UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA CRISIS ECOLÓGICA, ECONÓMICA Y SOCIAL

Julio de 2014.Daniel Albarracín

Este documento persigue brindar una caracterización introductoria de la situación en la que nos desenvolvemos y a transformar. Las dimensiones de lo real están articuladas en lo concreto y la propuesta de diagnóstico y pronóstico trata de dar cuenta de la interpretación sobre los conflictos que atraviesan a las sociedades humanas y su relación con los problemas  ambientales, sociopolíticos y económicos que consideramos más relevantes.

 

El sistema económico forma parte de un modelo socioinstitucional, histórico y político determinado. La vida en general y la sociedad formamos parte del planeta, con los límites, condiciones y curso ecológico que les hace posible.

Debemos comenzar señalando que el curso ecológico de nuestro planeta está sometido a una alteración que pone en tela de juicio de sostenibilidad de la vida en los próximos tiempos, en una época que compromete no sólo a las próximas generaciones sino también a la ahora existente. Y, la razón principal de esta gravísima alteración, que da pie a la mayor de las extinciones de especies en la historia del planeta y a una degradación profundísima de las condiciones y territorios habitables para la especie humana, no responde tanto, como en otros periodos, a causas estrictamente naturales, sino más bien al modelo socioeconómico que orienta las bases productivas de nuestra economía y nuestra actividad industrial.

La acumulación productiva y el objetivo del lucro como lógicas sistémicas abocan a una depredación del medio, y no sólo a la rivalidad entre pueblos o la explotación de una clase social sobre otra. Las instituciones estatales, supranacionales y las grandes corporaciones transnacionales aplican esta práctica hasta donde les es posible, mediante ejercicios de regulación flexible (en el campo mercantil, societario, fiscal, penal, etc…), mediante la institucionalización de todos los amparos a la propiedad privada de los medios productivos y la libertad del movimiento de capitales, y mediante el desarrollo de modelos de competitividad mercantil y explotación laboral, cuyos límites se interponen gracias a la resistencia popular, sindical y política de los y las de abajo. Las consecuencias más devastadoras de este modelo refieren a un modelo de crecimiento, altamente consumidor de materias primas y energías, altamente emisor de gases de efecto invernadero y dependiente de las energías fósiles y otras materias primas elementales (agua, tierra, alimentos, etc…), y altamente generador de contaminación tóxica y una huella ecológica que hacen del planeta algo semejante a un vertedero.

Los grandes retos ecohumanos, a este respecto, son, en primer lugar:

a)      El caos climático, producido por una superación de la carga del planeta en materia de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, cuyas consecuencias en el calentamiento global nos enfrentan a plazos exiguos (a lo más cinco años) para emprender medidas planetarias de transición energética hacia un sistema basado en energías renovables, electrificación del modelo productivo y de transporte, extracción productiva de baja emisión en carbono, máxima ecoeficiencia y reducido recurso a materias primas y energía.

b)      Un proceso de finalización del acceso razonable y barato a energías fósiles, por lo demás, las principales causantes de la emisión de gases de efecto invernadero. El Peak oil ya se ha producido, y aunque nuevas formas agresivas de extracción (fractura hidráulica, nuevos yacimientos en el Ártico, etc…) pueden retrasarlo, o realizarse sustituciones internas entre diferentes fuentes (gas natural) con mayores reservas, sin duda alguna es una de las razones de los grandes conflictos militares y fronterizos de esta época. Urge sustituir estas fuentes, sin caer en el abismo civilizatorio de las peligrosas centrales nucleares.

c)      El agotamiento de tierras fértiles, materias primas de uso industrial y zonas irrigadas con agua potable de calidad. El calentamiento, la erosión y la desertificación están reduciendo las aguas dulces en La Tierra, y explican en gran medida los conflictos en numerosas zonas del planeta. Las corporaciones privadas globales se apropian de las materias primas esenciales, entre las que destaca las bases de la industria alimentaria mundial. Las grandes potencias están emprendiendo una adquisición a gran escala de zonas ricas en materias primas, tierras fértiles y zonas abastecidas de agua (para riegos y uso humano) cuya escasez está agudizándose cada vez más, más aún con las prácticas de privatización en la propiedad y gestión de estos bienes comunes, socavando principios clave como los de la soberanía alimentaria.

Los desafíos para enfrentar estas cuestiones insoslayables comprometen a un cambio de modelo productivo, de modelo energético, del sistema sociotécnico y al propio modelo socioeconómico y político que toma decisiones y conduce los anteriores.

Pero, antes de entrar en estas materias, que caracterizarían el modelo en vigor y las políticas que lo dirigen, la cuestión social es el otro gran reto a enfrentar políticamente, y su deterioro es otra de sus consecuencias, precisamente un plano más inmediato para la percepción de la población. También en este caso el modelo socioeconómico y político, en el que las grandes corporaciones financieras e industriales y determinados modelos de Estado son los principales responsables, determinan las causas de la crisis económica, el conjunto de desigualdades sociales, la extensión de un modelo laboral que ocasiona mayor vulnerabilidad y peores condiciones y autogobierno de la propia vida, un retroceso inaudito en la provisión de servicios públicos, la garantía de prestaciones y derechos sociales y de ciudadanía, el desplazamiento de las herramientas sindicales de negociación colectiva, la pulverización de la democracia, la ampliación de la pobreza y los desahucios y unas tasas de paro desconocidas desde la Gran Depresión. Nuevos fenómenos se amplifican hasta niveles insoportables, tales y como son el paro de larga duración, las dificultades de emancipación juvenil, el éxodo económico o inclusive la “pobreza y precariedad laboral” (inestabilidad, empleos a tiempo parcial, bajos salarios, etc…), trampa de la que es cada vez es más difícil salir para cada vez mayor parte de las clases trabajadoras, a lo que se añade una pérdida de la escasa autonomía económica lograda por parte de las mujeres, que suelen padecer menores oportunidades laborales, menores posibilidades de promoción, ocupaciones restringidas, una fuerte brecha salarial, mientras que se sigue cargando la principal carga del trabajo de crianza y doméstico sobre ellas.

Estas nefastas consecuencias refieren a un origen: el sistema económico vigente y las políticas que lo dirigen, en general, al servicio de los privilegios de una minoría social.

El gobierno de nuestra sociedad se concentra en una casta de burócratas políticos al servicio de las grandes corporaciones privadas, para las cuales el aparato del Estado es una herramienta de regulación flexible para consolidar los mercados, facilitar las inversiones rentables a bajo coste fiscal y laboral y para garantizar que el sistema financiero y la gran industria pueda recabar apoyos y rescates ante eventuales crisis de envergadura.

El modelo que siguen, una vez garantizada las bases institucionales de la dominación política y de las relaciones de poder en las esferas estatal, laboral y cultural, está fundado en lógica de la ganancia. Las decisiones de inversión se toman en función de las expectativas y evolución de la tasa de rentabilidad efectiva, en la que los excedentes obtenidos se le detraen el reparto de dividendos y la carga financiera (de la que se apropian accionariado, acreedores y rentistas, como agentes capitalistas principales).

En la fase del ciclo actual, tras la crisis de rentabilidad de los 70, hay contradicciones añadidas, fruto de las políticas de reestructuración y ajuste a cuyos efectos recesivos se buscó compensar mediante la desregulación financiera, desarrollo de políticas monetarias expansivas –especialmente favorables al sistema bancario- en términos de comparación histórica, facilidad y abaratamiento crediticio –hasta 2007-, en suma, la financiarización. A partir de 2007 la combinación de un deterioro de la tasa de rentabilidad y un ascenso de las cargas financieras constriñó los fundamentales de la acumulación capitalista y, con ellos, se abrió una larga etapa de oscilación entre la recesión y el estancamiento. La crisis financiera y la crisis bancaria eran inevitables al finalizar las burbujas sectoriales e inaugurarse la destrucción de capital ficticio que se ha dado en los últimos 6 años. La inestabilidad financiera, fruto de una hipertrofia financiera exuberante y la crisis de los fundamentales (inversión, crecimiento, empleo, salarios, etc…) nos plantean un pronóstico desesperanzador.

En toda esta situación, los principales actores aventajados han sido las grandes corporaciones transnacionales privadas, con alto poder de mercado e influencia política. Las estrategias de oligopolización, en forma de empresa-red transnacional, de rescate estatal y de ajuste de empleo y salarial han compensado en parte la reducción media de la tasa de ganancia efectiva, originando una fortísima destrucción del pequeño empresariado (o reconvirtiéndolo hacia figuras dependientes: autónomos, franquiciados, subcontratas, etc…) y ocasionando un desempleo brutal. En términos de algunos economistas críticos, podríamos estar atravesando una fase de decadencia, cuanto menos en Europa –extensible en diversos grados a la tríada que suma a Japón y EEUU-, de la onda larga de acumulación en vigor, en un capitalismo global donde emergen nuevas potencias económicas.  Las grandes corporaciones exploran su transnacionalización, relocalizando las industrias manufactureras, reservándose los procesos tecnológicos  y comerciales estratégicos.

En el marco de la Unión Europea nos encontramos con un marco institucional, económico y monetario propicio para el capital transnacional europeo, y pronto, si se llega aplicar el Tratado de Libre Comercio con EEUU, para el estadounidense. El Sistema Euro es la arquitectura que determina la marcha de Europa, y que la constituye como un área favorable al capital transnacional. El Sistema Euro equivale a un entramado institucional, construido de manera asimétrica por acuerdos intergubernamentales, en la que se articula una política económica basada en el ajuste permanente (desde el Tratado de Maastricht, pasando por el Tratado de Lisboa, llegando al Pacto Fiscal), un presupuesto público irrisorio (centrado sobre todo en política agrícola), y la instauración de una moneda única, sin armonización fiscal ni laboral, que, con el concurso del Banco Central Europeo (pautado hacia el control de la inflación, la prohibición de ser prestamista de última instancia a los Estados, y una política monetaria basada en la flexibilidad cuantitativa al servicio de la confianza en los mercados interbancarios, pero no de la función social del crédito), en el marco de la libertad del movimiento de capitales y de mercancías. El Sistema Euro, podemos resumir así, es el esquema institucional concreto con el que ha cobrado cuerpo la financiarización y la austeridad en el continente.

Se trata, el de la UE, de un modelo que implica exigencias permanentes de devaluación fiscal y salarial, garantías y rescates para el sistema bancario privado, en detrimento de las condiciones y servicios públicos para las poblaciones europeas. Se trata de un sistema que propicia que aquellos países con peor inserción en la división europea del trabajo y con una niveles de productividad más bajos, acumulen permanentemente déficits en la balanza de pagos, base que empuja a un mayor endeudamiento con las economías con mejor situación en estos capítulos. Esto implica una concentración de capitales en los países centroeuropeos, sobre todo en este periodo de gran recesión. La ausencia de mecanismos de corrección y compensación aboca a un crecimiento de los niveles de endeudamiento en la periferia europea, que comenzando con la relajación sobre las pautas de regulación de la deuda privada, ha finalizado por cargarse sobre la espalda del erario público.  Cuando se supera el 450% del PIB en el acumulado de todas las deudas en Estado español, la deuda se hace completamente impagable y hace insostenibles políticas básicas atribuibles a la Administración Pública.

Esta deuda no sólo comporta un lastre monumental para nuestra economía. La carga de la deuda soberana –síntoma y no causa de la crisis- es fruto de una política de los últimos gobiernos de socialización de las deudas privadas y su correspondiente conversión en deudas públicas, empleando la desfiscalización permanente y la desviación de los presupuestos públicos a rescates bancarios, subvenciones al capital y gastos fruto del ascenso del paro (prestaciones de desempleo).

Los corsés constitucionales (art. 135) y los compromisos hipócritas de control del déficit (que se centran en recortes en servicios públicos y derechos sociales, pera los que se acompañan rescates generosos con los rescates y la desfiscalización al capital privado) han propiciado que hayamos pasado del 37% del PIB en 2007 en deuda soberana hasta alcanzar el 100% en 2014.

Se han aplicado sin piedad políticas públicas de austeridad y recortes, que profundizan la recesión en la que está inmerso el capital privado, pautado por una desinversión rentable de carácter selectivo, o por la relocalización directa de capitales y unidades productivas, sino también fugas directamente de capitales.

Para propiciar una restauración de las tasas de beneficio se ha aplicado medicina de caballo en materia de empleo, aplicando dos reformas laborales, la de 2010 y sobre todo la de 2012, que alteran la naturaleza de las relaciones laborales en el caso español. Se pulveriza la cobertura de la negociación colectiva, la primacía de los acuerdos se dará en las empresas y no en los sectores, los convenios decaen al año si no se renueven rompiéndose con el principio de ultraactividad, y se abarata y facilitan las causas del despido de manera drástica, generalizando la inestabilidad en el empleo, ampliando el empleo (y desempleo) a tiempo parcial con bajos ingresos, y causando unas tasas de paro en el entorno del 26%.

El plano social es desolador. Recortes drásticos en el ámbito de la educación, de la sanidad, de la atención a la dependencia, en materia de pensiones, la privatización de las últimas empresas públicas, los despidos en los servicios públicos, el recorte salarial y la reducción de las prestaciones sociales están engordando los niveles de pobreza, exclusión social, haciendo que las desigualdades se acrecienten.

Es por esto que parece aconsejable emprender unas políticas que cuestionen el modelo en vigor, en materia productiva, energética, económica, laboral y social, bajo parámetros democráticos que, al día de hoy, brillan por su ausencia.

El esquema que acompaña este diagnóstico no trata otra cosa que apuntar algunas líneas de propuesta para enfrentar la dramática situación que atravesamos.