Un relato de legitimidad que ha de ponerse en
entredicho.
En las últimas décadas se nos había venido
insistiendo en que el neoliberalismo consistía en una doctrina que idolatraba
la eficiencia prácticamente automática del mercado. Se afirmaba que esta
institución de intercambio facilitaba una asignación apropiada de los recursos,
que era el canal mediante el cual era posible el crecimiento de la renta, la
creación de empleo y de la riqueza de las naciones. Durante mucho tiempo, se nos
aseguró que el capitalismo funcionaba gracias a la iniciativa innovadora y
emprendedora (Schumpeter, 1942)[1],
virtud sólo al alcance de capitanes de industria, que revigorizaba cada ciclo
de negocio con su arrojo y asunción del riesgo, por lo cual recababan un
merecido beneficio. En su defecto, la concentración de capital en grandes
colosos transnacionales acumularía economías de escala y diversidad que promoverían
el desarrollo. Primero desde focos de creación, después diseminando sus logros
a todos aquellos que tomaran las mejores prácticas de eficiencia en términos
competitivos (Rostow, 1963)[2].
No queda más que un borrón en el texto de aquellas apelaciones a la competencia
para permitir escoger a los mejores. Básicamente porque nadie se cree que la
economía capitalista funcione así, ni pueda hacerlo. Ha quedado muy lejos la
consideración de que el Estado era un monstruo que encorsetaba el margen de
maniobra y la asignación apropiada que realizan las grandes corporaciones en un
marco de economía de mercado.
En el nuevo contexto, se ha modificado,
sorprendentemente y sin que apenas nadie lo advierta, el paradigma de
legitimación del régimen socioeconómico vigente. Ahora, dicen, el pilar de la
economía radica en el sistema financiero, pilar del crédito y la liquidez, y combustible
de la posible inversión. Y el Estado ha de desempeñar un papel crucial,
empleando todo su andamiaje político e institucional[3]
para garantizar que la banca se sostenga, porque de otro modo, la economía
seguirá embarrancada.
En todo este relato encontramos numerosas
fallas. La primera de todas es que este relato no se corresponde con la
realidad. La segunda, es que, ni que decir tiene, ni siquiera su
funcionamiento, si se diera en esos términos, beneficia a la mayoría social. Todo
este andamiaje sesga la interpretación de lo que sucede para prestigiar lo
inaceptable, dándole méritos a quien expropia el esfuerzo y el saber de millones
de trabajadoras y trabajadores. Además, cabe decir, que los intereses conjuntos
de la banca y la industria cada vez se confunden más entre sí, intercambiando
consejeros en uno y otro sector, y contando con estrechos privilegios
compartidos para sostener lo que no puede llamarse de otra manera que un sistema
organizado de explotación del mundo del trabajo y de apropiación del sector
público. Sea bien para su privatización, sea para su instrumentalización y
poner en marcha políticas a su favor.
Cabe señalar, además, que, constituyendo el
sistema financiero, en efecto, un sector estratégico de la economía, en el que
el Estado ha de garantizar su funcionamiento en última instancia, resulta un
contrasentido que la banca esté en manos privadas. La banca privada siempre está
dispuesta a acaparar beneficios, sin reparos en operar arriesgadamente, porque
sabe que contará con el colchón del sector público llegado el momento,
socializando pérdidas, al erigirse en el actor fundamental que determina la
política monetaria de un país (incluso más allá que el propio banco central,
dada la capacidad real de creación de dinero mediante el mecanismo de la deuda).
Esta situación de riesgo moral ha de poner en el centro de la escena la
necesidad de una regulación del sistema financiero más intensa, y la urgencia
de que el núcleo del sistema bancario se encuentre en manos públicas bajo
criterios de gestión solvente y a favor del interés general.
La situación de
crisis persiste entre la banca española
La banca española en los últimos años ha
sufrido la mayor metamorfosis de su historia. Se erigió en el agente que facilitó
la extensión de crédito, y medió en la multiplicación de capital ficticio. Su
sobredimensionamiento y exceso de protagonismo han sido consecuencia de las
políticas (monetaria, desregulación financiera, etc..) que trataron de
contrarrestar las políticas de ajuste, de carácter recesivo, que dieron
respuesta a la crisis de los 70. En ese nuevo contexto, su peso en la economía
le hace el actor clave de la hipertrofia financiera que agravará la crisis tras
2007, añadiendo un problema de provisión de crédito y de sobreendeudamiento a
la crisis de acumulación.
En un contexto de crisis, como la que se dio
a partir de 2008, que deriva ahora en estancamiento, hemos comprobado como las
tasas de rentabilidad (ROE) del sector bancario han descendido notablemente.
Estas se encontraban en torno al 12,1% medio en el periodo 2000-2008, para a
partir de entonces declinar, con pérdidas fuertes en 2012, y luego recuperarse,
pero lejos de alcanzar los niveles iniciales de periodos previos. Esa
recuperación pronto se ve cortada y vuelve la tendencia a la reducción en 2015,
según Afi y Banco de España. El Banco de España calcula en el 5,1% el ROE de
las entidades financieras españolas en 2015. Según Goldman Sachs[4]
esta tendencia al deterioro de la rentabilidad persiste hasta este mismo año.
Fuente:
Elaboración propia a partir del Banco de España. Datos para diciembre de cada
año.
Los niveles de solvencia de la banca española
entre tanto se ven dañados (10,7% según el ratio CET 1 según Goldman Sachs), y
a pesar del fuerte desapalancamiento, aún no ha conseguido superar sus
problemas. La reactivación del negocio es débil, y el riesgo de morosidad aún
es alto (9,39%, 2016, al nivel de 2012, según Reuters[5]).
Esta estabilización paupérrima de los indicadores de resultados y de solvencia[6]
se ha abordado con un ajuste formidable del sector financiero, inimaginable
antes del periodo de crisis.
Se ha producido la mayor concentración
bancaria a la que hayamos asistido en el Estado español. Entre 2008 y 2014,
según la Afi, los cinco mayores bancos pasaron de acaparar el 42% de la cuota
de mercado a hacerlo en un 58%, un porcentaje sensiblemente superior a los
casos francés, italiano, alemán y británico. En esta operación, no puede
dejarse de recordar que la mitad del sistema financiero español, las cajas de
ahorros, prácticamente han caído en brazos del sistema privado, mediante
absorciones y compras muchas veces con la ayuda del sector público. Proceso que
fue inaugurado ya con el gobierno de Zapatero en 2011, tengámoslo en cuenta.
Se han destruido, según la Afi y BCE, entre
2008 y 2014 un 27% del empleo en el sector (se pasó de 276.000 empleados a 202.000),
un 31% de las oficinas han cerrado, y han desaparecido el 15% de las entidades
financieras. El impacto fue importante en otros países, pero España multiplica
varias veces el ajuste si lo comparamos con Alemania, Francia, Reino Unido o
Italia. El activo total del sistema financiero español, para 2014, comportaba
el 338% del PIB, por encima de Francia (337%) o Alemania (242%), y sólo
superado (con creces) por el Reino Unido (548%), un peso en la economía del
país claramente sobredimensionado.
La banca española ha sufrido un achique de su
mercado y del volumen real de su activo, en un contexto de bajos tipos de
interés, y estrecho margen financiero para este periodo, que la somete a un
dilema permanente: hay que ganarle mercado al competidor, pero no hay a quien
darle préstamos que puedan ser devueltos con seguridad. Sin embargo, sigue con
un activo sobredimensionado y niveles de solvencia frágiles a pesar de la
fuerte reestructuración.
Se nos dijo, aunque de manera elíptica, que
los rescates no costarían un euro al contribuyente y que se devolvería todo ese
dinero a la UE. Lo segundo fue cierto, pero lo primero en modo alguno. Además,
se afirmó también que eso se haría con el propósito de hacer más sostenible
financieramente la banca española. En nuestra opinión, esta operación no ha
contribuido principalmente tanto a eso, aunque sin duda mantuvo vivas numerosas
entidades condenadas a la quiebra, sino más bien a facilitar un proceso de
reordenación y concentración bancaria, en virtud del cual la inmensa mayor
parte del sector de cajas de ahorros español ha pasado a manos privadas,
mediante fuertes operaciones de saneamiento con dinero público, esto es,
subvenciones. Operación no culminada del todo aún al quedar todavía pendiente
la posible privatización de Bankia y Mare Nostrum, tras una formidable
socialización de pérdidas.
Así, entre 2008 y 2015 la banca recibió
51.303 millones de euros, dejando aparte las aportaciones al SAREB y al FROB,
de los que apenas se ha recuperado un 5% del total. Cuanto menos 38.012
millones limpiaron balances de cajas quebradas, a cargo de contribuyentes y
clientes bancarios, que se han empleado para sanear las cuentas y vender las
entidades a precios simbólicos a la gran banca privada. Gran parte de la
inyección de capital provisto por el sector público se estima irrecuperable.
Eso sin contar que está pendiente la venta de Bankia, cuyo rescate comportó
22.424 millones, de la cual se espera un deterioro de su valor muy notable.
También la creación de un banco malo, el Sareb, ha sido nefasta para el balance
de las cuentas públicas.
¿Qué podría
haberse hecho y que debería hacerse?.
Cabe decir que la banca española ha gozado
del favor político del régimen partitocrático existente, y de la complicidad
del sector industrial. Su predominio e influencia financiera sobre los partidos
del régimen ha logrado algo que ningún otro sector, salvo el energético, podría
soñar. Seguimos contando con un sector sobredimensionado, que no garantiza la
función social del crédito y cuya rentabilidad se ha obtenido a cambio de un
sostén económico público y un ajuste laboral extraordinario. El sector bancario
privado sigue disfrutando de crédito regalado por parte del BCE, de compras de
activos discrecionales, y, por si no fuera poco, ha disfrutado, de un rescate
público que hubiera podido ser utilizado para el impulso de algún tipo de
inversión pública socioecológica que, bien ideada, podría haber creado efectos
multiplicadores en la creación de empleo y en la mejora de la economía
española.
Esta operación de relegitimación del sistema
bancario privado, cuando jamás había gozado de reglas tan laxas y de un
comportamiento más ineficiente, irresponsable y especialmente injusto, resulta
completamente inaceptable. Estos movimientos no han contribuido más que a
concentrar la riqueza y el poder en menos manos. Los fabulosos rescates
realizados coincidían en el tiempo con gravísimos recortes colosales en materia
de derechos y servicios públicos cuanto menos desde 2010. Mientras, la crisis
se ha enquistado y los problemas no dejan de engordar.
Nosotros (2016)[7]
ya hemos venido planteando que este sector necesita ser reformado en términos
drásticos, orientado hacia su socialización, por su carácter estratégico y no
dejar que siga comportándose como un lastre debido a su naturaleza actual. Entre
los cambios que precisa este sector, por razones económicas, pero
fundamentalmente democráticas, se han de plantear diferentes intervenciones.
En primer lugar, urge la exigencia de
devolución de las cuantías de los rescates, sea en forma de tasa bancaria de
solidaridad como plantea Podemos, o de intervención directa en los consejos de
administración de la banca privada que se benefició (en cualquier momento del
proceso) de estas operaciones de socialización de pérdidas (singularmente, la
gran banca española). También implica necesariamente oponerse a la
reprivatización de Bankia y Mare Nostrum.
En segundo lugar, en el marco de una política
económica alternativa -lo que se traduce en cambios a escala española como de
la UE[8]-,
lo más importante pasa por la definición de un nuevo marco regulatorio para el
sector financiero, que conduzca a una reducción de su dimensionamiento a cargo
de accionariado y acreedores junior. Una regulación que conduzca a ponerle
condiciones al privilegio de la creación de dinero de la que disfruta la banca
privada, para que pueda orientarse a favor de la inversión en áreas socialmente
preferentes. Una nueva ley que conduzca el patrimonio de los bancos que no la
acaten a formar parte de un nuevo polo bancario público. Debe recordarse que
incluso entidades tan poco sospechosas como el Banco Mundial desde 2012[9]
vienen recomendando la recuperación y el papel contracíclico de la banca
pública.
Parece preciso, no obstante, ir más allá.
Dicho polo bancario público, por otro lado, ha de regirse por buenos criterios
de gestión solvente, buen servicio, cobertura de costes, garantía de provisión
de crédito en aquellas actividades consideradas preferentes para responder a la
naturaleza de la crisis. De igual modo, este polo ha de seguir una buena
gestión de sus activos, algo que tiene que tener una implicación práctica en la
gestión de inmuebles del Sareb, convirtiéndola en el principal recurso para una
potente política de vivienda con un régimen de alquiler social.
La banca pública que requerimos ha de estar
bajo control social y democrático, con un esquema de participación social que
se vacune contra los intereses creados, corporativos o clientelares de las
viejas cajas de ahorros, mediante fórmulas de control mutuo, balances
transparentes y rotación de los actores decisores.
Necesitamos, por tanto, un nuevo modelo de
banca. Fundamentalmente, un núcleo público, con segmentos de banca
especializada, que conviva con otras entidades bancarias sociales y éticas de
menor tamaño próxima a las comunidades y territorios y sus necesidades. Un
sector económica y socialmente tan estratégico de esta importancia no puede
seguir rigiéndose por el beneficio y los intereses particulares.
[1] Schumpeter, J.A. (1942) Capitalismo, socialismo y democracia.
[3] A escala europea, el
proceso impulsado denominado Unión Bancaria traslada a escala continental un
problema que, sin duda, trasciende las realidades nacionales. No nos ocupamos
de este punto aquí, al querer centrarnos en el caso español, pero sin duda hay
que tener en cuenta que la crisis financiera afecta a toda la economía
occidental, y que gran parte de las reformas de la UE se están acometiendo para
hacer frente a la crisis bancaria que recorre Europa, desde países en su
semiperiferia (Italia) hasta su centro (Alemania).
[4] Goldman
Sachs (2016) “Spain: Banks. The local picture: Key messages post 1Q16 results”.
Equity Research.
[6] De hecho, los dos
principales bancos, Banco de Santander (10,3%) y BBVA (10,5%) tienen un nivel
de solvencia inferior a la media de la banca española (10,7%) y coincide que
los bancos con algún nivel mayor de solvencia gozan de tasas de rentabilidad
menores (Popular, CaixaBank).
[7] “¿Qué podemos hacer con
los bancos?”. Toussaint et al. (2016) http://www.cadtm.org/Que-podemos-hacer-con-los-bancos
[8] No nos detenemos en este
artículo a hablar del modelo de política monetaria necesario, al exceder de los
objetivos propuestos en este artículo.
[9]
José de Luna-Martínez, Carlos Leonardo Vicente (2012). “Global Survey of
Development Banks”. Policy Research Working Paper 5969
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