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Daniel Albarracín. 04/09/2020.
El sector financiero ha realizado un grandísimo proceso de transformación del sistema bancario.
En primer lugar, salvo dos pequeñas entidades, las cajas de ahorro, que representaban la mitad del sistema financiero, eran bancarizadas en 2010, perdiendo sus últimos rasgos de carácter social. La mayor parte desapareció o fue adquirida a bajo precio por los grandes bancos.
En segundo lugar, se ha asistido a un acelerado proceso de concentración bancaria. Hace 25 años había 50 entidades, hoy son prácticamente cinco entidades las que dominan el mercado, acaparando el 71% de los activos del sector y el 67,7% de la cuota de mercado –tomando datos de 2019, un 25% más que si comparamos con 2006, si ahora absorbe CaixaBank a Bankia, aunque puedan identificarse 30 entidades funcionando. En suma, el sector en el Estado español alcanza un grado de concentración que le pone en el cuarto lugar del listado europeos.
En tercer lugar, el proceso de servicio bancario se ha digitalizado en buena medida. En este contexto, el número de oficinas y empleados se ha visto recortado drásticamente, y los servicios personalizados y condiciones para la clientela se han visto restringidos o encarecidos.
En cuarto lugar, el sistema bancario ha tratado de compensar su reducción de rentabilidad, ante la disminución de los márgenes bancarios debido a un entorno de tipos de interés reales muy bajos, con la proliferación de comisiones y la realización de actividades ajenas a la práctica bancaria.
Hace pocos días el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ya apuntaba, al igual que se hizo en la crisis del 2008, que el sistema bancario ha de abordar sus problemas de baja rentabilidad y de mala solvencia con nuevas concentraciones. Esa línea además está reforzada por la convicción en el establishment que se necesita formar “grandes campeones europeos” para competir en el mercado mundial.
La absorción de Bankia por CaixaBank: un paso hacia la privatización en 2021.
Bankia representa el último vestigio de banca pública en España, el FROB, instrumento estatal, cuenta con el 61,8% de su capital. La nueva entidad resultante de esta absorción puede comportar hasta 650.000 millones de activos erigiéndose en el mayor banco que opera en el Estado español[1]. 442.000 millones son aportados por CaixaBank, 215.000 millones por Bankia, lo que conduce a que el Estado cuente con sólo el 14% del capital, superado por el 30% en manos de Fundación La Caixa, que concentraría un gran poder de decisión. La previsión era que Bankia se privatizara en 2021. Con esta operación, CaixaBank puede salir muy beneficiada. El Estado aportó en su día 24.069 millones en ayudas públicas para BFA-Bankia en forma de rescate, de los que apenas se han recuperado 3.000 millones por venta de participaciones y la distribución de dividendos. La venta de las acciones de Bankia en manos del Estado se hará en un contexto bajista del valor de las acciones bancarias, y la fusión sólo recuperará una pequeña parte de ese valor perdido.
Ambas entidades estaban logrando rentabilidad en los últimos periodos, aunque en unos niveles inferiores a los habituales. La crisis desencadenada por la pandemia les había conducido a provisionar por posibles pérdidas de hasta 1.155 millones de euros y un coste asociado de prejubilaciones de 109 millones de euros, que agudiza los problemas de baja solvencia, en un contexto de presión europea a fortalecer la capitalización, y una previsión de fuertes impagos empresariales por la crisis de la Covid-19 y la depresión desatada.
Las previsibles consecuencias de la operación
CaixaBank, que contaba con el triple de cuota de mercado que Bankia, absorberá a la entidad pública, en un proceso de transición hacia la privatización.
El gobierno demuestra su desinterés por la construcción de una banca pública, que desaparecerá, dejándola en manos de CaixaBank. La operación facilita la venta del banco, porque el peso de sus acciones en la entidad se reduce y no causará tanta resonancia mediática porque, a efectos de imagen, Bankia ya habrá desaparecido en este movimiento.
Además, se acepta profundizar el proceso de concentración que ya causó una grave crisis en 2008, con entidades demasiado grandes para caer, con capacidad de chantaje a los gobiernos para que, si algo se tuerce, y va a suceder, pueda exigir recursos públicos para su rescate.
Esto comporta, a su vez, una socialización de pérdidas. Del rescate a Bankia apenas se ha conseguido una recuperación de recursos. En el periodo que resta para el compromiso de privatización no creemos que pueda conseguirse una devolución razonable, y con la venta, con la prisa que pueda conllevar el cumplimiento de los plazos, puede hacerse en malas condiciones, reproduciendo el esquema de venta a bajísimo precio de las viejas cajas de ahorros a grandes bancos. Como vemos, los beneficios sí va a ser privados.
Ni que decir tiene que habrá una consecuencia, ya fuertemente experimentada en los últimos años, y que afecta a varias dimensiones en el capítulo laboral y de servicios bancarios.
En los últimos años el sector ha eliminado drásticamente un gran porcentaje de oficinas y de empleos, y ha digitalizado el sector para prestar sus servicios. CaixaBank cuenta con 3.797 oficinas y 35.589 empleados, mientras que Bankia lo hace con 2.267 sucursales y cerca de 16.000 personas empleadas. La estructura logística de ambos bancos, con sedes centrales que coinciden en muchas ciudades, va a facilitar su cierre y su unificación, reduciendo gastos que significarán despidos y otras fórmulas como las prejubilaciones.
El proceso de concentración bancaria y la extensión de los servicios on-line tendrá consecuencias también para la clientela. El proceso de fuerte oligopolización, y en algunas localidades de monopolio, por la falta de competencia, puede propiciar un aumento de los tipos bancarios, así como el deterioro del servicio en materia de atención personalizada, que afecta especialmente a los colectivos con menos cultura digital o sin medios tecnológicos apropiados.
¿Qué debería hacerse en cambio?.
Calviño avala la operación y hace con ello a todo el gobierno corresponsable de esta iniciativa. Esto expresa el compromiso del gobierno español con el marco dado por la Unión Europea, lo que supone descartar la construcción de cualquier polo bancario público. Además, retroalimenta la agregación y concentración de monstruos bancarios que acaparan poder y que podrían suponer una gran carga en caso de una previsible crisis financiera, en un contexto de crecimiento extraordinario de las deudas privadas y públicas.
Sin duda cabrían alternativas. Estas pasan por:
· Establecer una nueva y más estricta regulación bancaria que garantice la función social del crédito bajo supervisión de sus condiciones, concesión de préstamos y creación de dinero, tipos, comisiones y niveles de solvencia que, de no cumplirla debieran conducir a la expropiación y paso de los activos a un polo bancario público. Esto exigiría al Banco de España una mayor intervención y supervisión de los nuevos términos de esa regulación más estricta.
· El sistema bancario requiere de una división entre banca comercial y de inversión, así como una regionalización y especialización que se acerque a las necesidades de crédito de los territorios y sectores estratégicos y que no sume riesgos morales como el actualmente existente: la capacidad de realizar una operativa irresponsable o fracasada, y chantajear a gobierno en caso de riesgo de quiebra, que conduzca a riesgos sistémicos que acarreen nuevos rescates públicos.
· El mantenimiento de Bankia como primera pieza de una gran banca pública. Esto supone desobedecer los compromisos ilegítimos adquiridos con la Troika.
· La exigencia de recuperación en plazo rápido de los 60.000 millones no devueltos por la banca privada, sea bien con una tasa sobre beneficios sea bien con otra fórmula, como puede ser la aportación de patrimonio. Ese capital podría reforzar el polo bancario público o bien emplearse en otras políticas públicas de utilidad social, como exige la urgencia de salud pública y necesidades educativas, o la imperiosa necesidad de abordar un plan de transición energética.
· Ni que decir tiene que en esta operación se pone en juego un notorio parque de viviendas que debiera intervenirse para ponerlos a disposición en forma de alquiler social.
[1] El Banco de Santander seguirá siendo el banco español más grande, pero por su implantación internacional.
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