LA CRISIS ECONÓMICA ESPAÑOLA: ENTRE LA TIRANÍA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS, EL DÉFICIT FISCAL, EL PARO, Y EL RECORTE DE LAS PENSIONES

Daniel Albarracín. Febrero de 2010.


Una versión más amplia y con gráficos de este artículo se publicará en francés en la Revista La Breche, de Suiza, próximamente. También aquí:

1. ¿Qué crisis?. ¡Una reestructuración del capitalismo mundial!.

Estamos ante una crisis mundial que trasciende y es también consecuencia del modelo civilizatorio dominante. Desde el análisis económico no es ningún accidente pasajero ni es exactamente comparable a otra crisis anterior. No se trata sólo de una crisis de liquidez, de confianza, ni un estrangulamiento coyuntural. Nos encontramos ante el fin de una onda larga en la que se están dirimiendo las condiciones para profundizar la crisis, inaugurar la remontada, o disputar el cambio del modelo socioeconómico.

En los años 70 la tasa de rentabilidad se vino abajo. La burguesía optó por confiar en una gestión neoliberal que impuso una nueva política económica que también tiene vigencia en España. En los años noventa, con esta política contra los y las trabajadoras, las tasas de rentabilidad se recuperaron notablemente, y temporalmente propició una prosperidad, si bien débil en relación a otros períodos, no sin acumular muchos desequilibrios internos.

¿Esto avalaba las tesis de los analistas que afirmaban la incorporación a una nueva onda larga expansiva?. Pues no parece que sea así. Coincidían una remontada de la tasa de beneficio del capital y una crisis de inversión industrial, desviándose capitales a dinámicas extravertidas –en otros países, en sectores no industriales-, y en estas condiciones se descarta una prosperidad general en espiral, que no impide afirmar que en países emergentes se estén presentando –con empresas transnacionales occidentales operando y beneficiándose del proceso- situaciones de firme y sostenida actividad que tampoco pueden analizarse con una aproximación regional y con los modelos de análisis clásicos.

Dentro de un diagnóstico económico deben identificarse diferentes niveles de desarrollo de la crisis. La crisis mundial arrancó en su plano desencadenante con la crisis inmobiliaria y el colapso de las hipotecas subprime. El factor dominante ha sido un fenómeno de endeudamiento extraordinario de Estados, familias y empresas. Como factores determinantes y singulares de esta crisis puede identificarse la relativización del papel de la rentabilidad para animar la acumulación, al menos en lo que concierne a los países “aventajados” –Europa occidental, EEUU y Japón-. Su causa parece encontrarse en la punción del excedente que detraen los mercados financieros, y en los que participan decididamente las grandes corporaciones transnacionales, alterando sus estrategias empresariales clásicas, y en la que se ha intensificado una “economía de la adquisición” (Carpintero, O.; 2004) que redunda en que una parte del excedente y los ahorros de los países emergentes se deriven al capital del centro.

La crisis de acumulación ha estado pautada por un estrangulamiento de la inversión, con la “retención”[1] de la tasa de beneficio como vector estimulador capitalista[2], y la reordenación caótica del mercado mundial, en la que es necesario mirar más allá de occidente. La acumulación se ha visto contraída en los países centrales merced a la extensión de estrategias privadas de desinversión y de reestructuración rentabilistas, de relocalización de grandes fases productivas en países emergentes y desvío de capitales hacia allí, combinadas con políticas de reforma del sector público (privatización o gestión privada y externalización de los servicios públicos) y de las relaciones laborales. Una política de ajuste permanente encaminada a aumentar las tasas de explotación.

En este contexto, gran parte del excedente se destina a los retornos exigidos por las corporaciones financieras globales, y así la reinversión productiva y la acumulación no pueden sostenerse al ritmo de anteriores décadas, al menos aquí. El capital también ha apostado por racionalizar sus actividades para concentrarse en aquellas más rentables, desdeñando las que lo eran menos. Y está mirando a países emergentes que comportan un escenario de acumulación muy distinto. España, a este respecto, ya no puede ni competir en bajos salarios, ante la irrupción de nuevos países (del este europeo, asiáticos, latinoamericanos…) que brindan un estructura de costes más barata, con mercados bajo la influencia de las grandes potencias y con segmentos de población laboral suficientemente cualificada.


2. ¿Cuál es la singularidad española en la crisis?.

2.1. Una semiperiferia en retroceso en el contexto internacional

Las crisis cobran curso en formaciones sociohistóricas concretas, con características propias. Para el caso español el factor contextual determinante es la condición semiperiférica estructural de la economía española. El sometimiento a las reglas del bloque de la UE (mercado y moneda única, Banco Central cuya política prioriza los intereses de los países centrales, Pacto de Estabilidad, etc…), perjudica a países como España, con menos poder industrial y de mercado, y situada en ciclos del capital auxiliares en el marco europeo. El ciclo de acumulación español acostumbra a ser asincrónico y tardío –siguiendo la inercia europea-, y de mayor intensidad (más favorable en el auge y desfavorable en la recesión). En cualquier caso, mientras siga atada a los compromisos de una UE neoliberal seguirá esta dinámica subalterna.

A este respecto, el discurso que apostaba por la inversión en I+D+i, a pesar de un gradual incremento en estos últimos años –achacables en lo que concierne al sector público más bien a fondos en forma de préstamos, más que al gasto real[3]), se ha encontrado con un cierre del grifo para el presupuesto de 2010, sobre todo para la financiación pública de la investigación, con lo que se dificulta cualquier salida de desarrollo endógeno de carácter industrial tecnológico que no sea testimonial en términos estructurales.

La necesidad de financiar una balanza de pagos muy negativa, el euro impidiendo cualquier ajuste del tipo de cambio, una política monetaria del BCE que responde a los intereses de países centrales, y con la ausencia de un régimen fiscal, laboral y de servicios públicos armonizados a escala europea, no hacen otra cosa que obstaculizar la salida de la subalterna economía española. Su peor posición negociadora[4] ante el mercado internacional, en consecuencia, ha ocasionado un sobrecoste añadido para financiar su desarrollo interno.


2.2. Una crisis de sobreproducción, también.

La economía española al igual que ha podido crecer más que el resto de países durante unos años, ahora la crisis es si cabe más adversa. El PIBpm, a fin de 2009 caía un -3,6%, según el gobierno, y es de los pocos países de la OCDE aún en recesión.

En España la inversión y la producción crecieron entre 1995 y 2007 por motivos particulares y coyunturales. El intenso modelo de crecimiento español se sostuvo bajo la extensión de un empleo de bajos costes, precariedad y derechos limitados, en el cuál se ha visto entrampada una gran mayoría de la juventud, las mujeres y, sobre todo, la inmigración, que se incorporó de manera sustancial en los últimos quince años en condiciones muy vulnerables.

La inversión privada se especializó y creció en la actividad constructora y en el turismo, en la que se daban circunstancias excepcionales para el negocio. Pero una vez el recorrido de estos mercados se agotó por sobreproducción y las expectativas de crecimiento se cerraron ocasionaron un efecto arrastre, añadido a los fundamentos de la crisis sistémica internacional, al resto de la economía, que ha intensificado los efectos depresivos. La crisis estructural coincide así con una crisis industrial periódica. En esta ocasión por saturación de mercados (por sobreproducción en la construcción[5] y automóvil; posteriormente por una caída del consumo en el comercio; y combinadas en el turismo, etc…)


Aquellas vetas de negocio representaron un refugio transitorio para el capital que huía de otros sectores con márgenes inciertos. Su magnitud supuso que la inversión en construcción residencial superase a la de cualquier otro tipo, a niveles extraordinarios sobre todo desde la segunda mitad de los 90 y hasta 2007. La construcción (con un 44,7% de índice de crecimiento entre 2000 y 2007)[6] ha sido el sector promotor del crecimiento, con efecto arrastre en actividades de servicios como la intermediación financiera (89,8%), las inmobiliarias (31%); otro sector que creció también fueron los correos y telecomunicaciones con un 33,5%. Esa inversión “refugio” en el sector de la construcción residencial albergaba flujos de capital que huían de las recurrentes crisis financieras y de la deuda externa internacional que amenazaban con impagos. Todo ello en un contexto de política monetaria expansiva con tipos de interés reales muy bajos; con la desregulación del sistema bancario que propició una concesión de crédito en extremo permisiva. La garantía para la banca, en España, era que los hipotecados en caso de impago daban como aval su vivienda –que se subasta- sin dejar de responsabilizarse de las deudas pendientes. La banca, así, se está convirtiendo en un gran propietario de inmuebles, y ya no sabe muy bien qué hacer con ellos. Por de pronto, el gobierno, en su última reforma fiscal ha creado una nueva figura –las SOCIMI- de sociedad inversora completamente desfiscalizada para movilizar capital hacia actividades inmobiliarias y fomentar el alquiler.

Pero, ¿Qué sucedió con el suelo y la vivienda en el anterior periodo de auge?:

· La ley liberalizadora del suelo de 1998 con el gobierno del Partido Popular supuso la mayor disposición de suelo, representado una oportunidad de financiación municipal; los ayuntamientos recalificaron el suelo para venderlo y financiar sus limitados y endeudados presupuestos;
· una cultura patrimonialista –posiblemente originada en el miedo a la carestía en la vejez por no esperar una pensión digna, también por la inercia de que se implantó el sistema de pensiones de manera tardía e insuficiente, y por la asunción de recortes futuros en este derecho por parte de mucha gente- que hace a la vivienda un valor de seguridad material;
· una gran demanda de una amplia generación en edad de emancipación (el baby boom) y un segmento de nueva inmigración con necesidades de encontrar vivienda;
· una ilusión falsa de especulación, que se ha demostrado sólo aprovechable por muy pocos durante esta década.
· y una red de corrupción clientelar muy extendida (recalificación ilegal, dinero negro, etc…), constituyeron, una gran oportunidad a “extorsionar”, a favor de un capital que encontró en España su Dorado.

Durante 1995-2007 la demanda se compensó por la amplia creación de empleo (de mala calidad), pero la moderación salarial y el desempleo han resultado definitivos. A la crisis de oferta y las contradicciones del modelo se le suma una crisis de demanda causada por la desinversión rentable, el desempleo, los salarios moderados, el endeudamiento generalizado y un consumo limitado por las hipotecas y por el ahorro bajo el “efecto precaución”. La crisis de demanda de larga duración vendría a explicar una nueva fase de inflación rampante –el 0,8% de IPC a fin de 2009, según el INE- que sólo impide la deflación, por el momento, por el efecto contrarrestante del encarecimiento de las materias primas en un país energéticamente dependiente.


2.3. Financiarización en España.

Al mismo tiempo, con una influencia de máxima relevancia, la desregulación del sistema financiero ha hecho posible iniciativas de alto riesgo. La industria financiera, para obtener masas de beneficio con bajos márgenes financieros, optó por conceder créditos de cualquier manera, al menos hasta el inicio de la crisis. Mientras tanto el Banco de España hacía dejación de ciertos controles, -coeficientes de cajas y reservas obligatorias-, siguiendo la tendencia, si bien con algunas medidas comparativamente con el entorno más prudentes[7]. Además, los gobiernos europeos apostaron por facilitar la movilidad del capital, por desfiscalizar, por no condicionar ni supervisar ciertas conductas, y por ser completamente permisivos con la presencia de espacios sin impuestos como son los paraísos fiscales que coartaban la eficacia de cualquier normativa reguladora, chantajeando así a los Estados para flexibilizar más cualquier condición al capital financiero.

El proceso de financiarización en España cobra toda la fuerza, pues la tiranía de los mercados financieros no acaba con una movilización rentable y altamente flexible del capital, orientados a la configuración de una nueva división internacional del trabajo. Su dinámica y prioridades de rentabilidad operan contra Estados de limitada dimensión que les hace ser débiles ante la presión de exigir mayores rendimientos por su capital, con márgenes de maniobra estrechos, en un contexto en el que los organismos internacionales y las instituciones continentales, como es la UE, sirven a los actores privilegiados por dichos mercados, en vez de contrarrestarlos. Cabe explicar la exacerbación de la situación crítica en los medios de comunicación internacionales de países como Grecia, Irlanda, Portugal y España, entre otros, por un movimiento orquestado por agentes financieros globales y que se traduce en la subvaloración de las agencias calificadoras, privadas, de la deuda pública a la que estaban recurriendo para financiar algunas actuaciones amortiguadoras de la crisis. Con ello, se corta de raíz cualquier espacio de autonomía de la política de los gobiernos y su condición democrática. Gobiernos que antes tenían margen cuando contaban con moneda propia y ahora no pueden ni devaluar. El déficit de balanza de pagos –la necesidad de financiación de la economía española frente al resto del mundo de la economía española a fin de 2009, según el gobierno, era del -4,9% del PIB-, el desequilibro de las cuentas públicas, y la imposibilidad de actuar con la más mínima independencia en materia de política económica, y el chantaje de no poder salir del euro ante el riesgo de aislamiento, la renuncia de la UE a ejercer política reguladora que merezca tal nombre en materia fiscal, laboral y financiera, o siquiera de concertación para emitir deuda pública conjunta basada en la solidaridad de diferentes Estados europeos, abocan a un disciplinamiento de la agenda política nacional.

En este caso esos agentes del capital financiero transnacional someten, y los gobiernos claudican, exigiendo un programa de austeridad neoliberal en las cuentas públicas de dimensiones históricamente formidables, así como de reformas laborales, modelos de negociación colectiva y revisión salarial, y en el sistema de pensiones. Todo para asegurarse que los retornos y tipos de interés de los títulos de deuda pública que compran sean lo más holgados posibles. Con esta situación se puede constatar que la Unión Europea no es más que una carcasa institucional inoperativa en el plano político para poner corsé a los abusos especulativos de los mercados financieros globales y su propia lógica. Y que, en suma, la democracia, que ya lo era de baja intensidad, se desdibuja completamente, haciendo a los gobiernos meros gestores de las políticas neoliberales que les dictan las sociedades de inversión y grandes transnacionales a través del “pie visible, con bota dura y firme” de los mercados financieros.

Puede decirse así, que la crisis española, introduce también así un factor externo añadido. En el concierto internacional, mediante este mecanismo, también se decide cómo se va a repercutir sus efectos entre clases y países. Y el pato, en el contexto europeo, pueden pagarlo principalmente las semiperiferias europeas –países mediterráneos, países del este-, en el que ahora España cobra un protagonismo mediático internacional deliberado.


Otro rasgo de esta dinámica se ha producido un repunte del peso de capital de las sociedades de inversión en nuestra economía, un actor emergido de la institucionalización y peso creciente de la financiarización. Estas nuevas sociedades (hedge fund, private equity, fondos de pensiones privados, fondos soberanos, etc….), cuyo propósito consiste en obtener rápida liquidez e ingresos para dar más “valor al accionista” (en forma de dividendos) o al “obligacionista” (mediante la devolución de réditos de préstamos concedidos), han impuesto pautas minimizadoras de costes y de adelgazamiento de capacidad productiva y de empleo en sus destinos de inversión. Inversiones coyunturales que exigen retornos muy por encima de la rentabilidad media del mercado y que han desnaturalizado y segmentado entidades productivas mediante externalización y subcontratación sucesivas (de las partes más arriesgadas o menos rentables de la actividad), venta de fragmentos de la empresa, recorte de empleos, intensificación de los ritmos de trabajo y extensión del tiempo de trabajo. O el mismo vaciamiento de contenido del activo empresarial mediante artificios de ingeniería financiera aprovechando la desregulación fiscal, societaria y mercantil. La financiarización ha tenido como actor más activo y destructivo a estas sociedades y fondos de inversión, que han gozado de privilegios fiscales excepcionales en España (un 1% de gravamen –las Sociedades de Inversión de Capital Variable, SICAV- frente al 30% del impuesto de sociedades de cualquier otra actividad). Esto ha erosionado la viabilidad de la producción más útil y de calidad e impide una dinámica de innovación o de mejora.

Así, el equilibrio de balance empresarial estaba sobre una cuerda floja para hacer frente a los flujos de devolución de los compromisos financieros adquiridos, y por eso los ingresos debían sostener cierta pauta. Una vez comenzaron a desacelerarse ciertos mercados, hasta ese momento en auge y locomotora de otras actividades, la solvencia de cada vez más empresas empezó a desmoronarse. Además, en el caso español el desequilibro intersectorial ha sido más que evidente, y el efecto arrastre sobre sectores auxiliares no se ha hecho esperar. Una vez se modera el vigor de la acumulación se han producido, por el apalancamiento financiero generalizado y sostenido en el tiempo, problemas en cadena. Bastaba un pequeño cambio de ritmo para que se abriese un círculo recesivo de cierres de empresas al límite y, en consecuencia, un deterioro de las condiciones, ratios y expectativas de beneficio. La sacudida primero se dio en la viabilidad de ciertos segmentos de la economía real para seguir con una crisis de demanda y el crecimiento de la morosidad, afectando al sector financiero, que había concedido crédito y creado “dinero bancario ficticio” de manera irresponsable.


2.4. La política del gobierno; entre el paréntesis del mercado y el rescate neoliberal.

El PSOE estuvo siguiendo una política socialiberal, corregida con elementos keynesianos menores. Una vez se ha comprobado la ineficacia de los primeros estímulos fiscales al consumo mediante desgravaciones fiscales diversas, o devoluciones en el Impuesto sobre la Renta, que ya ha retirado, el gobierno español puso en marcha medidas y movilizó recursos para el rescate y respaldo del capital para la banca y la automoción, principalmente. La modalidad suave de socialización de pérdidas (avales y compras de activos “no tóxicos” a la banca en dificultades, subvenciones a la industria del automóvil, e inyecciones de financiación para PYMEs a través del Instituto de Crédito Oficial) constata la orientación a favor del capital del gobierno. Mientras, la población ahora prefiere ahorrar y las empresas ajustar su actividad. También ha desarrollado una política de inversión municipal sin planificarse proyectos ordenados o que garanticen su utilidad o sus efectos multiplicadores. El paquete keynesiano, a favor de un déficit público contracíclico, ha finalizado. No tenía más vocación que un paréntesis temporal para restaurar el funcionamiento de los mercados (dominados por agentes económicos oligopólicos) y la rentabilidad.

El pasado ciclo de crecimiento rampante se ha interrumpido bruscamente. Los desequilibrios acumulados ahora se desenvuelven con fuerza. En este contexto, la caída de los ingresos fiscales por la recesión, el recorte de tipos en el impuesto de sociedades para las PYMES –acompañado de un incremento en los tipos en el IVA (un impuesto contradistributivo)-, la política de salvamento al capital privado, y una desorientada política de inversión local (Plan E), ha elevado el déficit público extraordinariamente en muy poco tiempo –la necesidad de financiación del sector público ascienda a fin de 2009 al -11,4% del PIB, según el Ministerio de Economía y Hacienda-, cuando en 2007 había un significativo superávit.

El régimen fiscal se ha modificado muy ligeramente, aumentado la composición de la imposición indirecta, y se han eliminado impuestos tan significativos como el de Patrimonio. La recesión ha reducido formidablemente la recaudación, y nos encontramos en una presión fiscal en mínimos (en torno al 30% del PIB)[8].

El Estado se ha desangrado salvando a los principales responsables de la crisis y, ahora con una formidable crisis fiscal, trata de financiarse emitiendo deuda pública. La crisis fiscal es un problema de primer orden en la agenda política. El déficit público se ha disparado. Ante la crisis ha apostado por transferir el problema de la banca –que además es un agente directamente responsable que ha causado la situación-, y de otros sectores que constituyen grupos de presión (automóvil, por ejemplo) a las cuentas públicas. Y pretende que sufraguen ese esfuerzo los y las trabajadoras, deteriorando los servicios públicos y atacando las condiciones laborales y las políticas sociales. No hay previsión de aumentar los impuestos a las rentas más altas ni a los propietarios del capital, ni de realizar un ejercicio real de regulación del sistema financiero.

El recurso a la deuda pública para financiar el gasto público se encuentra con un mercado que, al inundarse de títulos de esta naturaleza y devaluarse el valor de estos, exige aumentos de los intereses para adquirirla. El presupuesto público para 2010 da buena prueba del regreso a una austeridad para intentar resituarse en tres años dentro de los límites del Pacto de Estabilidad. Naturalmente, este programa gubernamental no es creíble, por su intensidad y sus plazos, por las propias inercias del presupuesto y muchos compromisos difíciles de remover, pero supone una tendencia de recorte y una señal a los mercados financieros para ganar su confianza.

No obstante, es preciso dimensionar esta cuestión, el porcentaje de deuda pública en España, con la que ha financiado sus (irregulares y desorientados) planes de contención de la crisis, a pesar de que se han incrementado velozmente (en 2008 estaba en el 39,7%), porque aún tiene niveles saneados (el 55,2%del PIB a fin de 2009, según el Ministerio de Economía y Hacienda, aunque algunos datos no oficiales ya apuntan el 74%), y aún encareciéndose el recurso a financiarse por esta vía no debe contemplarse como una catástrofe, aunque desde luego sí detraerá recursos, y, además, supone una presión directa al incremento de los tipos de interés.


Inmediatamente el gobierno está girando su línea presupuestaria hacia una severa austeridad, cuando hace muy poco planeaba una política tímidamente expansiva. Ahora con la presidencia española de la UE el gobierno se compromete a reducir el déficit público hasta el “mitificado” 3% para cumplir el Pacto de Estabilidad y así mostrarse como gobierno ejemplar. Puede que se trate de una respuesta política “europeista”, pero también obedece a la presión de los mercados financieros y la especulación ejercida sobre la enorme deuda pública emitida por diversos países europeos en dificultades, entre ellos España. Consiguientemente el gobierno ha diseñado con carácter improvisado[10] un presupuesto público con 50.000 millones de euros menos en sólo cuatro años, y un recorte en la emisión de deuda pública.

Para “dar confianza a los mercados” ha anunciado una propuesta de reforma de retraso de la edad de jubilación a los 67 años y una ampliación de los años mínimos a cotizar para alcanzar una prestación contributiva (de 15 a 17), y de los años sobre los que calcular el cómputo de la base reguladora de la pensión (ahora está en 15), lo que supondrá un endurecimiento al acceso a la pensión y un recorte significativo de la pensión media.

En cuanto a la regulación laboral, el modelo laboral flexible ha sido norma después de la imposición gubernamental de reformas laborales flexibilizadoras de 1994 y, con pacto sindical, de 1997, para abaratar el despido. Se creció mucho entre 1995 y 2007, y se creó empleo sin preguntarse qué tipo de empleo. Al tiempo, se desarrolló una subordinación del derecho laboral respecto al mercantil muy peligrosa (ETTs, ley concursal, subcontratas, etc…).

A comienzos de 2009 se realizó una pequeña reforma del mercado de trabajo que erosionará los ingresos de la Seguridad Social con medidas, entre otras, como la conversión de la prestación de desempleo en bonificaciones en la cuota. No solamente será ineficaz para crear empleo, sino que simplemente engrosaría el excedente empresarial a costa de un salario indirecto y discriminaría a los parados de larga duración que ya no perciben prestación. Por otro lado, la medida de incentivación del empleo a tiempo parcial tendrá la consecuencia de reducir las cuotas a la seguridad social de esta figura contractual, y es una invitación a un amplio efecto sustitución del empleo a tiempo completo por éste, seguramente con un gran efecto sobre las mujeres en sectores como servicios personales, hostelería y comercio, entre otros. También se traducirá en una reducción de ingresos salariales, un incentivo al aumento de la economía irregular (las personas para llegar a fin de mes estarán dispuestas a trabajar horas extras), y en una ficción estadística en la minoración de la tasa de desempleo. El resto de medidas harían recaer todo su peso sobre los fondos de la Seguridad Social, o en líneas de crédito ICO que son nuevamente una subvención estatal hacia el capital. Puede decirse, que si quiebra algún día la Seguridad Social se deberá a que el Estado está más dispuesto a respaldar la irresponsabilidad del sistema financiero privado que a sostener mecanismos de solidaridad. Buena prueba de ello es la anunciada reforma de las pensiones, que ha desenmascarado por completo al gobierno del PSOE.

Ahora también el gobierno marca la agenda de una nueva reforma laboral pautada por el abaratamiento del despido (o la generalización del contrato indefinido barato de indemnización de 33 días por año trabajado), bonificaciones a la contratación juvenil, fomento del contrato parcial, y quizá encarecimiento y mayor control de la contratación temporal, como único elemento de contrapeso. Su perfil definitivo ha comenzado a negociarse por patronal y sindicatos.

Mientras tanto la tasa de paro se ha disparado al 18,8%, IV Trimestre de 2009, EPA-INE, con más de 4.300.000 personas paradas, cuando en el II Trimestre de 2007 estaba apenas en el 7,95%. Esto ha sido posible por un modelo de flexibilidad laboral que había generalizado la vulnerabilidad y desprotección, con despido fácil y barato. El severo ajuste del empleo ha golpeado sobre los eventuales –sobre todo juventud, inmigración y mujeres-. Así, con esto, la tasa de temporalidad desciende en torno al 25% -una cifra altísima para Europa, pero que en apenas dos años ha caído 8 puntos-. Se da el efecto doble al atemorizar y disciplinar las pretensiones de toda la clase trabajadora, que ahora acepta más intensificación y desregulación del trabajo y mayores contenciones salariales.

En suma, la alta destrucción de empleo –propiciada por este modelo laboral flexible- y la moderación salarial, con efectos importantes en el consumo; la saturación de ciertos sectores como la construcción y el mercado inmobiliario; y la falta de políticas de inversión pública en sectores estratégicos y endógenos de futuro, que redujesen la dependencia tecnológica y económica del exterior y de los mercados internacionales, explican también la intensidad comparada de la crisis en España.


3. Un diálogo social en tensión.


En 2009, la patronal ni siquiera aceptó acuerdos y bloqueó en 2009 una parte de los convenios, sólo desbloqueados tras un repunte de la conflictividad. La presión patronal ha aumentado para exigir pautas de recorte salarial, culpabilizando a los salarios injusta e injustificadamente de la crisis, o plantear modalidades contractuales –el llamado “contrato único”- que entrañan recortes en las indemnizaciones por despido –con indemnización creciente en función de la antigüedad, pero que en la práctica supondría un recorte sustancial del coste del despido para los indefinidos-.

Los sindicatos habían exigido desbloquear los convenios y para ello realizaron una importante movilización general el pasado 12 de Diciembre de 2009, con gran éxito de convocatoria en Madrid, pero sin más pretensiones que reestablecer el diálogo social y hacer oír algunos planteamientos que no rebasan más expectativas que un programa keynesiano y la apuesta por la protección social de los y las desempleadas, o la propuesta del poder combinar reducciones de jornada y salario combinables con la obtención de prestaciones de desempleo. Esta última medida ha sido bien acogida por el gobierno.

El 8 de Febrero de 2010 sindicatos y patronal, tras una tensa mesa de negociación, pactan una revisión salarial de hasta el 1% para 2010, entre el 1-2% para 2011 si se sale de la recesión, y entre el 1,5-2,5% para el 2012. Y el gobierno establece el marco para una reforma laboral basada en el abaratamiento del despido del contrato indefinido y el encarecimiento de la indemnización del despido del temporal.

CEOE sigue con su postura intransigente y provocadora en otros capítulos de negociación (estructura negociación colectiva, flexibilidad de la movilidad geográfica y funcional, desregulación de la opción de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, etc…) y, tras embarrancar el diálogo entre sindicatos y patronal por este motivo, el gobierno ha irrumpido con una propuesta de recorte radical de las pensiones que está poniendo en gran tensión al país. Los sindicatos mayoritarios, no plantean una huelga general ante tamaña agresión, sino un reguero de manifestaciones en diversas ciudades contra el recorte de las pensiones, al tiempo que sobre la reforma laboral recientemente planteada no se han opuesto antes de ponerse a negociar.

4. Algunas reflexiones finales

El panorama no nos ofrece un panorama halagüeño, y, de seguir así, sus consecuencias serán duras y duraderas. Sólo una acción unitaria anticapitalista que plantee una alternativa rupturista hará posible un cambio. De otro modo, la prospectiva se presenta pesimista.

Para poder enfrentar con mínima eficacia y credibilidad esta crisis debemos poner en la agenda de discusión los procesos determinantes –crisis de sobreproducción, de realización y de la propia relación salarial- y dominantes de la misma –financiarización-, y poner en cuestión las reglas de juego capitalistas. Al menos, para dar una respuesta seria y progresista básica, hay que hablar de implantar una regulación, bajo control público y social que gobierne los mercados y sistemas financieros; unas políticas de inversión, servicio y empleo público; una reforma laboral a la ofensiva y garantista de derechos, a poder ser a escala internacional; un régimen fiscal, a poder ser concertado y armonizado a escala supranacional; y el desarrollo de un paradigma de intervención democrática a escala internacional, emprendida por los y las trabajadoras.

En España, el conflicto resultará de las contradicciones más maduras y posiblemente estarán vinculadas a la crisis de la vivienda, el desempleo, y la carestía de la vida de la propia condición social del salariado, y posiblemente el chivo expiatorio de la inmigración. Y ya, por de pronto, es posible una gran confrontación por la cuestión de las pensiones y de las condiciones de empleo en disputa. Es tarea de los anticapitalistas hacer comprender las bases estructurales que causan estas crisis y conflictos y tratar de transformarlas superar este sistema, comenzando por enfrentar la crisis de subjetividad antagonista que impide, de momento, el despliegue de cualquier paradigma alternativo.


[1] Álvarez Peralta, Ignacio (2007) “Financiarización, Nuevas Estrategias Empresariales y Dinámica Salarial. El caso de Francia entre 1980-2006” Universidad Complutense de Madrid. Septiembre de 2007
[2] Aunque, como ya ha demostrado Anwar Shaik, la acumulación no empieza a debilitarse tras que la tasa de rentabilidad no se viene acompañada de una caída de la masa de beneficios, con lo que una caída de la tasa no se traduce en recesión inmediatamente. http://homepage.newschool.edu/~AShaikh/
[3] CCOO “Análisis de los Presupuestos Generales del Estado 2010 en Investigación, Desarrollo e Innovación: recorte al sector público”. Cuadernos de Información sindical, núm 7.
[4] Si bien resulta abstracto hablar de “economía española” cuando los agentes privados dominantes son heterogéneos, y cuando gran parte del capital es transnacional.
[5] El parque de viviendas, según nos informa el economista Diego Fernández Palomero, ha aumentado a una tasa anual media del 2,7 por ciento, pasando de 18,3 millones en 1995 a 25,1 millones en 2007 y siguió creciendo en 2008 y 2009 puesto que se estaban terminando las contratadas antes de la crisis. Entre 2006 y 2008, según el economista Guillermo de la Dehesa, la inversión en vivienda ha caído del 9,4 por ciento del PIB al 7,2 por ciento y la inversión en construcción ha descendido del 18%del PIB al 15,6 por ciento.
[6] Valor añadido bruto a precios básicos: índices de volumen encadenados, referencia año 2000 = 100, Fuente: Contabilidad Nacional de España.
[7] A este respecto, según advierte Fernández-Palomero, “el Banco de España previendo que después de la entrada en el euro y el pequeño peso español en la fijación del tipo de interés de la zona euro, obligó a que bancos y cajas hicieran provisiones genéricas contracíclicas con las que dotarse cada vez que daban un préstamo, en lugar a esperar a dotarlas cada vez que se produjeran morosos o fallidos. Con lo que los bancos se han encontrado con un colchón de unos 35.000 millones… Ahora bien, la mayor parte del endeudamiento del sector privado de empresas y familias españolas había sido financiado por la banca, que a su vez se refinanciaba en euros en los mercados extranjeros, tanto con cédulas hipotecarias como con deuda Senior y otros. Cuando llego la crisis, no sólo se cerró el mercado de papel comercial con garantía de títulos cuyo subyacente eran hipotecas subprime, sino también los de las cedulas hipotecarias que no tenían nada que ver con las anteriores ya que dichas hipotecas eran las mejores y además se mantenían en el balance del banco que las emitía, por lo cual tenia que hacer frente a su riesgo. En ese momento el pánico hizo que los inversores no distinguieran el riesgo entre unos y otros. .. los mercados financieros se “renacionalizaron” de nuevo… A pesar de que bancos y cajas españoles han sido mas prudentes que los demás países de la OCDE a excepción de Canadá, también están sufriendo las consecuencias sistémicas de la crisis financiera y de financiarse en los mercados mayoristas. De ahí que tuvieran que acudir a atraer depósitos pagando tipos de interés muy elevados y tuvieran que acudir al interbancario y a los préstamos del Eurosistema, que se incrementaron en un 20 por ciento respecto a 200, llegando su posición neta deudora hasta el 8,4% del activo total, y dentro de ella la del eurosistema al 1,8% de su activo. Además los activos dudosos se incrementaron desde el 0,9% del total en 2008 al 3,4% del total en 2008. De ahí que su ratio de cobertura (provisiones sobre dudosos) cayera del 183 por ciento solo el 1%, con lo que sus beneficios cayeron un 25%, pero su rentabilidad sobre recursos propios se mantuvo ligeramente por encima del 10 por ciento. Estas cifras son mejores que en los países centrales de la UE y que las de Estados Unidos. Por estas razones en España solo ha habido, hasta octubre 2009, la quiebra de una caja, cuyos activos representaban solo el 0,5 por ciento de los del sistema…”.
[8] En septiembre 2009 se decide incrementar IVA, pero también la imposición sobre las rentas del ahorro para importes mayores a los 6000 euros, pero con efectos globales netamente regresivos.
[9] http://krugman.blogs.nytimes.com/2010/02/05/the-spanish-tragedy
[10] Según se sigue del documento del gobierno “Actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013. España”.