El Jueves 22-12-11, aparece en el Periódigo Diagonal, en su número 164, un artículo sobre la cuestión. Aquí publicamos su versión íntegra.
Daniel Albarracín.
El principal compromiso de los gobiernos es pagar a toda costa la deuda. Se trata de un vehículo escogido para socializar las deudas privadas, empleando fondos públicos para sanear las cuentas privadas de las empresas financieras, principalmente. Los lobbies privados están consiguiendo que los gobiernos desarrollen políticas de salvataje de las cuentas de las empresas privadas insolventes, a costa del conjunto de la ciudadanía y de las rentas del trabajo, convirtiendo la deuda privada en pública.
Esta operación a gran escala es completamente ilegítima. Y se pone al síntoma como causa, en un ejercicio de falseamiento.
Cuando se ha incrementado la deuda pública, ¿por qué no suele referirse a los rescates (en este tiempo anterior, ha alcanzado su coste en el equivalente al 10% del PIB) y recapitalizaciones bancarias; subvenciones al capital explícitos –como las que se ha provisto a la industria a la automoción, por ejemplo- e implícitos –como el sistema tarifario que se aplica a las compañías eléctricas-, o las desgravaciones, deducciones y exenciones fiscales al capital –en los impuestos, en las cotizaciones sociales, etc…-?. ¿Por qué no se habla de en qué consiste un “banco malo”?. Sí, esa entidad repleta de ‘activos tóxicos’ donde incluirían todos los inmuebles sin vender, propiedad de la banca, para que la paguemos entre todos. Rajoy podría pedir un préstamo de 150.000.000 millones para sanear las cuentas de los bancos privados, financiando el ‘banco malo’. ¿Con este banco la deuda pública no se incrementará?. ¿Porqué no se habla de la baja presión fiscal del Estado español?. Tenemos 8 puntos porcentuales menos, con datos de 2008, que la media europea, funcionando desde 1996 con un modelo más regresivo. En esto del ‘debe y el haber’ se suele olvidar mirar al lado de los ingresos. ¿Acaso las políticas de recortes no deprimirán más la economía y eso aumentará el déficit público y la deuda?.
¿No sería completamente imprescindible cuestionar el modelo de la Unión Europea, que con un mercado y moneda únicos, sin sector público que ni siquiera contrarreste las desigualdades, aboca a unos galopantes déficits de balanza de pagos y a un incremento constante de las necesidades de financiación de los países periféricos e, indirectamente, un aumento de presión para endeudarse?. ¿Cómo se admite que el Banco Central Europeo financie de manera barata a la banca privada, mientras esta recibe unos tipos de interés enormemente lucrativa cuando presta a los Estados?. ¿Cómo es que no se cuenta en la Unión Europea con una agencia de calificación de riesgos pública e independiente de los intereses particulares?.
La velocidad de crecimiento de la deuda pública, que pagamos entre todas y todos, responde a la anterior política, que ha servido para emplear al Estado no como servicio público, sino como instrumento decidido de Robin Hood invertido.
Aparte, un volumen por determinar de la deuda acumulada es, en términos jurídicos, odiosa, pues ha ido a financiar actividades particulares en detrimento del interés general. No parece comprensible que se haya preferido gastos militares a sociales o a inversiones sostenibles, que se hayan concedido proyectos públicos a entidades privadas cuando su coste a largo plazo es muchísimo mayor que la iniciativa pública directa. Todo ese conjunto de operaciones dudosas o que se encuadrarían en lo que serían prácticas de favoritismo, amiguismo, corrupción, etcétera son odiosas, y deberían tener una respuesta penal.
Para poder dimensionar y valorar toda esta situación de la deuda contraída contamos con grandes cifras estadísticas, pero sin el recurso a un examen pormenorizado de documentos resultaría muy difícil determinar cuál debe ser la actitud ante el fenómeno. Este, entre otras razones, es uno de los motivos que debe empujarnos a la ciudadanía a exigir una auditoría de las cuentas públicas, y, por el privilegio que les comporta, también de las cuentas de los acreedores beneficiados en estas operaciones.
En nuestra opinión, la deuda no hay que pagarla, pero, además, es que ni se debe ni se puede pagar. Una primera conclusión a la que debiéramos llegar es que el conjunto de monstruosos recortes públicos y reformas estructurales que están por venir, serán completamente inútiles para enfrentar el pago de una deuda elefantiásica que no para de crecer.
Pero, si está tan claro que no hay que pagar, ¿por qué una auditoría ciudadana?. Las razones son las siguientes:
• Es importante la participación ciudadana para asegurar el control desde abajo en el proceso de examen.
• Por razones de pedagogía social. Gran parte de la población ignora cuáles son las cuentas de la economía o adopta modelos de interpretación estereotipados o confusos. Una medida como es el repudio de la deuda exige un amplio respaldo y credibilidad social.
• Porque en un contexto de recortes, puede ser una campaña ampliamente comprensible, y porque contribuiría a desvelar la trama a favor de la banca.
• Hay que detallar porqué, por quiénes y cómo se contrajo la deuda, el montante, las condiciones, tipos de interés, plazos de devolución, garantías, avales, o, por otro lado, a qué se dedicó la financiación. Este análisis nos daría una medida y proporción de deuda que no se debe pagar o se ha de reestructurar.
La auditoría debiera exigir al sector público transparencia en sus cuentas, declarar una suspensión temporal del pago de la deuda, y abrir un proceso, que puede durar unos meses, para escudriñar toda la documentación y hacer un juicio público, con la participación social, encaminado a tomar decisiones sobre qué hacer sobre la deuda pública una vez realizada culminada la auditoría.
En varios países europeos ya se ha puesto en pie campañas para impulsar auditorías ciudadanas. En el Estado español ya se han dado los primeros pasos. Y estamos convencidos de que llegará muy lejos.
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