La política económica neoliberal se profundiza con el nuevo gobierno.

Daniel Albarracín. Enero 2012

El nuevo gobierno del PP ha presentado sus primeras medidas económicas en lo que se prevé será un “inicio del inicio”, en palabras de la nueva Vicepresidenta Sáenz de Santamaría, de una larga y oscura legislatura. Todo apunta a que este gobierno servirá para un operativo de reformas y recortes agresivos contra las necesidades de los y las de abajo y de generoso rescate de las insolventes pero privilegiadas oligarquías financieras.

El gobierno se ampara en un supuesto incremento del déficit público hasta el 8,2% -anunciado paradójicamente por el Ministerio del Interior-, que se desviaría, ante el fariseo asombro, de un 6% previsto. El ministro de Hacienda ha reconocido que la desviación de la Administración General del Estado es mínima, y que la mayor parte de la desviación se produce en las comunidades autónomas y en los grandes ayuntamientos. El PP gobierna en la inmensa mayoría, de modo que es responsable, y seguro sabedor, de estas tendencias desde mucho tiempo antes de las elecciones. También desde Bruselas lleva tiempo exigiéndose no sólo recortar el presupuesto público sino, contra lo prometido falsariamente por Rajoy y todo el PP, aumentar la fiscalidad también con la impuestos directos.

v La primera de las medidas consistirá en una inicial batería de recortes. Se calcula en 8.900 millones de gasto público. Consistirá en:

- La reducción de las estructuras administrativas de segundo escalón, subsecretarías y direcciones generales, con recortes de gasto del 20%.

- La disminución de las subvenciones a partidos políticos en un 20% (aproximadamente unos 30 millones de euros) y a sindicatos y patronal en el mismo porcentaje (55 millones de ahorro). Esto comportará una merma de recursos de los que dependen formaciones minoritarias, puesto que los grandes partidos tienen otras fuentes más importantes que las del Estado. Los sindicatos, ya duramente afectados por caídas de recursos de diferentes fuentes (gestión de formación, cuotas de afiliación, otras subvenciones, etc…) se verán nuevamente castigados. Es preciso diferenciar el mal uso que éstos puedan llegar a realizar, o incluso su despilfarro, y los riesgos acomodaticios asociados, todo lo cual hay que criticar, del derecho constitucional para que organizaciones obreras puedan potencialmente defender las condiciones de vida de los y las trabajadoras.

- En el empleo público se congelan los salarios del funcionariado y se amplía su jornada laboral a 37,5 horas, lo cual redobla el sacrificio en este colectivo ya golpeado reiteradamente. Se congela la plantilla, con una tasa nula de reposición de las bajas, salvo en el personal docente, hospitales y centros de salud, fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado, inspección tributaria y laboral, donde se sustituirá el 10% de las bajas. Un clarísimo ataque a los servicios públicos y a la calidad del servicio y de las condiciones laborales de estos y estas profesionales.

- La renta de emancipación de 210 euros se congela: no habrá nuevos beneficiarios de esta paga, y los beneficiarios actuales la mantendrán sujetos a los límites de cuatro años de percepción y edad máxima de 30 años. Esta tibia medida para la emancipación juvenil al retirarse la sufrirán los colectivos juveniles más humildes.

- Se aplica una moratoria de un año en la incorporación de nuevos beneficiarios al sistema de dependencia, en la categoría de dependencia moderada. El pilar de la atención a la dependencia sin haber nacido del todo sigue siendo abortado, posiblemente con el propósito de hacer de esta actividad un negocio plenamente privado.

- Se retrasa la ampliación impuesta por la UE del permiso de paternidad.

- Se congela el salario mínimo interprofesional.

v Se modifican aspectos del régimen fiscal, y se prevé que con ello se recaudarán 6.200 millones de euros más:

- Se implanta un incremento temporal del Impuesto sobre la Renta. Tendrá un carácter, sorprendentemente, progresivo. El primer tramo tendrá un gravamen adicional del 0,75%; de ahí salta a un 2%, el siguiente el 3%, luego el 4%, el 5%, el 6% y hasta el 7% a partir de los 300.000 euros de base liquidable, en lo que llaman, sarcásticamente un “recargo de solidaridad”. La subida del IRPF a los rendimientos del trabajo aprobada por el Gobierno el pasado viernes afectará, sobre todo, a las clases medias, en retroceso en la estructura social, que aportarán en torno a dos tercios del nuevo esfuerzo recaudatorio. De haber algún tipo de solidaridad el cambio fiscal debiera haberse orientado a perseguir el fraude fiscal (por el que se podría haber recaudado 30.000 millones, tal y como afirma GESTHA) y del que está en mayor parte a cargo de empresariado y grandes fortunas, haber hecho iniciativas que bloqueasen o gravasen al 100% las transacciones con paraísos fiscales (que disponen entre una cuarta y una tercera parte del capital internacional), o contra figuras como las SICAV, o, mejor aún, el Impuesto de sociedades. El incremento de los impuestos, aunque sea progresivo y directo, si luego no se destina a inversiones y gastos favorables a las necesidades de la mayoría, no se pueden respaldar.

- El IRPF recupera la deducción de la compra de la vivienda que había eliminado el anterior gobierno, y mantiene el IVA reducido para la compra de inmuebles. Esta medida no sólo será ineficaz en medio de la crisis vigente, sino también injusta por lo regresivo de la misma, y por desincentivar el alquiler, así como su estímulo a continuar una burbuja que ya pinchó hace cuatro años.

- En materia de vivienda también se incrementa el Impuesto de Bienes Inmuebles, afectando al 50% de los inmuebles de mayor valor, vistos municipio a municipio, lo cual comporta que no afectará a ricos que viven en municipios muy ricos y sí afectará a clases medias que viven en municipios bastante menos ricos.

- En cuanto a las rentas de capital, el recargo impositivo va desde los dos puntos extra en el primer tramo, cuatro puntos a partir de 6.000 euros y hasta seis puntos en la base liquidable a partir de 24.000 euros. Siendo también una modificación progresiva, queda lejos la referencia de equiparar el gravamen, cuanto menos, de las rentas del capital respecto a las del trabajo.

- Parece que también, aparte de éstas, se modificará al alza el IVA, según anunció Cristobal Montoro, posiblemente en esta primera semana de Enero de este 2012 con tan malos augurios.

v Se apunta a una actuación múltiple en el sistema financiero.

- Se ha provisto 100.000 millones de avales para el sistema bancario. La banca española tiene contraídos unas exigencias de devolución de su deuda que asciende, para 2011, a 90.000 millones de euros. Si no puede pagarlo lo hará el Estado.

- Se va a conformar un Banco Malo que reunirá, a costa del erario público mediante un préstamo concedido de Bruselas, el suelo prácticamente invendible de la gran banca. A cambio la banca tendrá que provisionar una pérdida de valor del 50% del suelo, algo posiblemente ajustado a la realidad, y tan sólo de un 20% de sus inmuebles, algo claramente muy por encima de lo que valen. El nuevo “banco del suelo” sería público pero la gestión de la operativa de reventa (que podría tardar en recolocar estos activos más de 20 años) sería de los bancos, con lo que sus eventuales resultados positivos serían en una buena parte también privados. El banco malo es una iniciativa de socialización de pérdidas, que por artificios no se sumará al déficit público pero que nada podrá impedirse para que aumente el volumen de la deuda pública del Estado.

v Como bien sabemos, hay una reforma Laboral en negociación entre patronal y sindicatos a instancias del nuevo gobierno. Aunque su agenda de contenidos no se conoce con detalle, podría repercutir en una política de moderación salarial y de unas inciertas exigencias de reinversión de beneficios en base a una reordenación de las desgravaciones del impuesto de sociedades; la articulación de la negociación colectiva y reparto de competencias entre los diferentes niveles de negociación, y el menor peso para convenios provinciales, y la reforma del empleo a tiempo parcial. Nada descarta que el nuevo gobierno quiera seguir erosionando los derechos de indemnización por despido, y que tenga en el punto de mira las prestaciones por desempleo, sino ahora, sí en un plazo no muy lejano.

Posiblemente estas medidas no formen más que un primer paquete de una durísima agresión permanente. Pero estas mismas ya son razones de sobra para levantar una amplia contestación social, para deslegitimar la orientación de sus contenidos y denunciar sus nefastas consecuencias. Es necesario responder firmemente en este momento, porque si dejamos pasar estos ataques, los siguientes serán aún más duros. El comienzo de la resistencia se levanta desde ya, porque cuanto más se encuentre el nuevo gobierno más dificultades tendrá en las siguientes operaciones que se proponga.

¡Contra las medidas neoliberales, iniciativa y resistencia anticapitalista!.