Alternativas a la escalada de precios

La Comisión Confederal de Economía Política de Anticapitalistas ha elaborado un informe en relación a la inflación denominado "Alternativas a la escalada de precios, la devaluación salarial y las medidas del Gobierno Español". Para ver su contenido completo puede consultarse aquí

https://www.anticapitalistas.org/informes/propuestas-de-anticapitalistas-para-combatir-la-inflacion/

Destacamos aquí el último apartado de propuestas:

PROPUESTAS ANTICAPITALISTAS CONTRA LA INFLACIÓN

De manera alternativa, para el mundo del trabajo y las clases populares, hay que abordar una política económica muy distinta.

En primer lugar, el problema de ascenso de los costes energéticos pone al orden del día un cambio en el modelo productivo y energético

Se requiere una planificación democrática que ordene una transición hacia un modelo con los siguientes rasgos:

1. - Un cambio en el uso de fuentes de energía, basado principalmente en renovables que deberán ver incrementadas de inmediato las subvenciones para posibilitar su total implantación tanto en plantas como en la de generación distribuida, y el desarrollo de infraestructuras para su aprovechamiento, aplicando regulaciones e impuestos crecientes a las fósiles, en línea de hacerlas solo utilizables para usos muy selectivos, temporales e insustituibles. Todo ello deberá acompañarse de planes de ahorro y eficiencia energética de ámbito local, autonómico y estatal, tanto en la producción como en el consumo, en las empresas privadas y en las públicas y en la propia administración.

2.       Por ello estamos en contra de bajar los impuestos a los hidrocarburos y, sin embargo, sí estamos a favor de obtener los fondos necesarios de la subida de impuestos a los grandes patrimonios y perceptores de rentas altas que permitan financiar la transición energética.

-    Acabar con el sistema marginalista y oligopólico del precio de la electricidad, alineando los precios con los costes de extracción y distribución de cada energía, regulando los precios del oligopolio. Hacer público y transparente el sistema energético y la formación de costes y precios como medidas inmediatas de urgencia, si bien el objetivo estratégico es desprivatizar y socializar bajo múltiples formas de propiedad pública y social la generación de energía.

4. - Un modelo productivo sobrio y autocontenido, y de distribución socialmente generoso, que cubra las necesidades esenciales y no rebase la biocapacidad del planeta. Ello implica también un modelo de reindustrialización y de agricultura capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad de forma suficiente y ambientalmente sostenible, lo que supone un replanteamiento en profundidad de qué, cómo y para quién producir.

5.  -  Un modelo de movilidad de las personas urbano e interurbano basado en modalidades no contaminantes (peatonal, bicicleta, etc.) y colectivas menos contaminantes frente a los vehículos privados. Criterio también aplicable al transporte de mercancías. Lo que en conjunto implica el impulso del tranvía y buses en las poblaciones y del ferrocarril electrificado de cercanías, media y larga distancia y del transporte marítimo especialmente de cabotaje,  frente a la carretera y los vehículos a motor.

6-  Un esquema de desarrollo basado en vectores endógenos y menos extravertido. Esto es, una economía al servicio de las necesidades principalmente cubierto con las potencialidades productivas propias de cada territorio.

7.  -  Una tendencia a un modelo de intercambio cooperativo y complementario, si bien dando prioridad a la economía de proximidad, con un modelo abierto a territorios próximos, y reduciendo el comercio a larga distancia no esencial.

En segundo lugar, la clase trabajadora necesita un cambio de 180 grados en las políticas salariales y laborales

En concreto, abogamos por:

1.       Una política salarial que garantice, como mínimo, el poder adquisitivo, especialmente de todos los salarios por debajo de una cantidad que podríamos estimar en 2.000 euros mensuales. Acompañada de la aplicación de la escala móvil de salarios para combatir la pérdida incesante de poder adquisitivo de los ingresos por el trabajo, lo que supone que los salarios se actualicen automáticamente mensualmente con respecto a la inflación registrada.

2.       Apostar por transporte público colectivo gratuito, para garantizar que las necesidades de movilidad no mermen el sueldo de los trabajadores y también para facilitar el descenso del consumo energético. Como medida inmediata las compañías energéticas deberán proporcionar combustible gratuitamente a las compañías públicas de transporte y a precios baratos a las concesionarias de servicios locales, regionales o interregionales.

3.       Una política de estabilidad en el empleo, que permita dar seguridades y poder proyectar una vida coherente y libre, castigando la celebración de contratos temporales (mayores cotizaciones e indemnizaciones que el empleo indefinido), causalizando el despido y aplicando indemnizaciones disuasorias.

4.       La aplicación de medidas de reducción del tiempo de trabajo y el reparto de todos los trabajos, dentro de una política encaminada al pleno empleo. Por ello abogamos por la jornada laboral semanal de 30 horas.

5.       Una política social desarrollada en materia de pensiones e ingresos universales garantizados.

En tercer lugar, al servicio de los anteriores objetivos es preciso impulsar sin demora política económica e internacional diametralmente opuesta a la existente

- Una política que impulse la iniciativa e inversión pública y la cooperación con la economía social y solidaria, donde los servicios de interés general lleguen de manera universal, de manera gratuita o a precios muy asequibles como es el caso de la vivienda.

- En concreto, es estratégica la inversión y subvenciones públicas, acorde con lo anteriormente afirmado, en industrias como la ferroviaria y la naval.

- Una reforma fiscal soportada sobre las rentas de los beneficios y la gran propiedad.

- Una suspensión selectiva de las deudas que se consideren ilegítimas.

- Confrontar con cualquier salida militarista a la crisis. Ello implica a) que los Presupuestos Generales del Estado en lugar de incrementar el gasto militar –como se ha hecho- reduzcan el mismo; y b) poner coto y fin a la producción y comercialización internacional de armas, particularmente a las zonas en conflicto bélico y a los regímenes antidemocráticos. Acompañado, a su vez, de la salida de la OTAN y del cierre de las bases militares de potencias extranjeras en territorio del Estado español revocando los tratados que las amparan.