Sergio Hernández-Ranera Sánchez
Corresponsal en España
https://mundo.sputniknews.com/20210224/son-sostenibles-las-pensiones-en-espana-el-gobierno-planea-cambios-estructurales-1109089237.html
La reforma del sistema de pensiones avanzada por el ministro José Luis
Escrivá causa inquietud entre los pensionistas y también en el seno del
Gobierno, que perfila su presentación a Bruselas en aras de percibir el acceso
a los fondos de ayuda. Se manejan varias medidas, que incluyen el desarrollo de
un modelo no estrictamente público.
El futuro de las
pensiones es un tema de hondo calado en España. Pese a la aprobación de los
Presupuestos Generales del Estado, la preocupación que suscita no se
ha difuminado. El proceso de negociación es complejo y gira en torno a una
reforma del sistema estatal de pensiones, algunas de cuyas medidas pueden ir
más allá de los acuerdos suscritos en el Pacto de Toledo y en las propuestas
que avanza José Luis Escrivá, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.
En principio sus
iniciativas no constan ni en el programa que posibilitó el actual Gobierno de
coalición entre PSOE y UP, ni tampoco en el Pacto de Toledo, un grupo de
trabajo parlamentario que atiende a las recomendaciones de todos los
partidos representados en la Cámara Baja para garantizar la
sostenibilidad del sistema de pensiones. De resultas, Escrivá es discutido en
el seno del Consejo de Ministros y también el objeto de las protestas que
secundan muchos pensionistas en las calles.
Las manifestaciones de
pensionistas eran recurrentes antes de la pandemia, sobre todo en el País
Vasco, pero también se han celebrado con cierta regularidad en
distintos momentos tras el período de desescalada. En diciembre en Madrid y a
principios de febrero en las tres capitales vascas, por nombrar las
convocatorias más populosas, los pensionistas salieron a las calles en defensa
de unos derechos que temen acabarán lesionados. El Movimiento de Pensionistas
de Bizkaia es el referente estatal por capacidad de convocatoria y
movilización.
El problema de la sostenibilidad
La crisis económica
potenciada por los efectos de la pandemia, la curva demográfica del país y un
factor trabajo menguante son en conjunto un desafío a la sostenibilidad de
las pensiones. En las protestas del 13 febrero en el País Vasco y Navarra, por
ejemplo, los participantes reclamaban unas "pensiones públicas dignas,
justas y suficientes", al tiempo que alertaban de que el problema no es
solo para ellos, sino también para "las próximas generaciones".
Sus reivindicaciones
incluyen un aumento de la pensión mínima hasta los 1.080 euros mensuales, su
revalorización automática acorde con el coste de la vida e incluso el fin de
las desgravaciones fiscales por tener planes y fondos privados de pensiones. Se
exige la "derogación del factor de sostenibilidad", como declara Jon
Fano, del Movimiento de Pensionistas Vasco.
"Los verdaderos
problemas permanecen y más en el periodo de pandemia, que está siendo excusa
para no tomar medidas serias".
Jon Fano
Movimiento de
Pensionistas Vascos
El gasto en pensiones de España baja por
primera vez
26 Mayo 2020, 11:23 GMT
El ministro Escrivá
intenta impulsar un modelo al que, emanado de la reforma aplicada por el
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, añade propósitos como hacer
coincidir la edad real de jubilación con la oficial (en la
práctica, penalizar las jubilaciones anticipadas) o ampliar el periodo de
cómputo para tener derecho a percibir la pensión íntegra de 25 a 35 años. El
impacto medio de esta última medida, "puede ser una caída del 6,3% de la
pensión", explica a Sputnik el economista y sociólogo Daniel Albarracín,
quien destaca que esta idea es la que "principalmente está causando tensión en el
Gobierno y con los sindicatos mayoritarios que, sin embargo, no
critican tanto el resto de medidas".
¿Una mochila española?
Los planes del ministro
Escrivá podrían incluir el camuflaje de medidas regresivas; el factor de
sostenibilidad pasaría a denominarse factor de equidad
intergeneracional. "Es el cambio del factor de sostenibilidad
para introducir correcciones por razón demográfica en función del aumento del
envejecimiento poblacional", aclara Albarracín, que lamenta el cinismo del
término:
"Se prevé una
fuerte presión de este fenómeno por al menos 15 años cuando los baby-boomers
alcancen la edad de retiro. El resultado no puede ser otro que la caída de la
pensión, si se aplican las pretensiones de Escrivá".
La revalorización anual
de las pensiones no sólo atendería al aumento del índice de precios al consumo
(IPC). El ministro no habla de recortarlas, pero los analistas presienten un
diseño a la española de la mochila austríaca, concepto que
atañe al modelo vigente en Austria desde 2003 y por el que, al no existir
prestaciones públicas de desempleo ni indemnizaciones por despido, las empresas
hacen aportaciones regulares a la cuenta bancaria de sus
empleados para, llegado el caso, que dispongan de ese dinero si son despedidos,
cambian de trabajo o... se jubilan.
"Es posible que la mochila austríaca sea otra de esas reformas, que tendrá consecuencias netas en un deterioro de las garantías ante el despido y una posible erosión del derecho de indemnización por despido", señala Daniel Albarracín.
Condición para recibir fondos europeos
En la práctica y a
iniciativa del Gobierno, parece que la reforma de las pensiones será la moneda
de cambio para acceder al Fondo
de Recuperación y Resiliencia, cuya condicionalidad es un tanto
abstracta y vinculada al cumplimiento de recomendaciones.
Según Albarracín, que
también es consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía, el Ejecutivo de
Pedro Sánchez acometerá en dos fases la reforma "de cara
a hacerla más asimilable por la población", pues surtirán un "efecto
neto negativo" en las pensiones, "que son un salario indirecto y
diferido clave de las condiciones de vida de la clase trabajadora". Junto
con los recortes, la reforma incluirá también medidas de alivio y
racionalización, recuerda.
"La de alivio consiste en la recuperación de la revalorización de las pensiones según el IPC, para no sujetarlo al mero aumento del 0,25% de la reforma de Rajoy. Eso sí, se revalorizará por un periodo, y no anualmente, compensando años negativos de inflación con otros que crezcan por encima".
También se extenderá el
derecho de la cotización efectiva para los varones que, como algunas mujeres,
hayan tenido que retirarse del mercado laboral para el cuidado de sus hijos
(hasta dos años). La medida racionalizadora beneficiará a los trabajadores por
cuenta propia. "Cotizarán en base a los rendimientos efectivos de su
actividad, algo que permitirá ingresar más al sistema (el 85% cotizan por el mínimo)
y se ganará en progresividad", explica Albarracín, que especifica las
medidas de recorte: el endurecimiento de la jubilación anticipada.
"Se estimulará su
retraso aumentando un 4% en la pensión por cada año de retraso. Este supuesto
beneficio sólo lo recibirán las capas de trabajadores con mejores y más
cualificados empleos, con un efecto neto material insuficiente (porque un
retraso de un año supone, según la esperanza de vida actual, recibir un 5%
menos de pensión en todos los años de retiro). También se prevé prohibir la
jubilación forzosa en los convenios".
Daniel Albarracín
Economista y sociólogo
Planes privados y alternativa
El Ministerio de José
Luis Escrivá también se halla estudiando la promoción de planes privados
‒individuales o colectivos‒ de pensiones incentivados con dinero
público. En opinión de Jon Fano, esto permitirá que en los fondos
colectivos "los empresarios limiten las subidas salariales, con la excusa
de la coparticipación en la aportación a los mismos".
"Suponen un
complemento a la pensión pública, pero, siguen siendo fórmulas ligadas a la
marcha de las empresas y que acentúan la desigualdad entre trabajadores según
su nivel de ingresos. También harán de ello un negocio los fondos de pensiones
privados. No ayuda al fortalecimiento del sistema público, todo lo
contrario", conviene Daniel Albarracín.
Alargar el cálculo de la
base reguladora de las pensiones de 25 a 35 años es una buena y necesaria
medida para cuadrar las cuentas (aunque no suficiente: vendrán más como el
factor de equidad intergeneracional). Y supone un recorte de la mayoría de las
pensiones futuras.
— Juan Ramón Rallo (@juanrallo) December 14, 2020
Como alternativa, este
economista sugiere que un modelo fortalecido de pensiones debiera, entre otros
aspectos, emanar de una "mayor remuneración de los salarios para que haya
más cotizantes y con mayor capacidad de contribución". Y resalta que,
lejos de acudir a fórmulas de retraso de la edad de jubilación,
hay que buscar el "reparto del trabajo elemental". "Quizá con fórmulas
de retiro parcial a partir de los 55 años, combinada con otras
de relevo y formación intergeneracional, y de anticipación de la edad de
jubilación a los 60 años, de cara a que la juventud tenga mayores oportunidades
de empleo en un contexto de alto desempleo".
Radicalmente en contra
de ampliar a 35 años el período de cálculo de las nuevas pensiones porque es
recortarlas un 5,5% de media.
Ni siquiera estaba recogido en las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Como dice @Yolanda_Diaz_ que no esperen que estemos
de acuerdo con esa burrada https://t.co/IIXHib70K4
— Carlos Sánchez Mato🔻 (@carlossmato) December 30, 2020
"Debemos partir de
que los problemas de financiación de la Seguridad Social, en una sociedad que
ha incrementado su nivel de productividad de manera sostenida durante décadas,
que cuenta con un porcentaje de excedente empresarial cerca de la mitad de la
renta nacional y que tiene un modelo fiscal demasiado favorable a
las rentas del capital, de los patrimonios y las herencias, tiene margen de
sobra para obtener financiación y cubrir la segunda transición demográfica, que
se producirá entre 2030 y 2045", concluye Daniel Albarracín.
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