Daniel Albarracín y Sergi Cutillas
Miembros de la Truth Committee Greek Debt.
12 de Mayo de 2015
http://www.eldiario.es/zonacritica/juego-auditamos-deuda-griega_6_387821269.html
En los pasados días 4 al 7 de Mayo el equipo auditor
en el Parlamento Heleno, bajo la coordinación de Eric Toussaint,
compartieron sus principales hallazgos. La auditoría
culminará en un informe, con una Conferencia de Prensa Internacional el
próximo 18 de Junio en Atenas, a la que le han mostrado su apoyo más de
300 personalidades mundiales.
La economía griega está sacudida por los efectos demoledores cuya
profundidad obedece a dos acuerdos de entendimiento, fraguados en 2010 y
2012, que han ahogado -25% de caída del PIB en los años de crisis, un
26% de paro, 35,7% de la población en riesgo de pobreza- , en un castigo
impropio de un entorno democrático, a la población griega. Han impuesto
unas condicionalidades que, sosteniendo artificialmente el
funcionamiento de la banca griega, han extendido políticas de
austeridad, privatización y deterioro de los servicios públicos y las
relaciones laborales, hasta el punto de dañar gravemente los derechos
humanos en Grecia y deprimir la economía griega que, a pesar de la
reestructuración, ha desplomado sus ingresos y aumentado su déficit, y,
por tanto, la deuda pública ha crecido hasta el 181% del PIB.
Anteriormente los principales acreedores de Grecia
fueron privados. Pero eso cambió, tras 2012, coincidiendo con el segundo
programa de ajuste y el rescate que se produjo entonces. Los bonos
antiguos fueron canjeados por nuevos, y hasta un 80% está en manos de
instituciones públicas europeas o el FMI. La estructura de la deuda
griega fue reconvertida y pasó a manos de agentes públicos a escala
internacional (préstamos bilaterales de otros Estados Miembros, del FMI,
del BCE y el siniestro EFSF –FEEF con sus siglas en castellano-).
Su propósito era rescatar a la banca privada centroeuropea, dejando
expuestos a varios Estados miembros o al BCE que harían de colchón ante
un probable impago, dejando sin riesgo a los inversores privados que
siguen comprando, en condiciones altamente garantizadas, los bonos
emitidos por las entidades públicas. Hay indicios de un procedimiento
ilegítimo, que conduce a una amplia operación paneuropea de
socialización de pérdidas con el conocimiento de las autoridades
públicas firmantes –muy atentas a los requerimientos del mundo de las
finanzas privadas-, que pretenden presentar un conflicto entre pueblos
para no asumir su responsabilidad. El pagadero será el contribuyente que
no puede escaparse a paraísos fiscales, evadir impuestos o tener un
trato fiscal favorable.
El FMI, en el paso del primer
al segundo programa de rescate, continuó facilitando créditos aun
cuando sabía que el estado de la deuda era insostenible. En este periodo
se ha generado una prisión de deuda, tal y como ha venido señalando
Philippe Legrain recientemente.
Si se han producido
discrepancias en la negociación entre el BCE y el FMI -acreedor senior
(prioritario), que le asegura ser el primero en cobrar-, es fruto de una
carrera para, en caso de quiebra, no ser el primero en padecer el
impago de un gobierno que hasta ahora ha cumplido en todos sus pagos. El
pragmático FMI estaría dispuesto a una reestructuración tutelada que,
manteniendo el principal, dilate los plazos y alivie los intereses. Lo
que haría permanecer la deuda, sostendría un hilo de reembolsos,
mantendría la dependencia económica duradera de Grecia, se seguiría
imponiendo una política de austeridad y conseguiría un acuerdo que, en
caso de default, dañaría antes a otros acreedores. La intransigencia del
BCE que, en cambio, está dispuesto sólo a un acuerdo de mínimos en
tanto que Syriza haga papel mojado sus líneas rojas, responde a que
determinados políticos no quieren perder votos en sus países. Su único
objetivo es derrocar financiera y políticamente a Syriza del gobierno y
lanzar un mensaje a navegantes de que “no hay alternativa”. Pero la hay.
Con los préstamos bilaterales, de otros Estados Miembros a Grecia,
comprobamos indicios de ilegalidad e irregularidad. Se contraviene el
principio de que un país pueda recibir un rescate de otro país,
afectando al art. 125 Sect 1 TFEU (Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea), enmendado en 2012.
Sin embargo, la
operativa más siniestra es la configurada con el fondo EFSF (Fondo
Europeo de Estabilidad Financiera, FEEF en español), creado por 17
Estados Miembros, para facilitar financiación en especie a Grecia. Rompe
con el mencionado art. 125 y transgrede otros, creando un fondo para
rescates soberanos justificándolo como situación excepcional similar a
una catástrofe natural (art. 122 Secc. 2 TFUE), cuando en realidad
Grecia ha incumplido sistemáticamente el pacto de estabilidad y
crecimiento, como han hecho y hacen 24 de los 28 países de la UE; o el
art 136, que impediría incrementar las competencias de la Unión. También
opera imponiendo una legislación europea, como puede ser el Pacto de
Estabilidad o el Pacto fiscal sin respetarla él mismo. Es más, el
Acuerdo Marco del EFSF de 2010 afirma (Parte 6: Claims under a
Guarantee. Punto 6. Página 20) que los Estados Miembros deberán aportar
las garantías si el fondo las reclama sin tener en cuenta si los
préstamos otorgados son legales, admitiendo que incluye en su operativa
procedimientos ilegales. Los dirigentes del EFSF además gozan de
prácticamente de inmunidad, bajo cláusulas de secreto, y no pueden ser
encausados judicialmente.
Este fondo, que tiene su
sucesor en el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) se ha creado como
sociedad anónima privada con sede en Luxemburgo y bajo ley británica,
saltándose así los Tratados de la UE. Con un plazo de amortización hasta
2054 exige, a partir de 2023, alrededor de un 2% de tipo de interés –si
bien su valor preciso no se ha publicado-. Los Estados socios aportan
hasta un 165% en garantías, para que los inversores privados se animen a
adquirir sus bonos, para prestar a Grecia. Sin aportar capital,
consigue financiación en los mercados a un tipo en torno al 1%.
El EFSF fue puesto en pie sin consulta democrática por lo que nace con
naturaleza odiosa al margen de la ley y la regulación financiera
europeas. Su objetivo era evitar, de nuevo, pérdidas a los inversores
privados y socializar pérdidas, y poder prestar a un Estado
directamente. Eso sí, en condiciones elegidas por los países
accionistas, con prácticas propias de un hedge fund. Las
condicionalidades se imponen en condiciones de chantaje y falta de
consentimiento.
La provisión de estos préstamos se
realiza en un contexto de coerción e injerencia. Los nuevos desembolsos
se interrumpirán si no se cumplen las condicionalidades, y estas últimas
se han modificado hasta cuatro veces. Un hecho equivalente a la
inseguridad jurídica aplicable al ámbito público.
2015 es el año en el que Grecia queda al margen del acceso a diferentes
líneas de préstamos, únicamente el ELA provee liquidez para el
funcionamiento bancario, en condiciones desfavorables y plazos exigentes
de devolución. La línea abierta de liquidez masiva, Quantitative
Easing, no está al alcance de Grecia, lo que puede interpretarse como un
ejercicio de discriminación y ruptura de la neutralidad e independencia
del BCE (art. 130 TFUE) que adopta una posición política, tomando
órdenes de algunos Estados, sesgada a favor de las finanzas privadas
centroeuropeas. El BCE en cualquier momento puede paralizar la provisión
de liquidez si no se cumplen sus condiciones y las negociaciones
actuales no se hacen bajo un marco neutral ni con una moratoria que
evite ventajas al lado acreedor, una práctica contraria a las
recomendaciones de la ONU.
En suma, el Estado griego
ha de hacer frente a una vieja deuda a corto plazo, que le asfixia, y de
cuyo pago depende para obtener otros desembolsos a largo plazo. Las
instituciones europeas persiguen debilitar al Estado griego para que se
doblegue en sus líneas rojas.
Hay muchas cosas en
juego cuando Grecia decide auditar la naturaleza y sostenibilidad de su
deuda para calificarla, en la perspectiva de que será finalmente
impagable. Para Grecia se decide su propia condición de existencia
soberana y la pervivencia de los derechos humanos en el país. Para las
oligarquías financieras se experimenta aquí, con la lección de Grecia
para el conjunto de Europa, su proyecto autoritario. Para la economía
europea, un 2% de impacto en su PIB si hay impago y un probable contagio
financiero de carácter sistémico. Para la eurozona, su ser o no ser a
medio plazo, al quedar el euro seriamente herido si se expulsa a Grecia y
se admite que no se salvará a ningún país en situación comparable.
Finalmente, la población europea, engañada por sus gobernantes y el uso
impropio, ilegítimo, odioso e ilegal, del BCE, del EFSF y de los
préstamos bilaterales empleados a favor del privilegio particular y para
la socialización de pérdidas, se enfrenta ante un dilema: o acusar a
los griegos por no devolver la deuda, o exigir a las instituciones
europeas que encausen a los responsables –oligarquías financieras,
gestores de instituciones europeas, oligarquías griegas-, exigiendo a
los viejos acreedores que asuman sus pérdidas y restituyan lo recibido
en condiciones inaceptables.
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