La importancia de la pérdida y deterioro de la biodiversidad radica en que las sociedades humanas somos ecodependientes, es decir, dependemos totalmente de la biodiversidad al ser esta la mayor unidad suministradora de servicios de los ecosistemas de todos los tipos. Esta dependencia se extiende a nuestras actividades económicas y oportunidades de empleo. Sin embargo, el actual sistema socioeconómico ha mantenido invisibilizado este papel de soporte de la naturaleza y se ha desarrollado a expensas del deterioro ecológico .
Nuestra ecodependencia hace necesario replantear urgentemente la reorganización de los procesos sociales y económicos de forma que las actividades económicas y el empleo, que son la principal vía de obtención de recursos de las mayorías trabajadoras, puedan ser compatibles con los límites y la funcionalidad de los ecosistemas y puedan tener como objetivo central el sustento y la reproducción de la vida.
Esto plantea varias preguntas cruciales: ¿Cuánto se invierte en prácticas respetuosas con la biodiversidad? ¿Cuántos empleos están vinculados directa o indirectamente a la gestión de la biodiversidad? ¿Cuál es la tendencia económica y laboral relacionada con la biodiversidad en España? ¿Qué futuro nos espera si seguimos las tendencias actuales? ¿Cómo podemos transformar el sistema socioeconómico para revertir la pérdida de biodiversidad? ¿Qué recursos formativos y políticas públicas son necesarios para una transición hacia una economía que respete la biodiversidad?
Estas preguntas, aunque desafiantes debido a la diversidad y complejidad de las relaciones entre biodiversidad, economía y empleo, así como la falta de datos oficiales e indicadores económicos que reflejen estas relaciones, son cruciales para abordar la situación. Para responder a estas cuestiones, se ha desarrollado el estudio “Biodiversidad, economía y empleo en España. Análisis y perspectivas de futuro” (Oteros Rozas et al., 2022). Su objetivo principal es caracterizar las relaciones entre biodiversidad, economía y empleo en España en los últimos años y proyectar posibles escenarios futuros, incluyendo marcos formativos y políticas. A continuación, se presentan los principales resultados de este estudio.
Situación de los sectores económicos que dependen o afectan
a la biodiversidad en España
En el momento actual, en el que la crisis ecológica y social exige un cambio de modelo económico, la necesaria transformación del sector laboral también suscita considerable sensibilidad social. Para proponer soluciones efectivas es esencial entender la situación económica y laboral en relación con la biodiversidad en el país.
Según las Cuentas Ambientales del INE, el gasto nacional en protección ambiental apenas representa el 1,54% del PIB y, en 2019, solo se destinó el 0,12% del PIB a la protección de la biodiversidad y el territorio. Además, la inversión en protección ambiental ha disminuido significativamente desde 2008, equivaliendo en promedio al 43% de la inversión de ese año. Las Cuentas de Bienes y Servicios Ambientales del INE reflejan que la economía ambiental en su conjunto representa solo el 2,1% del PIB en 2019, con un estancamiento en la proporción de empleo asociado a esta área, que representa el 1,8% del empleo total, siendo la gestión de residuos responsable de más de un tercio de estos empleos. Sin embargo, es importante destacar que no existe una categoría específica para los empleos relacionados con la biodiversidad en estas clasificaciones, a pesar del potencial que ofrece este sector, como se evidencia en la Estrategia de la UE. Por ejemplo, se estima que podrían crearse hasta 500.000 empleos para la gestión de la Red Natura 2000, además de 1,3 millones en agricultura y 3,1 millones en turismo en espacios de la Red Natura 2000.
Un análisis basado en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11 15) muestra que en 2021 se estimaron aproximadamente 37.000 empleos centrados en la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, durante el período de 2011 a 2019, este crecimiento fue un 1% menor en comparación con la creación de empleo en general (4% frente al 5%). Además, el 55% de las horas de trabajo no están directamente relacionadas con la biodiversidad y solo alrededor del 5% de estas horas tienen un impacto positivo directo en la biodiversidad.
En contraste, casi el 10% de las horas trabajadas implican una destrucción directa de la biodiversidad, mientras que las horas dedicadas a su preservación no superan el 1%.En cuanto a la relación entre el trabajo remunerado y la satisfacción de necesidades, la mayoría de las horas trabajadas en la economía española (62%) se consideran esenciales para cubrir necesidades básicas. Sin embargo, aproximadamente el 30% de las horas trabajadas tienen finalidades diversas y deben evaluarse para su posible reorientación hacia la satisfacción de necesidades básicas o, en algunos casos, su eliminación. Por tanto, es evidente que se necesita una transformación profunda de la economía española para preservar la biodiversidad. Esto implica una reorientación hacia la sostenibilidad y la integración en los ecosistemas, ya que la tendencia actual, sin corrección, conduce a la destrucción de los ecosistemas.
Escenarios de empleo en España hasta 2028
La proyección de escenarios de futuro para el empleo permite analizar qué cambios laborales se darían en una primera fase de transición ecosocial (hasta 2028) con un cambio de modelo productivo y de ocupaciones que asuman el respeto, la restauración y el desarrollo de la biodiversidad del planeta, en comparación con la inercia del modelo vigente. Para ello se han utilizado tres posibles escenarios de futuro sobre los que se ha proyectado la evolución de las ocupaciones del conjunto de la economía española hasta 2018.
a) Escenario Actual (todo sigue igual): en el que se continúa con las políticas actuales.
b) Escenario de Transición Suave: con el objetivo de cumplir con los Objetivos del Convenio de Diversidad Biológica, la Agenda 2030 y la Estrategia de Biodiversidad 2030 de la UE, así como la adaptación de la economía española a la biocapacidad del territorio en un periodo de 60 años.
c) Escenario de Transición Intensa: a los objetivos del escenario anterior se suma una reducción más fuerte de ocupaciones con alto impacto en la biodiversidad y menos necesarias socialmente, un aumento de las ocupaciones ambientales y agropecuarias, la promoción del trabajo comunitario y el reparto de los trabajos de carácter no asalariado y la adaptación de la economía española a la biocapacidad del territorio en un periodo de 30-40 años.
Una conclusión importante de este análisis es que una transición hacia una economía sostenible y respetuosa con la biodiversidad puede generar empleo de manera significativa. Sin embargo, para lograrlo, es necesario reducir la jornada laboral y repartir el trabajo. En los dos últimos escenarios, esto implicaría una disminución del tiempo de trabajo global (número de horas de trabajo) del 3,4% al 3,6%, respectivamente, pero resultaría en un aumento neto del empleo del 12,3% al 12,7%, en comparación con el escenario actual. La reducción de la jornada laboral se incorpora en estas proyecciones de transición como una política de justicia social que acompañe a la reestructuración y reducción de la economía, que son las medidas que realmente permitirán preservar la biodiversidad.
En el escenario de Transición Intensa, las ocupaciones relacionadas con la biodiversidad aumentarían notablemente, contribuyendo al 10% de las horas totales trabajadas, en comparación con el 5% en 2019. Además, las ocupaciones que benefician a la biodiversidad se multiplicarían por más de 5 en este escenario y por casi 3 en el de Transición Suave. Para que esta creación de empleo favorezca la transición debe centrarse en sectores prioritarios, como la regulación ambiental, donde se podrían crear 7.500 puestos de trabajo en el escenario de Transición Suave y 133.700 en el de Transición Intensa. Esto incluiría roles como agentes reguladores ambientales, inspectores educativos ambientales y formadores en materia ambiental. Además, se propone la creación de empleo en la prevención y extinción de incendios forestales, el sector agropecuario con enfoque agroecológico y la pesca sostenible. Dependiendo del escenario de Transición se crearían de 69.000 a 172.000 empleos en prevención de incendios, de 137.000 a 740.000 en el sector agropecuario y de 12.000 a 56.000 en la pesca, si se lleva a cabo una reconversión hacia prácticas sostenibles.
Por último, en las ocupaciones de profesionales y técnicos de las ciencias naturales o afines, se espera un crecimiento significativo, con la creación de 120.000 a 221.000 empleos en los escenarios de Transición Suave e Intensa, lo que impulsaría la investigación y la orientación hacia una producción más sostenible desde el punto de vista ambiental.
Marcos formativos y políticas para la transición hacia una economía
comprometida con la biodiversidad
Para lograr una transición efectiva hacia una economía comprometida con la biodiversidad y abordar la crisis ecosocial, es esencial realizar cambios profundos en el mercado laboral. Uno de los pilares fundamentales para lograr estos cambios es la reforma de los procesos de formación, los cuales pueden fomentar una mayor sensibilización, así como la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades necesarios en diversas profesiones. Actualmente, la adaptación de la educación formal, universitaria y la formación profesional hacia un enfoque más ecológico avanza a un ritmo lento. Este proceso no solo requiere la incorporación de conocimientos técnicos y especializados, sino también la integración de enfoques sistémicos y transversales. Esto incluye habilidades como el trabajo en equipo, liderazgo natural y metodologías participativas e inclusivas, esenciales para abordar desafíos emergentes. Además, es urgente que la protección de la biodiversidad se integre de manera central en los contenidos obligatorios de las cualificaciones profesionales.
Desde una perspectiva práctica, proponemos una combinación de intervenciones. Por un lado, intervenciones profundas en la política educativa que, aunque sean procesos lentos, son esenciales. En este sentido, la reciente aprobación del Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS), impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, puede suponer un fuerte revulsivo en el ámbito de la formación y la sensibilización ambiental. Por otro lado, se requieren acciones ágiles y estratégicas para fortalecer la formación orientada hacia la sostenibilidad en sectores económicos cruciales para la biodiversidad (agricultura, pesca, ganadería, gestión forestal, etc.).
En la actualidad, los procesos de formación más innovadores se desarrollan fuera del ámbito de la educación formal. Esto ocurre en sectores productivos como la ganadería, la agricultura o la producción forestal, donde iniciativas minoritarias, pero no marginales, se esfuerzan activamente por orientar sus actividades hacia la sostenibilidad y el respeto por la biodiversidad. Estos procesos formativos son impulsados por redes y entidades dentro de los diferentes sectores económicos . Como resultado, se han formado experiencias a nivel territorial capaces de articular programas de formación formales y reconocidos. Es imperativo que las políticas públicas respalden y financien adecuadamente todas estas experiencias, ya que representan la infraestructura de formación más eficaz y adaptada a las particularidades de la actividad económica y los territorios. Estos constituyen la base sobre la cual se pueden construir y expandir procesos formativos más ambiciosos y amplios.
Además, la formación para el empleo debe dejar de ser reactiva a los cambios en el mercado laboral y convertirse en un motor de cambio proactivo para impulsar las transformaciones necesarias para ecologizar la economía. Esto implica una estrategia dual que combina la formación dirigida a nuevos emprendimientos con la adaptación de empresas en funcionamiento hacia prácticas más sostenibles. Para lograr esto, es fundamental promover alianzas público-cooperativas entre distintas entidades (profesionales, sindicales, comunitarias e iniciativas de empresa social), que apoyen económicamente estas iniciativas a largo plazo y den visibilidad a las buenas prácticas formativas. Esto permitirá que estas experiencias se expandan y repliquen, al tiempo que transfieren conocimientos y metodologías a la educación formal.
Para alcanzar los escenarios de transición propuestos será necesario un mayor protagonismo de lógicas y prácticas de otras economías con mayor base comunitaria y que democratizan la economía, como la economía social, la economía solidaria y la economía feminista, por lo que estos conocimientos y habilidades deberían formar parte del bagaje de los organismos y personas encargadas de asesorar y acompañar en el emprendimiento. Los ámbitos más directamente relacionados con la biodiversidad, donde ya se están produciendo cambios o donde podrían implementarse con mayor facilidad, incluyen la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, educación ambiental y restauración en hostelería. En estos sectores, los esfuerzos hacia la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad deben ser una prioridad.
En conclusión, es esencial acelerar los cambios en la formación y el empleo para abordar la crisis ecosocial y proteger la biodiversidad. Esto implica una reorganización de la educación formal, el apoyo a iniciativas formativas en sectores críticos y la promoción de la sostenibilidad en emprendimientos existentes. Conocimientos y habilidades emergentes de gran importancia para abordar la actual crisis son aquellos relacionados con el desarrollo de la economía social y solidaria, la adaptación al cambio climático, la gestión de conflictos socio-ambientales y la actualización de prácticas tradicionales que pueden ser beneficiosas.
Políticas públicas para una economía respetuosa con la biodiversidad
La transformación hacia una economía respetuosa con la biodiversidad y la resolución de la crisis ecosocial requieren profundos cambios en el mercado laboral. Las políticas públicas desempeñan un papel central en este proceso, especialmente aquellas que regulan y planifican la economía y el empleo. Estas políticas deben abordar varios aspectos clave:
- Justicia social e interseccional: es crucial que las políticas sean diseñadas con una perspectiva de justicia social que considere las intersecciones entre diferentes grupos de personas y generaciones. Esto garantizará una distribución equitativa de los beneficios y cargas de la transición.
- Inclusividad territorial: las políticas deben ser inclusivas y considerar la diversidad de contextos y territorios, incluso más allá de las fronteras nacionales .
- Consideración de todas las actividades de la vida: es esencial que las políticas aborden todas las actividades que sustentan la vida y la biodiversidad, incluso aquellas que históricamente han sido invisibilizadas y no remuneradas.
El enfoque debe cambiar, en vez de considerar la biodiversidad como una fuente de oportunidades o riesgos para la economía, se tendría que considerar el sistema económico como una fuente de oportunidades o riesgos para la biodiversidad (Levrel, 2020). Para lograr esto, es fundamental:
- Enfoque en sistemas socioecológicos: se deben analizar las relaciones entre la actividad económica y la biodiversidad dentro del contexto de sistemas socioecológicos , analizando también las relaciones de las ocupaciones con la biodiversidad (Ruault et al., 2022).
- Indicadores económicos amplios: se deben utilizar indicadores económicos que vayan más allá de los valores monetarios y se alineen con paradigmas económicos como la economía ecológica, la economía feminista y la economía social y solidaria .
- Gobernanza inclusiva: la implementación de nuevas políticas requiere modelos de gobernanza inclusivos, intersectoriales e intergeneracionales.
La política presupuestaria desempeña un papel crucial en esta transición. Se requiere una mayor inversión pública en empleo relacionado con las ocupaciones respetuosas con la biodiversidad dentro del carácter autorregulatorio y formativo que se muestran en los dos escenarios de transición analizados. Así mismo, se requiere de inversión pública para financiar el apoyo técnico y económico para otras ocupaciones respetuosas con la biodiversidad (por ej.: agricultura ecológica, pesca artesanal, etc.), así como para incrementar la inversión en protección ambiental. Esto debe ir acompañado de un sistema fiscal progresivo que grave eficientemente a grandes capitales y empresas . También es necesaria en España una reforma fiscal verde justa y efectiva que debe gravar el impacto ambiental de la producción y el consumo, eliminando las subvenciones dañinas para la biodiversidad. Ambos elementos, junto con la reducción de la jornada laboral, son clave para incrementar la redistribución de la riqueza y garantizar transiciones socialmente justas donde la reducción del crecimiento económico no genere desigualdad ni desempleo.
De forma general, aquellas ocupaciones respetuosas con la biodiversidad, y que se retroalimentan positivamente con ella, han de ser fomentadas desde las administraciones públicas con medidas de apoyo para su viabilidad económica y mejora de la actividad, que se pueden combinar con medidas de fomento del consumo de su producción, por ejemplo, a través de la contratación pública que supone entre el 15-20% del PIB anual.
Las ocupaciones que impactan negativamente en la biodiversidad deben someterse a una reestructuración hacia modelos productivos menos dañinos o, en última instancia, reducirse al mínimo vital. Esto debe combinarse con esfuerzos para cambiar los patrones de consumo a través de campañas de sensibilización y comunicación.
Una parte importante de la creación de empleo en los modelos de transición analizados se da en ocupaciones que tienen lugar en el medio rural, por lo que resultan imprescindibles políticas de apoyo a la repoblación rural con medidas que garanticen servicios sociales y el acceso a la tierra y otros medios de producción para quienes quieran dedicarse al sector primario en modelos agroecológicos, con especial atención a mujeres, jóvenes y colectivos minoritarios. Además, se necesitan instrumentos jurídicos efectivos y de obligado cumplimiento para controlar los impactos sociales, económicos, laborales, ambientales y culturales de las actividades económicas en el marco estatal e internacional (Hernández Zubizarreta, 2020). Esto es crucial si tenemos en cuenta que la tendencia actual se basa en el supuesto autocontrol de las empresas a través de medidas vinculadas a la responsabilidad social corporativa y que el papel regulatorio de los Estados en cuestión ambiental ha seguido una tendencia de debilitamiento tras la crisis de 2008.
La necesidad de una profunda transformación en la economía española para preservar la biodiversidad es evidente. Si bien no será un camino sencillo, existen horizontes deseables en los que poder realizar una transición justa que permita la conservación de la biodiversidad y el bienestar humano. Esto requerirá de cambios en las ocupaciones, los marcos formativos y políticos, así como de una mirada sistémica e interseccional que incluya múltiples voces que puedan construir el camino hacia la transformación que necesitamos.
Este artículo está escrito a partir del informe “Biodiversidad, economía y empleo en España. Análisis y perspectivas de futuro” (citado en el texto), cuya autoría corresponde a Alba Gutiérrez Girón, Elisa Oteros Rozas, Isabel Álvarez Vispo, Daniel Albarracín Sánchez, Jose Luis Fdez. Casadevante, Guillermo Amo de Paz, Marina García Llorente, Violeta Hevia Martín, Irene Iniesta Arandia, Cristina Quintas Soriano, Camila Monasterio Martín, Marta Hernández Arroyo, Luis González Reyes
Referencias
Cantó, Olga (2016) “Redistribución y políticas públicas”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 20, pp. 85-111.
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España (2011) La Evaluación de los Ecosistemas de Milenio de España. Síntesis de resultados. Madrid: Fundación Biodiversidad, Ministerios de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Hernández Zubizarreta, Juan; González, Erika y Ramiro, Pedro (2020) Empresas transnacionales y derechos humanos: Situación actual de los marcos regulatorios y propuestas. Madrid: OMAL.
Levrel, Harold (2020) “D’une économie de la biodiversité à une économie de la conservation de la biodiversité”. Fondation pour la Recherche sur la biodiversité 1, pp. 1–35.
Oteros Rozas, Elisa; Gutiérrez Girón, Alba; Monasterio Martín, Camila; Hernández Arroyo, Marta; Amo de Paz, Guillermo e Iniesta Arandia, Irene (coord.) (2022) Biodiversidad, economía y empleo en España Análisis y perspectivas de futuro. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO Birdlife, WWF.
Ruault, Jean-François; Dupré la Tour, Alice; Evette, André; Allain, Sandrine y Callois, Jean-Marc (2022) “A biodiversity-employment framework to protect biodiversity”, Ecological Economics, 191, 107238.
- 1Este mismo modelo socieconómico también ha invisibilizado otros dos pilares fundamentales para la vida y la economía, como son los cuidados y los lazos comunitarios.
- 2Ejemplos de estos procesos formativos son las escuelas agroecológicas y de pastores o las aulas de señalamiento para el manejo forestal
- 33/ En España un 30% de los servicios ecosistémicos requeridos por el actual modelo económico provienen de otros países.
- 4El paradigma de sistemas socioecológicos se basa en que el sistema biofísico y el económico están unidos, son interdependientes y coevolucionan a lo largo del tiempo. Este vínculo estrecho implica que no existe ninguna actividad económica que no requiera el uso de recursos vivos y que los servicios de los ecosistemas, sostenidos por la biodiversidad, son imprescindibles para la vida humana.
- 5Ejemplos de indicadores alternativos son: el % de circularidad del metabolismo económico; el % de recursos energéticos y materiales renovables y locales; la brecha salarial entre hombres y mujeres; la brecha salarial entre trabajos necesarios para la vida y los que no lo son; el % de horas trabajadas como sociedad en la satisfacción de necesidades de manera sostenible frente a otros trabajos.
- 6La capacidad redistributiva del sistema de impuestos y prestaciones español es significativamente menor que la de los sistemas vigentes en otros países de la Unión Europea (Cantó, 2016).
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