Sobre la contrapropuesta programática de Podemos: notas al margen sobre los apartados económico, social y laboral.

Daniel Albarracín 16 de Febrero de 2016.

Podemos ha apostado por la formación de una “coalición y un gobierno por el cambio”. Habiendo decidido está táctica en aras de formar parte de un gobierno es consecuente desarrollar propuestas a iniciativa propia para tener fundamento y bases sólidas en una negociación. Ir hasta el final, con una propuesta bien construida, es la manera de ser creíble ante la ciudadanía como fuerza de gobierno, y deja en una situación difícil de nuevo al PSOE que, si no cuenta con esta propuesta, deberá explicar muy bien por qué no alcanza un pacto y por qué rechaza numerosos contenidos ampliamente demandados por la mayoría social.

La contestación de rechazo del PSOE refiere al único punto que le pueda dar rédito electoral fuera de Cataluña, Euskadi o Galicia: el capítulo del referéndum sobre la autodeterminación. Sin duda alguna, sigue siendo un acierto seguir apostando por este derecho democrático. Pero no cabe duda alguna de que el PSOE al fijar la atención sólo en este punto oculta los muchos desacuerdos que guarda con el resto del contenido.

Las siguientes notas van a referir a la versión de “contrapropuesta programática” que ha puesto Podemos el pasado lunes 15 de Febrero sobre la mesa, tras la propuesta conocida del PSOE.  Nos centraremos principalmente en sus capítulos económico, social y laboral.

Contenidos más positivos de la contrapropuesta.

Cabe comenzar diciendo que este documento representa una propuesta consolidada y mucho mejor armada en su composición que el propio programa de Podemos para el 20D. Está mejor desarrollada y mejor organizada, más clara. Comencemos por las partes más sólidas y progresivas de la propuesta de gobierno para hacer coalición. 

Los puntos más sobresalientes y positivos del programa son los siguientes, desde el punto de los intereses de las clases populares:

·         Un vector propositivo de desarrollo que consiste en la inversión, fundamentalmente socioecológica, creadora de “buen empleo”. Deja claro que aparte de una política de gasto es la inversión pública, principalmente, la que permitiría contrarrestar la crisis económica.

·         Un marco propositivo de reforma del marco laboral, favorable al mundo del trabajo, comenzando por la derogación de las dos últimas reformas del PP y PSOE y con un nuevo Estatuto de los Trabajadores que ofrece numerosas garantías ante el desempleo y contra la precariedad, así como de la negociación colectiva. De hecho, es una propuesta que mejora sustancialmente y concreta más que la primera propuesta que hizo Podemos ante las pasadas elecciones. Destacaría la regulación de los grupos de empresas como  unidad de negociación, la recuperación de la ultraactitividad, el refuerzo de la representación de los trabajadores para evitar la fragmentación y consolidarla en el marco del grupo empresarial o el proceso de trabajo; la primacía de la negociación sectorial sobre la de empresa; un régimen de contratación que reduciría la temporalidad (un máximo de un año) y que daría garantías al empleo a tiempo parcial (causalidad, jornada mínima de un 50%, etc...); se equipararía el falso autónomo al trabajador asalariado; o se reforzarían las garantías del derecho a huelga; y se mejoraría el SMI hasta 950 euros mes.

·         Un programa de transición energética definido con reformas encaminadas a cambiar el modelo productivo. Sin duda alguna, este capítulo, frente a la vaguedad del proyecto del PSOE está detallado y contiene buena música y buena letra. Además ya cobra forma articulada con el resto del documento.

·         Una serie de programas sociales que implicarían la reversión de los recortes, la recuperación de los servicios públicos fundamentales de carácter universal y algunas mejoras con un programa de protección social y de rentas de ciudadanía.

Elementos moderados pero bien encaminados

La reforma fiscal que plantea Podemos está bien concebida, y cuadran las cuentas en términos temporales y de coherencia con los apartados presupuestarios que trata de sostener, con una fundamentación de economía política. Es una propuesta bien diseñada que soporta el esfuerzo fiscal en las rentas altas y del capital, del patrimonio, y que propone una reducción del IVA en bienes básicos para los consumidores, y que por tanto encierra una solución progresiva del marco fiscal con mayor capacidad recaudatoria, más aún al dotar de recursos a la inspección fiscal y que contempla medidas contra la evasión y los paraísos fiscales. Pero es una propuesta tímida al insistir en un aumento de apenas del 3% del PIB de los ingresos públicos, aunque parece razonable para una legislatura y en el marco de la correlación de fuerzas actual y que, marcando una orientación positiva, puede entenderse como válida como un paso en la buena dirección y que permitiría recuperar servicios públicos a niveles anteriores a 2010.

Aspectos problemáticos.

La primera consideración es el exceso de optimismo en la previsión de crecimiento, parece que bajo el contagio de ciertas asunciones que parecen ser endebles. El crecimiento de la economía española está siendo alto para lo que es el contexto europeo. Pero las bases sobre la que se construye son débiles. Es posible que la propia política económica que el programa plantee permita prolongar el corto ciclo de auge que se prevé y contribuya positivamente al desarrollo económico del Estado español. Pero hay indicios serios para pensar que ese ciclo será débil y de corto recorrido en lo que concierne a los factores externos. La situación de deflación, una recuperación de la inversión basada en un ciclo de atracción de capitales favorecida por la política monetaria del BCE (que durará hasta 2017) y que se soporta en sectores clásicos con un corte rentista (inmobiliaria) o saturados (turismo), el estancamiento europeo, la crisis de los emergentes, son factores adversos que cabría contemplar.

El segundo elemento que se plantea es que se acepta el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, si bien se propone su flexibilización y su cumplimiento en un plazo más largo. La exigencia de Bruselas de recortes por un montante que puede ascender a unos 11.000 millones de euros sería el primer escollo a superar. Las élites europeas sólo toleran flexibilidad para gobiernos conservadores afines. Un gobierno en estas condiciones estaría liderado por el PSOE, que es devoto del Pacto Fiscal con apenas retoques. Sólo en esas condiciones se entiende una propuesta así, más aún cuando sería una propuesta de negociación de difícil aceptación por Bruselas. De lo que se trataría, por el contrario, es cuestionar los contenidos de la gobernanza económica exigida por la UE, que aunque se plantea en el discurso del documento no se materializa en una propuesta alternativa de coordinación macroeconómica para la UE. La pregunta que cabe plantearse es, ¿qué se hará si no se acepta esta flexibilización?. ¿Se acatará y se asumirán los recortes consiguientes?. ¿Se desobedecerá y se asumirá la sanción de un 0,2% del PIB, más de 20.000 millones de euros?. ¿Se distanciará de la UE sin cumplir sus preceptos?. ¿O qué?.

Otro punto moderado es el abordaje de la cuestión de la deuda, que sigue consistiendo en la reclamación mediante un impuesto de solidaridad a la banca de la devolución de los 60.000 millones que costó su rescate. Siendo una medida justa, es insuficiente y, si lo que se busca es no enfadar a la banca, no lo va a conseguir, porque la banca no aceptará ceder nada, y sólo cabe plantear medidas de intervención política que, si nos atenemos a la responsabilidad de la banca en la crisis, deja como sumamente floja la respuesta política que se le da. Ahora bien, entendemos que como punto de partida para una negociación de entrada en un gobierno como un socio menor se comience por aquí.

Podría plantearse como solución alternativa la conversión de las ayudas públicas en acciones de oro (participaciones públicas) de tal manera que una banca pública pudiera entrar en el accionariado de la banca privada con fuerza en su dirección.

Pero cabe mencionar que la reestructuración de la deuda, que debiera comenzar por una auditoría para determinar qué parte de impaga, a quién, de qué modo, y qué otra parte se posterga en su pago, o se modera en su montante y tipos de interés, es un capítulo fundamental que, aunque quizá no urge económicamente en un primer momento (aunque sí políticamente debiera ser de lo primero en acometer) es, posiblemente, el vacío más fuerte de esta contrapropuesta. Aunque, igualmente, es comprensible su ausencia en el marco de una negociación en la que se acepta ser un socio menor en un gobierno del PSOE…

Por referirnos a las rentas de ciudadanía, estas se plantean como un complemento de ingresos para salir del umbral de la pobreza, o un complemento de ingresos laborales para aquellos que obtienen un bajo salario (pero al menos 250 euros). La solución es ingeniosa, pero se corre el riesgo en el complemento salarial de que, si no se evita nuevas devaluaciones salariales, al final el Estado corra con los gastos y abarate los costes laborales al empresariado. Habrá que tapar los coladeros que con esta propuesta puedan producirse.

Asuntos pendientes o ausentes.

Hay varios capítulos sin tratar, o sin tratar con suficiencia, en la contrapropuesta programática de Podemos.

Comencemos por la Reforma del marco financiero. El sistema financiero español ha sufrido una transformación inédita en los últimos años tras una crisis bancaria provocada por la flexibilidad de su regulación y por las propias prácticas bancarias en relación a su negocio. El marco de política monetaria del BCE en el ámbito de la moneda única condujo a un proceso de facilidades de financiación sorprendentes, que jamás tuvieron cauce razonable ni por parte de los poderes públicos (regulando los productos bancarios a través de sus tipos de interés o condiciones de concesión, por ejemplo) ni mucho menos por la banca privada. La reforma del marco financiero es clave para asegurar los derechos de los depositantes, atribuir las correctas responsabilidades a acreedores y accionariado, y marcar líneas para encauzar la creación de dinero bancario a través de la deuda. Asimismo habría que hacer balance, debiera emprenderse una evaluación del proceso de concentración bancario sucedido así como de la ventajosa adquisición de las cajas por el sector bancario. Sin duda alguna, esa reforma financiera a la que aludimos debiera incluir pautas hacia donde debiera encaminarse el sector bancario de cara a cumplir su función social del crédito. Dibujar límites al tamaño de las compañías bancarias, regular el sistema de grupo de empresas financieras complejas atribuyendo a la compañía principal la responsabilidad apropiada, o exigir la división de las entidades comerciales de las de inversión también es un capítulo a recordar. También cabría incluir condiciones al funcionamiento bancario, como el establecimiento de coeficientes de reserva más elevados, la limitación de comisiones bancarias, la regulación de los tipos y productos bancarios, o la exigencia de un ratio de compra de deuda pública en determinados casos con parte de los beneficios bancarios o, en su defecto, un impuesto bancario sobre los beneficios para crear un fondo –orientado bajo gestión pública- para emplearlo en casos de crisis bancarias que puedan generar problemas sociales.

En el capítulo de la creación de una banca pública se plantea una propuesta racional como es la de evitar la reprivatización de Bankia o Mare Nostrum, creando así una banca pública. Pero en nuestra opinión sería ajustado plantear que aquella banca que no respondiese a los parámetros de una nueva reforma regulatoria debiera ser intervenida. Una intervención que pudiera dejar bajo control público activos hasta ahora en manos de la banca privada, bien entrando con fuerza en los consejos de administración, como, en su caso, con expropiaciones que dieran paso a engrosar con más activos una banca pública robusta y capaz de operar en aras de interés social y productivo.

Se echa en falta una política respecto a la Unión Europea, que ante la tesitura de su comportamiento adverso no hay previsto planes de emergencia, tanto para hacer frente al perjudicial modelo de la UE, como ante su presumible reacción ante la necesaria acción política de hacer lo legítimo, aun cuando eso no coincida con la legalidad de la UE. Más aún cuando el problema es estructural, dada la arquitectura de la UE y de sus políticas en el marco del Sistema Euro. El incumplimiento de las reglas de la UE, recordemos, pueden suponer desde sanciones, interrupción de programas europeos en el país o, en el marco financiero, el cortocircuito de los mercados de cara a proveer financiación, o simplemente la expulsión de la eurozona. Para todo esto quedan más preguntas que respuestas. Y convendría tener ideado un plan de actuación en tal caso, lo que algunos han llamado un Plan B.

Conclusiones

Las élites económicas se encuentran en una tesitura en la que difícilmente pueden recurrir al PP como partido de gobierno ante el estallido judicial de la corrupción en su seno, un escándalo que llega a los tribunales y que posiblemente marca un antes y un después. Un después que puede inaugurar la perspectiva de la formación de una nueva fuerza de la derecha en los próximos tiempos. Las élites probablemente juegan a favor en este momento de la formación de un gobierno PSOE-Ciudadanos, con apoyos de investidura periféricos y con la abstención del PP, pero no lo sabremos hasta que se resuelva la intriga. Todo ello tras el acoso necesario, el aislamiento de Podemos en el proceso de investidura, con el objeto de no dejarle argumentos para que al menos se abstenga.

Las élites económicas, desde las europeas hasta las ibéricas, no pueden aceptar un programa económico y laboral como el que propone Podemos, en tanto que exige un incremento fiscal y de gasto, con un alto contenido social, de mejoras en la regulación laboral y claramente comprometido con la reconversión ecológica del proceso productivo.

En definitiva, consideramos que esta contrapropuesta está caracterizada por cuatro características. Primero, está fundamentada, es propia de un documento para gobernar; pero que con el compañero de viaje que se postula se aplicará mal. Segunda, está marcada por la gradualidad, con la virtud de prever un marco temporal de aplicación, pero también olvida que vivimos momentos de cambio cualitativo y que el gradualismo sólo da al adversario tiempo para reaccionar en nuestra contra. Este programa no lo aceptarán las clases dirigentes ni el PSOE, tampoco afronta numerosos retos como son la envergadura y complejidad de la crisis económica internacional, menos aún del modelo socioeconómico que la sustenta. Ni prevé respuestas ante la segura reacción de las clases dirigentes a escala nacional y europea. Es también un programa moderado, pero camina en una dirección interesante. Es un buen punto de partida para seguir discutiendo y un buen documento para dejar sin argumentos a las élites, que seguirán perdiendo cualquier rastro de legitimidad. Y eso es bueno.