Daniel Albarracín
(respuestas dadas a un breve cuestionario para una revista sindical)
¿Estamos condenados a soportar tasas tan brutales
de paro?.
Eso sucedería si hubiese un periodo de ascenso del ciclo, así como si se produjese una devaluación salarial de amplia magnitud que propiciase una restauración de las tasas de beneficio. La alta tasa de paro es fruto del fracaso de las políticas económicas como del entramado de prioridades de un régimen económico que condiciona la pauta de inversión y creación de empleo a la obtención de beneficios. También es un arma en manos del empresariado, y de los gobiernos que le son afines, en tanto que contribuye a devaluar sus condiciones laborales y deteriorar el poder de negociación del mundo del trabajo. En cualquier caso, hay una serie de obstáculos que nos impide augurar periodos de prosperidad.
Por ejemplo, el fenómeno de desendeudamiento empresarial, pues las altas tasas de endeudamiento privado de las empresas les está empujando a destinar el excedente a devolver sus compromisos financieros y a desarrollar políticas de centramiento en las actividades más rentables, aun a costa de abandonar las actividades que lo son menos, propiciando los consiguientes despidos, o a imponer, ayudados por la reforma laboral de 2012, condiciones de empleo inestables y mal pagadas en términos generales. Una política de austeridad que, si se sigue a gran escala, no puede más que hacer volver a embarrancar el curso de la economía. Otro capítulo es la política pública, comprometida con el pago de la deuda y la austeridad en materia de inversión y gasto público. En este contexto, y con el alto paro y la caída de salarios, es difícil pronosticar mejoras en los próximos tiempos.
Ahora bien, ¿estamos en recesión?. No ahora mismo, hemos pasado de la recesión al estancamiento, fruto tanto de que las empresas que han sobrevivido ocupan los espacios abandonados por las que desaparecieron, y también por la aparición de una nueva miniburbuja, con un nuevo fenómeno de readquisición de activos abaratados, inflada por las políticas monetarias expansivas de los grandes bancos centrales. Sin embargo, el cuadro macroeconómico no permite hacernos esperar una prosperidad, sino que en dos o tres años, volvamos a una nueva recesión. El escenario deflacionario, de ausencia de sectores lanzadera o locomotora, y de una restauración insuficiente de los beneficios a escala suficiente (lo que no impide que algunas empresas sigan apropiándose de la principal parte de estos) nos hace ser pesimistas.
¿Qué se
puede hacer con el desempleo?
Si
la iniciativa privada es incapaz, por su propia lógica interna, de superar esta
situación, ha de ser la iniciativa pública quien enfrente el reto. Pero no vale
cualquier iniciativa pública, pues la que ahora nos gobierna es cómplice y
acentúa los problemas. Es precisa una iniciativa pública que cuestione el artículo
135 de la Constitución Española, en materia de priorización del pago de la
deuda, que deje de ser generosa con el rescate bancario privado o con facilitar
privilegios a las grandes compañías privadas y que se comprometa con las
necesidades de la población y del tejido productivo.
Esto implica afrontar políticas de cuestionamiento de las deudas públicas (que, en la práctica, han supuesto el lavadero de las deudas privadas de las grandes empresas), emprender medidas de reforma fiscal progresiva que pongan el peso del esfuerzo impositivo sobre las rentas del capital, que permita disponer de recursos para desarrollar una política de inversión en asuntos prioritarios socialmente. La reconversión energética del modelo productivo basada en renovables, la apuesta por bienes públicos intensivos en mano de obra (cuidados, educación, atención a la dependencia, sanidad, etc…) son algunos de estos ejes que, por otra parte, facilitarán la creación de empleo. También una política de reducción de la jornada laboral general sin reducción de salario, y políticas que regulen el destino de los excedentes serán decisivas en esta línea. Naturalmente, estas medidas deben tener un camino lo más internacional posible, lo que implica cuestionar algunos fundamentos de la construcción europea.
Esto implica afrontar políticas de cuestionamiento de las deudas públicas (que, en la práctica, han supuesto el lavadero de las deudas privadas de las grandes empresas), emprender medidas de reforma fiscal progresiva que pongan el peso del esfuerzo impositivo sobre las rentas del capital, que permita disponer de recursos para desarrollar una política de inversión en asuntos prioritarios socialmente. La reconversión energética del modelo productivo basada en renovables, la apuesta por bienes públicos intensivos en mano de obra (cuidados, educación, atención a la dependencia, sanidad, etc…) son algunos de estos ejes que, por otra parte, facilitarán la creación de empleo. También una política de reducción de la jornada laboral general sin reducción de salario, y políticas que regulen el destino de los excedentes serán decisivas en esta línea. Naturalmente, estas medidas deben tener un camino lo más internacional posible, lo que implica cuestionar algunos fundamentos de la construcción europea.
¿Hay experiencias exitosas en otros países que
podamos imitar o aplicar en el nuestro?
En
materia de reducción de jornada Suecia acaba de llevar a cabo medidas para
implantar la jornada de seis horas. Algunos países como Ecuador ya consiguieron
éxitos notables para el desarrollo socioeconómico de su país una vez
procedieron a devaluar su deuda en un 70%, y algunas medidas tomadas en
Islandia son también merecedoras de atención. Sin embargo, parece que no se
trata de buscar tanto modelos a imitar, pues todos tienen pros y contras, sino
de abrir un camino propio. En nuestro caso, lo apropiado sería reconocernos en
las necesidades comunes que aún están pendientes por resolver en los países del
Sur de Europa para establecer una estrategia, en la que el movimiento obrero ha
de desempeñar un papel protagonista, con un hilo conductor solidario.
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