Un viraje desobediente a la izquierda para tomar rumbo hacia Otra Europa (3.1.Auditoria y Reestructuración de la Deuda))

3.1. Auditoria y Reestructuración de la Deuda Pública

La deuda pública pesa sobre el conjunto de la ciudadanía, y sobre todo sobre las rentas del trabajo que son la fuente principal de financiación del presupuesto público. Es necesario y justo comenzar por una Reestructuración y quita desde abajo (bajo control ciudadano, desde el sector público, contra los acreedores) mediante una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública (se propone en Grecia una iniciativa en ese sentido) que determine la justicia o injusticia, y las condiciones en su caso de su devolución.

Con ella se ha de evaluar los criterios de emisión (por qué se prefirió emitir deuda antes que fiscalizar rentas altas (financiarse con deuda en si no tiene que ser negativo siempre que se haga dentro de marcos sostenibles y con objetivos justificables social y políticamente), tipos de interés (por qué se admitió la compra de deuda por la gran banca que consiguió financiación pública a bajo coste, y la utilizó para especular con las primas de riesgo y tipos de interés de la deuda soberana), condiciones (plazos, primas de riesgo) y usos (por qué financió subvenciones al capital, desfiscalizaciones o gastos de armamento, por ejemplo, y no iniciativas sociales o de transición energética sostenible) de la deuda pública. Así se podría identificar y dimensionar la deuda contraída o empleada en condiciones abusivas, inmorales o socialmente rechazables, y determinar respuestas proporcionadas (demora, reducción de intereses y montantes a la deuda abusiva e ilegítima, quita y suspensión de pagos a la completamente rechazable, encausamiento a la ilegal).

Ideas fuerzas y criterios a barajar:

a) El fraude, los paraísos fiscales consentidos –al no vigilarse ni penalizarse las transacciones con dichos Estados off-shore artificiales -, el retroceso y regresión fiscal, junto los fondos de rescate a la banca y la profunda recesión han incrementado el déficit y la deuda públicas implicando una detestable socialización de las deudas privadas, especialmente las del sector financiero. Mientras se ha protegido a la gran banca, se ha soportado la carga de la crisis entre la población asalariada, sus derechos, y sus condiciones de vida. Toda la deuda emitida en estas circunstancias es ilegítima y debe sufrir una fuerte quita.

b) Es mejor financiar la actividad pública con impuestos (a las rentas del capital y a sus propiedades) que con deuda pública. Se han realizado políticas de estímulo fiscal (desfiscalización a las rentas del capital, subvenciones e inversiones deslavazadas que sólo han beneficiado al capital privado) sin orientación planeada, ni criterios sostenibles y sociales, ni con efectos multiplicadores. La deuda emitida al mismo tiempo que se desfiscalizaba (eliminaban figuras impositivas, se reducían tipos, o se facilitaban mayores desgravaciones, o se proporcionaban subvenciones sin utilidad social comprobada) también es ilegítima.

c) Es inadmisible un rescate a la banca a bajo interés, y que esa financiación de la banca se emplee para comprar deuda pública que resarce una remuneración a un tipo muy superior, y que, encima, no se facilite el crédito para la actividad económica. No se hace porque la crisis de sobreproducción y las bajas expectativas de rentabilidad inhiben la financiación y la inversión, apostando el capital privado por racionalización de costes sistemáticos. Pero era responsabilidad pública condicionar el uso de esa financiación con un destino de utilidad económica universalizable. Esa deuda adquirida con estos fondos debiera ser considerada abusiva.

d) Es inaceptable que la deuda pública se dedique a financiar actividades socialmente negativas o regresivas. Resulta reprobable mantener con deuda pública el gasto militar, financiar subvenciones al capital sin condicionar su inversión hacia áreas socialmente necesarias, o para abaratar contrataciones precarias e inestables, o la realización de obras faraónicas insostenibles -aeropuertos, carreteras, AVE...- frente a otras que sí pudieran haberlo sido. Entre aquellas cabría mencionar la sanidad, educación, el cuidado de las personas dependientes, el desarrollo del ferrocarril de cercanías, infraestructuras energías renovables -sistemas de hibridación de energías renovables optimizados para cada lugar, electrificación y sistemas de acumulación y coche eléctrico), infraestructuras de telecomunicaciones públicas innovadoras -fibra óptica-, etc...), o una inversión en diseño urbano hacia la movilidad o quizá emprender un estudio de zonas geográficas que en un futuro serían más eficientes energéticamente con energías renovables combinadas (hibridación, acumulación, ecoeficiencia) para la aparición de nuevos centros urbanos sostenibles. La deuda que escogió financiar actividades así, es inmoral. Y la que pudo financiar actividades ilegales o perniciosas (venta de armamento en zonas en conflagración o en situación de represión sociopolítica) debe ocasionar el encausamiento de sus responsables.

e) Es inmoral aceptar el chantaje de unos mercados financieros, y presentarlos como fantasmáticos, sin identificar sus actores principales –gran banca y compañías de seguros- y sin intervenir desde instancias públicas sobre ellos. Hay que gobernar los mercados financieros, regulando y, con nuevos organismos públicos con criterios sociales, interviniendo la economía financiera.

f) Es completamente rechazable mejorar la solvencia de las cajas de ahorros –incluso por encima que la banca privada- con fondos públicos del FROB para luego venderlas baratas y convertirlas en banca privada.

g) Es condenable mantener una regulación de la deuda hipotecaria que no acepta la dación en pago y que no impulsa una fiscalización del parque inmobiliario en desuso para su conversión en alquiler asequible regulado.

En suma, se trata de realizar una suspensión de pagos (default) diseñada y dirigida desde los endeudados y bajo control de la ciudadanía que supondría una fuerte quita, una reestructuración que implicaría a los montantes de deuda, a los tipos de interés y plazos de devolución, con respuestas proporcionadas a la ilegalidad, ilegitimidad o abuso en cada caso.