulàlia
Reguant, diputada de la CUP Catalunya
Teresa
Rodríguez, diputada de Podemos por Andalucía
Lola Sánchez, eurodiputada de PODEMOS.
Patrick Saurin, portavoz del sindicato Sud-Solidaires del Banque Populaire-Caisse
d’Épargne (BPCE).
Lidia Senra, Campesina. Diputada del Parlamento Europeo por Alternativa
Galega de Esquerda en Europa
Stavros Tombazos, profesor de economía política en la universidad de Chipre.
Éric Toussaint, portavoz del CADTM, autor de Bancocracia,
Icaria editorial, Barcelona, 2014.
Miguel Urban, PODEMOS,
miembro del Parlamento europeo
Esther Vivas, periodista y autora del libro 'El negocio de la comida'
[1]http://vientosur.info/IMG/pdf/VS144_D_Albarracin_A_Refundacion_de_Europa__El_informe_de_los_cinco_presidentes.pdf
[2] Eso significa abandonar el sistema de ponderación de activos por
riesgo, un dispositivo particularmente poco fiable ya que esa ponderación se
dejaba en manos de los bancos. Ver: http://cadtm.org/Los-bancos-se-la-juegan-con-sus
[3] Éric Toussaint, ya citado (nota 5)
[4] Entrevista a Eva Joly realizada por Renaud Vivien: «En Islandia los
responsables del naufragio bancario no pudieron evitar su condena en el
juicio», http://cadtm.org/En-Islandia-los-responsables-del
[5] El eurodiputado de Los Verdes, Philippe Lambert propone un máximo de
100.000 millones de dólares de activos. «Como comparación, el total de activos
del BNP Paribas y del Deutsche Bank en 2011 era, respectivamente, de 2,164
billones y de 1,965 billones de euros» http://www.philippelamberts.eu/les-7-peches-capitaux-des-banques/.
Pensamos que el tamaño máximo debe ser mucho más reducido, particularmente en
los países pequeños. En efecto, 100.000 millones de euros es un múltiplo del
PIB de Chipre y más de un cuarto del PIB de Bélgica.
[8] Véase Éric Toussaint http://cadtm.org/Los-bancos-especulan-con-las,
publicado el 21 de febrero de 2014
[9] Véase Éric Toussaint http://www.cadtm.org/La-banca-especula-con-materias, publicado el 18 de marzo de 2014
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