1/3/10

Los Efectos Sociales de la Crisis: Una valoración a partir del Barómetro social de España

El Barómetro social de España acaba de incorporar
en su edición on line los datos correspondientes a 2008,
con lo que ya cubre un período de quince años (1994-2008).
El presente texto ofrece una valoración de los efectos sociales de la crisis, tomando como base algunos indicadores del Barómetro,
así como fuentes de información complementarias y datos de avance de 2009.


Colectivo Ioé (http://www.colectivoioe.org/), enero de 2010

http://www.barometrosocial.es/ /// www.fuhem.es/cip-ecosocial/Default.aspx?v=128


La larga etapa de expansión económica que precedió a la crisis (1994-2007) amplió la brecha existente entre las rentas del capital -financiero e inmobiliario-, que se incrementó a un ritmo más del doble que el PIB, y el nivel medio de ingresos de la clase asalariada, que a duras penas logró mantener el poder de compra. El modelo de producción de ese período disparó el consumo y la dependencia energética de España, lo que provocó que las emisiones de CO2 se incrementaran tres veces más de lo comprometido en el Protocolo de Kyoto. Estos procesos dieron lugar a una sociedad cada vez más desigual y con un medio ambiente más nocivo para la salud general de la población, la biodiversidad o el equilibrio climático. No obstante, la creación de ocho millones de puestos de trabajo entre 1994 y 2007 y el creciente gasto público en políticas sociales –sobre todo a partir de 2001- permitieron encubrir esos efectos negativos.

Al estallar la crisis en el segundo semestre de 2007, se ha producido una contracción de la producción, el empleo y el consumo, con efectos paradójicos desde el punto de vista social. El pinchazo de las burbujas financiera e inmobiliaria ha favorecido un recorte de la distancia entre estos indicadores y la economía productiva. El decrecimiento de la economía, con una reducción del consumo de los hogares en torno al 5%, ha logrado, de pasada y sin pretenderlo, reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 como nunca antes. En particular, las emisiones del transporte por carretera se han reducido en 2008 un 4,2%, las de la electricidad un 16,2% y las de metano y óxido nitroso un 4,5%; en conjunto, en sólo un año se han ganado 10 puntos de convergencia en relación al compromiso de Kyoto.

Todos los agentes económicos se han visto afectados por la crisis, pero de manera diversa. El capital es el que ha salido mejor parado mientras que la clase asalariada, de nuevo, ha sido la más perjudicada. En cuanto al Estado, se ha desfondado de recursos como efecto combinado de una importante reducción de ingresos fiscales y del aumento de los gastos para afrontar la crisis. Sin embargo, las medidas adoptadas se han orientado básicamente a rehabilitar las mismas instituciones y modus operandi que dieron lugar a la creciente financiarización de la economía, al reparto desigual de la renta, a la insostenibilidad ambiental del modelo y, en última instancia, a la crisis.

1. El capital sale ganador de la crisis

De las cuentas del capital financiero podemos distinguir tres principales indicadores: el margen de beneficios que las empresas obtienen cada año a partir de la actividad económica, según datos de la Contabilidad Nacional de España; el valor patrimonial de las acciones empresariales, incluidas las no cotizadas en Bolsa, que elabora trimestralmente el Banco de España; y los activos financieros del conjunto de la economía, de la misma fuente. Para el capital inmobiliario, nos servimos de las estimaciones realizadas por Naredo, Carpintero y Marcos .

El gráfico 1 recoge la evolución de estos indicadores en la última década: los beneficios empresariales se incrementan constantemente, creciendo ligeramente por encima del PIB; el valor de las acciones empresariales experimenta grandes oscilaciones debido a su lógica especulativa; y los activos financieros del conjunto de la economía se expanden a un ritmo más del doble que el PIB, fiel reflejo de la financiarización de la economía. En cuanto al patrimonio inmobiliario, se revaloriza de forma desaforada hasta 2006, para ralentizarse en 2007 y bajar a partir de entonces.

Gráfico 1
Evolución del capital financiero e inmobiliario de la economía española, y de las acciones y beneficios de las empresas, en relación al PIB (1999-2009)



Fuentes: Banco de España para las acciones; Contabilidad Nacional de España, para los beneficios empresariales y el PIB; y NAREDO, CARPINTERIO y MARCOS para el patrimonio inmobiliario.

Los beneficios empresariales aumentaron el 1,5% en 2008, llegando a un total de 468.000 millones de euros. Se trata de un crecimiento moderado en relación a las ganancias obtenidas en años anteriores pero que resulta claramente ventajoso con respecto a los otros dos grandes grupos perceptores de rentas (salarios e impuestos), en un contexto de crisis económica en que el PIB retrocedió 0,6 puntos. Esta tendencia se ha mantenido en el primer semestre de 2009 en que las rentas del capital han vuelto a ganar 0,7 puntos en el reparto del PIB.

Las acciones de las empresas experimentaron en 2008 una importante bajada del 26% que, no obstante, en términos históricos se puede considerar un retroceso menor si tenemos en cuenta que en los cuatro años anteriores tales acciones se habían revalorizado un 93%. Además, el retroceso parece coyuntural, pues en 2009, en plena crisis de la economía productiva (descenso del PIB del 3,6%), ya han iniciado una nueva fase expansiva. En efecto, las acciones siguieron bajando en el primer trimestre de 2009, según el Banco de España, pero experimentaron un repunte del 7,4% en el segundo trimestre. Varios indicios apuntan a que la crisis está impulsando una nueva concentración del capital que favorece a las grandes empresas a costa de las pequeñas: el Ibex-35, agrupación de las mayores empresas del país, se ha revalorizado un 30% en 2009, mientras se estima que han cerrado en ese año unas 200.000 pequeñas empresas que, sumadas a las 240.000 que lo hicieron en 2008, suponen el 15% del censo español de autónomos y microempresas.

Los activos financieros del conjunto de la economía española han crecido más del 80% en la última década, hasta alcanzar la máxima cota de 8,9 billones de euros en el cuarto trimestre de 2007. En 2008 han perdido el 4,8% de valor, en euros constantes, y tan sólo el 1% en el primer semestre de 2009, lo que podría anunciar un pronto fin de las pérdidas. Cabe destacar que el sector de los activos financieros que más ha crecido ha sido el correspondiente a bancos y cajas de ahorros, especialmente un tipo de activos, los prestamos hipotecarios, mayoritariamente orientados a la construcción y compra de viviendas, que han crecido a un ritmo tres veces superior al PIB y superan los dos billones de euros en 2009. Estos activos han seguido creciendo en los dos años de crisis, aunque a un ritmo más lento.

El capital inmobiliario, por su parte, experimentó en 2008 un descenso del 9%, lo que representa una caída mínima después de revalorizarse más del 100% en años anteriores. En este caso, sin embargo, los avances de información correspondientes a 2009 indican que los precios de la vivienda van a seguir bajando, y por tanto el valor del patrimonio inmobiliario (-7,7% según la estimación realizada por Naredo, Carpintero y Marcos).

En definitiva, los diversos indicadores del capital han registrado resultados negativos al llegar la crisis pero el famoso pinchazo financiero-inmobiliario no les ha impedido mantener la mayor parte de los beneficios y plusvalías acumulados en años anteriores. En especial, las acciones de las grandes empresas del Ibex-35, después del importante bajón de su cotización en 2008, ya han vuelto a revalorizarse en una proporción todavía mayor en 2009. Ello se produce justamente el año con mayor bajada del PIB pero cuando las medidas adoptadas por el gobierno español y los organismos internacionales se han decantado netamente por reforzar el modelo político y económico-financiero que precedió a la crisis y les proporcionó tantos beneficios.

2. La clase asalariada, la más castigada

Después de una década de expansión del mercado laboral, con saldos anuales que rondaban los 700.000 empleos, se produce en 2008-2009 una brusca pérdida de 1,8 millones de puestos de trabajo. La destrucción de empleo ha afectado mucho más a quienes tenían contratos temporales, lo que da lugar a otro efecto paradójico de la crisis ya que la tasa de eventualidad se reduce como nunca lo había hecho antes, bajando por primera vez del 30% (en el cuarto trimestre de 2009 ya llega al 25%). Esta evolución positiva es obviamente engañosa ya que la mano de obra eventual no se convierte en fija sino que va al paro. Las nuevas fórmulas de contratación temporal, que se justificaron en los años ochenta del siglo pasado como el mejor instrumento para combatir el paro, muestran ahora que también sirven para lo contrario. España, que es el país de la Unión Europea con mayor tasa de empleo temporal, es el que más ha incrementado el desempleo al llegar la crisis. Entre marzo de 2008 y marzo de 2009, España absorbió, según Eurostat, el 68% del empleo destruido en la zona euro

Continuando la dinámica de años anteriores, se reduce en 2008 el desempleo de larga duración (más de dos años sin trabajo), lo que permite extraer la conclusión de que el modelo laboral que sale reforzado a raíz de la crisis es el del trabajador intermitente, que alterna períodos de paro y empleos de corta duración. El conjunto de personas en esta situación (paradas + eventuales) ha pasado en los últimos dos años de 7,1 a 8,2 millones, es decir, que afecta al 41% de la población activa asalariada. En el caso de la mano de obra de nacionalidad extranjera estos trabajadores “intermitentes” llegan al 73% y entre las mujeres al 43%, pero en este caso con el añadido de que las empleadas a tiempo parcial son casi cuatro veces más que entre los hombres (punta del iceberg de su dedicación mayoritaria al trabajo doméstico y de cuidados).

Gráfico 2
Evolución del paro y del empleo temporal durante la crisis (2007-2009)













Fuente: Encuesta de Población Activa.

En 2008 la población activa siguió creciendo, debido principalmente a la incorporación de mujeres y de inmigrantes, lo que se sumó a la destrucción de empleo y provocó un incremento del paro del 37%, el máximo en los 15 años recogidos en el Barómetro. Todos los años restantes la tasa de paro había disminuido, salvo en 2002 en que creció un 9%. El gráfico 2 recoge la evolución trimestral del paro y del empleo temporal desde que se inició la crisis; se puede observar que el período más crítico se sitúa en el gozne entre los años 2008 y 2009.

El incremento interanual del desempleo en 2008 fue tres veces mayor entre los hombres (58%) que entre las mujeres (20%), debido sobre todo a que el sector laboral más afectado había sido la construcción donde prevalecía la mano de obra masculina. El número de hogares donde todos sus activos se encuentran en paro, se incrementó un 52% (hasta 1,1 millones de hogares).

La tasa de cobertura de las prestaciones contributivas de desempleo se mantuvo en 2008 en el mismo nivel que en 2007 (42% en relación al paro EPA), interrumpiendo diez años de continuo crecimiento (en 1998 la tasa era del 15%). Además, se redujo sustancialmente (del 61 al 48%) la cobertura de las prestaciones asistenciales de desempleo en relación a las personas en paro sin protección contributiva. En conjunto, la proporción de personas en paro sin ninguna cobertura se incrementó del 23 al 30%. Esto significa que a comienzos de 2009 había 1,2 millones de personas desempleadas sin ninguna cobertura, ni contributiva ni asistencial.

El salario medio creció casi un punto en 2008 (+0,9%), después de la máxima subida experimentada en 2007, del 4,4%. Este incremento se debe, en parte, a la destrucción de empleos con bajas retribuciones. Debido a la reducción del número de empleos, la masa salarial se incrementó al ritmo más bajo de todo el período cubierto por el Barómetro. El salario medio había crecido en la última década el 10,9% en euros constantes, a un ritmo mucho menor que otros indicadores económicos como el PIB (39,3%), las acciones y los beneficios de las empresas (47,6 y 41,1%, respectivamente) o el patrimonio inmobiliario (104,5%). En cambio, entre 2007 y 2008 fue mejor la evolución del salario medio que la de los otros factores, excepto en el caso de los beneficios empresariales que se incrementaron el 1,5%. Sumando los ingresos salariales y los de las prestaciones de desempleo, obtenemos los ingresos medios por persona activa: estos descendieron un 1,2% en 2008 (la segunda caída de este indicador en los quince años, tras la de 2001, cuando se redujo el 1,4%).

Hasta el momento la crisis mantiene la desigualdad salarial de años anteriores, con 5,4 millones de perceptores con ingresos inferiores al SMI, en cómputo anual, y 1,5 millones con ingresos superiores a cinco veces el SMI. Llama especialmente la atención el 1% de perceptores que gana por encima de diez veces el SMI, cuyos ingresos totales superan a los del 27% de perceptores que se sitúa por debajo del SMI (ver Gráfico 3). Según la Encuesta de Estructura Salarial, del INE, la brecha salarial entre directivos y empleados aumentó un 45% entre 1995 y 2006. En el primer semestre de 2008, en plena crisis, los altos directivos de los bancos españoles que cotizan en Bolsa incrementaron sus remuneraciones un 54% en relación al primer semestre de 2007, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


Gráfico 3
Desigualdad de los salarios en 2008















Fuente: Estadística de Salarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Los indicadores basados en la opinión de la población recogen con mayor sensibilidad los efectos sociales de la crisis económica. Así, según la Encuesta de Condiciones de Vida aplicada en 2008, la cuarta parte de los hogares había experimentado un descenso notable de sus ingresos y casi uno de cada tres llegaba con dificultades a fin de mes (+10% en relación a 2007, máximo incremento interanual desde que se aplica la Encuesta). El índice de prospectiva económica del CIS, que mide el grado de confianza de la población en el futuro de la economía a un año vista, registra en 2008 el resultado más negativo de los últimos quince años. Este pesimismo, unido a los menores ingresos de los hogares, explica que haya descendido la inversión y el correspondiente endeudamiento de los hogares (un 3,4% menos que el año anterior), y que haya aumentado el ahorro (+26,8%). No obstante, el endeudamiento de los hogares seguía siendo en 2008 diez veces superior (casi un billón de euros) a su nivel de ahorro (93.000 millones).

El mayor problema lo padecen aquellos hogares que han visto reducir sus ingresos a causa de la crisis y no pueden pagar la hipoteca pendiente de su vivienda. Los bancos y cajas de ahorros promovieron en 2008 casi 60.000 embargos, más del doble que el año anterior. Asimismo, se han intensificado los desahucios de viviendas en alquiler, cuyos precios han seguido creciendo ligeramente a pesar de la crisis económica.

El malestar de la población española se manifiesta también en una mayor desconfianza en las instituciones públicas, muy especialmente en los partidos políticos: el 72% afirmaba en 2008 no confiar en ellos (máxima tasa de los últimos 15 años, después de la registrada en 2004, del 76%) y, según los barómetros mensuales del CIS, en 2009 han pasado a ocupar la tercera posición como “principal problema del país”, después del paro y las dificultades económicas. Pese a la creciente desconfianza en el sistema judicial, que llega a su máximo registro en 2008 (dos de cada tres personas no confían en los jueces), llama la atención que la vía judicial se haya utilizado para resolver litigios por 9 millones de individuos (también máxima de los últimos quince años), lo que ha provocado la saturación de los juzgados (incremento de las tasas de pendencia y congestión judicial). Asimismo, el número de personas en prisión es el más elevado del período, 73.558 al finalizar 2008 (la cuarta parte a la espera de juicio), a pesar de que la delincuencia lleva una tendencia decreciente desde 2003. La desconfianza en las instituciones judiciales y de seguridad no se traduce, por tanto, en un menor uso de las mismas como vía de resolución individual de conflictos, a lo que hay que unir la falta de otras vías –más colectivas e independientes- de participación ciudadana.

En definitiva, la crisis ha afectado con especial crudeza a los segmentos más frágiles de la clase trabajadora, que no han contado con mecanismos redistributivos suficientes para hacerle frente (reparto del empleo, reequilibrio de niveles salariales, prestaciones de desempleo, etc.). Probablemente esta evolución tenga su reflejo en un incremento de la tasa de pobreza en 2008, dato todavía no publicado pero que se deja entrever en diversos informes que alertan sobre el grado de saturación alcanzado por los albergues, los bancos de alimentos y otros servicios de emergencia.


3. Sobreesfuerzo fiscal del Estado, que socializa las pérdidas

El conjunto de políticas sociales públicas cuyos principales capítulos son las pensiones, la educación y la sanidad, constituye el llamado “salario indirecto” de los trabajadores. Entre los años 2001 y 2007 este gasto social público se mantuvo en valores ligeramente positivos, según EUROSTAT, después de descender hasta 4 puntos del PIB en los años noventa del siglo pasado. La base principal de la ligera mejoría del gasto social entre 2001 y 2007 fue el aumento de ingresos fiscales procedente de la distribución de la renta de cada año que, según la Contabilidad Nacional de España, pasó del 9,6% al 10,4% del PIB. En euros constantes, y teniendo en cuenta el crecimiento del PIB en ese periodo, ello se tradujo en un incremento del 38% de los ingresos fiscales del Estado procedentes de la distribución de la renta (bastante por encima del PIB, que fue del 28% entre dichos años).

Aunque no se dispone todavía de datos suficientes para valorar cómo la crisis ha afectado al conjunto de las políticas sociales , los indicadores e índices disponibles de salud, educación y protección social de 2008 presentan una línea de continuidad con años anteriores. Sin embargo, la notable disminución de ingresos en las arcas públicas y el incremento de gastos a causa de la crisis puede poner en peligro la financiación de los servicios públicos y justificar una ampliación de los procesos de privatización ya iniciados en todos esos sectores.

El principal perdedor en el reparto de rentas de los dos últimos años ha sido el sector público cuyos ingresos fiscales bajaron 1,8 puntos del PIB en 2008 (veinte mil millones de euros menos) y han seguido bajando después hasta situarse en el 7,3% del PIB en el segundo semestre de 2009 (último dato publicado). Como se recoge en el Gráfico 4, el Estado ha disminuido mucho su participación en el PIB, en beneficio de los salarios y, sobre todo, de los beneficios empresariales.

Gráfico 4
Distribución del PIB entre los agentes económicos (salarios, beneficios empresariales e impuestos) en la última década














Fuente: INE, Contabilidad Nacional de España.

En el capítulo de gastos, el gobierno ha incrementado el presupuesto para atender el creciente número de personas en paro, al mantener en 2008 la misma tasa de cobertura de prestaciones contributivas que el año anterior (42%); en cambio, como hemos señalado, se redujo la tasa de cobertura mediante prestaciones asistenciales, lo que llevó al gobierno a implementar a mediados de 2009 una ayuda mensual de 420 euros para los parados que habían agotado cualquier vía de prestación después del 1 de enero de 2009. Por otra parte, la mayoría de las medidas anticrisis se ha orientado a apoyar la actividad de las empresas aportando para ello dinero público y ventajas fiscales (ampliación de créditos ICO, Plan E a través de los Ayuntamientos, Plan Renove, privilegios fiscales que favorecen a las grandes fortunas, etc.). Mención especial merece la ratificación por el parlamento, en octubre de 2008, de un fondo de 30.000 millones de euros, ampliables a 50.000, a cargo del Tesoro, como medida preventiva para evitar la quiebra de bancos y cajas de ahorros. Las entidades que supuestamente eran las principales causantes de la crisis, al haber aportado créditos hipotecarios sin suficiente respaldo, obtenían así un blindaje público para sus arriesgadas operaciones privadas.

El resultado contable de estos procesos (menos ingresos y más gastos) ha sido un incremento extraordinario del déficit público que ha pasado de un superavit del 2,2% del PIB en 2007 a un déficit estimado del 11,4% en 2009. Las nuevas medidas impositivas adoptadas en septiembre de 2009, además de repercutir con más intensidad en la mayoría de la población trabajadora-consumidora que en las rentas del capital, tendrán un efecto muy limitado para solucionar el déficit.

Como valoración más global, se puede concluir que las medidas anticrisis que se han venido adoptando en España, en coincidencia con las del G-20 y otros organismos internacionales, se han orientado básicamente a reactivar las finanzas y el modelo de producción y consumo anterior a la crisis. Sigue abierto, por tanto, el debate público en torno a las causas estructurales que impiden el desarrollo de una economía menos especulativa y socialmente más justa, menos destructora del medio ambiente y más solidaria en el plano internacional.