El movimiento obrero andaluz ante la precariedad laboral

Daniel Albarracín. 04/05/2021

Para seguir el video del acto: 

Aquí, la versión publicada en Poder Popular:

El movimiento obrero prosigue su labor todos los días, y Anticapitalistas Andalucía sigue aportando a su lucha, dando buena prueba de ello. Para nosotros la lucha sindical no es un mero acto festivo ni una procesión ritual, sino un proceso continuo de construcción. Es una tarea que se cuece a fuego lento que no es sólo flor de primavera. Aquí lo hacemos con una reflexión propia sobre la realidad laboral y las condiciones de vida que han de enfrentar la clase trabajadora, que es la que produce en nuestra tierra.

El objeto de esta aportación no es otro que el de analizar sobre los problemas que vive el mundo del trabajo, en torno a la precariedad y sobre las condiciones de existencia que empujan a muchos de los y las andaluzas a un dilema: o la pobreza y la precariedad permanentes, o la emigración.

Se trata de dialogar, escucharse y desarrollar propuestas e iniciativas prácticas, con el fin de tejer las soluciones y los hilos comunes ante nuestros conflictos colectivos. Soluciones que, ciertamente, pasan por una lucha sindical combativa y democrática contra el capital.

 

La realidad laboral andaluza, más allá de la pandemia.

La realidad laboral andaluza, comparte experiencia de sufrimiento con todos los trabajadores allá donde estén. Ahora, también tiene dolores concretos como periferia que se acentúan de manera específica en relación a lo que sucede en los territorios capitalistas centrales.

La depresión económica, desencadenada por la sindemia, esa combinación fatal que agrava las consecuencias de la pandemia entre la población más vulnerable social y económicamente, ya venía precedida de una expectativa de estancamiento como resultado de la crisis capitalista. La economía andaluza ha sufrido un retroceso de un 8,7%[1] en su producción en 2020, con un desplome de la inversión y del comercio exterior.

Los ERTEs, que han servido tanto de sostenimiento temporal de algunos empleos como de socialización de los costes laborales y rescate al capital, y los EREs también se han contagiado como el virus, haciendo que Andalucía alcance una tasa de paro del 22,5%, más de 7 puntos y medio por encima que la tasa de desempleo en el Estado español.

Con ello 888.000 andaluces o andaluzas están en paro, un 52,3% de todos ellos de larga duración, y hasta el 11,7% de los hogares tienen a todos sus miembros activos en desempleo. Andalucía sufre este hecho diferencial, por su intensidad, y así hasta un 67% de los hogares andaluces pasan serias dificultades para llegar a fin de mes, hasta en quince puntos porcentuales por encima a la situación del resto del Estado.

A Andalucía, periferia de la ya de por sí semiperiferia española, la confinaron también desde hace tiempo, con una economía dependiente especializada en la actividad extractiva, agrícola y minera, una industria auxiliar, que ha visto como se extravierte todo su valor hacia los polos centrales de desarrollo, sean españoles o europeos. Se trata, sobre todo, de una economía de servicios a las personas siempre con empleos escasamente remunerados, inestables y mal reconocidos. En esta pandemia, además, los turistas, que venían aquí para su solaz, de la gastronomía, la cultura y sobre todo el sol y la playa, han caído en un 75,3%, haciendo desplomar los asideros en los que se apoyaba esta economía subalterna, dependiente y escasamente diversificada.

Si esto no fuera poco, los y las andaluzas que cuentan con un empleo, lo hacen en condiciones de una mayor desprotección laboral. 

La tasa de temporalidad del empleo asciende al 33,7%, proporción que se eleva al 75% en la agricultura, y al 51,2% en la construcción, sustancialmente por encima del resto de la realidad española (56,4% y 34,9% respectivamente).

Hasta los contratos indefinidos han perdido protección ante el despido. Eso se ha venido consolidando ya desde que gobernó el PSOE tras el 82, y que se profundizó con la destrucción de garantías tras las reformas de 2010 y 2012, con Zapatero y Rajoy. Un coste de indemnización más bajo, la pérdida de salarios de tramitación y la descausalización hacen que el despido libre sea prácticamente una realidad, aunque aún no sea gratis.

Gran parte de trabajadores lo harán en filiales de grupos de empresas con la sede de su matriz en autonomías o países donde pagan menos impuestos, o lo harán en subcontratas o franquicias donde hay más riesgo de mercado y muchos menos derechos.

Esta situación de desamparo se agrava especialmente entre las mujeres, que se sobrecargan no sólo con el trabajo de cuidados, sino que cuando consiguen un empleo lo hacen con salarios menores, sin grandes expectativas de promoción, y con empleos a tiempo parcial (24,9% de tasa de parcialidad, frente a la media de un 14,3%), y en ocupaciones mal reconocidas, a pesar estar mucho más cualificadas que los varones.

 

Un marco laboral degradado y que no está claro que se vaya a revertir.

Al deterioro del Estatuto de los Trabajadores se le agrava con la situación de pulverización de la cobertura de la negociación colectiva. La primacía del convenio de empresa sobre el sectorial o la reducción de la ultraactividad a un solo año, ha supuesto en España una disolución parcial de la arquitectura de derechos basados en los convenios colectivos. Sólo un 44% de los trabajadores que estaban cubiertos por la negociación colectiva en 2012 ahora están protegidos por un convenio. Se ha dinamitado una fuente fundamental de los derechos laborales colectivos.

Esa realidad de fragmentación laboral va a cerrar el círculo con la situación de los falsos autónomos, los trades, los riders y toda esa panoplia de trabajadores sin red, que nos retrotraen al trabajo a destajo, eso sí, con el control de las plataformas y la digitalización, que no son más que las nuevas fábricas sin un lugar de trabajo centralizado.

Las consecuencias no son otras que la pérdida de la fuerza estructural del movimiento obrero, y una caída del salario real, el último año, un 2%, un salario por debajo que en el resto del Estado español, y el crecimiento del fenómeno de los trabajadores pobres hasta el 13% del total. La debilidad, acentuada por la propia estrategia de concertación con la patronal y el gobierno de las grandes centrales sindicales, nos ha llevado a la caída de la afiliación sindical al 13,7%, muy por debajo del mejor nivel que se alcanzó (20%) a mediados de los noventa.

Esta precariedad, incertidumbre y pobreza va a empujar a cada vez más andaluces, no sólo a fuertes carestías y padecimientos, sino al dilema de si emigrar o no. Con todo, ya son 1,5 millones de andaluces los que viven y trabajan fuera de su tierra de origen. Mientras tanto, la población envejece, y no lo compensa la presencia de población extranjera, que apenas representa el 8,29% del total de los 8,46 millones de personas en Andalucía.

Si esto no fuera poco, ahora el gobierno y la Junta nos dicen que vendrá Mr. Marshall, con los fondos europeos. No nos cuentan que serán pocos, que financiarán proyectos, de dudosa sostenibilidad ambiental, y será para las empresas. Mucho menos que, a cambio, se aplicará una reforma del sistema público de pensiones y que añadirán una deuda que caerá en la espalda de las próximas generaciones. Y ni siquiera sabemos el balance final de la reforma laboral que se propondrá a Bruselas, entre eso que se oye puede oscilar entre derogar “los aspectos más lesivos” o la amenaza de la mochila austríaca o el contrato único.

Parece así, que la excusa de la pandemia y los fondos europeos, van a definirse como la mediación en virtud de la cual el capital intentará conseguir su objetivo para el periodo: restaurar su tasa de rentabilidad a costa de fondos públicos y de la explotación del mundo del trabajo.

 

El sindicalismo ha de trabajar por un proyecto de cambio del marco laboral garantista, democrático y a la ofensiva.

 

Llega el momento de aportar para construir una estrategia global, que articule los diferentes conflictos, y que permita abrir caminos de superación. Aquí apuntaremos algunas propuestas con las que, modestamente, Anticapitalistas Andalucía querría contribuir a este debate propositivo, y al menos abrir un debate constructivo sobre estas u otras cuestiones que se consideren oportunas.

Varias constataciones:

1)      Las trayectorias laborales nos hacen pasar por el paro y el empleo, y por sectores y puestos diversos. Supone una dinámica de empleo inestable y sin red.

2)      Las empresas difuminan su responsabilidad como empleador empleando redes de empresa y subcontratación, muchas veces a escala transnacional, que derivan los costes y los esfuerzos a las compañías auxiliares y a los trabajadores que están en la parte más frágil y periférica de la cadena, muchas veces como falsos autónomos.

3)      El capital localiza sus inversiones allí donde los costes son más bajos o en los espacios finales donde consiguen su negocio, estableciendo nuevas formas de territorialidad del trabajo, a veces situadas en distritos laborales (polígonos de empresa, centros comerciales en espacios residenciales, zonas de ocio en el centro de las ciudades y zonas costeras), a veces bajo fórmulas de plataformas digitales, que centraliza el control, pero descentraliza la localización del servicio.

El perfil del sindicalismo que parece necesario debe reunir las siguientes características. Que sea:

-          Un sindicalismo que no lo fie todo a la concertación con el gobierno y la patronal, sino que dé pie a un modelo de más participación y asambleario.

-          Un sindicalismo combativo y democrático, así como sociopolítico y de clase.

-          Que cuente con formas de organización adecuadas a la nueva estructura del capitalismo globalizado, que sea solidario internacionalmente y unitario en las luchas.

A su vez, necesitamos otro modelo de organización sindical que contrarreste la fragmentación, la individualización y ponga en común nuestras luchas e iniciativas. Esto es, necesitamos una organización de la acción sindical que:

a)      Se implante y opere en toda la cadena de valor para poder estar en condiciones de influir, parar y, en el horizonte, dirigir la producción. Eso supone organizar a los y las trabajadores a lo largo y ancho de la actividad productiva, desde la empresa matriz a las auxiliares (filiales, subcontratas, franquicias, etc…), e incluso de manera transnacional. Parece que no sirve la adscripción de una afiliación a unas ramas entendidas de manera abstracta o de territorios comprendidos de manera administrativa.

b)      Que encuentre fórmulas de organización de los trabajadores en los territorios, con tres focos:

-          Los distritos laborales de concentración de trabajadores: polígonos empresariales (de oficinas, industriales), zonas turísticas y de ocio, territorios agrícolas o extractivos. Poner sus intereses en común.

-          Las plataformas digitales y servicios de logística, de teletrabajo o a distancia, que deben entenderse como empleadores con toda la responsabilidad laboral a todos los efectos.

-          Articular el trabajo productivo y reproductivo, promoviendo un tejido social que permita tanto generar apoyo comunitario mutuo (comedores colectivos, guarderías infantiles, cajas de resistencia) como dar respuesta a las necesidades de cuidados de las familias trabajadoras, así como poder sostener las luchas por más tiempo.

Se trata de cambiar el marco laboral con (sin ánimo de exhaustividad):

·       La derogación de las últimas reformas laborales, sustituyéndolas por una más garantista, que refuerce la negociación sectorial sobre la de la empresa, que restituya la ultraactividad, que defina con claridad los criterios la causalidad del despido y la temporalidad y los controle con más inspección laboral.

·       Penalizar la temporalidad con mayores cotizaciones y mayor coste de indemnización por despido, por encima del indefinido, para normalizar las fórmulas contractuales estables.

·       Establecer nuevos derechos que controlen y castiguen los modelos laborales potencialmente fraudulentos: falsos autónomos, subcontratas, falsos becarios, etc…. Esto debe incluir el establecimiento de la responsabilidad de la empresa principal sobre el personal empleado de las subcontratas y los trabajadores autónomos económicamente dependientes, entre otros puntos de relevancia.

·       Una reforma garantista y democrática que reduzca el tiempo de trabajo radicalmente, sin reducción salarial, y fomente el reparto del trabajo, anticipando la edad de jubilación.

·       Proseguir en la mejora del Salario Mínimo Interprofesional.

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[1] Toda la información estadística aquí dada refiere a la que facilita el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía.